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Gestión de Jenniffer González : Un desastre de improvisación

 CLARIDAD

ccotto@claridadpuertorico.com

 Los problemas que tiene el país están altamente identificados, recogidos en múltiples informes y discusiones, con recomendaciones para poder responder a los mismos, por lo que el gobierno no tiene porque estar improvisando, señaló la profesora experta en Administración Pública, Palmira Ríos, respecto a la gestión realizada hasta el presente por la gobernadora Jenniffer González Colón.

 En entrevista sobre su evaluación de la gestión gubernamental, la profesora retirada de la Escuela Graduada de Administración Pública de la UPR, describió que, a cinco meses del gobierno de González Colón, lo que ha estado observando son acciones bien preocupantes debido a que los problemas de Puerto Rico no son nuevos, están altamente identificados, los cuales requieren primero reconocerlos y planificación para poder responder a los mismos. Indicó que lo que observa es una parálisis de la gestión pública que “es realmente sorprendente, quizás uno ve la diferencia en experiencia en las diferentes ramas de gobierno, muchos asumen que por experiencia en una rama se está preparado para la otra”.

 Se refiere a que la gobernadora tiene mucha experiencia en la rama Legislativa, tanto en la de Puerto Rico, como en la de EE UU, pero hizo la anotación de que las cámaras legislativas son unos espacios sumamente políticos, y la rama Ejecutiva requiere de ejecución, gestión, comunicación y articulación entre las diferentes fuerzas y tiene otro tipo de funcionamiento.

 “En el caso de Puerto Rico, el ejecutivo es un espacio sumamente lacerado por muchos factores, muchas políticas que se han implementado, algunas deliberadamente y otras sin mucho pensamiento, y sin mirada a una dimensión -que he visto repetidamente en esta administración- que no se mira a los resultados de las políticas públicas que se están implementando”.

 En esa linea indicó que un aspecto al cual se ha movido la gestión de la administración pública y que está ausente en Puerto Rico, es evaluar los resultados de las políticas públicas. “Escucho a la gobernadora y a los pocos de su gabinete que se expresan públicamente hablar de su gestión, pero no de los resultados”. Puso por ejemplo que, en términos del cambio dramático en la demografía, todavía el gobierno actúa como si tuviésemos el cuadro demográfico de los años ’60 y ’70 del siglo pasado.

 Mientras destacó que la dependencia de fondos federales -cosa que siempre ha criticado- no solo por la dimensión colonial del mismo, sino por que al ser el Congreso de EE UU el ente que determina cuáles van a ser las acciones, como se evalúa la gestión pública, lo hace en función a sus intereses y no están definidos los objetivos ni metas en función de las necesidades de Puerto Rico. En ese aspecto cuando se miran los instrumentos de evaluación, todo está sujeto a lo que diga el Congreso, por lo que ni siquiera es un elemento básico de evaluación el que responda a las identidades de la política pública que se impone desde Puerto Rico.

 “Ese es uno de los problemas. Por ejemplo, la lucha contra la pobreza como se construye en Estados Unidos no está pensada para el nivel de pobreza de Puerto Rico que es un 40%. Está pensada en unos niveles de pobreza de 10 a 17%, altísimos para Estados Unidos, mientras que en Puerto Rico debe ser una aspiración bajarla a ese nivel. Así que muchos programas van a fracasar en Puerto Rico”.

 Ríos compartió que estaba evaluando unas propuestas de varios estados con niveles de pobreza de 10%, de cómo iban a responder al recorte de fondos federales; a lo que denunció que aquí no se ve la urgencia de comenzar a ver con seriedad los cambios de política pública y aprovechar la coyuntura para cambiar un sistema que no responde a las necesidades del país, y cambiar la perspectiva. Por el contrario, el gobierno lo que hace es fortalecer la dependencia. “En ese sentido las políticas públicas de Puerto Rico han estado dirigidas a buscar más fondos federales, cosa que nos pone en una condición de riesgo, un altísimo riesgo para el gobierno y por ende para el pueblo”.

 Sobre si considera que la gobernadora está ignorando esos riesgos, comentó que si lo está reconociendo no lo hace público y que el problema en no hacerlo público y reconocerlo, como lo están haciendo en los estados, es que eso no es una invitación a unirse, a empezar a pensar y proponer cómo atenderlo.

 “Así que no hay un sentido de urgencia y si esa es la actitud política de que lo pague otro, que el impacto caiga sobre otro, los municipios populares, … y no verlo como un problema nacional que tenemos que atender y de que se va a atender de la forma más humana posible. No he escuchado eso de parte de la gobernadora, porque con la crisis política que tiene ella es la única voz”.

