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Pascua dentro de un jubileo para toda la humanidad

 

Especial para En Rojo

 

La celebración de tiempos como la Cuaresma y la Pascua plantean à las Iglesias cristianas el reto de repetir los mismos textos litúrgicos y retomar oraciones y cantos que vuelven anualmente. Sin embargo, eses cánticos y ritos no deben ser usados como si fueran rituales de un tiempo circular que se repite siempre a cada año. Es fundamental que los textos litúrgicos sirvan como alimento afectuoso de la memoria, no para volver al pasado y si para vivir ahora la novedad del hoy de Dios. Así, en esta Cuaresma-Pascua de 2025, la llamada  la nuestra conversión social nos llega a través de iniciativas como la campana por la Paz del Consejo Mundial de Iglesias y el Jubileo de la Esperanza que el Papa Francisco propone a las Iglesias cristianas y a toda la humanidad.

Lamentablemente, esa propuesta del Jubileo aún es muy centrado en viajes a Roma y ritos medievales, como atravesar puertas santas de las basílicas romanas y ganar indulgencias. Hoy en día, pocas personas están interesadas en obtener perdón de la jerarquía eclesiástica, ni tiene sentido seguir con esa cultura de pagar penas del pecado y obtener indulgencias.

Sin duda, este actual Jubileo sería más eficaz si comprometiera a las comunidades cristianas y a sus ministros con el anuncio de la misión que, en un sábado, en la sinagoga de Nazaret, Jesús dijo que había venido a cumplir: «El Espíritu de Dios ha venido sobre mí y me ha enviado para anunciar la buena nueva a los empobrecidos. Me ha consagrado para liberar a los encarcelados, devolver la vista a los ciegos y esclavizados, poner en libertad a todo oprimido y anunciar un año de gracia (Jubileo) del Señor».

Todos los que le escuchaban se quedaron muy sorprendidos por lo que decía y se asombraron aún más cuando dijo: «Hoy esto se hace realidad, y no sólo para ustedes, judíos, sino para toda la humanidad» (Lc 4, 16- 30).

En línea con la propuesta de Jesús, este Jubileo de la Esperanza debe comprometer à las comunidades cristianas con la paz en el mundo, haciendo patente la solidaridad con el pueblo palestino y denunciando el genocidio cometido por el Estado de Israel con el apoyo del gobierno de Estados Unidos contra la población palestina. También es urgente vincular las Iglesias con la causa de los pueblos originarios y sus derechos colectivos. Forma parte del Jubileo hacer con que la Madre Tierra tenga el descanso que merece y de lo cual necesita. De esta manera, será posible vivir la Esperanza de la fraternidad entre seres humanos, en comunión con todos los seres vivos.

La dificultad para hacer real y eficaz esta propuesta de Jubileo para la Tierra y para toda la Humanidad es que ya no vivimos más en tiempos de cristiandad, salvo en ambientes clericales donde se pretende retomar a siglos pasados y los eclesiásticos se aíslan en ilusiones de poder divinizado. No importa lo que proponga el Papa o lo que digan los obispos y curas, el mundo sigue su propio camino y, sobre todo, las generaciones más jóvenes están más conectadas a los medios virtuales y a las agencias de comunicación.

Cuando, finalmente, la jerarquía y el clero católicos se den cuenta de que necesitan de las Iglesias hermanas y de otras comunidades religiosas para llevar a cabo su misión en el mundo, se abrirán efectivamente al diálogo ecuménico y se acabarán Jubileos centrados en Roma. Pastores y fieles construirán juntos comunidades sinodales, en diálogo con otras confesiones y demás grupos religiosos, así como con toda  la humanidad para educar à las comunidades y organizaciones sociales y caminar juntos hacia un Foro Mundial de toda la sociedad civil. Entonces, podrá ser real el sueño de Paz y Justicia del Mahatma Gandhi, de Nelson Mandela y de tantos hombres y mujeres que han luchado para hacer real el Jubileo de la Esperanza proclamado por Jesús. Solo en este momento, podremos decir como Él: «Hoy se cumple esta palabra que acabáis de oír» (Lc 4,21).

