La gestión del jefe saliente fue ampliamente criticada
CLARIDAD
A dos años de haber asumido el cargo, el presidente de la Universidad de Puerto Rico (UPR), Luis A. Ferrao Delgado, publicó su carta de dimisión, efectiva el 15 de febrero de este año. La determinación, difundida el pasado 3 de febrero, se dio luego de tensiones generadas por una medida que habría detenido el ingreso para 64 programas académicos de la Universidad.
“Ante los impactos fiscales y las medidas draconianas que se avecinan, me resulta inaceptable continuar en funciones si ello implica el negarnos a un proceso de evaluación formativa que atienda la sostenibilidad de la UPR. No estoy dispuesto a comprometer los valores fundamentales que rigen nuestra institución ni a liderar una administración que se vea forzada a tomar decisiones que atenten contra su estabilidad y misión educativa. Es por ello, que, con profundo respeto y responsabilidad, presento mi renuncia irrevocable al cargo de presidente de la Universidad de Puerto Rico, efectiva a partir del 15 de febrero de 2025”, expresó Ferrao Delgado por escrito.
Tras conocer de la renuncia, CLARIDAD accedió a la Certificación 64 de la Junta de Gobierno (JG), en la que el cuerpo asesor de la UPR planteó retirarle la confianza al presidente Ferrao Delgado en una votación fechada para el 20 de febrero. El integrante que presentó la moción, Daniel Fernández González, conversó con este medio sobre las motivaciones de la junta.
“Claramente, la universidad se encuentra en un proceso de inestabilidad debido a las decisiones autoritarias que ha tomado el presidente, en cuestiones de que él no estaba consultando con su cuerpo asesor por ley, que es la Junta Universitaria”, aseguró el estudiante del Recinto Universitario de Mayagüez (RUM).
De acuerdo con Fernández González, el voto habría tenido el efecto de una destitución, porque la presidencia es un cargo de confianza que designa la JG de la UPR. Sobre este asunto, el representante estudiantil repudió la sugerencia de la gobernadora, Jenniffer González Colón, de nombrar a un nuevo presidente que provenga de una universidad privada.
“El trabajo de nombrar a un presidente no le corresponde a la gobernadora, le corresponde a la Junta de Gobierno como corporación pública. Ella puede hacer las recomendaciones que entienda, pero somos 14 miembros de una Junta de Gobierno que tenemos que hacer lo correspondiente para que llegue una persona competente”, opinó Fernández González, a la vez que confirmó que la JG ya “considera” varios nombres para la presidencia.
Respecto al nombramiento, el miembro de la JG coincidió con su exhomóloga, Margarita Villamil Torres. En una carta abierta a González Colón, la exintegrante del cuerpo asesor manifestó que para lograr un nombramiento exitoso, la mandataria debe permitir que la JG lidere un diálogo entre docentes, no docentes y el estudiantado.
Fernández González habló sobre la incidencia de la Junta de Control Fiscal (JCF) en las ejecutorias de cualquier presidente que se nombre para dirigir la UPR. Según el estudiante, el 51 % de los recortes que ha enfrentado la institución datan desde la llegada del ente federal, en 2017. “Cuando Ferrao habla de medidas draconianas, no sé a qué se refiere. Si yo fuera a hablar de medidas draconianas, hablaría de la medidas chantajistas que ha hecho la Junta de Control Fiscal para hacerle la vida imposible a la UPR”.
A juicio de Fernández González, “el presidente Ferrao carecía de la habilidad para consultar a la comunidad universitaria”, agregó Fernández González.
Para el presidente del Sindicato de Trabajadores de la UPR (STUPR), David Muñoz Hernández, la nueva jefatura del sistema universitario no puede replicar “las actitudes antiobreras” de Ferrao Delgado. Con reclamos desatendidos, como mejoras salariales, nombramientos importantes y el reconocimiento de un plan médico institucional, Muñoz calificó el saldo del presidente saliente como una “fallida experiencia”.
“No nos sorprende la renuncia del Dr. Ferrao, pues sus días estaban contados. Ahora la Junta de Gobierno de la UPR tiene la oportunidad de crecerse ante la comunidad universitaria y el país con el nuevo nombramiento que se espera ocurra próximamente. La persona, además de ser un universitario probo, debe ser un líder que se distinga por fomentar el diálogo, la búsqueda de soluciones afines a la institución universitaria, tener una visión moderna e integradora, ser solidario con los intereses de quienes la conforman y siempre fomentar un ambiente que propicie el mejor desarrollo del sistema universitario”, exhortó, por escrito, el líder sindical.
Del mismo modo, la Hermandad de Empleados Exentos No Docentes (HEEND) manifestó que la persona designada para administrar la universidad debe estar “libre de agendas político-partidistas”, a diferencia de “los más de 10 presidentes que han tenido la (administración de la) Universidad en los últimos 2025 años”. Igualmente, el gremio exigió la restauración de la antigua fórmula que recibía el sistema UPR, por la que se asignaba 9.6 % del fondo general del Gobierno para la institución, así como el cumplimiento del Convenio Colectivo que se acordó en julio del año pasado.
“La renuncia de un presidente de la universidad siempre provoca inestabilidad en la institución”, destacó Sheila Dávila, secretaria de Información de la HEEND.
La presión comunitaria fue clave
Como resultado de este cúmulo de determinaciones polémicas, un Frente Multisectorial en defensa de la UPR convocó distintas conferencias, plenos, reuniones y protestas durante el pasado mes de enero. De acuerdo con Astrid Lugo López, presidenta del Consejo General de Estudiantes (CGE) del recinto de Río Piedras, esta presión por parte de la comunidad universitaria fue precisa para que Ferrao Delgado dimitiera de la presidencia.
Sin embargo, la líder estudiantil recalcó que el problema subyacente de la UPR es “el programa de gobierno” vigente que “está empujando” el sistema público a una dependencia de fondos privados. “Es una visión totalmente distinta a lo que debe hacer una universidad pública”, aseveró.
Por tal razón, Lugo López hizo hincapié en la importancia de nombrar a un presidente que no supedite su mandato al gobierno de turno. Enfatizando lo irresponsable que resulta cerrar programas académicos de una institución pública para “acomodarse al mercado”, la dirigente del CGE defendió la permanencia —y ampliación— de los programas que ofrece la UPR.
Asimismo, la estudiante de la Iupi concordó con Fernández González en cuanto a la falta de comunicación con el presidente saliente. Días después de presentar la renuncia, contó Lugo López, Ferrao Delgado suspendió una reunión con los presidentes de los CGE de los 11 recintos “sin mediar explicación”. La reunión, pautada para el 7 de febrero, habría atendido temas como la anulación del cierre de programas propuesto por Ferrao Delgado; la restitución de la fórmula presupuestaria de 9.6 %; la disminución del costo del crédito; la construcción de vivienda y otros asuntos acuciantes.
Para darle continuidad al esfuerzo multisectorial, que también incluye a la Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios (APPU), se celebrará, el próximo 11 de febrero, una Asamblea Multisectorial en el Teatro del recinto de Río Piedras. El encuentro, organizado por el CGE de Río Piedras, la APPU, la Colectiva Estudiantil y la HEEND, analizará próximas movidas de la comunidad universitaria.
