Inicio Blog Página 350

Un 8 de marzo de luto, ansiedad, firmeza y solidaridad

Por

febrero 26, 2025

Según las estadísticas oficiales, durante el año 2024 se registraron en Puerto Rico 24 feminicidios íntimos, esto es mujeres asesinadas por sus parejas, ex parejas, novios y ex novios, o por «enamorados» al azar que la víctima ni siquiera reconocía como tales. En los meses de enero y febrero de 2025, cuatro mujeres más perdieron sus vidas en idénticas circunstancias. Esto no incluye otros 57 femicidios directos e indirectos por diferentes motivos o circunstancias.

Estos casos extremos de violencia machista persisten, a pesar de que en nuestro país, y ante el alza enorme de delitos violentos contra las mujeres, el gobierno de Pedro Pierluisi decretó una emergencia por violencia de género en 2021, que se renovó año tras año hasta el 31 de diciembre de 2024. Debió suponerse entonces que, como debe ocurrir con toda emergencia, las diferentes instancias del gobierno y la sociedad civil convergerían para tomar medidas urgentes para prevenir y atajar este mal, que permea todas las estratas sociales y económicas de la sociedad puertorriqueña. Se creó una estructura, se recopiló buena información y se tomaron algunas iniciativas positivas, a las que hoy le ha puesto un alto el nuevo gobierno de Jenniffer González Colón.

El hecho de que, a la mitad de la tercera década del siglo 21, las mujeres sigan muriendo a manos de hombres como en los tiempos de las cavernas, no es solo un signo de cuánto nos falta de civilidad en las sociedades contemporáneas, sino también de que la creencia en la jerarquía patriarcal, el machismo y la visión de la mujer como objeto y propiedad sigue estando mucho más arraigada de lo que quisiéramos admitir.

Puerto Rico tiene un récord mixto en el asunto de la violencia de género y, a veces, como en el momento actual, pareciera como si estuviésemos retrocediendo en vez de adelantar.

Grandes logros como la aprobación de la Ley 54 contra la Violencia Doméstica en 1989 o la creación de la Oficina de la Procuradora de las Mujeres en 2001 han ido perdiendo el vigor que una vez tuvieron como herramientas para nivelar la desigualdad y enfrentar la violencia que por razón de género sufren las mujeres en nuestro país.

Un ejemplo es el muro infranqueable levantado por el sector político más conservador en Puerto Rico para impedir que se apruebe legislación para incorporar la educación con perspectiva de género en el currículo de nuestras escuelas públicas. Este grupo, representado en la Legislatura por senadores, senadoras y representantes de los Partidos Nuevo Progresista (PNP), Popular Democrático ( PPD) y Proyecto Dignidad (PD) ha sido el obstáculo principal a la implantación de esta iniciativa, una de las pocas comprobadas como efectivas para comenzar a transformar las conductas y actitudes machistas extremas que conducen a la violencia contra las mujeres. La intransigencia de este grupo con gran poder político, unida al progresivo deterioro de la gobernanza pública del bipartidismo PNP-PPD son el principal impedimento para que el gobierno en todas sus instancias ofrezca la respuesta rápida y efectiva que se requiere ante las querellas de las mujeres por maltrato, amenazas o agresiones en su contra.

El próximo 8 de marzo vuelve a conmemorarse otro Día Internacional de la Mujer, fecha que evoca grandes luchas, sacrificios y también logros significativos. Fecha que también debe movernos a la reflexión y la acción por todo lo que falta por hacer hacia la construcción de una sociedad puertorriqueña sana, equitativa y libre de la lacra del machismo y la violencia que este engendra.

