CLARIDAD

A diferencia del 2020, la contienda de este año cuenta con nuevos movimientos más experimentados

A casi nueve meses de las elecciones generales, el País enfrenta un escenario decisivo completamente distinto al que acostumbra darse. En el 2020, se estimó que un total de 442,046 votaron por un candidato a la gobernación fuera del Partido Nuevo Progresista (PNP) y el Partido Popular Democrático (PPD), de acuerdo con la Comisión Estatal de Elecciones (CEE). La suma no bipartidista de los resultados, aunque no compara con las de otros gobernadores electos, supera la del incumbente, Pedro Pierluisi Urrutia, por 15,030 votos. Este año, la cantidad de nuevos electores asciende a 33,632, cantidad que sigue la tendencia decreciente de inscripciones nuevas en la CEE. No obstante, la merma no ha sido fortuita, pues parte los nuevos electores citados- estudiantes del Recinto de Río Piedras- apuntan a que la discusión política, indistintamente de ideología, cambiará.

“Ahora, en Puerto Rico, se ha visto mucho pluralismo electoral, como decimos en Ciencias Política. Anteriormente, teníamos unas opciones que se basaban puramente en el estatus, ya sea puramente independentista, estadolibrista o estadista, pero actualmente hay muchas opciones que no se atan necesariamente al estatus”, afirmó la presidenta de la Asociación Puertorriqueña de Estudiantes de Ciencias Política (APECIPO), Nathalia Méndez.

Las expresiones de Méndez encapsulan la noción que guardan varios estudiantes sobre el proceso electoral en la próxima contienda. Temas como la vivienda, la educación accesible, la defensa del ambiente y una sana administración figuran como las prioridades a la hora de acudir a las urnas. La presidenta de la APECIPO explicó que esta “pluralidad” atrae a un número de electores distintos.

“Yo diría que el cambio que se busca en las mejoras de las condiciones sociales para todos los grupos minoritarios que no tienen las mismas oportunidades”, compartió con CLARIDAD Alexis Santiago Rosario, estudiante de Relaciones Públicas y Publicidad en Río Piedras. Su hermana, Aleiza- de Psicología- aseguró que se debe enfrentar la corrupción gubernamental.

“Una de las cosas que se habla mucho es sobre el asunto de los trabajos y del progreso, en términos que ahora existe una cultura de trabajo muy diferente a la de, por ejemplo, nuestros padres por las dificultades económicas de estos tiempos. Eso es uno de los puntos más reseñados en la izquierda. En el caso de la derecha, hablan mucho sobre la protección de la niñez, sobre la religión y sobre fomentar eso en los espacios políticos”, amplió Méndez sobre las distinciones discursivas en la política local. Para la estudiante de Ciencias Sociales, estos puntos han sustituido al estatus entre los jóvenes electores.

En distintas aceras de todo el Recinto de Río Piedras, hay estribillos “pro vida” escritos en tiza. “Love life”, “protege a las dos vidas” y otros parecidos afloran en colores como anaranjado, verde y azul celeste por los caminos de la UPR riopedrense. En otras partes- como los muros de Humanidades y las paredes de Sociales- abundan los pasquines que caricaturizan la figura del gobernador, las denuncias del sistema capitalista y las muestras de repudio a la Junta de Control Fiscal (JCF). Los contrastes ilustran, más allá de ideas, un contraste de ideas desapegadas del controvertible estatus.

“Al final del día, el cambio está en la juventud, como se dice. Considerando los resultados de la elección pasada, pienso que ahora se va a ver el mismo desarrollo. Especialmente con el trabajo de movilización que se ha hecho en los últimos cuatro años”, opinó Pat Santalice, estudiante de Humanidades en su quinto año. Sobre la Alianza de país, Santalice amplió que es una acción “planificada con el tiempo debido”.

No obstante, la presidenta de la APECIPO reiteró que la situación del país puede ser una navaja de doble filo. Por un lado, bien puede servir de motivo para expresar un sentir particular. Por otro lado, las personas “desganadas” por el estado de las problemáticas.

