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 Por la carretera PR-3, en el tramo fronterizo de Fajardo y Ceiba, hay dos colinas enormes que tapan la costa. Detrás de ellas, yace una costa intacta, virgen, casi inaccesible para quienes se valen de rutas pavimentadas para llegar a la playa. Pero para los vecinos de Quebrada Vueltas, único barrio de la ciudad caridura que colinda con estas lomas gigantes, siempre ha habido “caminos vecinales” para disfrutar de este edén. Así lo evoca Lawrence Núñez, vecino del bosque costero desde pequeño, en conversación con CLARIDAD. Habla de varias pozas y árboles que ocupan estas sendas. Más allá de su casa, cerca del mar y los mangles, cuenta que reinaba un silencio casi imperturbable.

Reinaba, porque desde finales de 2023, ha habido movimientos que tumban montes y mueven tierra con maquinaria pesada, dice Núñez. Sonidos y disturbios que pertenecen al desarrollo de un enclave multimillonario lejano a la comunidad: Moncayo, un proyecto que ocuparía 1,100 acres de parcelas que, sobre suelo arenoso, daría base a 400 residencias de lujo, una escuela privada, un centro médico, un campo de golf y una finca propia, de acuerdo con la revista Bloomberg.

“Nunca hemos tenido conocimiento ni vistas públicas. Nunca hemos tenido conocimiento de qué va a ser este desarrollo, cómo va a impactar a la comunidad y qué va a aportar a la comunidad. Entiendo que para los 90 se hicieron unas vistas públicas, pero ahora mismo es otro dueño, es otra empresa y es algo nuevo. Deberían hacer vistas públicas para que la gente de este sector y Fajardo entero conozca qué es lo que trae Moncayo”, denunció Núñez.

La construcción que menciona el vecino alude al desarrollo de un hotel que se habría llamado Cayo Largo. Con el tiempo, se intentó cambiarlo por un Four Seasons, pero ambos proyectos fueron “heredados” por Moncayo, que planea inversiones multimillonarias e históricas, cercanas a las cifras del proyecto Esencia, en Cabo Rojo. No obstante, Núñez denunció que Moncayo utiliza esos permisos antiguos sin actualizar.

“Yo entiendo que van 34 años (desde el primer desarrollo), y yo tengo 47 años. Tú sabes que en 34 años he cambiado un montón, pues no me digan que, en 34 años, una costa y un área geográfica no ha cambiado. Seguro que ha cambiado”, agregó Núñez. “Entonces, vamos a tener un campo de golf que va a utilizar pesticida, insecticida, plaguicida, colorantes artificiales. Esas cosas se van al aire, ¿y quiénes se van a afectar? Todos”, advirtió Núñez.

Y por “todos”, el vecino cariduro se refiere a sus compueblanos de Santa Rita, que viven a poca distancia del desarrollo, y otras comunidades adyacentes a la desembocadura del río Fajardo, el Bosque Estatal de Ceiba y el mar aledaño, famoso por su pesca abundante. Uno de los integrantes de esta comunidad, el manatí, también vería sus aguas y alimentos afectados por la construcción, que opera seis días a la semana.

“El mangle ha sido impactado, y yo no creo que ellos estén haciendo para poder arreglar. Lo han impactado y van a seguir impactándolo, y están aquí escondidos. Nadie sabe de ellos. Están haciendo las cosas a su manera”, continuó.

Mientras hablamos, no se escucha el estruendo de la zona de construcción. Aunque hoy “le bajó”, el desarrollo puede tornarse los sábados en un “campo de guerra”. Como saldo de esos combates, el vecino desliza el dedo índice por el bonete blanco de su guagua y deja una huella larga, trazando la capa de polvo que cubre su Ford. “Esto es una guagua de uso diario”, dice. Hay una polvareda visible en el aire, revuelta ahora por un jeep que corre entre caminos aplanados.

