Inicio Blog Página 404

Hospital San Jorge: “La idea de reestructurar la deuda iba en camino a vender el hospital”

Por
adrian rodriguez alicea
-

 CLARIDAD

 

 El San Jorge Children and Women ‘s Hospital solicitó, en agosto del año pasado, la venta de “todos o sustancialmente todos los activos” luego de haberse acogido al Capítulo 11 de la Ley federal de Quiebras. Con el visto bueno de la jueza María de los Ángeles González, el hospital vislumbra pagar sus deudas —que rondan a los $50 millones— a sus acreedores, cuyos perfiles varían desde bancos hasta agencias públicas.

“Los dueños originales no querían continuar con el proyecto del hospital, y entonces, decidimos venderlo. En ese proceso, entendimos que irnos en un Capítulo 11 de reestructuración nos iba a ayudar a reorganizar las finanzas para poner el hospital en una mejor posición para hacerlo más atractivo a un potencial inversionista”, expresó en entrevista con CLARIDAD el director ejecutivo y vicepresidente de San Jorge, José L. Rodríguez Collazo.

El ejecutivo contó que el pasado 22 de diciembre fue la fecha límite para que los inversionistas interesados pagaran un “depósito inicial”. De ocho inversores potenciales, dos finalizaron en la subasta, que tiene fecha del 16 de enero.

“Son dos grupos puertorriqueños relacionados con la industria de la salud, particularmente con los hospitales. No son sistemas grandes, son grupos privados. No hay ningún sistema, como un Menonita, un Metro Pavía o un San Lucas”, contó Rodríguez Collazo sobre los posibles inversores. Por igual, explicó que los contendientes son “médicos por su cuenta”.

Sobre las exigencias y requisitos para participar en la subasta, el también exdirector del Hospital Pavía en Santurce aseguró que las compañías interesadas “tenían que tener conocimiento de la industria de salud. No puede ser cualquiera. No puede venir un desarrollador, querer derrumbar el hospital y hacer un condominio”.

Rodríguez Collazo recalcó la continuidad de las operaciones del hospital y descartó cualquier rumor de que, debido al proceso de compraventa de los activos de San Jorge, los servicios queden interrumpidos. “El hospital está ofreciendo los servicios que ha ofrecido por 35 años y esto, simplemente, es un paso para poder fortalecer las finanzas del hospital, de manera tal, que pueda seguir ofreciendo los servicios que le da a los niños”.

En esa línea, el vicepresidente del hospital no escatimó en reiterar la importancia de los servicios que ofrece el San Jorge Children and Women ‘s Hospital.

“Es el mejor hospital pediátrico en términos de que tiene la mejores facultades médicas para niños. No hay ningún hospital en Puerto Rico que tenga tantos subespecialistas como los tiene San Jorge. Además, somos el único hospital del país que atiende a niños de 12 años o menos con problemas conductuales. No existe más nadie. Asimismo, la única clínica que existe para desórdenes hormonales de niños la tiene San Jorge; había una en Centro Médico, pero cerró”, aseveró el director ejecutivo del hospital, que cuenta, de acuerdo con Rodríguez Collazo, con los únicos tres geneticistas de Puerto Rico.

Algunas de las compañías que figuran entre los acreedores de San Jorge están: Oriental Bank, a quien adeuda $42 millones; la Autoridad de Energía Eléctrica,$3 millones; la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, $424,682; el Grupo Intensivo Pediátrico, $308,040; Edwin Cardona y ASOC., $249,076, y Cardinal Health , $244,138.

Durante la entrevista con CLARIDAD, el licenciado Rodríguez Collazo recalcó que las aseguradoras médicas operan desde una óptica de “negocio” y no de servicios. También, el ejecutivo recordó algunos de los casos en los que, por urgencia y obligación, ha admitido pacientes al hospital y, como resultado de desembolsos falibles y tardíos de las cubiertas médicas, termina sufragando los gastos con fondos de San Jorge. “Son esas compañías que le dan la tarjetita del plan al paciente para el grooming del perro, para el mantenimiento del patio; pero que a la hora de cubrir un gasto médico como tal, traban el proceso”.

