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“Si antes teníamos un problema con la ocupación de áreas naturales, playas, los mangles y las costas, ahora tenemos uno peor”, sentenció el experto en Derecho Ambiental, profesor Pedro Saadé Lloréns, sobre las consecuencias de la Orden Administrativa (OA) que legaliza la construcción ilegal de estructuras en terrenos de dominio público en el área de la Parguera. Esta fue firmada por el nominado a secretario del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), ingeniero Waldemar Quiles Pérez.

Sin siquiera haber pasado una semana de su designación como secretario del DRNA,  Quiles Pérez firmó la OA  2025-1, en la que se ordena el archivo de las querellas administrativas contra José C. Vargas Cortés e Irma Llavona Rivera, suegros de la gobernadora, Jenniffer González, y  legitima  la existencia de las estructuras privadas en dicha zona marítimo-terrestre.

Saadé Lloréns, veterano en casos ambientales, apuntó sobre las consecuencias de la OA que hay que tener en mente primero que hay unos principios tanto legales como sociales que rigen en las costas. Uno de ellos es que las costas son bienes de dominio público, lo cual está en el código civil, y es una tradición jurídica de mucho tiempo tanto bajo el derecho español como el posterior, además de que  los puertorriqueños aprecian el que las playas puedan disfrutarlas todos. “Ese principio se ha estado violentado en distintas partes de Puerto Rico, incluida La Parguera. No se ha dado una solución como se debió dar desde hace tiempo  y lo que ha hecho ahora el DRNA es algo peor: como no pudo resolver, lo que han hecho es permitirlo, reconocer y validar esas casas muelles, que pueden ser docenas en el área de La Parguera y otros sitios cercanos”.

Saadé expuso que la orden comienza diciendo que hay unas casas que llaman ‘caseta’, lo que considera es un asunto también  ideológico, reconoce que se han construido en bienes de dominio público, pero cuando llega al derecho de otorgar que se queden mediante lo que se llama concesiones, incluye  muelles, casetas o casas en el mar, en los mangles y en la zona marítimo terrestre (ZMT).  Afirmó que un problema que debió haberse resuelto la OA lo que hace es empeorarlo porque entonces lo valida todo.

Saadé Lloréns cuestionó qué va a pasar con otras áreas de Puerto Rico que tienen la misma situación, ante las declaraciones de la Gobernadora  de que se iban analizar otros lugares, sin que haya ningún estudio ambiental o análisis de qué consecuencias va a tener la orden en términos ecológicos, ambientales y sociales. Puntualizó que el área de La Parguera  es una reserva natural y que incluso  hay una ley que crea el Bosque de La Parguera.

Respecto a la OA agregó que esta también es ilegal debido a que el reglamento del DRNA sobre bienes costeros especifica cómo y cuándo es que se otorgan unas concesiones, especificaciones que no se  siguieron, sino que se hizo una orden generalizada y se legalizó, “por decirlo así, automáticamente, todo de un sopetón”.

Otra parte objetable que denunció de la orden es que se archivan de manera automática todos los casos que estaban pendientes, en los que, por supuesto, se sabe que estaba el caso de los suegros de la gobernadora. “Aunque ese es el último párrafo, sabemos que ese fue el motor principal para la orden”, afirmó Saadé Lloréns y recalcó que se ha creado un problema mayor que va contrario a todo el derecho y legalidad, con unas consecuencias que están por verse de cómo la orden va a debilitar la reserva y cómo va a intensificar su uso.

Un aspecto que describió como una hipocresía es que la orden habla de  Lajas como la “Venecia de Puerto Rico, de integración social”, a lo que denunció que en el área de La Parguera se están dando transacciones de millones de dólares de estructuras aun sin tener títulos de propiedad.

En cuanto a Quiles Pérez, expresó que todo indica que la orden fue una condición para su designación, lo que describió como  un daño tremendo  para la administración pública, porque se está  nombrando a alguien incondicional,  lo que es una forma de debilitar y lesionar la administración pública, razón por la que el nominado está descualificado para el puesto. “Esto es un golpe fuerte para el pueblo de Puerto Rico, para la protección de nuestras costas, y debemos cuestionarlo”.

En tanto, la portavoz de la delegación del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) en el Senado, María de Lourdes Santiago, expuso en una  grabación que la OA tiene dos efectos: uno, pretende legalizar mediante el pago de dinero la usurpación de bienes de dominio público en la zona marítimo terrestre y sobre los terrenos sumergidos sobre los que están construidos al presente 141 estructuras en La Parguera en bienes de dominio público.