El autor es monje benedictino y ha publicado mas de 40 libros. Este articulo se publicó originalmente en al edición impresa de CLARIDAD/en rojo del mes de marzo.

Regresa “¡Hasta las tetas!» cuarta y última función

 

 

La parodista Wilda Rodríguez se une nuevamente a Graciela Rodríguez Martinó para la cuarta edición de “¡Hasta las tetas!” , un espectáculo de parodia y stand-up que ha tenido un éxito desde su primera edición en 1992 y otra vez se presenta en el Moneró Café Teatro & Bar del Centro de Bellas Artes de Caguas.

En “¡Hasta las tetas!“, Wilda, quien es una experimentada periodista, se pone su sombrero de parodista, caricaturizando y satirizando la actualidad y la clase política puertorriqueña.

“Siempre lo he hecho, porque estoy convencida de que la risa es una forma de resistencia de las más subversivas para enfrentarse a la realidad política del país”, dice el comunicado de prensa .

En esta ocasión, Rodríguez reconoce que el libreto ha sido todo un desafío porque el momento actual que vive Puerto Rico y el mundo entero “no son un chiste”.

La edición número cuatro de “¡Hasta las tetas!” coincide con los 100 días de gobernación de Jenniffer González y los primeros tres meses del presidente Donald Trump y busca llevar al café teatro lo que las portadas de los periódicos y las pantallas de televisión hacen de manera seria, de forma que el público consumidor de noticias pueda relajarse.

Temas como las casas flotantes de La Parguera, las órdenes ejecutivas de los dos gobernantes, los inmigrantes, la comunidad Lgbtq+, el Capitolio, el divorcio de Daddy Yankee, los aranceles de Trump y los personajes usuales de la política boricua, serán solo algunos de los que abordarán “Las Rodríguez”.

La cuarta y última edición de esta producción se presenta el jueves, 10 de abril, a las 8:00 p.m.  Boletos en Ticketera

 

Los recortes de Trump

Donald Trump

 

/CLARIDAD

ccotto@claridadpuertorico.com

El  daño causado por los recortes y suspensiones de asignaciones de dinero federal ordenadas por el presidente Trump, tendrán consecuencias a largo plazo para Puerto Rico y, en algunos casos, puede que sean permanentes, advirtió el Centro para una Nueva Economía (CNE), en su más reciente informe, Puerto Rico: Impacto de los Cambios de la Política Pública Federal

El análisis del CNE describe que el “cambio de prioridades federales”, es decir las órdenes  del presidente Donald Trump de recortes y suspensiones de asignaciones de dinero federal, podrían tener un impacto desproporcionado en la recuperación de Puerto Rico y en la prestación de servicios esenciales a nuestra población, agravando los desafíos existentes y afectando de manera  negativa la  economía. El CNE identifica que las áreas claves, que serán mas afectadas serán; los fondos por recuperación por desastres: los fondos Medicaid; y Educación.

En lo que respecta a los fondos por recuperación por desastre se indica que el Congreso ha asignado fondos por aproximadamente $52 mil millones a través de FEMA (siglas en inglés de Agencia Federal para el Manejo de Emergencias) para financiar la reconstrucción de Puerto Rico tras los huracanes Irma y María. Según la Oficina Central de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia de Puerto Rico (PR3) a finales de febrero de 2025, se habían gastado aproximadamente $23 mil millones de la cantidad asignada. Según el CNE en teoría, los aproximados $30 mil millones restantes, deberían estar a salvo de la rescisión o la recuperación, en la medida en que se hayan «obligado» legalmente, lo que representa un compromiso vinculante. Sin embargo, revela conocer de varios casos en los que el desembolso de fondos federales ya ha sido retenido o congelado, incluso cuando el dinero ya estaba legalmente obligado. En caso de que los fondos de reconstrucción se rescindan o se recuperen, indica el CNE, el único recurso del Gobierno de Puerto Rico sería presentar una demanda contra el gobierno federal.