 Ríos senaló que en el pasado los secretarios de la gobernación eran los que daban las malas noticias, pero ahora, el problema que tiene la gobernadora es que su secretario Domenech no ha podido asumir ese rol. “Pienso que es ella la que no quiere dejar a otra persona, aunque ella quisiera, no tiene esa figura que sea la que diga las cosas difíciles. Está jugando los dos papeles, no ha habido el mensaje a la Legislatura donde se reconozca que estamos ante una coyuntura complicada, difícil, que representa un gran riesgo al país de como se ha construido y que necesita la fuerza de todo el mundo para transformarlo”.

 La experta en Administración Pública reiteró que todos los problemas de Puerto Rico, incluyendo la necesidad de una reforma gubernamental, han sido altamente estudiados y son conocidos, por lo que su falta de atención responde a la actitud del gobierno. Sobre el particular expresó que la Escuela de Administración Pública se creó con el objetivo de acompañar y servir como recurso del gobierno de Puerto Rico. “Eso cada vez se utiliza menos, esa pérdida de conocimiento lo que está haciendo es que cada vez la respuesta sea una pérdida que le hace daño al país; ejemplo con el Comité de Cambio Climático, estamos pagando las consecuencias de un sector político que ha puesto sus intereses muy personales por encima de los intereses del país”.

En entrevista por separado, el profesor José González Taboada, describió la gestión de estos cinco meses de la gobernadora, como una errática de mucha improvisación. “La gobernadora reclamaba que tenía 7 mil résumés para trabajar en su gabinete y lo que ha hecho es reciclar viejos funcionarios, hasta ahora es más de lo mismo”.

El experto en contabilidad, quien ha estudiado la deuda de Puerto Rico como miembro del Comité Ciudadano por la Auditoría del Crédito Público, censuró la postura de la gobernadora de negar que un recorte de fondos federales va a tener mucho impacto en el país. “No hay duda, todo el mundo sabe que eso va a tener un efecto bien grande, lo niega de la misma forma que les dijo a los dominicanos que no tenían que preocuparse porque Trump nada más estaba buscando a los mexicanos y al otro día ya estaba ICE deteniendo a dominicanos en Puerto Rico. Realmente es el desastre que se esperaba que fuera”, expresó.

 En ese sentido recordó que la ahora gobernadora fue parte de los tres arquitectos de la quiebra de Puerto Rico, al ser la presidenta de la Cámara de Representantes, Thomas Rivera Schatz era presidente del Senado y el gobernador era Luis Fortuño, quien duplicó la deuda del país en cuatro años. “Ellos tres quebraron a Puerto Rico, lo que pasa es que la quiebra le cayó en la falda a García Padilla, –eso no quiere decir que García Padilla no tiene culpa–, él también hizo sus emisiones de bonos, la última a sabiendas de que no se iba a poder pagar”.

 “Fíjese si está improvisando que rechazaron a la secretaria de estado y le dio un nuevo puesto del DOGE boricua para la señora ganar $200 mil, por donde quiera que se mire es un desastre, improvisación tras improvisación”.

 

 

 

Continúan los daños en el ecosistema de Aguadilla

 

CLARIDAD

Dos expertos conversaron con CLARIDAD sobre el estado del desarrollo privado en esta zona

 A poco más de dos años de su comienzo, el desarrollo del Cliff Hotel & Country Club, en Aguadilla, continúa estragando el área caliza en que se construye. Con permisos basados en estudios erróneos, el proyecto avanza a un nivel alarmante, de acuerdo con algunos expertos consultados por CLARIDAD. Desde mogotes y acantilados alterados hasta murallas erigidas, la construcción ha dejado un saldo pernicioso en el ecosistema.

En llamada con este medio, el doctor en Ecología, Héctor Quintero, confirmó que algunas organizaciones movilizadoras –como Salva Aguadilla o el Campamento Pelícano– sometieron evidencia documental al Departamento de Recursos Ambientales y Naturales (DRNA) y a un grupo operativo de la Cámara de Comercio de los Estados Unidos (EE UU) que expone las fallas de los estudios geológicos y ambientales que este desarrollo presentó. Hasta el momento, sostuvo Quintero, ninguna de las dos entidades ha respondido.

“No ha pasado nada con eso. Se le solicitó al gobernador anterior (Pedro Pierluisi) la destitución de la (entonces) secretaria (Anaís Rodríguez Vega) por no tomar acción. Nosotros hasta nos reunimos con la Oficina de Asuntos Legales, y dijeron que iban a hacer una visita al sitio para ver cómo estaban las cosas, si estaban cumpliendo o no, y nunca hicieron nada”, expresó el doctor a CLARIDAD.

Asimismo, Quintero elaboró que la ciudadanía presentó un mandamus –una orden para cumplir con una obligación legal– al DRNA que sirvió como un tipo de papa caliente. De Recursos Naturales, agregó el doctor, el documento siguió a la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe) hasta acabar en el Municipio de Aguadilla, quien lo remitió de nuevo a OGPe.