Con la orden se pretende reconocer como un derecho adquirido algo que no puede  existir en ley. “Es en especial peligroso en términos jurídicos que el secretario y la gobernadora piensen que es permisible mediante una orden administrativa legitimar la construcción de estructuras levantadas en violación a la ley”. La senadora cuestionó el que un secretario miembro del ejecutivo pueda actuar por encima de la voluntad legislativa expresada en el gobierno respecto a la ZMT.

Lo segundo que cuestionó es el que se haya ordenado el archivo de los casos —querellas— bajo el argumento de que es académico y destacó el no creer que  haya ocurrido jamás el que un secretario viole el debido proceso de ley que asiste a los querellantes en controversias que estén pendientes de adjudicación. Describió como una acción en contra de la transparencia mínima de los procesos que se diga que los casos no se van a ver. Señaló que en el caso de los suegros de la gobernadora se han visto los informes preparados por el Cuerpo de Vigilantes del DRNA donde se dice con precisión que la extensión de la construcción es ilegal, donde se  fundamentaba que era un acto en total ilegal que no podía ser permitido.

Resaltó además de que la OA tiene el efecto de que desde el ejecutivo se va por encima de la legislación vigente y por encima del criterio de los jueces administrativos y los oficiales examinadores. Al igual que el experto en Derecho Ambiental, la senadora del PIP adelantó que la orden va a presentar problemas importantes en el futuro, ya que primero se ordena un nuevo inventario que va a terminar  legitimando no solo las estructuras que están  en la mirilla del DRNA, sino que ahora todo aquello construido de manera ilegal va a ser parte de lo que la orden administrativa llama la ‘huella de construcción’ y va a constituir, en efecto, la concesión de titularidad sobre los manglares, sobre el salitral.

Santiago Negrón aclaró que como legisladora no tiene legitimación  activa para acudir al tribunal, tampoco como ciudadana en pro del ambiente porque, hasta la fecha, la capacidad de pedir un remedio en temas ambientales ha sido consistentemente denegada. En términos legislativos dijo que está examinando cuáles son las opciones que se tienen para atender no solo el caso especifico de La Parguera, sino  a preocupación que levanta el hecho de que un secretario pueda de un plumazo despachar los asuntos que estén pendientes en una agencia. Sobre un posible desarrollo judicial, dijo, quienes  podrían tener legitimación activa serían los querellantes.

En lo que respecta al trámite senatorial de nombramientos expresó: “Me parece que esta acción lo descalifica (a Quiles Pérez) totalmente para actuar como un secretario del DRNA. Ha demostrado que es capaz de actuar por encargo de la gobernadora”.

Por su parte, en declaraciones escritas, la organización Sierra Club de Puerto Rico exigió el retiro inmediato de la nominación de Quiles Pérez. “Esta acción es una afrenta directa contra la protección ambiental y la justicia. Es inaceptable que el secretario del DRNA, cuya misión debería ser salvaguardar nuestros recursos naturales, utilice su posición para beneficiar a los suegros de la gobernadora. Esta orden no solo legitima el daño ambiental en La Parguera, sino que también muestra los verdaderos intereses del gobierno de Jenniffer González, acciones que denunciamos desde el día de su juramentación”, explicó Hernaliz Vázquez Torres, directora ejecutiva.

El Sierra Club reveló que a la renuncia de Anaís Rodríguez Vega como secretaria del DRNA,  expuso la necesidad de continuar con la investigación sobre el manejo de los terrenos y aguas públicas en La Parguera.

“Esta medida no solo ignora las recomendaciones de seguimiento hechas por la secretaria saliente, sino que también prioriza intereses económicos a expensas del acceso público y la conservación ambiental. Desde Sierra Club Puerto Rico, denunciamos este retroceso como una muestra clara de cómo el Gobierno actual abandona su deber de proteger los derechos ambientales y perpetúa la corrupción en la administración de nuestros recursos naturales. Exigimos que se restablezca un enfoque transparente y participativo que garantice la justicia ambiental y el acceso equitativo a estos bienes comunes”, insistió.