“Yo diría que es muy posible que haya más abstención en esta ronda electoral, aunque me gustaría decirte que no. Lo digo porque es más complejo llevar el mensaje de, por ejemplo, la izquierda a otros espacios. Pienso que, a la Alianza, se le hizo un poco tarde para movilizar su sector e, incluso, al país”, señaló Méndez como uno de los retos más grandes del acuerdo nuevo.

El desafío yace en educar a los electores respecto a cómo votar en la papeleta y, también, la cantidad de tiempo que tienen para hacerlo. “A la escala en que lo quieren hacer, y el tiempo que tienen es difícil”, añadió Méndez. Las candidaturas coaligadas, y sus implicaciones en la papeleta, forma parte del reto que, según Méndez, siempre enfrenta la izquierda; poder transmitir sus ideas a toda la población.

Como nueva herramienta para la inscripción electoral, la CEE habilitó el Registro Electrónico de Electores (eRe). De esta forma, las personas que interesen votar pueden registrarse en el portal digital de la Comisión. Sin embargo, toda innovación debe estar acompañada por un proceso de educación, afirma Méndez.

“Pienso que hay mucho que se tiene que hacer para poder allegar estos recursos a las poblaciones mayores, que no suelen ser tan diestros con estas herramientas, pero no es único a esta población. Hay que educar a quien alcance el recurso, incluyendo a jóvenes”, recalcó la presidenta de la asociación estudiantil nacional.

A través de los distintos testimonios recopilados, las personas coincidieron en que el voto juvenil, más allá de sumarse a la lista de electores, pauta las nuevas tendencias políticas del país. Por ello, ya no se enfatiza el estatus político como eje de discusión, y se dirigen esfuerzos a adelantar causas más corrientes en un mundo globalizado y atraer a electores interesados en otros temas. Cada vez, hay más consenso en la búsqueda de un gobierno alejado de las prácticas coloniales que acostumbran los gobiernos PPD-PNP. En palabras de Méndez “el cambio se ve en todos los aspectos”.

CLARIDAD

ccotto@claridadpuertorico.com

La sugerencia  de la secretaria del Departamento de Energía de Estados Unidos (DOE), Jennifer M. Granholm, de que no se deberían considerar terrenos agrícolas para los próximos proyectos industriales de placas solares, se da cuando ya el área de terrenos agrícolas disponibles en la Isla está muy por debajo del promedio mundial. Estas expresiones se produjeron durante su presentación en la Isla del estudio Puerto Rico 100, sobre las posibilidades de que el país alcance el 100 % de su energía renovable para el 2050.

Pero la realidad es que aun si se llegan a concretar los proyectos industriales de placas solares aprobados por el Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR) impactarán los mejores terrenos agrícolas de la isla.

En entrevista, el doctor David Sotomayor Ramírez, catedrático de Ciencias de Suelo, del recinto de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico (RUM), compartió un análisis del conflicto que representa la seguridad alimentaria versus los proyectos solares industriales.

En términos del área disponible agrícola, se define según el Censo Agrícola, y el Censo del 2017 establece que en Puerto Rico hay 487 mil cuerdas de terrenos agrícolas. Lo que define un terreno agrícola son terrenos que devengan al menos $500 dólares por finca al año. De esas 487 mil cuerdas aproximadamente, hay  áreas que  han dejado de ser agrícolas porque en términos económicos no están  generando dinero, señaló.

Cada país es el que define su área agrícola, como por ejemplo, lo hace Estados Unidos, los países europeos y hasta la ONU. En el caso de Puerto Rico, cuando se relaciona la identificada como nuestra área agrícola versus el área de todo Puerto Rico, da un valor de 22 %  de terrenos agrícolas. “Ese 22 % está muy por debajo del promedio mundial. Eso es uno de los puntos principales que tenemos que considerar como país, que nosotros tenemos un porcentaje de área agrícola muy pequeño comparado con el promedio mundial y comparado con otros países homólogos”.