Este año, la jornada del 8 de marzo -que culminará con una concentración en la Plaza Barceló en Barrio Obrero- vuelca su mirada especialmente hacia las mujeres inmigrantes que conviven entre nosotros, y que aquí y en Estados Unidos- a causa de los inhumanos decretos contra los inmigrantes de la administración Trump- se enfrentan a la persecución, la amenaza de deportación, el riesgo de que separen a sus familias o el regreso forzado a sus países de origen, lo cual puede representar perder la libertad o la vida, como es el caso dramático de nuestras hermanas de Haití, país antillano sumido en una de las peores olas de violencia criminal de toda su historia.

Hacia todas ellas, y hacia nuestras mujeres puertorriqueñas trabajadoras, estudiantes, cuidadoras y sostenedoras de vida y esperanzas, y a todas aquellas asediadas por la violencia machista que no cesa, nos uniremos el 8 de marzo- por las que estamos y por las que ya no están- siempre firmes reclamando equidad, seguridad física, la plenitud de nuestros derechos ciudadanos y el respeto que nos merecemos como mujeres y seres humanos.

A la violencia de género y la precariedad, agréguele incertidumbre y censura

Por

candida-cotto

febrero 26, 2025

A los aumentos en feminicidios e intentos de feminicidios, se unen la incertidumbre de qué pasará y las consecuencias que tendrían la falta de fondos por las políticas de recortes de presupuestos y las políticas migratorias del presidente Trump en las organizaciones que ofrecen servicios a mujeres en situación de violencia doméstica.

Esa es la tensión que viven actualmente los albergues que prestan servicios a mujeres que enfrentan una situación de violencia de género. La presidenta de la Red de Albergues, Coraly León, señaló en entrevista con Claridad que el enfoque en estos momentos es allegar recursos para fortalecer los albergues existentes. Por ejemplo, tienen un albergue que tiene 24 camas pero para que tenga la capacidad de alojar a todas las víctimas que puede atender necesita contar con un equipo de profesionales, facilitadoras que permitan un acompañamiento efectivo.

“Si los albergues no tienen los recursos suficientes para poder atender a las mujeres, no pueden atender a su capacidad porque hay un asunto también de responsabilidad de la organización para que haya un acompañamiento efectivo, para que tengan acceso a los servicios y necesidades que tienen”.

Destacó que, en este contexto histórico, no están pidiendo más albergues sino que haya un compromiso de parte del estado para fortalecer los existentes. De estos albergues solo hay nueve, todos iniciativas de organizaciones feministas no gubernamentales.

León denunció que, históricamente, no ha habido una asignación de fondos estatales recurrente para los albergues y cada año tienen que acudir a la Legislatura a competir con otros tipos de organizaciones para lograr alguna asignación del Fondo Legislativo. “Los albergues pasamos el Niagara en bicicleta para garantizar la continuidad de nuestros servicios”. Eso significa -dijo- que tienen que desarrollar una veintena de propuestas para poder identificar fondos estatales o federales que sean asignados a una agencia estatal para entonces a través de estas solicitar.

Al reiterar que históricamente no ha habido una prioridad para sostener estos servicios, ahora con las políticas de Trump hay mucha incertidumbre. Reveló que, recientemente, el Departamento de Justicia de EEUU cerró unas convocatorias que regularmente están abiertas en este periodo, para asignar fondos en septiembre para que se comiencen a trabajar en octubre. El cierre de estas convocatorias podría tener implicaciones sobre los fondos federales que llegan a las agencias locales, en términos de saber a dónde se asignan.

“Las organizaciones estamos muy preocupadas por lo que eso pueda significar. Tenemos que esperar a junio 30 y cuando se acabe el periodo de septiembre”, expresó.

Ante el reclamo de que se asigne un presupuesto recurrente, indicó que la senadora Ada Álvarez Conde, radicó una resolución conjunta, la RS-11 para que anualmente se asigne la cantidad de $1 millón para ser distribuidos entre los albergues que pertenecen a la Red. León dio el ejemplo de que en otras jurisdicciones de EEUU hay estados como Colorado, que llevó a cabo un referéndum reciente para establecer un impuesto a la venta de armas y destinarlo a un fondo que se distribuya entre organizaciones que dan servicios a víctimas del crimen.