La naturaleza tiene quien la defienda

En entrevista por separado, el activista ambiental Juan Camacho igualmente denunció que la gestión de la OA  “va a abrir el camino para seguir haciendo lo que les dé la gana en este cuatrienio. La OE estaba hecha con toda la intención: la pasada secretaria no la firmó y se la pusieron en las manos a Quiles, que debía estar advertido de que eso iba a ocurrir y, como parte del plan, la firmó”.

Camacho censuró que ahora lo que pretende la gobernadora es radicar la OE como un proyecto de ley donde diga borrón y cuenta nueva. Recordó que en el cuatrienio de García Padilla se intentó una legislación similar y, aunque la Legislatura aprobó un proyecto, la presión de los grupos ambientalistas, comunitarios, la comunidad científica y expertos en Derecho convencieron al ejecutivo de no firmar la medida.

El activista admitió que en esta ocasión no es lo mismo, dado a que la Gobernadora y su partido (PNP) tienen mayoría Legislativa. En esa dirección, señaló que, la manifestación de organizaciones  ambientales y comunitarias bajo la consigna de “La naturaleza tiene quien la defienda”, el día de la juramentación de la gobernadora, fue una  manera que dar una alerta no solo a las organizaciones ambientales y comunitarias, sino  de advertir al pueblo de Puerto Rico de lo que viene”.

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A diez días de jurar al cargo, la gobernadora Jenniffer González Colón reveló, el pasado 12 de enero, parte de sus designaciones para las agencias públicas del país. Desde rostros conocidos entre la ciudadanía hasta exjefes de departamento, funcionarios que, sin confirmarse, ya implementan su visión de gobierno. El nuevo gabinete aún espera por la evaluación del Senado.

Eliezer Ramos Parés- Secretario del Departamento de Educación (DE):

Días antes de compartir “el grueso” de sus nombramientos, la gobernadora anunció que el licenciado Eliezer Ramos Parés regresará a dirigir el DE. Ramos Parés obtuvo un bachillerato en Ciencias Políticas de la Universidad de Puerto Rico (UPR), y una maestría de la misma institución en Administración Pública. También fungió como secretario asociado del DE en 2017, hasta que finalmente asumió la jefatura  en 2022.

Durante su primer mandato, múltiples figuras del Senado, como Thomás Rivera Schatz y José Luis Dalmau, aprobaron la gestión del licenciado Ramos Parés. No obstante, varios líderes de la oposición, como María de Lourdes y Ana Irma Rivera Lassén, reconocieron la apertura de Ramos Parés, pero reiteraron su función como integrante de un gobierno que complicó el acceso a estadísticas y también cerró más escuelas.

Héctor Vázquez Muñiz- Secretario del Departamento de Recreación y Deportes

La relación de Héctor Vázquez Muñiz con el deporte se remonta a su crianza, en Caguas, cuando su papá narraba los juegos para el equipo de Los Criollos. Con esa influencia y la de su hermano pelotero, Vázquez Muñiz prosiguió a estudiar Comunicaciones en la Universidad de Sagrado Corazón. En 1992, su carrera como periodista deportivo comenzó reportando del quehacer deportivo desde Telemundo.

Entre otros medios, Vázquez Muñiz se ha desempeñado como: reportero para Univisión Radio WKAQ 580 AM (1993-2012) y, en 2014, regresó a las salas de Telemundo como reportero. En 2018, fue suspendido temporalmente de esa empresa televisora por comentarios que fueron considerados ofensivos; empero, volvió al canal. Ahora, desde el 7 de enero, Vázquez Muñiz tendrá que dirigir la agencia que, por tantos años, le dio “tela para cortar”.

Janet Parra- Secretaria del Departamento de Justicia:

Habiendo fungido como fiscal de la agencia, Parra entra al Gobierno de González Colón con una trayectoria enfocada en la agilidad de los casos presentados. En ese sentido, la exfiscal tronó, en varias ocasiones, contra los trabajos que lideraba el exsecretario de Justicia, Domingo Emannuelli. Como fiscal, Parra estuvo a cargo de la División de Crimen Organizado, donde manejó diversos casos de alto perfil.

En una reciente entrevista con el diario Metro, Parra afirmó que se identifica fuertemente con el cristianismo y sus prácticas, pero que eso no le impide reconocer que las víctimas de abuso sexual tengan “el derecho a decidir”. Cuando fue inquirida sobre la controversia de La Parguera, en la que hay una clara violación a la Zona Marítimo Terrestre, respondió que Justicia no interviene en casos de agencia “a menos que la agencia nos hiciera una consulta a nosotros”.