“El desarrollador sigue, eso no ha parado nada, nada. Nos enteramos también que quiere extender la construcción hacia el lado sur, porque ellos tenían dos solares. Uno donde está el Muelle de Azúcar y otro al norte. En esas zonas estaba aprobada la construcción, pero nosotros vimos un solo informe que mencionara trabajar la parte sur. Hasta vimos un diagrama en que quieren coger el Muelle de Azúcar para hacer un restaurante y una cosa turística”, aseguró el Dr. Quintero.

El desarrollo de The Cliff, continuó el experto, está anunciado en las paredes de The Mall of San Juan. Entre algunas ofertas que publicitan, se destacan: Las Terrazas, un “epítome del lujo” que contará con 2,630 pies cuadrados, azotea con piscina privada y vista al mar; Los Balcones, unos apartamentos fastuosos; y las unidades individuales llamadas Las Casas. Los rótulos también anuncian la inclusión de muelles, canchas de tenis y “futuros proyectos”. Carlos Román González es el inversor principal detrás de The Cliff.

“El estudio ambiental de este proyecto lo hizo un arquitecto de Isabela. Cuando llegan a la parte de la geología, usan un mapa que no es geológico. Incluyen un mapa de suelos para la agricultura. Es un mapa que describe que se puede sembrar ñame, yautía o plátanos. Pero en ninguno trabajan algo geológico, y cuando busco el mapa geológico, encuentro que hay dos fallas geológicas: una al este del proyecto y otra al oeste del proyecto”, resaltó Quintero.

De hecho, el ecólogo reveló que, en ese mismo mapa, se indica que la falla oeste se extiende por el océano y llega al norte de Puerto Rico, uniéndose a la misma falla que provocó el terremoto de 1918, conocido como el terremoto de san Fermín. Igualmente, Quintero añadió que las construcciones en suelo carso requieren mayor rigor por la posibilidad de sumideros, cuevas y sistemas de cavernas.

“Eso no lo tocan. Ellos sí presentaron un estudio geotécnico. El mismo estudio admite que está incompleto, que se deben hacer otras cosas. Como se dan tan pocas muestras, y a poca profundidad, no se sabe qué hay debajo de ese carso. Es típico que haya cuevas y sumideros metidos debajo de proyectos. Eso no lo tenemos porque no se ha presentado nada más, y ese es el problema. Nadie toma consideración de esto”, denunció el docente de la Universidad Interamericana en San Germán.

Además, Quintero reseñó que el DRNA fijó un solo requisito para este desarrollo: que permaneciera una franja de 20 metros para mitigar el espacio entre el proyecto y el acantilado. En la zona marcada, yacía una de las zonas de anidaje del pelícano pardo más numerosas en la región. Yacía, porque el requisito y el área fueron violentados por la maquinaria.

“Tampoco se resolvió el deslinde de la Zona Marítimo Terrestre (ZMT). Porque cuando hay acantilado, hay que considerar esa parte de la zona, por la cercanía que tiene al agua, y eso tampoco se hizo. El borde de la Zona Marítimo Terrestre está abajo, en la roca. Ahí tumbaron mogotes y dañaron el ecosistema. No hicieron una DIA (Declaración de Impacto Ambiental)”, explicó el doctor.

Por su parte, la vicepresidenta de la organización Salva Aguadilla, Dra. Jaris Delgado Cabán, criticó el hecho de que, desde el 2023, el desarrollo ha integrado una muralla de contención en el mismo farallón, varias villas nuevas y otras zonas aplanadas. En un vídeo de Prensa Comunitaria, se notan claramente las distintas violaciones.

“Cuando fuimos hacer el injuction en el tribunal, perdimos el caso. Ahora mismo vamos a enviar un mandamus al Municipio de Aguadilla porque es una ciudad autónoma, y eso le da la potestad a Aguadilla. Recursos Naturales y las demás agencias le pusieron la bola en la cancha a Aguadilla. Pero hasta ahora, ellos se han lavado las manos como Pilato”, compartió Delgado Cabán con CLARIDAD.

Del mismo modo, la doctora en psicología afirmó que la Agencia de Protección Ambiental (EPA, en inglés) fijó una multa de $50,000 por conceptos ambientales. En respuesta a eso, el DRNA ordenó un informe que aún no se ha detallado. Con varias querellas entregadas al DRNA y otras divisiones del gobierno, como el Instituto de Cultura Puertorriqueña (ICP), las organizaciones todavía aguardan por acciones estatales. “El proyecto sigue a pesar de todo esto”, prosiguió la activista.

“Ellos han ido poco a poco pelando los alrededores de Las Golondrinas, después empezaron más arriba. He visto que, en estos seis meses, avanzó mucho la destrucción de mogotes hacia el lado de la playa Crash Boat… Ahora estamos fortaleciendo los grupos, aprendiendo y uniéndonos a otras luchas que forman parte de esta, como la de Cabo Rojo. Son nuestros compañeros y es la misma bahía”, concluyó Delgado Cabán, quien fue arrestada durante las manifestaciones en la zona del desarrollo.