De no existir estos albergues las mujeres en una situación de violencia doméstica en Puerto Rico, más allá de radicar una querella en la Policía, no tendrían a dónde acudir. León comentó que, aunque existen dos residencias pertenecientes al estado, no son en específico albergues para atender a personas en situación de violencia doméstica. Reclamó que en el 2024 los albergues salvaron 589 vidas. “Es importante que se puedan asignar los recursos para continuar ese trabajo. Que no siga sosteniéndose a base del sacrificio personal y para dar un servicio que a todas luces es esencial”.

Aumento en los feminicidios

Mientras, en entrevista por separado, la directora del Observatorio de Equidad de Género de Puerto Rico (OEG) Stephanie Figueroa, expresó su preocupación por el alza en los feminicidios. Para este mes de febrero se habían identificado siete feminicidios, cuatro de ellos de carácter íntimo. Resaltó que cuatro de los feminicidios fueron con armas de fuego legales.

“La situación es preocupante porque a eso se le suman tres intentos de feminicidios en el mes de enero y más de 18 casos de personas a las cuales se les estaba adjudicando algún caso de violencia de género. La situación es muy parecida a la del año pasado 2024 que al finalizar el año se reportaron 81 feminicidios, una cifra histórica que el Observatorio no había visto”. Hizo la anotación de que aunque hasta esta fecha de febrero, el año pasado habían identificado más feminicidios que en este 2025, hay que esperar al final del año para ver cómo se identifican esas adjudicaciones de violencia de género. “Esperamos que no sea como en años anteriores”.

Figueroa indicó que era importante que los datos del Observatorio, en su labor de monitorear las situaciones que viven las mujeres y las personas trans en Puerto Rico, puedan utilizarse para analizar la violencia de género y feminicidios, para prevenir y tener políticas públicas que protejan y garanticen la seguridad de mujeres y niñas. Al respecto señaló que se está viendo que en relaciones de menos de un año y relaciones de 30 años, ocurren feminicidios. Eso quiere decir que hay mujeres que están sobreviviendo a la violencia por largos periodo de tiempo, pero en relaciones relativamente cortas es muy probable que hay la violencia emocional, de control, lo que puede convertirse en un feminicidio en un abrir y cerrar de ojos, muy lejos del mito que se tiene de que para que haya un feminicidio tiene que haber una agresión primero.

De parte del Observatorio, apuntó que es importante poder levantar bandera de qué elementos de poder y control, elementos de celos, de violencia emocional son una bandera de alerta para que una mujer salga del ciclo de violencia y busque ayuda independiente de si la relación es nueva o lleva muchos años.

Apuntó a que otro elemento que han estado viendo constantemente en el 2024 es que muchos de los que cometieron feminicidios íntimos tenían historial criminal, personas que han pasado por esa experiencia, en muchas ocasiones son personas con una probatoria, que han cometido violencia de género u otros crímenes relacionados con drogas y /o armas de fuego.

La directora ejecutiva del Observatorio puntualizó que un indicador bien importante de un elemento de peligrosidad, es que el hombre tenga un historial de violencia de género o criminal. Reconociendo que no todas las mujeres tienen acceso a esa información, reclamó que hace falta también política pública para que esa información esté disponible para que las mujeres puedan tomar una decisión de cuáles pueden ser las banderas de alerta o tomar una decisión.

Otra bandera roja es que la persona tenga un arma de fuego. Si se compara la cifra de feminicidios de antes del 2019, cuando se flexibilizó la tenencia de armas de fuego, el 47% de los feminicidios íntimos fueron con armas de fuego. Esa cifra escaló a un 75% en 2024, lo que representa un aumento de 28%. “La Ley de Armas lo que ha venido es a poner armas letales en manos de personas altamente peligrosas, sabiendo y reconociendo que este es un problema único de Puerto Rico”. Si se compara con América Latina los feminicidios se dan por armas blancas, golpes, estrangulamientos, se sabe que es más probable que una mujer sobreviva a un intento de feminicidio mediante alguna de estas agresiones que con un arma de fuego.