Encima de eso, el área agrícola absoluta nuestra y nuestra población, al establecer lo que se conoce como la capacidad de carga, en el caso de Puerto Rico es relativamente alta, a la par con países como India y  algunos de Europa. Aun estos países con alta capacidad de carga y poca área agrícola con relación a la población pueden ser competitivos siempre y cuando se organicen bien. Pero en el caso de Puerto Rico el hecho es que nuestro territorio es pequeño y nuestra área agrícola es pequeña.

A la interrogante de cuánto terreno nos haría falta para subir ese 22 %, Sotomayor Ramírez reconoció que duda ese número que alguien lo pueda dar. Compartió que él está haciendo ese análisis en la actualidad, pero que todavía no puedo ofrecer una cifra porque son muy preliminares. “Yo estoy haciendo unos estudios con los que lo que pretendo contestar que área necesito para satisfacer el consumo, por ejemplo, de plátanos, guineos, el consumo de carne, o digamos, de hortalizas. Ese número lo estoy  trabajando. Pero nosotros, el País, tenemos que aspirar independiente de lo que ese análisis revele, a aumentar nuestro porcentaje de consumo basado en productos producidos localmente”.

Hizo énfasis en que se tiene que  salir de ese 10 a 15 % de producción y subirlo. Como ejemplo, expuso el caso de Francia, que considera la agricultura como un asunto de seguridad nacional de país y están dispuestos a apoyar a los agricultores.

El profesor Sotomayor Rodríguez coincidió con nuestra apreciación de que la posibilidad y aspiraciones de que se puedan aumentar los terrenos agrícolas se contrapone a los proyectos respaldados por el gobierno e, incluso, a la expresión de la secretaria Granholm.  Al respecto indicó que los primeros tres proyectos fueron de la administración de Fortuño, los cuales  se quedaron pendiente. Después el NE aprobó 18 proyectos, los cuales se dividen en tramos, que, eventualmente, son 6 tramos. En esos 6 tramos se esperan hasta 60 proyectos, detalló.

De llevarse a cabo los proyectos, su análisis es que entre esos primeros 18 proyectos se llevan 107 hectáreas, es decir 5, 700 cuerdas, y  de esas, el 80 % son agrícolas, clasificadas como agrícolas y suelo rústico especialmente protegido. El experto en suelos señaló que la aprobación del uso de los terrenos por parte del NEPR se hizo sin la participación ciudadana.

Los primeros seis tramos, los cuales no se sabe exactamente cuáles son todavía, ocuparían  740 cuerdas. “El de AES en Salinas, ese proyecto, es de 1, 638 cuerdas. Esa es la magnitud de ese proyecto. Tenemos que considerar que si ese patrón sigue, en esos 6 tramos, mi análisis es que se van a ir cerca de 38 mil cuerdas. Eso nos dejaría con muchísimo menos, por debajo de ese 22 %”, manifestó.

Añadió que hay que considerar  que ya gran parte de nuestro territorio es urbano y si se sigue  aumentando nuestra área urbanizada, la que ya es suficientemente alta, disminuye la parte agrícola. Esa urbanización no solo afecta la parte agrícola sino que con el cambio climático se afecta la acumulación de agua, porque los paneles solares impermeabilizan lo que se conoce como la superficie hipérbola. Esa impermeabilización de los paneles solares bloquea la lluvia y concentra el agua, lo que produce que haya un  mayor riesgo de generar correntías. Al respecto, recalcó su denuncia de que se hayan escogido los mejores suelos  de esas 487 mil cuerdas agrícolas para precisamente  ubicar esos proyectos. “No solo estamos perdiendo terrenos agrícolas sino que estamos perdiendo el mejor terreno agrícola e incluso esos terrenos tienen acceso al sistema de riego, o sea, que se pierden los suelos y el acceso al sistema de riego”.