El proceso político de la transición de la OE

 

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Ante las expectativas de que ya para el 1 de enero del 2027 Puerto Rico haya completado un proceso de transición y sea un país independiente, el Grupo Plan B: Independencia expresó que ha escogido  reservarse toda  información relacionada con las conversaciones en Washington, para no dar  margen a que los cabilderos pagados con fondos públicos  torpedeen el proceso.

“No vamos a dar información. Cuando haya desarrollos significativos que comentar, los vamos a comentar; pero no le vamos a dar a los cabilderos de fondos públicos del gobierno PNP para que se meta a tratar de entorpecer nuestra gestión”, declaró el licenciado Rolando Emmanuelli Jiménez, a preguntas de la prensa sobre qué tan adelantadas estaban esas gestiones.

Las declaraciones fueron ofrecidas por los portavoces el Grupo Plan B: Independencia, Emmanuelli Jiménez, el licenciado Carlos Rivera Lugo y la economista Martha Quiñones Domínguez, en su presentación  del Plan Nacional de Desarrollo Económico para un Puerto Rico Soberano.

Sobre la posibilidad de que el presidente de Estados Unidos pueda dar la independencia a Puerto Rico mediante una Orden Ejecutiva (OE), Emmanuelli Jiménez, expuso que el presidente tiene la facultad de eliminar el Tratado de París, con lo que se elimina la disposición que dice que el Congreso de Estados Unidos es el que  va a manejar los asuntos de Puerto Rico, además de que el presidente tiene otros poderes como el de decir que este país es un Estado soberano y  reconocer a sus embajadores.

“El presidente tiene el poder de reconocer la independencia de Puerto Rico. Lo que pasa es que esto no puede ser tan drástico y sin ningún tipo de previsión. Hay que nombrar un proceso de transición y hay una comisión para la transición de la independencia”, declaró.

La propuesta contenida en la OE dispone que la comisión de transición sería la que se encargaría de manejar el Gobierno de Puerto Rico en lo que se  logra redactar una convención constituyente para  entonces celebrar las elecciones para el nuevo gobierno que entraría a gobernar la república de Puerto Rico. La comisión, además, manejaría el dinero mientras no se dé la entrega total de los poderes,  mediante las instituciones que se proponen en el plan.

Emmanuelli Jiménez reconoció que la gran pregunta es quién es el  interlocutor entre Puerto Rico Estados Unidos hacia la independencia. Aclaró que no puede ser el Gobierno de Puerto Rico, según está hoy.  “Es uno colonial que no cree en la soberanía de Puerto Rico. Entiendo que hay que articular un frente que pueda hablar con el Gobierno federal, en particular, con el presidente, que defienda  los intereses para que pueda articular estas propuestas.”. En ese sentido, debe ser un proceso amplio con una mayor representación de personas que crean en la independencia para enfrentar una negociación que podría ser muy dura para tratar de obtener suficiente para que el país sea viable, dijo.

Las expectativas del Grupo Plan B son que el gobierno provisional estaría en gestiones hasta el 1 de enero 2027, dado a que la idea es que todo se pueda articular antes de las elecciones de medio término en EE. UU. Del presidente Trump firmar la OE, este nombraría a un director ejecutivo de la comisión,  el cual tiene que ser puertorriqueño residente en Puerto Rico, que no sea miembro del Gobierno local.

En cuanto a las impresiones de algunos de que si al los demócratas ganar las elecciones en el 2028 eliminarían los  recortes de Trump, Emmanuelli Jiménez afirmó que  ningún presidente demócrata va a renunciar a los recortes que logre en su cuatrienio  Donald Trump. “Ningún presidente los va a revertir. Vamos a tener que resolver el problema de aquí al 28 de cualquier manera, porque Puerto Rico  no es viable bajo la colonia. Puerto Rico tiene que considerar que hay unos grandes riesgos y que tiene que actuar”.

Mientras, Rivera Lugo reclamó que ellos —el Grupo Plan B— no son los únicos en el proceso. Argumentó que el Gobierno de Trump,  nos está obligando a darnos cuenta que el Puerto Rico antes de las elecciones pasadas ya no existe, que el mismo  EE. UU. también de antes de las elecciones tampoco existe. “Estados Unidos y el mundo se está encaminando hacia una restructuración en la que Puerto Rico es parte de ello, tenemos que darnos cuenta”.

La comisión tendría entre otras tareas facilitar una nueva Constitución y discutir y aprobar una nueva Ley electoral. Rivera Lugo señaló que en el orden electoral actual cada vez la gente siente menos garantía en los procesos de consulta.