Estas tres personas aún esperan por la confirmación del Senado, un requisito constitucional para quienes asuman el cargo. De confirmarse, podrán ejercer sus tareas con todos los deberes y derechos de la jefatura. Una jefatura que se suscribirá a la administración de Jenniffer González Colón, a la Asamblea Legislativa mayormente penepé y a un sistema jurídico de mayoría conservadora.

Comisión Ciudadana para la auditoría del crédito público

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La Junta de Control Fiscal (JCF) ha impuesto requisitos adicionales a los establecidos por la ley PROMESA,  lo que extiende su permanencia al menos por los próximos seis años, advirtió la Comisión Ciudadana por la Auditoría del Crédito Público (CCACP) en su más reciente informe ¿Cuándo se va la Junta?

En el informe, la Comisión examina  los requisitos estatutarios para la salida de la Junta, el estatus del proceso de quiebra, las expresiones del Gobierno. “Nuestra conclusión es que si bien el proceso judicial de quiebra está pronto a completarse, la Junta no planifica irse voluntariamente, como menos, en los próximos 6 años o hasta el 2030”, expresó la licenciada Eva Prados, directora ejecutiva de la Comisión.

El cuestionamiento de cuándo la JCF cesará sus funciones toma prominencia dado al hecho de que la deuda que queda por restructurar es la de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE). El informe de la Comisión Ciudadana repasa que para el pago de la ‘nueva’ deuda ya se ha restructurado la deuda de COFINA, la del Gobierno central, la Administración de Retiro, la Autoridad de Edificios Públicos y la de Autoridad de Carreteras. Para estas restructuraciones se han recortado pensiones, reducido el presupuesto público de servicios esenciales y aumentado el costo de vida, con el fin de pagarle lo más posible a los fondos buitre de Wall Street. Ejemplos del costo de estas reestructuraciones en los cuales repara el informe es la reducción en más de un 50 % al presupuesto de la Universidad de Puerto Rico (UPR) y el que decenas de municipios están en riesgo de desaparición por la eliminación del Fondo de Equiparación, ambas medidas tomadas para garantizar el mayor pago a los bonistas en el Plan de Ajuste de la Deuda del Gobierno central.

Los requisitos que establece la Ley PROMESA en su sección 209 para la salida de la JCF es que el Gobierno deberá: uno, lograr acceso a los mercados de crédito a tasas de interés razonables; dos, por cuatro años consecutivos desarrollar presupuestos de acuerdo al sistema de contabilidad de base modificada de acumulación y, tres, que por cuatro años consecutivos los gastos de cada año fiscal no sobrepasen los ingresos para ese mismo año.

Estas condiciones establecidas por PROMESA constituyen el establecimiento de una ideología de conservadurismo fiscal para Puerto Rico desde el Gobierno de Estados Unidos, indica el informe.  Entre otras cosas, el conservadurismo fiscal promueve un limitado gasto público, incluso para servicios esenciales como la educación y la vivienda, y el no aumento de impuestos, en especial, a las grandes corporaciones. El objetivo es priorizar en que los presupuestos del Gobierno siempre estén balanceados. Estas condiciones colocan los intereses de los bonistas e inversionistas por encima de las necesidades de las mayorías del pueblo, sin importar  sus graves consecuencias económicas y sociales  para las comunidades más vulnerables que dependen de ayudas gubernamentales.

El análisis de la Comisión Ciudadana trae a la atención que el régimen de PROMESA coincide con la mayor asignación de fondos públicos federales a Puerto Rico de los pasados 20 años, por lo que la Junta aprovechó el impacto económico de estos fondos para ofrecer más dinero a los fondos buitres durante la reestructuración de la deuda del Gobierno central.

Los criterios de la Junta

Aunque según PROMESA es la Junta la quien decide si el Gobierno cumplió con los requisitos para certificar su disolución, los parámetros para cumplir con los requisitos fueron elaborados por primera vez en el Plan Fiscal de 2024. Estos parámetros, denuncia la Comisión, “no dejan duda de que la Junta busca extender su estadía en Puerto Rico lo más posible. Por medio de tecnicismos afirman que no se ha cumplido con ninguno de los requisitos”.