 

En el caso de los fondos de Medicaid, se detalla que la Cámara de Representantes de EE UU aprobó una resolución presupuestaria para el año fiscal 2026 que ordena al Comité de Energía y Comercio de la Cámara recortar $880 mil millones del gasto federal. De acuerdo al CNE lograr este objetivo de gasto en términos matemáticos es imposible sin recortar el programa Medicaid, que está bajo la jurisdicción de dicho comité. En la actualidad cerca del   72% del costo (unos $3.4 mil millones de un costo total de $4.7 mil millones) del programa Medicaid de Puerto Rico, que brinda seguro médico a cerca del 50% de la población de la Isla, está financiado por el gobierno federal.

 

Según el análisis cualquier recorte significativo en la financiación federal de Medicaid en Puerto Rico o la imposición de un límite menor al gasto federal afectaría de manera directa el acceso a la atención médica para alrededor de 1.5 millones de beneficiarios en Puerto Rico y tendría efectos nefastos en el balance primario del gobierno central.

 

Presenta el que por ejemplo, si el Congreso decide revertir la financiación de Medicaid para Puerto Rico a su fórmula anterior a la Ley de Cuidado de Salud Asequible (ACA) durante el año fiscal 2028, la financiación federal se limitaría al 55% de los costos totales, hasta un máximo de aproximado de  $500 millones. Mientras -indica- que por parte de la Junta de Control Fiscal (JCF), ha estimado que el costo del programa de Medicaid de Puerto Rico para ese año será de $5.3 mil millones. Esto significa que el gobierno de Puerto Rico tendría que uno; reunir $4.8 mil millones solo para mantener el programa tal como está, o dos reducir de forma drástica el número de personas cubiertas o los servicios ofrecidos.

En lo que respecta al  Departamento de Educación de EE UU (DE EE UU)  el cual Trump ha dicho que va a cerrar y ya  miles de empleados  han sido informados de su despido, en el caso del Departamento de Educación de  Puerto Rico, el 45%, ($2.4 mil millones) de su  presupuesto de $5.3 mil millones  para el año fiscal 2025 provienen del gobierno de EE UU, por lo que cualquier cambio significativo en esa financiación podría afectar la educación de algunos de los niños más vulnerables de Puerto Rico. Enumera que el  desmantelamiento del DE EE UU afectara el desembolso de miles de millones de dólares bajo el Título I de la Ley de Educación Elemental y Secundaria y la Ley de Educación para Personas con Discapacidades, actualmente gestionados por el gobierno federal.

A juicio del CNE el daño causado por estas decisiones será a largo plazo y, en algunos casos, teme que sean permanente. Al respecto se expone que  en una reciente conferencia de prensa, Elon Musk, quien dirige el Departamento de Eficiencia Gubernamental, reorganizado por Orden Ejecutiva, declaró que ‘preveían cometer errores y revertirlos si se les exigía’.

“El problema es que esta filosofía de «moverse rápido y romper cosas», independientemente de su mérito en el mundo tecnológico, no es una buena guía para optimizar los servicios gubernamentales. ¿Realmente queremos eliminar los empleos de quienes trabajan en la regulación de la seguridad aeronáutica, el uso de sustancias químicas peligrosas o el mantenimiento de armas nucleares?, cuestiona el análisis suscrito por el director de Política Pública del CNE, Sergio Marxuach. Al punto que pasa a citar palabras de Martin Wolf, comentarista económico jefe del Financial Times, «no se hace más eficiente un sistema complejo modificándolo aleatoriamente» .

El CNE subraya que algunos casos, podría ser demasiado tarde para revertir el daño ya causado por recortes presupuestarios imprudentes.