Respecto a las posibilidades de conversaciones con el presidente Trump, Rivera Lugo expuso que Puerto Rico no tiene por qué pensar que la única manera de dialogar con un presidente de EE. UU. es en la medida de que es un ‘santo’.
“Nunca, nunca —expresó con énfasis— Estados Unidos ha tenido presidentes santos desde el 1898, con McKinley”. Dio el dato histórico de que Eugenio María de Hostos  habló con McKinley y le propuso un plebiscito a favor o en contra de la ocupación, a lo cual este se negó, y Trump ha dicho que McKinley es uno de sus modelos. Incluso señaló que antes de Trump, el presidente Obama, al inicio de su primera administración, habló de la descolonización de Puerto Rico y en su segundo término eliminó el poco gobierno propio que quedaba en Puerto Rico al imponer la Junta de Control Fiscal.

 

 

 

 

 

Deuda odiosa que no pase a Puerto Rico lo que le pasó a Haití

 

Especial para CLARIDAD

Una de las propuestas del Plan B Independencia es que la deuda pública la asuma EE.UU. por ser deuda odiosa, y ahora por la forma en que la negocia y reestructura la Junta de Control Fiscal (JCF). La deuda odiosa es un concepto del derecho internacional que sostiene que una deuda contraída por un gobierno sin el consentimiento de su pueblo y en contra de sus intereses no debe ser pagada, impuesta por un poder colonial, dictatorial o corrupto. Y la misma no benefició al pueblo, sino que se usó para fines represivos, militares o para enriquecer a élites económicas y políticas. Además, el pueblo no tuvo representación ni decisión en su aprobación o uso, aun cuando fue el gobierno -colonial- el que nos representó. Este concepto fue formulado por el jurista ruso Alexander Sack en 1927 pero antes fue aplicado, cuando Estados Unidos anuló la deuda de Cuba con España tras la ocupación en 1898, argumentando que era una deuda impuesta por una potencia colonial y era odiosa. En Puerto Rico algunos economistas y defensores de derechos humanos consideran que parte de la deuda pública de Puerto Rico podría considerarse odiosa, porque: fue acumulada por gobiernos bajo una relación colonial con EE.UU.; benefició a bonistas, bancos y contratistas, no al pueblo; y, el pueblo nunca tuvo soberanía fiscal real para decidir cómo endeudarse, pues quién decide es EE.UU. Esta negociación y reestructuración de la deuda por parte de la JCF nos lleva a la “trampa de la deuda” similar a la que le aplicaron a Haití.

La deuda odiosa es ilegítima porque nace del abuso de poder y del saqueo, no de un contrato justo entre el Estado y su pueblo. Y en el caso de Puerto Rico la deuda negociada y reestructurada por la Junta de Control Fiscal bajo la Ley federal PROMESA, que beneficia a bonistas, bancos y contratista es deuda odiosa. Por eso reclamamos que le pertenece a EE.UU. En el análisis crítico del endeudamiento colonial, expertos, organizaciones sociales y economistas han argumentado precisamente eso: que la deuda reestructurada bajo la Junta de Control Fiscal y PROMESA tiene características de deuda odiosa.  ¿Por qué se puede considerar odiosa? Es imposición sin soberanía democrática debido a que la Junta de Control Fiscal fue impuesta por el Congreso de EE.UU., no elegida por el pueblo puertorriqueño y no responde al interés público de Puerto Rico, sino a los acreedores.

En la creación, negociación y reestructuración de la deuda caemos en la “trampa de la deuda” esto se refiere que un país acreedor extienda intencionalmente el crédito excesivo a otro país deudores con la supuesta intención de extraer concesiones económicas o políticas del país deudor cuando no pueda cumplir con sus obligaciones de deuda. La «trampa de la deuda» condena al país a un ciclo de endeudamiento, donde no puede pagar sus deudas existentes, por lo que necesita tomar nuevos préstamos para cubrirlas, lo que a su vez aumenta su deuda. Esto puede llevar a una inestabilidad financiera y dificultad para salir de este ciclo vicioso. Por eso la deuda negociada y reestructurada bajo PROMESA tiene características de deuda odiosa, se impone bajo una relación colonial, sin soberanía, con beneficios a intereses privados, y con costos sociales enormes para el pueblo.

Ante la falta de Auditoria, en esa deuda se une el uso ilegítimo de los fondos, donde parte de la deuda original se usó para pagar otras deudas, no para invertir en servicios públicos. Hubo contratos turbios, favoritismo a consultoras, y enriquecimiento de élites financieras. Y encontramos las negociaciones sesgadas donde la reestructuración favoreció a bonistas y bancos con pagos garantizados a largo plazo. Las consecuencias, que se impusieron recortes severos a educación, salud, pensiones y servicios esenciales, entre otros. A eso se une que nunca se ha discutido con el pueblo, aunque participamos oponiéndonos a esa restructuración y negociación, en cambio sufrimos las consecuencias de recortes, austeridad, migración, pobreza y precariedad.