Los  nuevos requisitos establecidos por el director ejecutivo de la JCF, Robert Mujica, son, en primer lugar, que el Gobierno es quien debe presentar los cuatro presupuestos certificados, no la Junta. Segundo, que el Gobierno debe elaborar planes fiscales de cinco años y, tercero, prohibir la aprobación de leyes que conlleven a gastos sin fuente de financiamiento identificada. Con estas condiciones la JCF deja implícito que como  mínimo estaría operando hasta el 2030.

En esa dirección,  la JCF,  en la  cuarta parte del Plan Fiscal 2024 comienza por “clarificar” que  los tres requisitos para  su salida  lo tienen que cumplir todas las instrumentalidades públicas cubiertas por PROMESA y no solo el Gobierno central. Es decir, el Gobierno central, las corporaciones públicas y los municipios.

A juicio de la Comisión Ciudadana, la implementación de estos requisitos a las finanzas de los municipios sería fatal dado a que cuadrar caja pasaría a ser un objetivo más importante que brindar servicios adecuados a los ciudadanos. Aun cuando la Junta dice reconocer que podría hacer excepciones a las agencias que desee, todavía no ha determinado cuáles corporaciones públicas o municipios tendrán que cumplir con estos requisitos.

El acceso  los mercados

Sobre la posibilidad de que el Gobierno de Puerto Rico pueda volver a tener acceso al mercado de bonos de forma adecuada para lo que se requiere, entre otros asuntos, demostrar que existe capacidad de repago, de que hay los ingresos para pagar la deuda contraída y que tiene transparencia fiscal, como la publicación de los estados financieros auditados a tiempo. La Comisión además de poner en duda el que se logren las tazas “razonables”, repara en que la Junta se atribuye que desarrollará criterios similares a los utilizados por las casas acreditadoras para certificar que, en efecto, el Gobierno posee la capacidad de acceder de manera adecuada al mercado de bonos. En otras palabras, es la Junta la quien va a decidir si el Gobierno puede o no salir al mercado de bonos.

La postura de la Junta de crear nuevos criterios para poder acceder a los mercados fue objetada por el ahora exgobernador Pierluisi, quien consideraba que debe ser el «mercado quien hable».

En cuanto al cambio de contabilidad para preparar el presupuesto de una contabilidad en efectivo a una  de contabilidad de base, la Junta señala que el Gobierno siempre ha elaborado sus presupuestos a base a una contabilidad en efectivo. La diferencia entre ambos sistemas estriba en cómo contabilizan los gastos. La contabilidad en efectivo reconoce los gastos solo cuando se hace el desembolso para pagar. La contabilidad de base reconoce los gastos cuando las obligaciones son incurridas, es decir, desde que se compromete y no cuando se efectúa el desembolso. Según la Junta, la contabilidad en efectivo contribuyó a las prácticas presupuestarias que generaban déficit.

Los presupuestos balanceados

Ahora la Junta afirma que es el Gobierno quien tiene que  presentar los presupuestos balanceados, cuando por varios años fueese propio ente el que  impuso su presupuesto por encima del propuesto preparado por la Asamblea Legislativa, por entender que no cumplía con PROMESA.  Según la  Junta,  dado a que el presupuesto del 2022-2023 no fue sometido por la Asamblea Legislativa, sino por la propia Junta, ese presupuesto está descartado para los requisitos de la sección 209, aunque sea un presupuesto balanceado. Lo mismo sucede con el presupuesto presentado por el Gobierno del 2024-2025, que fue descartado por la Junta por supuestamente no cumplir con el Plan fiscal. En ese sentido, aunque el estado financiero auditado demuestre que este presupuesto estuvo balanceado, es probable que la Junta intente descartarlo con el argumento de que no fue elaborado por el Gobierno de Puerto Rico.

Si la Junta prevalece en su postura, esto quiere decir que los presupuestos que podrían cumplir con la sección 209 serán los aprobados del 2025 al 2029, por lo que se podría inferir que la Junta vislumbra su salida, como mínimo, para el 2030. No obstante, el análisis de la Comisión es que la salida de la Junta podría tardar aún más.

En cuanto a implementar planes fiscales a cinco años, la Junta lo ha estado haciendo desde que se aprobó la ley PROMESA. La Junta espera que el Gobierno haga estos planes fiscales tanto para el Gobierno central como para las corporaciones públicas. Este requisito, sin un plan de desarrollo económico es sumamente preocupante y ha sido desastroso para el país, apunta el informe, ya que ha servido de herramienta principal para la imposición de severas medidas de austeridad y recortes presupuestarios en todo el Gobierno sin medir el impacto social y en los derechos humanos.