En esa línea sobre la propuesta de la gobernadora González Colón, de que en las escuelas se den cursos de control de emociones, como medida para evitar la violencia de género, la directora ejecutiva del Observatorio, expresó que la pregunta que hay que hacerse es si todo aquel que tiene un problema de emociones termina asesinando a alguien. Figueroa subrayó que el feminicidio o intento de feminicidio, es por razón de género, porque el hombre entiende que tiene el poder y el control sobre la vida de la mujer, son roles que les enseñan desde pequeños, lo que no tiene nada que ver con las emociones.

“Creo que lamentablemente tenemos un gobierno que no le da valor a los datos y la evidencia científica. La evidencia científica dice que el gobierno no ha estado haciendo lo que corresponde para atender la violencia de género porque en vez de disminuir ha ido creciendo”.

La violencia de género no es prioridad para el gobierno

Para la Coordinadora Paz para la Mujer, la violencia de género no es una prioridad para el actual gobierno, atribuyó en entrevista por separado la directora de comunicaciones de la organización, María Cristina Muñoz.

“No hemos visto que sea una prioridad por parte de la actual administración el asunto de la violencia de género, es algo que nos preocupa. A más de un mes del inicio de su administración y han sido muy pocas las expresiones sobre este tema, ni ha presentado un plan contundente de qué se hará en Puerto Rico ante la emergencia. Aunque no se ha declarado un estado de emergencia, nosotras estamos muy conscientes de que en el país hay una emergencia de violencia de género”. Reparó en que aún antes de ganar las elecciones, el tema de la violencia de género no fue una prioridad para González Colón, e incluso hay personas en su gabinete que tienen expediente de violencia de género.

Muñoz expuso que, en estos momentos, la amenaza a los fondos federales mantiene en una incertidumbre a las organizaciones de dónde van a poder disponer de dinero para poder ofrecer servicios de prevención a mujeres que están en situaciones de violencia de género.

Como coalición que trabaja con las organizaciones que dan servicios directos, indicó que la CPM ha estado trabajando para mantener la comunicación con el estado y, aunque han hecho acercamientos a la Gobernadora y al Comisionado Residente para atender la situación de los fondos federales, no han recibido respuestas.

Muñoz también rechazó que ofrecer cursos de manejo de emociones sea pertinente para atender el problema de la violencia de género ya que eso no sustituye un currículo con perspectiva de género. Hizo referencia al trabajo del Comité PARE, que desarrolló y propuso un currículo con perspectiva de género y una campaña educativa al país sobre lo que son manifestaciones de violencia machista. Ninguna de estas propuestas fue acogida por el anterior gobierno.

“No sé cómo a nivel del Ejecutivo no comprenden la importancia de la prevención. Prevención es atender desde el inicio y se ha quedado en que prevención es evitar que te asesinen”, manifestó.

En cuanto a la situación de mujeres migrantes, Muñoz compartió que la Coordinadora ha estado en comunicación constante con el Centro de la Mujer Dominicana y describió, “si el resto de las organizaciones estamos con mucha incertidumbre el CMD está al doble o el triple de nosotras, con el miedo constante a que agentes del ICE se aparezcan”. Este sentimiento es compartido por los albergues de que lleguen agentes de inmigración a preguntar por mujeres albergadas. “Esa es información que no se puede dar. Eso ahora mismo no se sabe qué va a estar pasando, el miedo más contundente es la aparición de agentes en los espacios haciendo preguntas sobre la vulnerabilidad de las mujeres y sus necesidades”.

Otras vidas que dijo están en riesgo por las políticas de Trump son las personas de la comunidad LGBTQ. “Nos preocupa muchísimo. Estamos buscando la forma de ser estratégicas en cómo se dan servicios a esas comunidades que las tienen abandonadas y también a las mujeres migrantes, trans y todas las diversidades”.