Por eso denunciarla como deuda odiosa es parte del reclamo por la justicia fiscal, la autodeterminación y la descolonización.

La renegociación y reestructuración de la deuda lleva a la “trampa de la deuda”, cuando no puedes pagar los intereses y/o principal, se ve obligada a tomar más préstamos para intentar cubrir la deuda existente. Y la JCF lo sabe, que no vamos a poder pagar. Esto puede provocar un aumento en el saldo total de la deuda, lo que la convierte en una situación difícil de manejar y se crea un ciclo de endeudamiento. Este ciclo dificulta la salida de deudas, ya que la cantidad sigue aumentando. Es importante que Puerto Rico entienda esto en especial cuando la Junta de Control Fiscal negocia la deuda de Puerto Rico. Así que el modelo de renegociación y reestructuración de la deuda impuesto por la Junta de Control Fiscal bajo la ley PROMESA penaliza gravemente a Puerto Rico y lo condena a un régimen de austeridad y pago prioritario a bonistas por al menos 25 años, con profundas consecuencias estructurales. Cada año, el presupuesto del gobierno debe reservar miles de millones de dólares para el pago de deuda. Esta obligación se convierte en prioridad, por encima de educación, salud, pensiones, infraestructura, vivienda y servicios esenciales. Los acuerdos incluyen pagos fijos por 25 años o más, con cláusulas que garantizan a bonistas sus ingresos, sin importar la situación económica del país, esto representa una hipoteca del futuro colectivo, incluso de generaciones que no votaron ni se beneficiaron de esa deuda.

A la larga impide el desarrollo económico sostenible pues el pago de deuda reduce severamente la capacidad del Estado para invertir en industrias locales, innovación, transición energética, agricultura, salud, agua potable, educación pública y universitaria, pensiones, etc. El país está condenado a no tener inversión productiva, la economía queda estancada y subordinada a intereses externos y ahora sin fondos federales. Para poder pagar la deuda, la JCF impone recortes, despidos, privatizaciones y aumentos de tarifas (agua, luz, matrícula universitaria) y la clase trabajadora y los sectores vulnerables cargan con el peso del pago a los bonistas.

Con la “trampa de la deuda” la JCF legaliza un modelo de “colonia financiera”, anula el desarrollo económico y social y profundiza la dependencia colonial. La JCF que actúa como un gobierno paralelo no electo, con poder absoluto sobre el presupuesto que deciden. Y el ejemplo concreto es que el Plan Fiscal 2022, se asignaron más de $1,400 millones anuales al pago de deuda mientras se cerraban escuelas, se recortaba en la UPR, se congelaban pensiones y se privatizaba la Autoridad de Energía Eléctrica. Puerto Rico adquiere un modelo de “colonia financiera” de la Junta que obligada a pagar una deuda en gran parte ilegítima, impidiendo la recuperación económica, agravando la desigualdad y condenando al país a la austeridad perpetua.

Y aquí quiero crear un paralelismo entre la deuda de Puerto Rico negociada y reestructurada por la Junta de Control Fiscal y la deuda impuesta a Haití en su proceso de independencia, en el modelo de “colonia financiera” que nos imponen. Francia sabia que el objetivo de la deuda era crear una «deuda doble», donde Haití no tenía ese dinero para pagar y tenía que recurrir a tomar dinero prestado de bancos franceses y pagar intereses de dichos préstamos, para poder cumplir con los pagos anuales a Francia. La JCF sabe que Puerto Rico no puede pagar lo que negocian y reestructuran y debe tomar préstamos para pagar. En ambos casos reflejan cómo el endeudamiento ha sido usado como instrumento colonial y de dominación económica que destruye el potencial del país, aun cuando cambian las formas políticas externas.

En Haití en 1825, Francia obligó a Haití a pagar 150 millones de francos oro como “compensación” por la pérdida de esclavos y tierras tras su independencia. Aunque en 1835 una comisión de juristas declaró que esta ordenanza era ilegal, y que Francia era el que tenía que indemnizar a los antiguos colonos pero no le prestaron atención. La “trampa de la deuda” de Haití llevó a endeudarse con bancos franceses y luego bancos estadounidenses, en condiciones leoninas, para pagar esa deuda. Durante más de 100 años, gran parte del presupuesto haitiano fue usado para pagar esa deuda, impidiendo su desarrollo económico. Y el resultado es la pobreza estructural, la falta de inversión en servicios, la dependencia económica, y una elite corrupta respaldada por intereses extranjeros que se beneficiaron.

Así que llamamos la atención a Puerto Rico que la deuda colonial reestructurada y renegociada por la Junta de Control Fiscal – impuesta por EE.UU.-, es caer en “trampa de la deuda”. En la misma se blindaron acuerdos de pago a 25-30 años, priorizando a los acreedores sobre las necesidades sociales y a cambio, se imponen medidas de austeridad, recortes de servicios, cierre de escuelas, recortes a la UPR, privatizaciones, eliminación de derechos laborales, entre otros efectos. El resultado son pérdidas económicas como la emigración masiva, pérdida de soberanía fiscal, empobrecimiento, desplazamiento de comunidades por procesos de gentrificación y daño ambiental.