Acercamientos para atender la comunidad

En múltiples ocasiones, la pareja de Núñez contactó a los propulsores de Moncayo para acordar unas exigencias de la comunidad. Cuando entran en conversaciones con algunas de las figuras encargadas, logran tocar base con José Mercado, director de Finanzas de Moncayo; Memphis Cabán, manejador del proyecto, y Brenda González, relacionista público de los desarrolladores.

“Yo les pedí a su supervisor, y no nos lo quisieron dar. Cuando llegaron aquí, lo primero que dijeron es que no sabían de nosotros. Que ellos se estaban reuniendo con la comunidad. Y yo les dije ‘tú te puedes estar reuniendo con el que tú quieras, pero al que estás afectando es a nosotros’… Es difícil cuando tú has vivido tanto tiempo en una tranquilidad”, relató Núñez. Moncayo es dirigido por Juniper Capital, cuyo presidente es Carter Redd.

Además de a la firma privada, la familia de Núñez ha canalizado sus preocupaciones a través del Municipio de Fajardo. Empero, el ayuntamiento no ha respondido a las solicitudes de reunión e información. Por su cuenta, Núñez se enteró que el alcalde de Fajardo, José Joey Meléndez Méndez, respalda el proyecto. Los vecinos de Moncayo han alertado sobre la cantidad de personas mayores que residen en Quebrada Vueltas y de los posibles efectos adversos que la contaminación tendría en un área que, además, tiene una alta incidencia de cáncer.

“Aquí hay una población de mucha gente mayor que le afecta el proyecto, pero ellos no están con el empuje para moverse. Entonces yo, por mi familia y mi herencia, porque esta casa es heredada de (¿mi?) madre, tengo que pelear por mis cosas. Voy a perderlas, a mis vecinos… Cuando veo la situación que hay de cáncer, me preocupa”, sostuvo Núñez.

En principio, el vecino apoyaba el desarrollo por los posibles empleos y ‘beneficios’ que habría traído al área. Esa postura cambió cuando investigó los precios de las residencias proyectadas, las oportunidades que ofrecería a la comunidades, pero solo halló que “va a haber un desplazamiento de nuestras familias y una división entre los que tienen poder y dinero versus la clase pobre, que somos nosotros”.

“Lo que hacen es dividir a las personas. Voy a hacer un poblado aquí, de gente rica y voy a vivir ahí. Y no solo eso, esta área es rica en historia… yo te puedo dar fe de que hay yacimientos arqueológicos. A pesar de que esta zona fue impactada, tiene historia y valor para nosotros”, aseguró Núñez.

En uno de esos acercamientos, Núñez y la comunidad redactaron una carta con acuerdos preliminares como el uso de máquinas a ciertas horas, la creación de vías alternas para empleados, la protección de recursos naturales, la reubicación de generadores y estaciones de limpieza. Aunque algunos fueron acatados por un tiempo, los reclamos fueron desoídos, compartió el vecino.

“Nosotros nos fuimos por las líneas que tuvimos que ir. Hablamos con ellos. Ellos vinieron y nos dijeron que iban a ayudarnos, que nos iban a dar un listado de cosas que queríamos y que nos afectan. Luego que se comunicaron, ellos querían reunirse y reunirse y reunirse. No tenemos que reunirnos, ellos tienen que enviarnos la información por escrito”, aseguró Núñez. Los desarrolladores no les han entregado el mapa de deslinde de los supuestos proyectos anteriores, ni ha precisado en qué estado está el proyecto.

Asimismo, el vecino denunció la poda innecesaria de palmares y la destrucción de manglares. De acuerdo con reportes del propio Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), en esta franja costera viven los cuatro tipos de mangle que crecen en Puerto Rico, particularmente mangle rojo y mangle negro. En las aguas salobres limítrofes, las poblaciones de manatíes comen de la yerba tortuga.