La operación inconsistente con los pagos de las aseguradoras— problema que se ha señalado en una plétora de foros— incidió fuertemente en las decisiones que ha tomado el hospital en lo que respecta las finanzas, según Rodríguez Collazo.

Otro de los factores que presionaron al hospital a acogerse a la Ley de Quiebras fue el rezago económico que enfrentó por la pandemia de COVID-19, de acuerdo con una publicación en Facebook que hizo San Jorge cuando anunció su decisión de acogerse al Capítulo 11.

No es el único hospital enfrentando escollos financieros

Dentro del contexto hospitalario, San Jorge se encamina a una reorganización financiera que le permitirá operar sin la rigidez de un tribunal vigilante. Sin embargo, distintos sectores del ámbito médico aseguran que durante el proceso de quiebra parte de los servicios del hospital se afectaron. Los denunciantes, que varían desde la Sociedad Puertorriqueña de Pediatría hasta el mismo Departamento de la Salud, aseguran que este tipo de decisión, ineludiblemente, redunda en el “debilitamiento del principal hospital pediátrico privado de la isla”. Aquí una nota sobre las advertencias, publicada en la página de Medicina y Salud Pública: https://medicinaysaludpublica.com.

San Jorge es uno de los seis hospitales en proceso de compraventa en Puerto Rico. Entre los demás centros médicos que gestionan procesos similares, de los que cuatro pertenecen a la cadena HIMA San Pablo, están: el HIMA de Fajardo, adquirido por Sara López, dueña del Caribbean Medical Center, por un monto de $7 millones; el HIMA de Humacao, cuyos nuevos dueños,  Eastern Health LLC, lo compraron por $5 millones; el HIMA de Bayamón, ahora de Auxilio Mutuo, por un costo de $18 millones; y el HIMA de Caguas, comprado por Metro Pavía por $21 millones.

El proceso de venta de estos últimos dos hospitales aún se discute en los tribunales. Por otro lado, el último centro médico en busca de vender sus activos es el hospital El Maestro, que todavía no ha tramitado una venta o subasta en los tribunales.

 

 

Conmemoramos la vida de Pablo “Yoruba” Guzmán, cofundador de la organización Young Lords, líder afro-latino y legendario periodista de la ciudad de Nueva York

Por
Democracy Now
-

 

 

El domingo 26 de noviembre el legendario activista y periodista Pablo “Yoruba” Guzmán murió de un ataque cardíaco a los 73 años de edad. Guzmán fue ministro de información del Partido de los Young Lords, una revolucionaria organización fundada por puertorriqueños que luchó por la justicia social en Estados Unidos en las décadas de 1960 y 1970. Más tarde, Guzmán se convirtió en un querido reportero de prensa y televisión, conocido por sus reportajes callejeros. Fue el “primer gran experto en relaciones públicas de la comunidad latina”, cuenta el copresentador de Democracy Now! Juan González, que también fue parte de los Young Lords. “Fue una de las primeras personas afro-latinas en el ámbito de los medios de comunicación”, añade Johanna Fernández, profesora adjunta de Historia en el Baruch College de la Universidad de la Ciudad de Nueva York y autora del libro “The Young Lords: A Radical History” (Los Young Lords, una historia radical). Johanna señala que Guzmán “aportó a los Young Lords una teorización de la raza en América Latina” y construyó “una causa común con las comunidades negras de Estados Unidos”.

Reproducido de Democracy Now

¡Ni una más!

Por
redaccion-de-claridad
-

 

 

El año 2023 cerró con 72 feminicidios, informó el Observatorio de Equidad de Género (OEG) de Puerto Rico en comunicado de prensa. La cifra total de feminicidios supone 7 menos que el pasado año,  cuando se registraron 79.

Del total, 23 fueron feminicidios íntimos (32 % de todos los feminicidios). Se cometieron 1 transfeminicidio (1 %), 4 feminicidios familiares (6 %) 5 feminicidios no íntimos (7 %), 6 feminicidios indirectos – todos relacionados con crimen organizado (8 %), y 33 feminicidios que aún se encuentran bajo investigación (46 % de todos los feminicidios).

Sin embargo, en el 2023, los feminicidios íntimos, así como los de mujeres adultas mayores, registraron un aumento. En tanto, se registró también una reducción en los casos que permanecen bajo investigación.