Ambos casos son expresiones de colonialismo económico: Haití fue castigado por liberarse y Puerto Rico por ser colonia de EE.UU. La deuda, en estos contextos, no es un instrumento financiero neutral, sino una herramienta de control y subordinación colonial. Es el nuevo modelo de esclavizar a los pueblos con el pago de la deuda, hacerlos más pobres con la austeridad por generaciones y dependientes, anulando su desarrollo y crecimiento económico para compensar a los emisores de deuda.

Pero hay solución con la independencia y soberanía de Puerto Rico. Si partimos del principio de que gran parte de la deuda actual de Puerto Rico es odiosa y colonial, le pertenece a EE.UU.  Comenzamos un proceso de descolonización y fundación de una República sin deuda, con principios y mecanismos de justicia económica para evitar repetir el ciclo de deuda como castigo. Las recomendaciones concretas y estructurales son parte de la discusión de país, para que las futuras deudas en un Puerto Rico independiente no sean una penalidad, sino una herramienta responsable y soberana de desarrollo.

Con la Auditoria ciudadana podemos entender porque rechazar y anular toda deuda que no haya beneficiado al pueblo y que haya sido impuesta bajo subordinación colonial. Y poder reclamar reparaciones o compensaciones a EE.UU. por los daños económicos, sociales y ambientales sufridos al crear la deuda.

En el nuevo modelo económico alternativo y sostenible la participación ciudadana es vital para crear mecanismos de control democrático sobre futuras deudas. Además, reconoce que la Constitución de la República debe tener artículos que: 1. prohíban endeudarse sin participación ciudadana; 2. limiten la deuda a proyectos de beneficio social y productivo; 3. garanticen que el pago de deuda nunca estará por encima del bienestar del pueblo. A esto se añade que toda deuda pública debe ser aprobada por referéndum o asambleas ciudadanas; que sea transparente en sus términos y uso; y, evaluada por una comisión pública y técnica de rendición de cuentas. Reconoce que se debe incluir educación y cultura económica popular promoviendo educación financiera y política en las comunidades para que el pueblo entienda cómo funciona la deuda, qué condiciones deben evitarse y, cómo participar activamente en procesos de fiscalización y auditoria. La creación de una banca pública soberana para financiar desarrollo social, agrícola, energético y tecnológico para evitar la dependencia de mercados financieros especulativos, y administrar deuda interna bajo control ciudadano. También, podemos recomendar alianzas internacionales solidarias que establezca relaciones económicas con países y bloques que respeten la soberanía.

En un Puerto Rico libre, soberano e independiente se debe construir una ética de la deuda basada en la dignidad, la transparencia y la justicia económica con la participación ciudadana. Donde el endeudamiento no debe ser una herramienta de dominación, sino una opción excepcional, responsable y socialmente útil. Evitemos la “trampa de la deuda” y comencemos a exigir auditorias de la deuda y decirle a la JCF esa deuda que ustedes negocian es odiosa e ilegal. Y construyamos otro país próspero, feliz, inclusivo y soberano. Que no le pase a Puerto Rico lo que le pasó a Haití.

Sigue dando que hablar la orden ejecutiva que promueve la independencia

 

CLARIDAD

ccotto@claridadpuertorico.com

Luego de haber redactado la polémica Orden Ejecutiva en la que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, otorgaría la independencia a Puerto Rico, el Grupo Plan B: Independencia, presentó  todo un plan de desarrollo económico y la estrategia a seguir para el proceso de descolonización.

En conferencia de prensa celebrada en el Colegio de Abogados, los licenciados Carlos Rivera Lugo, Rolando Emmanuelli  Jiménez y la economista Martha Quiñones Domínguez presentaron el Plan Nacional de Desarrollo Económico para un Puerto Rico Soberano. Según señalaron, las expectativas  son que ya para el 1 de enero del 2027  haya concluido el proceso de transición  y Puerto Rico estaría ostentando su independencia.

Sobre la presentación de la OE y el plan, Emmanuelli Jiménez puso en contexto  sobre las políticas de Trump que se sabía que este iba a traer unos disloques tanto en EE. UU. como en el planeta, por lo que los recortes en fondos federales eran de esperar. En el caso de Puerto Rico el 43 % del presupuesto del Gobierno central proviene de fondos federales. De parte de la Junta de Control Fiscal (JCF) esta le informó a la gobernadora, Jenniffer González Colón, que podría haber un recorte de fondos federales de un 15 a 20  % y que Puerto Rico se tiene que liberar de la dependencia de los fondos federales.