Por su parte, el legislador municipal de Fajardo por el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Antonio Prieto Colón, manifestó que el desarrollo de Moncayo no puede desvincularse del proyecto Esencia, en Cabo Rojo, por sus similitudes y efectos en áreas sensitivas.

“La única oposición en la legislatura municipal, básicamente, soy yo. Estoy hablando con los populares para que se den cuenta, porque originalmente estaban a favor. Por ahora entiendo que ambos están inclinándose a oponer el proyecto. No se han hecho vistas públicas. Cuando le preguntamos esta semana a la directora de Planificación Territorial, ella nos dijo que esas vistas se hicieron en los 90”, reveló Prieto Colón a CLARIDAD por llamada telefónica.

En ese sentido, el excandidato a la alcaldía de Fajardo coincidió Núñez en la necesidad de actualizar las vistas y permisos en que se fundamenta este desarrollo. Por igual, Prieto Colón compartió que los gerentes del proyecto solicitaron darle nombre oficial a la carretera de la zona en construcción. De acuerdo con el pipiolo, este trámite contará con vistas públicas que aún no se han fechado.

“Se están cometiendo crímenes contra el ambiente, contra nuestros recursos y contra la paz de nuestras comunidades. Además de los ruidos, se han cerrado los accesos a la playa; hay varios pescadores que ya no tienen acceso al mar como antes, hay yacimientos arqueológicos, no solo precolombinos, sino que hay dos construcciones para cañones del siglo XX, el tiempo de la Segunda Guerra Mundial”, aseveró el también historiador.

En la tarde, Núñez fue al Festival del Tinglar a concienciar sobre el asunto que impactará todo el litoral. Antes de terminar la entrevista, se acomodó en la baranda de su balcón y señaló una vista directa al hotel El Conquistador. Un poco impedido por la bruma, el paisaje dibuja el funicular del hotel, las ventanas de las habitaciones y las villas coloridas del resort. De pronto, el vecino confiesa algo insólito: aquí había una loma que estorbaba la vista. Ahora conforma el relleno de toda la zona polvorienta y visiblemente talada. Aquí ya no reina el silencio, salvo las pausas entre estertores y máquinas.

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ccotto@claridadpuertorico.com

Puerto Rico no está preparado para enfrentar los recortes de fondos federales ni la incertidumbre con el alza y baja de aranceles, lo que hace que el alegato de que hay una oportunidad para volver atraer la manufactura al país sea una contradicción, apuntó el economista de Espacios Abiertos, Daniel Santamaría Ots.

El director de Investigaciones de la organización no gubernamental que examina la transparencia gubernamental y la rendición de cuentas reconoció en entrevista con CLARIDAD que, en definitiva,  los fondos federales son una herramienta fundamental para Puerto Rico. Incluso el presidente de la Junta de Control Fiscal (JCF), Robert Mujica, recientemente admitió que no había reemplazo para la pérdida de esos fondos.

Al respecto, Santamaría Ots señaló que aunque no se sabía que Trump iba a ganar y tomar  decisiones tan drásticas, lo cierto es que  no se puede confiar en fondos que no son tuyos, los cuales pueden   variar en algún momento su composición e intensidad. Siempre hay que contemplar y modelar, y tratar siempre de incorporar probabilidades de modelos que incluyan la posibilidad de recortes federales, que es lo que se está  sufriendo ahora.

Apuntó que ahora mismo Puerto Rico no está preparado para enfrentar esos recortes, no hay un plan B, y  no se ha diseñado un colchón que pueda amortiguar esos recortes, por lo que se van a estar sufriendo las consecuencias. También expuso que es difícil especular de qué manera se pueden amortiguar los recortes, ya que es obvio que si no se tiene la capacidad de absolverlos, algo del presupuesto se va a resentir. “Supongo que la JCF y el Gobierno van a decidir qué partida será la que se sacrifique ante ese escenario de recortes”.