Muñoz acotó que las organizaciones no están esperando por la gobernadora, “aunque sí exigimos unas expresiones y una opción. Mientras tanto, estamos buscando la vuelta a lo que está sucediendo y cómo se dan servicios aunque tengamos los fondos apretados y hasta cómo nos podamos expresar porque en el gobierno federal hay palabras que no se pueden usar”, dijo referente a la orden de Trump de eliminar los programas de diversidad y equidad.

Proponen corregir desigualdad salarial en el magisterio

Por

adrian rodriguez alicea

febrero 26, 2025

La legislación se dio a petición de dos organizaciones magisteriales

En un intento por actualizar la Ley salarial de los maestros y maestras del Departamento de Educación (DE), la senadora por acumulación del Partido Popular Democrático (PPD) Ada Álvarez Conde presentó el Proyecto del Senado (PS) 0326 el pasado 13 de febrero.

La Legisladora acogió la petición de la Federación de Maestros de Puerto Rico (FMPR) y la Unión Nacional de Educadores y Trabajadores (UNETE) de someter la medida, que propone establecer un salario mensual basado en el nivel académico del maestro. En este nuevo esquema, un maestro con bachillerato ingresaría $2,750 mensuales; uno con maestría, $3,877 al mes; y uno con doctorado, $4,977 mensuales.

“Creo que es una de las legislaciones más importantes que se va a tocar este cuatrienio, en torno a derechos laborales del magisterio. Es hora ya de que los docentes de nuestro país tengan la justicia en sus salarios, con una escala salarial base que sustituya la Ley de Carrera Magisterial”, denunció, por su parte, la presidenta de la FMPR, Mercedes Martínez Padilla.

De igual forma, la portavoz gremial esbozó las cuatro escalas actuales que actualmente operan en Educación. La primera, de docentes permanentes que estudiaron fuera de la Carrera Magisterial; maestros transitorios que no cualifican para la Carrera Magisterial; aquellos permanentes que estudiaron dentro de la carrera magisterial; y maestros que comenzaron a trabajar del 2023 en adelante.

“Tienes cuatro escalas salariales para la misma preparación académica”, resumió Martínez Padilla sobre el sistema actual, que le parece “inaceptable”. De aprobarse la propuesta, agregó, se beneficiarían los más de 16,000 maestros permanentes. En el caso de aquellos con maestría, el aumento presentado redundaría en 41%. En el doctorado, se suma otro 40%.

“Hay cuatro tipos de escalas salariales, y los maestros y maestras de este país han buscado educarse y han buscado otra preparación académica. Hay unos que tienen cero aumento y otros que tienen. Lo que esto busca es esa equidad salarial y que sea justo”, comentó Álavarez Conde sobre la pieza que sometió.

Por igual, la senadora reconoció que esta medida fue presentada, en mayo del 2024, por los exsenadores Ana Irma Rivera Lassén y Rafael Bernabe, del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC). Luego de reunirse con ellos y finiquitar los detalles para una segunda ronda, Álvarez Conde radicó el proyecto el mismo día. Hasta el momento, la propuesta cuenta con la coautoría de la delegación senatorial del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), conformada por María de Lourdes Santiago Negrón y Adrián González Costa.

Junto a la senadora por acumulación y la presidenta de la FMPR, también estuvo Emilio Nieves Torres, presidente de UNETE.

Rechazan compensación de la Junta en pleito Rosa Lydia Vélez

Con relación a los $5,100 que propuso la Junta de Control Fiscal (JCF) para compensar a las familias incluidas en el pleito de clase Rosa Lydia Vélez, Martínez Padilla calificó la cifra de “una falta de respeto”. Añadió que, por las pasadas cuatro décadas, estas personas han reclamado un servicio digno para los estudiantes de Educación Especial en el DE, un reclamo que no se atiende con un pago universal.