Por último, la imposición de la Junta de prohibir la aprobación de proyectos de ley o de resoluciones que conlleven a nuevos gastos sin fuente de financiamiento definida, pretende que toda ley o resolución aprobada en donde el Gobierno gaste de sus fondos tiene que identificar de dónde saldrá el financiamiento para cubrir esos gastos.  Aunque el  propósito de esta medida sería contribuir a que los gastos no excedan los ingresos, esto es, que el presupuesto esté siempre balanceado, hay que resaltar que la Constitución del ELA contiene un mandato como este en su Artículo 6, Sección 7. Dicha cláusula establece que: “Las asignaciones hechas para un año económico no podrán exceder de los recursos totales calculados para dicho año económico, a menos que se provea por ley para la imposición de contribuciones suficientes para cubrir dichas asignaciones.”

Puede ser reactivada la Junta

A todo lo anterior, el informe de la Comisión puntualiza que, con todos los acuerdos de reestructuración impuestos por la Junta, la falta de un plan de desarrollo económico abre la posibilidad de que el Gobierno de Puerto Rico caiga en nuevos impagos en un futuro no tan lejano, cuando termine la bonanza de fondos federales.

Además se cuestiona si “una vez la Junta cese sus operaciones podría ser reactivada. Aunque la Ley establece los requisitos para que la Junta cese sus operaciones, la Ley como tal permanece activa, ya que es una promulgada por el Congreso. La Comisión encontró que por lo general en las jurisdicciones  donde se han aprobado juntas, una vez se certifica que los gobiernos locales cumplieron con los requisitos, estas no se disuelven por completo, sino que permanecen en calidad de supervisión.

La Comisión Ciudadana insistió en que sin un plan de desarrollo económico que genere ingresos sostenibles a largo plazo para el Gobierno, la lucha contra las medidas de austeridad para el pago de la deuda pública continuarán aun sin la Junta, y le tocará al país prepararse para esa etapa.

Expertos del magisterio auguran una temporada escolar de muchos retos

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A menos de una semana de haberse iniciado, el pasado 8 de enero, un segundo semestre en el Departamento de Educación (DE), dos representantes del magisterio señalaron los múltiples desafíos que enfrenta la comunidad escolar, como la falta de aire acondicionado en salones calurosos, la demora en la revisión de salarios para maestros y una infraestructura desatendida, en el contexto de un nuevo gobierno.

Para el presidente de la Asociación de Maestros de Puerto Rico (AMPR), Víctor Bonilla Sánchez, la nueva administración debe darle seguimiento a los proyectos que comenzaron durante el semestre pasado. Entre algunas de esas problemáticas, el también profesor destacó la necesidad de resolver el asunto de los “salones modulares” (o vagones) en que muchos estudiantes de la región sureña continúan recibiendo clases.

“Es un semestre de seguimiento donde ya había unos problemas que se iban arrancando. En cuanto a las condiciones de las escuelas, seguimos con las escuelas del sur que son vagones, sabiendo que se había dado un presupuesto para terminar ese proyecto. También, el proyecto de las columnas cortas”, expresó Bonilla Sánchez en entrevista telefónica con CLARIDAD.

“El inicio de clases fue normal, en el sentido de que las escuelas siguen con los mismos problemas de infraestructura. En cuanto a la limpieza de planteles, yo estuve observando todas las escuelas con los coordinadores de mi equipo, y en eso se mejoró”, añadió el presidente de la organización magisterial.

De acuerdo con el diario regional La Perla del Sur, la gobernadora Jenniffer González Colón se reunió el pasado 7 de enero para discutir, en el DE, la construcción de 49 escuelas en la zona del sur, proyecto que no ha culminado. La llegada de la nueva gobernadora, a juicio del presidente de la AMPR, representa la oportunidad de continuar con IDEAR, la iniciativa para descentralizar la agencia.

“La gobernadora fue muy clara en cuanto al sistema y a la iniciativa de descentralización. Estamos en espera de la recomendación del licenciado Ramos Parés, porque con él se inició este proyecto… nosotros hemos estado en ese proceso de descentralización. Entendemos que no es perfecto, pero es un reclamo del magisterio de hace décadas”, afirmó el líder gremial.