Sin embargo, considera que esa conversación entre la JCF y el Gobierno es una que está tarde, ante eventos que afectan tanto  a toda la nación estadounidense y a Puerto Rico, en especial ante recortes de programas de atención a las poblaciones más vulnerables como puede ser Medicaid o el SNAP. El economista hizo hincapié en que es importante entender que Puerto Rico ya no puede seguir buscando elementos en los que recortar y más en elementos fundamentales para el crecimiento económico como son, por ejemplo, la Universidad de Puerto Rico y la salud. “Ya esa estrategia está llegando a su fin. La única manera de darle la vuelta a esta tendencia es con ese plan de desarrollo económico que nunca llega”, expresó.

Santamaría Ots criticó que como estrategia para aumentar ingresos se piense solo en recortar, así que la única herramienta que se está viendo es la de imponer un impuesto de 4 % a los beneficiarios de la Ley 22 (ahora Ley 60) sobre las ganancias de capital, herramienta que considera es improvisada. Hizo la anotación de que a partir del 2012, cuando se aprobó la ley, de haberse adoptado un impuesto con ese mismo 4 %, se habrían recaudado $160 millones por año, con los que se hubiese podido subvencionar  parte del presupuesto de la UPR,

El economista de Espacios Abiertos denunció que no ve una estrategia de desarrollo económico que no sea los incentivos. Incluso trajo a la atención que la JCF tiene como mandato en su Artículo V adoptar un plan de desarrollo económico, algo que tampoco se ha producido. El  actual director en la JCF, que se supone impulse ese mandato lo es el exdirector del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), José Pérez Riera.

Recalcó que el gobierno debe concentrar sus esfuerzos en un plan de desarrollo económico.  “No podemos seguir buscando recortar. Recortar en educación es recortar en conocimiento, y no hay país que recorte en conocimiento al que le vaya bien. Ninguno”.

En alusión a lo presentado en días recientes por la gobernadora,  criticó que se pretenda presentar una reforma contributiva como plan de desarrollo económico, mucho menos una que atienda a un pequeño sector de la población. Explicó que cuando se habla de una reforma contributiva, solo se atiende a aspectos que competen  a un sector de la población, por ejemplo, poner más dinero en el bolsillo, suavizando las ganancias de capital o intereses de los dividendos.  “No todo el mundo es rentista, tiene propiedades. Aquí lo que hay que atender es el alivio de las clases populares, que  siguen sin poder llegar a fin de mes, y lo que vemos es una simetría en cuanto a qué atender y de qué manera”.

Como ejemplo, planteó que la JCF pretende recortar el programa de Crédito por Trabajo porque cuesta demasiado, según ellos. Dicho programa adoptado en el 2018 y luego en el 2012 con fondos ARPA ha sacado a 100 mil familias de la pobreza, al incorporarse al sector laboral formal. “Ahora, en la reforma contributiva, se quiere recortar en el único incentivo que afecta a la clase trabajadora y se está queriendo  poner dinero en el bolsillo a quien ya tiene”, denunció el director de Investigación de Espacios Abiertos.

De igual manera, discrepó de la alegación de la JCF de que las reformas estructurales que ha impuesto  en el Plan Fiscal 2024-2025 vayan a rendir los ahorros proyectados de $45 mil millones en los próximos 30 años. Según la Junta, el problema no es el plan fiscal, sino que el Gobierno de Puerto Rico no está siendo capaz de implementar las reformas. Agregó que la JCF ha apostado a una estrategia de reforma estructural que no está dando sus frutos y a unos  fondos federales que fueron para resolver determinados daños como los huracanes y el covid. Servirán para aliviar el plan fiscal, pero eso no será la varita mágica para que el país crezca. Precisó que los fondos federales, en la  práctica, se han gastado en su totalidad, que lo que queda es entre un 45 a un 50 %, pero que ese  oxigeno se acorta y que lo que se ha visto de crecimiento del producto nacional bruto en los últimos dos años, fundamentalmente, ha venido por fondos federales.