Según el OEG, el 46 % de los feminicidios registrados en la prensa para el 2023 permanecen bajo investigación. Es decir, 33 del total de 72.

Comparado con el 2022, el porciento de casos bajo investigación ascendió a 60 %. O sea, en 47 de los feminicidios registrados en 2022, no se había identificado un sospechoso, un móvil o causa de muerte.

En cuanto a los feminicidios íntimos, en el 2023 se registraron 23. La cifra equivale a ocho casos más que los registrados en 2022, cuando se documentaron 15, que significa el 19 % del total.

“Es difícil decir si esta diferencia se debe a un aumento en feminicidios íntimos en comparación con el año anterior o si es que en el 2023 se han logrado esclarecer los casos íntimos con mayor rapidez”, dijo la Dra. Debora Upegui, analista de datos en el Observatorio.

“El 2022 cerró con 60 % de los feminicidios bajo investigación, comparado con 46 % de casos bajo investigación en el 2023. Entendemos que un número de casos bajo investigación seguramente estén relacionados con el crimen organizado y con muertes por sobredosis, pero existen casos que pudieran ser sospechosos de feminicidio íntimos, familiares o no íntimos”, añadió.

En el 2023 también se registraron más casos de feminicidios familiares (4 en 2023, comparado con 2 en el 2022) y feminicidios no íntimos (5 en 2023, comparado con 1 en el 2022). El Observatorio manifestó particular preocupación por las 5 niñas que fueron víctimas de feminicidios en el 2023.

Predominan los feminicidios con armas de fuego y licencias de portar armas

El arma de fuego fue el método más utilizado para causar la muerte en todas las categorías de feminicidios en que se conoce la causa de muerte. En el 74 %  de estos (35 de 47), se utilizó un arma de fuego, seguido por 11 %  por arma blanca (5 de 47), 11% por golpes (5 de 47), 2 % por atropellamiento (1 de 47) y 2 % por estrangulación (1 de 47). En 25 de los 33 casos de feminicidios que permanecían bajo investigación no se conoce la causa de muerte y se espera por el resultado de la autopsia.

En este año que acaba de concluir también el 74 % de los feminicidios íntimos se perpetró con armas de fuego. En 76 % de estos casos, el feminicida poseía licencia de portación de arma de fuego. El restante 26 % de esos feminicidios se cometieron con un arma blanca en el 13 %  (3 de 23),  mediante golpes en un 9% de los feminicidios íntimos (2 de 23) y por estrangulamiento en un 4 %  (1 de 23).

 

“En un periodo de cuatro años, el uso de arma de fuego como método para causar la muerte en los feminicidios íntimos pasó de utilizarse en un 33 % (2014-2019) a un 74 % (2023). Entendemos que el uso de armas de fuego y la flexibilización de la ley de posesión de armas en 2020 están directamente relacionados con el aumento en los feminicidios debido a la alta letalidad de este tipo de arma”, puntualizó la Dra. Upegui.

Esto contrasta dramáticamente con el patrón observado entre 2014-2019, según reportó OEG el 29 de noviembre de 2023 en su Informe Feminicidios Íntimos: Análisis de procesos judiciales en Puerto Rico (2014-2019). Según ese informe, el método para causar la muerte en los feminicidios íntimos fue arma blanca en 53 %, arma de fuego en 33 % y estrangulación en 10 %.

Suicidios y traumas en la niñez: La importancia de la prevención.

En el 35 % (8 de 23) de los feminicidios íntimos ocurridos en 2023, el perpetrador se suicidó después de cometer el delito. El 100 % de los casos en que el perpetrador se suicidó utilizó un arma de fuego para cometer el feminicidio y luego el suicidio.

“Es necesario adelantar investigaciones sobre la conexión entre el suicidio del perpetrador y la comisión del feminicidio para identificar señales de alerta temprana que pudieran ayudar a evitar estas muertes”, dijeron las portavoces del Observatorio. “El hecho de que el 100 % de estos suicidios se hayan cometido con arma de fuego en el 2023, debe hacer reflexionar sobre el rol de las armas de fuego en nuestra sociedad y sobre la necesidad de regular en lugar de flexibilizar aún más el acceso a armas de fuego”.