Entendiendo que IDEAR se basa en una orden ejecutiva, no una ley, Bonilla Sánchez reparó en que la administración entrante determinará si la iniciativa se convierte en una legislación firme. Lo importante, aseguró el presidente de la AMPR, es que “el dinero le llegue a las escuelas para, entonces, tener y ofrecer a los estudiantes el proceso de enseñanza como se debe”.

Dentro del aula, la disminución de plazas disponibles para maestros afecta el reclutamiento de docentes para cursos de Español y de Educación Especial, de acuerdo con Bonilla Sánchez. En ese sentido, el líder gremial recordó la matrícula actual de 220,000 estudiantes y las 160 vacantes de maestros.

Para discutir estos “puntos apremiantes” de Educación, la AMPR remitió una carta a la también presidenta del Partido Nuevo Progresista (PNP), a tres semanas de haber resultado electa. Hasta el momento, la mandataria no ha respondido a la misiva.

“Nosotros, como institución sindical, queremos que ella sepa de antemano estos puntos, como lo es la Carrera Magisterial —el pago de la carrera que es muy importante—, la atención urgente a las estructuras de las escuelas, la falta de materiales para el proceso de aprendizaje”, puntualizó Bonilla Sánchez.

Con relación a las carreras magisteriales (un requerimiento de ley), el profesor coincidió con Mercedes Martínez Padilla, presidenta de la Federación de Maestros de Puerto Rico (FMPR), sobre la importancia de atender esta oficina. Según la enmienda de 2022 , la Oficina de Carrera Magisterial se encarga de establecer los principios, rangos, ascensos y revisión de salarios. No obstante, la líder síndica enfatizó que esta administración solo reforzará las políticas del gobierno anterior.

“Jenniffer González fue parte de la administración de Pedro Pierluisi. Adicional a ello, fue partidaria de las políticas de Donald Trump. Así lo ha expresado públicamente, y Donald Trump ha esbozado en su plataforma gubernamental que su plan es desmantelar la educación pública”, arguyó Martínez Padilla.

Con miras a fortalecer las escuelas chárter, invalidar el derecho de  antigüedad en el magisterio, eliminar los currículos de historia, antirracismo y de perspectiva de género, Martínez Padilla señaló que las medidas de la administración González-Trump no serán “amigas de la educación pública”.

“Ya nosotros le solicitamos una reunión al secretario nominado. No las va a conceder en dos semanas”, dijo la presidenta. Al igual que la AMPR, el encuentro serviría para “presentar una agenda de las situaciones más apremiantes en las escuelas públicas”: olas de calor que empeoran anualmente y un sistema de Carrera Magisterial vuelto una “debacle” por su exdirector, Jimmy Cabán.

Cabán, quien dirigió la Oficina de Carrera Magisterial hasta junio de 2023, dejó el cargo habiendo impuesto unos requisitos “arbitrarios” que han relegado a 3,800 maestros en la obtención de su certificación, según Martínez Padilla. Además, la FMPR envió cartas a la rama legislativa y judicial.

El regreso de Eliezer Ramos Parés a la jefatura

De acuerdo con Martínez Padilla, el secretario designado de Educación, Eliezer Ramos Parés, ha sido “uno de los secretarios más accesibles de la última década”. El ahora secretario desempeñó el mismo cargo hasta junio del 2023 y es reconocido por atender los reclamos de la comunidad escolar.

“Pero no podemos perder de perspectiva que responderá a las políticas del gobierno. Se comprometió a atender el asunto de la Carrera Magisterial, pero mientras el secretario de turno no pueda responder a las comunidades escolares y tenga que responderle a la gobernadora que lo puso en esa silla, pues, es muy difícil”, explicó.

Por su parte, Bonilla Sánchez concurrió en que la figura de Ramos Parés siempre ha estado abierta, con una comunicación efectiva y directa. Por eso se pudo negociar, en 2022, la reactivación de la Carrera Magisterial mediante la Ley 9, añadió el presidente. Con esa medida, miles de solicitudes de maestros comenzaron a ser procesadas.

“Esperamos que siga la apertura, como lo ha hecho. Pero igualmente tendrá un reto, porque seremos férreos vigilantes del cumplimiento de sus funciones, y cuando no cumpla, lo vamos a denunciar. Nosotros representamos a los compañeros maestros… podemos tener unos logros y una apertura, pero si hay que denunciar, no duden que lo vamos a hacer”.