El Informe Puerto Rico 100

Al profesor Sotomayor Ramírez no le tomó por sorpresa los comentarios de la secretaria del DOE. Reveló que él formó parte del grupo PR 100,  revisó el borrador del informe final y el resumen ejecutivo que se publicó. Considera que hasta cierto punto el informe es uno acomodaticio, donde el Gobierno federal se rehúsa a entrar en la controversia de dónde ubicar los paneles solares. Su apreciación es que el informe lo que está diciendo es que no hay necesidad de utilizar los terrenos agrícolas, pero a su juicio eso alguien le puede dar otra interpretación.

“Es un comentario muy peligroso y deja demasiada suspicacia. En ese sentido, la secretaria de Energía no quiso entrar en controversia porque el plan del Gobierno es poner estos proyectos donde sea más conveniente para el desarrollador”, denunció.

Sotomayor catalogó la situación como una extractiva, donde el gobierno con los desarrolladores son los que controlan el proceso, la ubicación, todo el proceso de permisos, construcción y operación, a través  de mecanismos políticos que son cuestionables, en donde se hacen cambios en el Reglamento Conjunto y el Plan de Uso de Terrenos (PUT) para legitimar el proceso. En ese proceso van acaparando tierras y priorizando la producción de energía solar y el país se va quedando sin terrenos agrícolas, lo que nos obliga a comprar en el exterior a través de Estados Unidos.

Cuestionó  además por qué no se le plantea  al grupo investigador del DOE que si hay suficientes techos para satisfacer la demanda energética de Puerto Rico, por qué entonces están recomendando los proyectos industriales centralizados. Aunque esto se menciona públicamente, no lo puso el informe, reveló.

La agricultura no es compatible con los paneles

 A la incertidumbre de cuánto es la vida útil de los paneles y si una vez impactados los suelos no se podrían volver a usar, el profesor Sotomayor Ramírez admitió que la realidad es que no hay muchos estudios que muestren el impacto de la construcción; pero una vez hincados los pilotes, luego no hay más movimiento, lo que no permite ningún otro tipo de actividad que no sea pequeños rumiantes o sembrar plantas pequeñas.

“No es correcto decir que hay agricultura porque hay ovejos. Los ovejos sirven para cortar la grama, no para generar carne. Hay que preservar los terrenos agrícolas para poder enfrentar un futuro donde los abastos de comida sean limitados para los distintos países, y más los que somos dependientes de los mercados exteriores. El sistema energético, es vulnerable, es frágil, es una infraestructura que hay que fortalecer, pero nadie habla de la industria agrícola, que también es frágil y hay que fortalecerla y que cada vez está más afectada porque las tendencias son claras”.

CLARIDAD

ccotto@claridadpuertorico.com

“Nadie puede resolver sus problemas si no los acepta primero, y la Policía está en una continua negación”, sentenció la directora ejecutiva de la organización Kilómetro Cero (K0), Mari Mari Narváez, ante la reacción del Negociado de la Policía al informe Feminicidios en la Policía: masculinidad tóxica e impunidad institucional, el cual reflejó que en el cuerpo policíaco se generan más feminicidios íntimos que en el resto de la población de hombres no policías.

El informe de K0, publicado en semanas recientes, compara en términos estadísticos la cantidad de policías que cometieron feminicidios íntimos en los últimos seis años (2018-2023)  con la cifra de hombres feminicidas que no son policías, así como con las respectivas poblaciones de cada grupo para ese periodo. En términos estadísticos se esperaría que si el grupo de hombres policías se comportara como el grupo de hombres que no son policías, habría solo un (1.13) feminicida cada seis años. La documentación refleja que la realidad es que cinco de los feminicidios  en el periodo estudiado pertenecen a la Policía de Puerto Rico.

Otro dato revelador del informe es que la mayoría de los policías feminicidas llevaban cerca de 30 años de servicio en la agencia. Además se plantea que en la Policía existe una cultura de “impunidad y masculinidad” para lidiar con el problema y que su estrategia de “cero impunidad”, es más una estrategia de comunicaciones que una estricta práctica institucional.