La manufactura ya no es la misma

 Sobre las expresiones de la gobernadora, Jenniffer González, de que el alza de los aranceles le a Puerto Rico la oportunidad  de que regrese la industria de la manufactura, el economista describió que el  sector de biofarma de dispositivos médicos o la aeroespacial cada vez son industrias más robotizadas,  y que aun cuando se  congelen los arancelarias, ve el regreso de esas industrias como una  política desacertada porque se va a entrar en una política que va a pasar factura vía inflación.

Agregó que  hay mucha incertidumbre sobre el que esas industrias puedan regresar debido a que las industrias no toman  ninguna decisión bajo ese panorama de incertidumbre sobre los aranceles. Además, en caso de que en efecto regresen esas industrias de manufactura, no van a producir en semanas. Eso toma años. En la práctica, ese tipo de industria ya está robotizada y con inteligencia artificial. Describió que en la manufactura de hace 50 años, donde había 50 ingenieros en la cadena de montaje, ahora hay uno con IA.

Santamaría Ots advirtió que “sacar pecho” con que esas empresas regresen con el alza de los aranceles entra en contradicción con la afirmación que hacen los economistas de que ante un escenario de tanta incertidumbre nadie toma esa decisión. “La pregunta es dónde está la oportunidad para Puerto Rico,  porque lo que hoy parece una política, mañana se cambia”.

Un ejercicio de comunicación política

 De otra parte, entrevistado también por este medio, el economista Heriberto Martínez Otero, desmintió a la gobernadora en su alegación de que en sus primeros 100 días se hayan creado mil empleos. Afirmó que en los últimos años  los empleos que se han creado en Puerto Rico han estado  vinculados totalmente a la actividad económica por los fondos federales en exceso. Reparó en  que con la  congelación de muchos de estos  fondos, sumado al detente de gasto público, se impide que se pueda hablar de que se haya tenido una creación de empleos en este trimestre. “No creo que estemos pasando por un momento positivo de actividad económica como si pudiéramos haber dicho a partir de la pandemia para acá”.

En cuanto a la actitud de la gobernadora de negar que los recortes de fondos federales y que el alza en los aranceles vayan a afectar al país, como por ejemplo, el retiro de los fondos federales al Departamento de Educación, atribuyó a la gobernadora estar haciendo un ejercicio de comunicación política para intentar mantener algún tipo de apoyo. Apuntó que ante el hecho de que Puerto Rico no está entre las prioridades del presidente Trump, no hay forma en el contexto de  la economía global y de Estados Unidos  que se  pueda  hablar de un crecimiento económico y creación de empleos. “Pienso que la gobernadora lo sabe, pero hace un gesto de comunicación política para intentar calmar los sectores económicos  y sociales en Puerto Rico”.

El director ejecutivo de la Liga de Cooperativas de Puerto Rico explicó que desde el punto de vista de las clase trabajadora y pequeñas empresas el gobierno no ha tomado ninguna acción contundente en favor de estas, pero tampoco ve claro cuál va a ser la hoja de ruta para mejorar la calidad de vida de los puertorriqueños. En esa dirección, observó que el Plan Fiscal es un diseño de un modelo económico conservador  que va en contra de los municipios, de la UPR,  de lo que es la inversión social  y favorece a los sectores más privilegiados del país.

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En una movida que contradice sus pasadas posturas, la gobernadora, Jenniffer González Colón, convirtió, el pasado Domingo de Ramos, el Proyecto del Senado 1 en la Ley del Derecho Fundamental a la Libertad Religiosa (Ley 14-2025).

La aprobación de la medida se da luego de que diversos sectores advirtieran cómo esta pieza “abriría la puerta al discrimen” para personas LGBTQ+ que acudan a recibir servicios regulados por el Estado, como una consulta en un Centro de Diagnóstico y Tratamiento (CDT) o un trámite en el Centro de Servicios al Conductor (CESCO).