Desde el aspecto político-legal el estudio reconoce que el único recurso que tienen los gobiernos locales, los beneficiarios o los beneficiarios para detener las órdenes y sus consecuencias  es interponer una demanda judicial contra el gobierno federal.  Al momento indica que la organización Just Security ha identificado, a través de su rastreador de litigios, al menos 129 demandas contra el gobierno federal derivadas de, o en relación con, la emisión de órdenes ejecutivas. “Este expediente tardará un tiempo en procesarse en los tribunales. Mientras tanto, prevalece la incertidumbre y la administración sigue impulsando su agenda extremista”, admite la organización.

A largo plazo, -señala el CNE- que la principal amenaza es el posible daño a instituciones estadounidenses como el Estado de derecho, el debido proceso y la separación de poderes. “La administración Trump ha adoptado una visión maximalista del alcance del poder ejecutivo, en particular del presidencial. Esta perspectiva contradice el derecho constitucional estadounidense y las normas y prácticas democráticas consolidadas. Por ejemplo, la afirmación del presidente, emitida el 18 de febrero, de que «el presidente y el fiscal general (sujetos a su supervisión y control) interpretarán la ley para el poder ejecutivo, en lugar de que agencias separadas adopten interpretaciones contradictorias» es simplemente errónea e inconstitucional”.

Se cita además que según el sistema constitucional estadounidense, corresponde a los tribunales interpretar el significado de la ley y que el Congreso también tiene el poder de gestión presupuestaria (el poder adquisitivo) en virtud del Artículo I, Sección 9, Cláusula 7 de la Constitución de los Estados Unidos, por lo que el  presidente no puede reescribir las leyes de asignación de fondos, imponer requisitos o condiciones adicionales al gasto no legislado por el Congreso, ni negarse a gastar fondos debidamente asignados. Sin embargo, – atribuye el CNE que el Congreso se ha mostrado sorprendentemente condescendiente con la firme afirmación del presidente Trump sobre su poder ejecutivo.

 

 

Cabo Rojo, Rincón, Loíza y la destrucción de nuestras costas y playas

 