“Estudiantes que nunca les dieron servicios, estudiantes que nunca fueron ubicados, que nunca recibieron acomodo razonable, que no se les dieron los asistentes a tiempo. ¿$5,100 por los años que fueron afectados equivale a qué? ¿$70 al día, menos?”, increpó la líder magisterial.

La respuesta a ese dato, lejos de ser un enigma, ya fue investigada. En un breve vídeo publicado en su página oficial de Instagram, la senadora Santiago Negrón calculó que la compensación que propone la Junta se traduciría en $1.18 al día, por todos los días desde que se inició el pleito.

“¿Mientras la Junta tiene billones de dólares para ellos? Y los niños y niñas de este país, que tienen derecho a una educación que es un derecho constitucional, que se les ha privado por parte del departamento y todos los gobiernos rojos y azules, ¿qué les ofrezcan $1 diario? Es inaceptable”, respondió la presidenta de la FMPR al conocer el dato.

En contraste, Martínez Padilla propuso que cada familia sea evaluada individualmente y que, de acuerdo con los daños que sufrieron, se concerte una compensación adecuada y justa. “Hay que analizar caso por caso, pero $1 definitivamente no es la solución”.

Establecen alianza de servicios médicos para la comunidad migrante

Por

adrian rodriguez alicea

febrero 26, 2025

La colaboración atenderá a personas indistintamente de su estatus migratorio

En un esfuerzo conjunto por garantizar servicios de salud para personas migrantes que residen en Puerto Rico, el Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico (CMCPR) y la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, en inglés) anunciaron el 19 de febrero, seis iniciativas distintas que apoyarán a este sector, recientemente sometido por el gobierno federal a redadas policiales.

Acompañado por un panel de ambas organizaciones, el presidente del CMCPR, Carlos Díaz Vélez, reiteró su postura de una “política de puertas abiertas” que asegure el acceso a asistencia y facilidades médicas para personas con cualquier estatus migratorio, sin la intervención de autoridades fronterizas.

“Ante las redadas que han condenado al encierro a miles de inmigrantes y, ante la ausencia de muchos a citas programadas en la búsqueda de tratamiento, el Colegio ha convocado a sus miembros a defender el derecho a la salud. Los esfuerzos de esta alianza se dan en un clima de temor”, reza el comunicado oficial del CMCPR.

Asimismo, la colaboración también incluye a la Sociedad Americana Contra el Cáncer, el Senado Médico de Puerto Rico y el Colegio de Tecnólogos Médicos de Puerto Rico. De acuerdo con Díaz Vélez, esta cooperación amplia está abierta a otras organizaciones de salud.

Las iniciativas que liderará el CMCPR incluyen:

Utilización de telemedicina para darle seguimiento a pacientes que teman acudir a sus citas presencialmente.
Organización de turnos para brindar orientación vía telefónica.
Organización de visitas médicas en donde residen o están los inmigrantes y sus familias.
Preparación y difusión de material educativo para pacientes y profesionales de la salud sobre sus derechos.
La declaración, a nivel federal, de oficinas médicas, dentales, laboratorios y farmacias como lugares exentos de operativos e intervenciones. Asimismo, que se prohíba recopilar información médica y personal del expediente del paciente para conseguir su detención. Esta iniciativa sigue en etapa de gestión, y fue remitida a la funcionaria de Servicios de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés) en Puerto Rico, Rebeca González.
La preparación de talleres con la ACLU para que especialistas en derecho apoyen a los médicos colegiados, su personal de oficina y a otros profesionales, comunidades y organizaciones.

“Nuestra forma de pensar, como institución de Colegio de Médicos Cirujanos, es no discriminar por nada ni nada. Ni por raza, ni lugar, ni religión, ni colores, ni política ni nada económico. Aquí, en el Colegio de Médicos, trabajamos por la salud de todos nosotros. Todos somos pacientes”, consignó el presidente del gremio.