“La gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González Colón, decidió legalizar el discrimen por primera vez en nuestra historia. Se convirtió en la primera gobernadora que firmó una ley que permite que se puedan negar servicios básicos que puedan costarle vidas a seres humanos”, expresó el presidente de la Federación LGBTQ+ de Puerto Rico, Pedro Julio Serrano.

Además, la colectividad —que recoge a más de 100 organizaciones comunitarias y aliadas— reseñó las distintas instancias del pasado en que González Colón, desempeñando otras funciones, se opuso o detuvo legislaciones parecidas a la nueva Ley 14-2025. Por ejemplo, Serrano mencionó que la actual gobernadora rechazó las resoluciones 99 y 107 de la Cámara de Representantes que buscaban elevar a rango constitucional la prohibición de matrimonios igualitarios.

“Sin embargo, decidió dividir a la población”, agregó el activista en rueda de prensa. Además, recordó que González Colón favoreció el Proyecto de la Cámara 1725, que condenaba el discrimen por orientación sexual e identidad de género y destacó el repudio de la entonces comisionada residente en Washington por las políticas discriminatorias de la administración de Ricardo Rosselló.

“Por eso y por sus votos a favor de los proyectos que favorecen a la comunidad LGBTQ+ mientras era representante y comisionada residente, entendimos que podía ser una aliada elegida… No nos vuelve a engañar. En el día de ayer (domingo) demostró que es una enemiga de la equidad. De hecho, queremos hacer constar que hicimos todo lo posible para que esta no fuera la realidad en el día de hoy”, elaboró Serrano.

En esa línea, el presidente de la Federación reveló que tanto él como la directora de la Federación LGBTQ+, Ivana Fred Millán, se reunieron con la gobernadora y el secretario de la gobernación, Francisco Domenech, en La Fortaleza. En ese encuentro, contó Serrano, la colectividad discutió los peligros y amenazas que representa la ahora Ley 14, y aseguran que ambos funcionarios públicos asintieron a esos reclamos. Incluso, el portavoz de la Federación afirmó que González Colón le ofreció trabajo como asesor de asuntos LGBTQ+.

Del mismo modo, Serrano sostuvo que la gobernadora y Domenech resaltaron dos cláusulas del proyecto que entendían violentaban otras leyes. Por eso González Colón y el secretario se comprometieron, según Serrano, a considerar tres opciones:

1. Pedirle al presidente de la Cámara de Representantes, Carlos Johnny Méndez Núñez, que devuelva el proyecto con algunas enmiendas.
2. Que la propia gobernadora devolviera la medida a través de la cámara baja.
3. Que Jenniffer González vetara la ley.

“Me dio a entender, en medio de esa conversación, que desconocía lo que estaba escrito en ese documento (el proyecto) y eso sí me preocupa. Porque hoy somos nosotros como colectivo los que hacemos este señalamiento, pero si la señora gobernadora va a firmar un documento y no lo ha leído… deja meridianamente claro que hay un problema grande”, manifestó, por su parte, Fred Millán.

Ambas figuras directivas de la Federación criticaron que, a pesar de sus pasadas posturas y ejecutorias, la gobernadora haya prestado su firma para aprobar este proyecto, recordando que hay “miles” de personas LGBTQ+ aliadas al Partido Nuevo Progresista (PNP). En respuesta a la nueva ley, la organización anunció que irá a los tribunales para declarar la medida inconstitucional.

Igualmente, Serrano fechó una manifestación en contra de la Ley 14-2025 para el 17 de mayo, a las 3:00 p.m., en el lado norte del Capitolio. La marcha denunciará la gestión de la legislatura y la gobernadora, coincidiendo con el Día Internacional en contra de la Homofobia y la Transfobia.