“La pregunta que uno se hace es cómo la colonia se libera de la dependencia de los fondos federales”, planteó Emmanuelli Jiménez. Ante la incógnita de qué va a pasar con la colonia y a la  luz de esa preocupación,  a falta de un plan gubernamental por parte de Puerto Rico es que el grupo redactó  la OE con la intención de establecer una logística detallada de cómo es que podría darse la independencia de Puerto Rico dentro de las nuevas condiciones que la presidencia de Trump ha atraído a EE. UU. y, por ende, a Puerto Rico.

El plan de desarrollo articula con la OE  la creación de una comisión de transición. Este  equipo de personas  estaría a cargo de manejar los fondos de transición, mediante un Fondo de Transición de Puerto Rico (FTPR). El Plan B propone dos modelos de Fondo: un pago de  $36 mil millones anuales por parte de EE. UU. durante  20 años o un pago único de $489 mil millones. Este pago único le ahorraría a Estados Unidos un aproximado de $617 mil millones.

No obstante, indicó que el documento no es uno escrito en piedra, sino que es un ejercicio de proyección, y las proyecciones, mientras a más largo plazo, más difícil de tener certeza; pero es una plataforma sobre la cual se puede ir construyendo un plan estratégico de desarrollo de la república de Puerto Rico.

El licenciado Emmanuelli Jiménez afirmó que para fortalecer el plan se proponen  unas estructuras jurídicas específicas  dentro de la república  de Puerto Rico. “El documento contempla desde las perspectivas del derecho,  la logística de cómo se deben hacer las cosas, el orden de los trámites y el orden de las inversiones para lograr que en 20  años Puerto Rico sea un Estado próspero unido a los países  pequeños pero muy bien desarrollados en el planeta”.

Plan Nacional de Desarrollo Económico

 Por su parte, la economista Quiñones Domínguez, aclaró que la solicitud que hizo la JCF a la gobernadora de que hiciera un plan de país sin fondos federales es imposible en la colonia,  dado a que la colonia está montada  sobre los fondos federales. “Un  plan de desarrollo sí es posible en la independencia y es parte de lo que dentro de un contexto de economía social solidaria, económica. Buscamos modelos exitosos en el mundo de países más pequeños que Puerto Rico,  para demostrar que sí se puede promover esa soberanía”.

Sobre la OE y el plan de desarrollo defendió que es para hablar al pueblo de Puerto Rico de que la independencia es posible y que es la colonia lo que nos tiene en la crisis. Mediante el plan y sus estructuras se  garantizan los  fondos  identificados y otros fondos. El  documento es un documento vivo en el cual otros economistas han enviado sus sugerencias, como Heriberto Martínez y Alejandro Silva. También se han tomado  aspectos de la plataforma del Partido Independentista de Puerto Rico (PIP).

En cuanto al  fondo de transición de $36 mil millones, señaló que es lo mismo que se llevan las empresas extranjeras de Puerto Rico y que este fondo es pequeño comparado con lo que nos debe EE. UU. “Eso es lo mínimo, con $36 mil millones anuales en 20 años podemos construir un país diferente, próspero”.

Un dato que destacó la economista es la necesidad de la  cancelación de la deuda  de la colonia. “Puerto Rico debe comenzar sin deuda porque la deuda se ha convertido en una deuda odiosa. Todo lo que la JCF negocia con la deuda le pertenece al imperio porque quien nombró la JCF fue el Congreso de Estados Unidos;  le pertenece al imperio”.

Por parte del Gobierno de Puerto Rico en la república apuntó que se tendría que hacer un proyecto de cómo hacer deuda. En cuanto al plan, describió que tiene cuatro pasos operacionales de cuatro a cinco años que le da énfasis a la educación como elemento propulsor de la economía, energía, infraestructura y  reforma fiscal. Reparó en que contrario a otros países al inicio de su independencia, en el caso de la isla, se tiene acceso a energía eléctrica, agua, carreteras, estructuras que la JCF  lo que ha hecho es desmontarlas  para hacer inviable al país.

En la segunda fase del plan a diez años se dedicaría a atender toda la  política industrial, incluyendo la agricultura y sectores tecnológicos, con un nuevo modelo, lo cual dijo que es parte de lo que le falta al país. “Es necesario establecer nuevas directrices  porque todos los que hay son acuerdos de la colonia”. En el caso de la agricultura puntualizó hay que fortalecerla para disminuir la dependencia que se tiene de otros países.

En la última fase a 20 años, el fin es tener un modelo híbrido de economía mixta. “Es importante entenderlo porque no es que vamos a tener una economía diferente, es la economía que existe a nivel internacional pero un modelo donde estemos incluidos todos”.

En el plan además se han identificado otros ingresos que no se sabe cuánto es,  pero que están ahí. “Tenemos dinero que actualmente no entra a Puerto Rico, que es el que se cobra en aduana de EE. UU. y se apropia y nunca transparenta cuánto es”.