En entrevista, la directora ejecutiva de K0, señaló que llama la atención el hecho de que los feminicidas son policías con años de experiencia, lo que denota que la profesión no los ha protegido de ser agresores. Puntualizó que cuando se habla de feminicidio se habla de la culminación de la violencia, “eso  no es cualquier cosa, eso viene con unos patrones previos”.

En esa línea expuso que considera que la Policía es un proyecto de masculinidad tóxica. “Es un proyecto patriarcal y de masculinidad tóxica porque es la institución por la cual se legitima el uso de la fuerza contra la ciudadanía, el uso del castigo como solución a problemas sociales. El uso de todas las medidas punitivas, esa es la naturaleza de la policía”.  El punto, indicó, es que la Policía no va a cambiar porque ellos están haciendo el trabajo para el cual fueron  adiestrados. Reclamó que para el cambio existe la responsabilidad de invertir como país en políticas públicas de prevención y de contrarrestar la desigualdad, no solo entre géneros, sino la desigualdad socioeconómica, que es una de las desigualdades de género. Esto incluye los currículos con perspectiva de género en las escuelas y en las agencias públicas.

“¿Pero cuánto tiempo más vamos a seguir adiestrándolos y apostando a que ellos pueden cambiar cuando ellos mismos no aceptan ni siquiera el problema? Nadie puede resolver sus problemas si no los acepta primero, y  la Policía está en una continua negación”.

Se refirió a las declaraciones a los medios del NPPR, que calificó el informe de una falta de respeto, poco riguroso y que no necesitan investigaciones independientes, y de que son la agencia más monitoreada del país. La directora ejecutiva de K0 subrayó que  lo importante aquí son los datos y el análisis sobre el cual la Policía no puede decir absolutamente nada.

Doce años de impunidad y fracaso
Así describe K0 los 12 años que lleva la Reforma Policial bajo supervisión de un monitor federal del Departamento de Justicia de Estados Unidos. El periodo del informe corresponde a la segunda mitad de esos 12 años. Al respecto, K0 declara: “A la hora de cumplir con los objetivos de la Reforma, una racha de 5 policías feminicidas en 6 años evidenció su rotundo fracaso. La institución que tiene como misión garantizar la seguridad de la ciudadanía no fue capaz de evitar que sus propios policías con décadas de experiencia se convirtieran en feminicidas en una proporción mucho mayor a la estadísticamente esperada. ¿Hace falta más evidencia para concluir que el Negociado de la Policía es incapaz de reformarse?”.

El informe de K0 concluye que hay necesidad de reducir los roles del NPPR en cuanto a la injerencia de investigar los casos de violencia de género de sus miembros. Para ello presenta varias recomendaciones que considera puntuales. La primera es establecer un cuerpo de supervisión civil independiente que pueda fiscalizar a la Policía. También hay que eliminar la práctica de que la Policía se investigue a sí misma y cesar la práctica de que las querellas de violencia de género contra policías tengan que radicarse en el Negociado de la Policía. Esta práctica, señala K0, crea el efecto de disuadir a las personas de levantar la bandera en contra de policías agresores y de encubrir la violencia que cometen los propios oficiales.

Mari Narváez también refutó declaraciones del NPPR en el sentido de que no sabe cuál es el ente independiente que propone y señaló que hay diferentes modelos y que debe ser un ente que tenga acceso a datos, a poder de citación. “No puede estar compuesta de policías como el NIE (Negociado de Investigaciones Especiales): son policías”. Rechazó además comentarios del NPPR de que K0 quiera ser ese ente.

“Kilómetro Cero no aspira a ser ese ente que propone porque nosotros somos una organización ciudadana que hace monitoreo, auditoría pública.  Pero son dos cosas distintas. En K0 no tenemos ninguna pretensión de convertirnos en ese ente. Kilómetro Cero es una organización sin fines de lucro que aspira a un Puerto Rico donde el Estado proteja la vida humana, las libertades y la dignidad en la búsqueda de la seguridad pública para una sociedad más democrática y justa”.