Al menos un 24 % por ciento del total de mujeres que fueron víctimas de feminicidios en el 2023 tenían hijos. “El año cierra con al menos 34 hijas e hijos huérfanos, muchos de los cuales presenciaron la muerte violenta de sus madres. Es necesario hacer una reflexión profunda sobre cuál es la reparación social y económica que el gobierno y nuestra sociedad va a hacer para con estas niñas, niños y jóvenes. Para cumplir con el mandato de no repetición, el Estado debe reparar el daño económico, psicológico y social a estas familias, y de esa manera poder abonar a la sanación e interrupción del ciclo de violencia intergeneracional y la prevención de futuros patrones de violencia de género”, argumentaron las portavoces.

Otro punto a resaltar es que se observó un cambio en la distribución de edades en comparación con el año pasado.  En el 2023, hubo un aumento notable en la cantidad de mujeres mayores de 65 años de edad que fueron víctimas de muertes violentas mayormente a manos de parejas, exparejas o familiares. En el 2023, un 17 % del total de feminicidios fue de mujeres con 65 años o más, comparado con un 4 % del total en el 2022.

Por otro lado, hubo una disminución en el porcentaje de muertes violentas para las mujeres entre 25-24 años y 35-44 años. El 18 % de las mujeres víctimas de feminicidios tenían 25-34 años en el 2023 comparado con un 25 % en el 2022. De igual manera, el rango de 35-44 años representó el 22 % de las mujeres víctimas de feminicidio en el 2023, comparado con un 27 % en el 2022.

El Observatorio de Equidad de Género es un proyecto que busca monitorear y analizar la situación de violencia de género en Puerto Rico, generar recomendaciones de política pública y fiscalizar la respuesta de las agencias gubernamentales para abordar la violencia de género en la isla. El Observatorio es una iniciativa generada por una coalición de organizaciones feministas y de derechos humanos de Puerto Rico ante su preocupación por el aumento en la Violencia de Género después de los Huracanes Irma y María (septiembre de 2017) y la falta de respuesta en servicios, seguimiento y estadísticas de las diferentes agencias del gobierno.

 

 

 

Debemos seguir luchando en contra de la violencia machista

Por
josefina-pantoja-oquendo
-

 

Especial para CLARIDAD

He tenido el privilegio de escribir esta columna durante muchos años. Tantos que he perdido la cuenta de las veces que he abordado el doloroso tema de la violencia en contra de las mujeres. Los últimos meses del 2023 fueron particularmente intensos debido al incremento en los feminicidios, así como por las dramáticas circunstancias en que fueron perpetrados. Fue descarnado el total desprecio por la vida humana y un abuso de poder casi imposible de expresar en palabras. Las terribles historias de las dos infantes abusadas sexualmente y golpeadas, una por el padrastro y la otra por su padre, desbordan nuestra capacidad para indignarnos. Factores de pobreza y marginalidad social pueden haber contribuido a la desprotección de las menores. Tampoco es ajena al problema la lentitud con la que interviene el Estado por medio de las agencias con responsabilidad, como es el Departamento de la Familia o las que están a cargo de impartir justicia, ya sea la Policía de Puerto Rico, el Poder Judicial y el propio Departamento de Justicia.

El feminicidio de Karla Rodríguez Ares, ocurrido el 10 de diciembre, desató una cobertura intensa en los medios de comunicación sobre la violencia que enfrentamos las mujeres. La expareja de la víctima le disparó a ella y a la pareja actual en la vivienda donde residían. Previamente, el feminicida había entrado a la casa en ausencia de la mujer, se bañó allí. Con gran desparpajo y el propósito de amedrentarla, dejó huellas claras de su entrada ilegal. Esta amenaza a su vida motivó a la hasta entonces sobreviviente a solicitar una Orden de Protección, que le fue concedida de forma ex parte. Sin embargo, ella hizo aún más para salvarse y denunció al agresor en un proceso de naturaleza penal. Junto a la fiscal se compareció ante otra jueza que estaba a cargo de esa etapa. Aunque ésta inicialmente determinó causa para arresto por delitos graves, luego cambió de parecer ante un planteamiento del abogado de defensa y solo encontró causa por un delito menos grave.  De esta forma quedaban excluidas las posibilidades de imponer condiciones, como el grillete electrónico, que hubiera permitido detectar si el individuo se acercaba a la víctima, ampliando así las alternativas de protección.  Lo más conmovedor de la trágica historia de Karla es que, siendo ella consciente del riesgo al que estaba expuesta y de la peligrosidad del hombre que la acechaba, le advirtió a la magistrada que se convertiría en una estadística más en la lista de mujeres que son asesinadas por sus parejas y exparejas.  Desafortunadamente, no se equivocó.