En Puerto Rico las playas son públicas y eso es un gran logro de nuestro pueblo. Un lujo natural y gratuito, ir a la playa es el más tradicional entretenimiento de las familias puertorriqueñas. Mar, brisa fresca, sol y naturaleza libres son un aliciente grande que permite a las personas despejarse en estos tiempos de costo de vida disparado. Además de abiertas y accesibles, nuestras playas son bellas y sus aguas tibiecitas, un imán para quienes buscan escapar de los climas gélidos de sus latitudes.
Durante los años 50, y como una estrategia económica poco beneficiosa para nuestro pueblo, Puerto Rico hizo excepción a la  costumbre y a la ley de la playa pública cuando su capital, San Juan, se convirtió en la única ciudad principal del Caribe en privar a sus habitantes de un malecón con vista libre al mar. El hotel Caribe Hilton y su playa privatizada en plena zona marítimo terrestre de la Capital sentó el mal ejemplo, que obligó a nuestro pueblo a desarrollar una jornada masiva y exitosa en defensa de su derecho a disfrutar libremente de las playas que nos rodean por los cuatro puntos cardinales. La campaña «Playas p’al pueblo» de los años 60 y 70 sentó un precedente importante para las luchas de hoy y las venideras.
Las acciones de destrucción de las costas y zona marítimo terrestre en Puerto Rico no son un asunto nuevo. La extracción de arena con propósitos comerciales hizo desaparecer las dunas de muchas playas, principalmente en lugares como Isabela y Loiza, precipitando la  erosión que hoy amenaza a buena parte de nuestro litoral. Solo basta ver cómo el mar ha dejado prácticamente sin orilla a gran parte de la franja de Isla Verde, o cómo las marejadas e inundaciones afectan la costa de Loíza para entender la vital importancia de la protección natural de las dunas de arena como barrera contra vientos, lluvias y la furia del mar. Lo mismo ha ocurrido con la destrucción de manglares sobre los cuales se han construido estructuras residenciales y comerciales en zonas de dominio público, como en Bahía Jobos en Salinas o en La Parguera en Lajas, y con otros recursos costeros  que son hábitats de tinglares y especies amenazadas de nuestra fauna y flora, todas prácticas depredadoras que hoy nos están pasando factura y obligando a los.gobiernos estatal y municipales, e incluso intereses privados, a implantar medidas para mitigar los daños y estimular la recuperación natural de tan esenciales recursos costeros.
Esta batalla constante en defensa de nuestras costas y playas ahora arrecia más por la agresiva ofensiva desarrollista tras la aprobación de la llamada Ley 22, (60) que ofrece incentivos contributivos y económicos exorbitantes a multimillonarios extranjeros que vengan a «invertir» en Puerto Rico. Esto ha provocado un frenesí de proyectos multimillonarios que amenazan con acaparar y arrasar toda la zona marítimo terrestre alrededor de la Isla Grande, Vieques y Culebra.
La visión desarrollista de los multimillonarios inversionistas atraídos por los incentivos de la Ley 22, no solo amenaza con destruir nuestras costas y playas,  sino también sitiarlas y convertirlas en enclaves exclusivos, excluyentes e inaccesibles para nuestro pueblo, en un patrón donde los de afuera se enriquecen más, mientras los nuestros se convierten en parias en su propia tierra.
Con distintos matices, el patrón se repite en todo Puerto Rico. En Rincón, en Loíza, en la Isleta de San Juan, en Luquillo, en Aguadilla, en Yabucoa y ahora, también en Cabo Rojo, destino por excelencia del turismo interno puertorriqueño, hoy amenazado por un proyecto de proporciones tan gigantescas y  dañinas que coloca en riesgo la existencia misma del litoral caborrojeño y de la Reserva Natural de Boquerón,  según los conocemos.  De realizarse el propuesto proyecto Esencia en Cabo Rojo, este conllevaría el acaparamiento y ocupación de más de 1 ,500 cuerdas de litoral, con alto.valor ecológico, arqueológico y como reserva natural de especies endémicas en peligro de extinción. Esencia no solo alteraría permanentemente el contorno de nuestra costa suroeste, sino que por su tamaño y densidad tendría un impacto de consecuencias inimaginables para la.vida de nuestra gente en esa zona.
 Al igual que ocurrió con otros proyectos  perversos contra nuestro pueblo en el pasado, Esencia no debe construirse. Y nuestro pueblo no debe permitirlo  porque tendría un.costo demasiado alto para nuestros recursos naturales y para nuestra gente del oeste y suroeste de Puerto Rico. Asi se hizo evidente en las recientes vistas públicas sobre el proyecto, cuando científicos,  expertos ambientalistas y otros profesionales que leyeron y examinaros la propuesta de Esencia presentaron ponencias contundentes sobre los efectos devastadores del mismo sobre la zona y sus habitantes.
Cuando ha sido necesario en distintos momentos,  la resistencia y movilización de nuestro pueblo han sido la clave de nuestras grandes victorias. En los años 70, el proyecto para explorar yacimientos mineros de cobre y otros metales en Lares, Utuado y Adjuntas se detuvo con la movilización masiva del país. Igualmente, esta fue crucial para sacar la Marina de Estados Unidos, primero de Culebra y luego de Vieques en una lucha que duró 60 años. Se derrotó un proyecto para construir un superpuerto para tanqueros petroleros en Aguadilla, y también los nefastos gasoductos del Norte y del Sur. Como pueblo nos levantamos después del huracán María e hicimos renunciar a un gobernador negligente e insensible. De todas  esas luchas y lecciones saldrán la.organización y la respuesta para detener al proyecto Esencia y a todos los mercaderes que pretenden seguir  destruyendo  nuestras costas y playas, e impidiendo el acceso de nuestra gente a un recurso que nos pertenece a las y los puertorriqueños.