Por su parte, el licenciado Fermín Arraiza Navas, director legal de la ACLU, aseveró que el acceso a la salud es un derecho constitucional, por lo que debe considerarse un servicio inalterable. No obstante, el abogado destacó los “tiempos difíciles y de totalitarismo” que atraviesan Estados Unidos (EEUU) y Puerto Rico desde que comenzó la presidencia de Donald Trump.

“A esos efectos, nosotros tenemos el deber y la obligación de prepararnos, no solamente para atender a una población vulnerable, necesitada, sino para aprender a protegernos para poder seguir ayudando”, acotó el Licenciado.

Como parte de esas “protecciones”, Arraiza Navas informó sobre los próximos talleres de la ACLU para adiestrar a quienes brinden servicios a la comunidad migrante. A juicio suyo, quienes ayudan a estas personas están expuestos a ser víctimas de señalamientos, persecución y chantaje.

“Son más de noventa órdenes ejecutivas… todas dirigidas a afectar a la comunidad inmigrantes y a todo aquello que la administración entiende que no cumple con una tradición y unos falsos valores que ellos representan. Nosotros levantamos la voz para que no caigamos en la trampa del discrimen, el rechazo y tratemos de solidarizarnos con estos sectores”, exhortó Arraiza Navas.

Igualmente, ambas entidades manifestaron su apoyo por el Proyecto de la Cámara (PC) 331, que precisamente pretende crear una serie de salvaguardas y protecciones para la comunidad migrante. Acogida, a petición de la ACLU, por la delegación cameral del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), la medida sometida excluiría a “lugares considerados como sensibles por su importancia en el ejercicio de derechos fundamentales”, como son los hospitales, de la lista de sitios intervenidos por agencias federales.

“El llamado inmediato a toda la comunidad médica, y a toda la profesional, es que ningún agente del orden público, ya sea de ICE, del FBI, la DEA o de las autoridades locales tiene la autoridad de entrar en ningún establecimiento donde se den servicios médicos para requerir información de un paciente, a menos que tenga una orden firmada por un juez”, advirtió el abogado.

Durante la mayoría de sus intervenciones policiales, agregó Arraiza Navas, el gobierno federal ha estado motivado por un “perfil racial”, acatando redadas sin las debidas órdenes judiciales. El temor que ha provocado esta política pública lastra efectos serios en los pacientes de, por ejemplo, la comunidad dominicana en Puerto Rico.

Según el presidente del Comité Dominicano de Derechos Humanos (CDDDHH), José Rodríguez, las recientes intervenciones han infundido una reticencia general a la hora de conseguir servicios médicos. Hay personas enclaustradas en sus hogares, temiendo a darle seguimiento a un embarazo, a diagnosticar un dolor.

“Hay crisis de salud mental también. Hay personas en crisis que me han hablado hasta del suicidio. Se está viviendo una situación inhumana a la que nos ha acorralado el sistema, y la gobernadora, que buscó el voto de la comunidad, dijo en España que los dominicanos- en vez de decir migrantes- no iban a ser intervenidos, lo cual no fue cierto”, denunció el líder comunitario.

Además, Rodríguez alertó de los riesgos salubristas que, con el pretexto de la migración, causarían la denegación de servicios médicos. Con el ejemplo sencillo del tren o la guagua pública, el portavoz dominicano ejemplarizó que, si se desatiende un caso por razones políticas, puede convertirse en un problema epidemiológico.

El panel de médicos y abogados también integró a: el doctor Ismael Mercado Rivera, presidente del CMCPR distrito de Bayamón; el doctor Zoilo López Nieves; el doctor Víctor Arocho Martínez, presidente del Senado Médico y otros profesionales más que se dieron cita en la sede del CMCPR.

Sobre el PC 331, Díaz Vélez aseguró que, además de fungir como una legislación esencial para la protección de la comunidad migrante, tiene el apoyo bipartita de representantes como Héctor Ferrer Santiago (PPD) y Adriana Gutiérrez Colón (PIP).