El revuelo ocasionado por el caso antes descrito tiene mucho que ver con su parecido al de Andrea Ortiz Costa. Esta también fue asesinada por su expareja, luego de que una segunda jueza determinara no causa para arresto en la imputación de delitos graves tipificados en la Ley 54 para la Prevención e Intervención Contra la Violencia Doméstica. En la grabación de una llamada a una amiga, Andrea dejó saber su frustración y el desaliento que le causó la decisión de la Jueza, así como el riesgo a perder la vida al que había quedado expuesta.  Aunque su familia y los gremios periodísticos utilizaron el activismo y procedimientos judiciales para obtener las grabaciones de las vistas y conocer por ellas lo ocurrido, no tuvieron éxito.  Entonces, como ahora, la discreción judicial es invocada como la defensa absoluta para que la judicatura no tenga que rendir cuentas por los errores, la falta de sensibilidad o el abuso de esa misma discreción que pueda cometerse contra las sobrevivientes de la violencia machista.  De forma valiente ellas recurren a los procedimientos, estrategias y mecanismos legales de protección y prevención que se han reivindicado mediante las luchas feministas y de derechos humanos.  Karla y Andrea hicieron lo que les correspondía. Sin embargo, la repetida frase de “el sistema les falló” se hizo al mismo tiempo pesadilla y realidad cuando fueron asesinadas. El impacto negativo que tales decisiones adversas pueden tener sobre otras mujeres que están reuniendo el valor necesario y apoderándose de la información para salir de la violencia, puede ser un disuasivo para que actúen.  Por eso la importancia de la rendición de cuentas. Hay un trecho grande entre la sana discreción judicial y el abuso de ésta.

Casi de forma simultánea a la despedida del año, el Observatorio de Equidad de Género de Puerto Rico  (OEG) hizo público el informe sobre violencia de género del 2023. La entidad independiente, que no recibe fondos gubernamentales, ha cumplido cuatro años de vida organizativa. Durante este tiempo se ha destacado por el trabajo investigativo que lleva a cabo y por las estadísticas y publicaciones que, particularmente, con relación a la violencia en contra de las mujeres produce.  Los valiosos datos que contiene el informe han sido destacados por los medios de comunicación.  Varios aspectos del documento llaman poderosamente la atención.  En primer lugar, ocurrieron 72 feminicidios y aunque son siete menos que en el 2022, los feminicidios “íntimos” o perpetrados por la pareja o expareja sí aumentaron, para un total de 23. También hubo un incremento en las mujeres de 65 años o más que fueron asesinadas por sus parejas o exparejas, para un total de 17 %, mientras que en el 2022   el porciento fue de 4.

Otro hallazgo que invita a la reflexión son las cinco niñas que sufrieron tal violencia que acabó con sus vidas, incluyendo dos infantes que, además, fueron sujetas de abuso sexual. Predominaron los feminicidios con armas de fuego. En el 74 % de los casos con causa de muerte conocida, los asesinos utilizaron armas de fuego en la perpetración del crimen en contra de sus parejas o exparejas. El aumento es muy alto tomando en cuenta que cuatro años atrás el porciento fue de 33.  Coincide la estadística con la flexibilización en la legislación de Puerto Rico para hacer más accesible la obtención de licencias para posesión de armas de fuego. También hace más accesible a las sobrevivientes de la violencia de género la obtención de la licencia, pero opino que lo que se supone sea un beneficio puede convertirse en un peligro más, si el arma cae en manos del agresor o si es usada sin adiestramiento. Por otro lado, los victimarios también se benefician de la liberalidad legislada para la compra y posesión de las armas.  El Informe del OEG destaca que en el 35 por ciento de feminicidios íntimos, el agresor se suicidó después de la comisión del crimen y en todos los casos lo hizo con un arma de fuego.  Es significativo que en 24 por ciento de los feminicidios las víctimas tenían crías. Es decir, del total de 72 feminicidios quedaron en la orfandad 34 niñas y niños. En no pocos casos también sufrieron la violencia o se enfrentaron a la escena del crimen, pues lo presenciaron o encontraron el cadáver de su madre.