Rechazan aprobación del llamado proyecto de “libertad religiosa”

 

 

Ante la inminente aprobación en el Senado del PS 1, llamado proyecto de “Libertad Religiosa”, líderes religiosos y el Colegio de Abogadas y Abogados (CAPR) se expresaron en contra de la medida.

En comunicado de prensa, líderes religiosos del Consejo Asesor de la Federación LGBTQ+ de Puerto Rico denunciaron que con su aprobación se pretende dar licencia para discriminar bajo la excusa de la libertad religiosa. “Es un proyecto que privilegia la creencia religiosa como excusa para negar servicios a ciudadanos. Al igual que permite que profesiones reguladas por el Estado puedan negarse a atender a personas, pues tendrían inmunidad», aseveró el doctor Juan F. Caraballo Resto, miembro del Consejo Asesor.

La reverenda Agustina Luvis Núñez reclamó que la libertad religiosa no puede convertirse en una herramienta de odio, exclusión, desigualdad o discriminación. “Como hombres y mujeres de fe, nos oponemos a esta medida y urgimos a cada líder religioso y a cada una de nuestras comunidades a levantar sus voces en contra de este proyecto tan peligroso. Nuestra fe nos llama al amor y la solidaridad, no al prejuicio ni al discrimen».

Los miembros del Consejo Asesor de la comunidad LGBTQ+ exhortaron al Senado a analizar los peligros de una medida que, advirtieron, vulnera a muchas poblaciones en Puerto Rico, no tan solo a esta comunidad. “Le pedimos aquilatar los alcances de dicho proyecto que pretende abrir una puerta al discrimen», dijo, por su parte, el pastor Pedrito De Jesús.

«Hacemos una exhortación al país para que se comunique con las y los senadores para que voten en contra de una medida que atenta contra el valor humano y cristiano de hermandad, solidaridad y humanidad. Es hora de alzar nuestras voces en favor de todos los ciudadanos y en contra del discrimen», aseguró el reverendo Juan Ángel Gutiérrez.

Otra miembro del Consejo Asesor, Ada Conde Vidal, hizo un «un llamado a las senadoras y los senadores a que hagan lo correcto. Que no permitan que se legalice el discrimen. Hoy van por la comunidad LGBTQ+, mañana irán por otras creencias religiosas y por otras comunidades vulnerables. La Constitución se hizo para defender a las minorías del posible abuso de las mayorías”.

Por su parte, en comunicado de prensa, la presidenta del CAPR, licenciada Vivían Godineaux Villaronga, exhortó a la gobernadora Jenniffer González a no firmar el proyecto.

“No hay fundamento ni razón que justifique convertir en ley esta medida, dado que no responde a un problema existente; sino todo lo contrario: será la fuente de una vorágine de problemas que no enfrentamos hoy. Fuera de ser un calco de medidas similares que han sido objeto de agrias controversias legales, éticas y morales en los Estados Unidos, este proyecto no atiende una necesidad de nuestra sociedad, donde la libertad religiosa ha sido un principio incuestionable y está contenida en nuestra Constitución”.
De acuerdo con la presidenta del Colegio, el proyecto concederá protecciones adicionales innecesarias a un sector de la población usando disposiciones excesivamente amplias que solo sirven para fomentar el discrimen de muchas maneras y para rechazar brindar servicios públicos.
“Señora gobernadora, obre a la altura de los tiempos y no ceda a la presión de quienes no estiman los derechos de toda la ciudadanía que habita en nuestro país, indistintamente de su credo, origen, u orientación sexual. Proteja, con su veto, los derechos civiles y el principio constitucional cardinal de igual protección de las leyes”, concluyó Godineaux.
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