El juego de la silla en la Procuraduría es el mensaje

Por

candida-cotto

febrero 26, 2025

El hecho de que, hasta el presente, la gobernadora Jenniffer González Colón no haya nominado a alguna candidata a dirigir la Oficina de la Procuradora de la Mujer (OPM) es evidencia de que la situación de violencia de género no es prioridad para este gobierno y de que no reconoce que hay un estado de emergencia, denunciaron varias voces feministas.

Según ha trascendido, la confirmación de la nominada a secretaria de Justicia, la ex fiscal Janet Parra, está sujeta por parte del presidente del Senado, Thomas Rivera Shatz, a que la gobernadora nombre a la ex senadora Evelyn Vázquez a dirigir a la OPM.

Para la presidenta de la Red de Albergues, Coraly León, es importante que se nombre a una procuradora en propiedad dado que así tiene mayores poderes en la ejecución de su trabajo.

“En un contexto donde el estado de emergencia no está vigente no significa que la emergencia dejó de existir. Son dos cosas muy distintas. Para nosotras sí es importante que ese nombramiento se dé y que se dé con prontitud para poder atender lo necesario en ese espacio que no sólo mira la situación de violencia de género sino la vida de las mujeres de forma integral”.

La presidenta de la Red de Albergues confirmó a este medio que no ha habido consulta alguna a las organizaciones de parte de la Gobernadora respecto a recomendaciones para dicho puesto. “Las organizaciones feministas siempre hemos sido bien enfáticas de que quien vaya a ocupar el puesto debe cumplir con el perfil que establece la ley y, al momento, estamos en disposición de ser consultadas”.

Por su parte, la directora ejecutiva del Observatorio de Equidad de Género (OEG), Stephanie Figueroa, afirmó que la falta de una procuradora en propiedad es un ejemplo de la falta de prioridad.

“No se deja a ninguna entidad gubernamental sin líder tanto tiempo como lo han hecho con la Procuradora de la Mujer, que lleva desde el 2022 con un interinato”. Trajo a la atención que, en el gobierno de Pierluisi, hubo la oportunidad de poder nombrar procuradoras excelentes como fue la nominada Vilmarie Rivera Sierra, quien fue apoyada y evaluada por las organizaciones, pero no hubo apoyo por parte del Senado.

“Como no hay una prioridad y un reconocimiento de que hay un problema, se sigue dejando para después cuando hay mujeres y niñas que siguen muriendo por la violencia de género”, censuró.

En tanto, María Cristina Muñoz, directora de Comunicaciones de la Coordinadora Paz para la Mujer (CPM), reiteró que la situación de violencia de género no es una prioridad para la Gobernadora, no lo fue durante la campaña, ni ahora ante la ausencia de un nombramiento.

Muñoz no dudó en afirmar que las organizaciones feministas no consideran que la ex senadora Evelyn Vázquez, como tampoco la también ex senadora Karen Riquelme, son las indicadas para dirigir la OPM. “Sobre ambas podemos decir que, como senadoras, no dieron ningún tipo de apoyo y sabemos la alianza que tienen con Rivera Schatz. No son personas que ahora mismo vemos como las candidatas ideales. Nos preocupa en qué se estaría convirtiendo la OPM si personas como ellas o en esa misma línea ocuparan esa posición”.

La portavoz de la CPM planteó que la persona que ocupe el puesto debe conocer sobre los temas muy diversos que afectan a las mujeres. “Es un tema muy particular que tiene muchas ramas, que hay que estudiar y conocer de cerca y que hay que tener una relación con las organizaciones que hacen ese trabajo diariamente, las personas que suenan no lo tienen”. Dio crédito de que más conocimiento tiene la procuradora interina, licenciada Madeline Bermúdez Sanabria, quien ocupa la posición desde el 2022 y trabajó mucho tiempo en la Procuraduría antes de ser interina. “Están (pensando en) traer a personas de cero para dirigir esa oficina”, denunció.