¿Cómo vamos a utilizar los importantes hallazgos del OEG para establecer medidas de prevención, de protección; para requerirle al Estado que asuma la responsabilidad pública de darle apoyo económico y psicosocial a las víctimas secundarias y a las personas que se hacen cargo de ellas, muchas de las cuales son abuelas y abuelos de escasos recursos económicos? Tenemos que convertir la información en poder para lograr cambios en políticas públicas, en legislación; para exigirle a las tres ramas gubernamentales acciones concretas mediante el activismo colectivo y solidario.  Es tiempo de conseguir compromisos de acción por parte de los partidos políticos y de las personas que aspirarán a ocupar puestos electivos mediante candidaturas independientes en las elecciones que se aproximan.

El gobernador ha extendido por un año la Orden Ejecutiva sobre el Estado de Emergencia por Violencia de Género (OE-2023—035.) Hubiese hecho un papelón si así no hubiese actuado, en vista del alto número de feminicidios y de incidentes de violencia machista. Se supone que la emergencia permite agilizar procesos, asignar recursos económicos, establecer y hacer cumplir las más altas prioridades para erradicar el problema. Sin embargo, no hay consulta ni se busca la opinión de las organizaciones y personas expertas en el tema. Todavía el Consejo Consultivo de la Oficina de la Procuradora de las Mujeres no está constituido, en violación de la Ley 20 de 2001. Desde la disolución del Comité PARE, cuando expiró la primera Orden Ejecutiva sobre el Estado de Emergencia, las ONGS no han tenido participación en el proceso.  Sin embargo, son éstas las que trabajan directamente con las sobrevivientes, tienen la preparación y la pericia.  Merecen credibilidad y en reconocimiento de ello, las seguiremos apoyando. Ningún Pueblo que se respete puede cruzarse de brazos ante la violencia machista que ofende nuestra dignidad. Por eso seguiremos luchando.

 

 

 

 

 

 

La educación como arma para contrarestar los casos de violencia de género

Por
candida-cotto
-

 

CLARIDAD

ccotto@claridadpuertorico.com

 

Ante los persistentes actos de violencia contra la mujer, la extensión de la Orden Ejecutiva de Declaración de un Estado de Emergencia por Violencia de Género (OE  2023-039) es una sin duda necesaria. No hacerlo sería mirar para el otro lado. No obstante, tres activistas feministas expertas en los temas de género coincidieron en señalar la necesidad de una evaluación de las iniciativas adoptadas; atender sus causas —no la intervención en los hechos de violencia—, y dar seguimiento a que las agencias pertinentes cumplan con las políticas públicas adoptadas.

La directora ejecutiva de Proyecto Matria, Amarilis Pagán  Jiménez, destacó lo pertinente de la extensión de la OE por el número de feminicidios del 2023. En la última semana de diciembre se había superado el número de feminicidios de los cuatro años  anteriores, 2019, 2020, 2021 y 2022, años en que se pudo ver una baja.

El alza en los feminicidios del 2023 pudiera tener múltiples causas y se podría pensar que el decreto del estado de emergencia del 2021, la primera OE,  no ha dado resultados. No obstante, dijo que su primera reacción es que a pesar de que el Gobierno, a raíz de esos decretos de estados de emergencia hizo algunas mejoras en agencias del sistema de seguridad, la parte más importante que se tiene que trabajar, que es la prevención, no la ha trabajado.

“Pareciera ser que en la mente del Gobierno y del público en general creen que más policías, más fiscales y más albergues es prevenir la violencia en contra de las mujeres; pero todas esas son instancias para intervenir  cuando ha ocurrido el evento. Aunque puedo mirar los últimos tres años y decir objetivamente que veo ciertas mejoras en el Departamento de la Policía, en Ciencias Forenses, inclusive en el Poder Judicial, no son suficientes porque todas las medidas de prevención se han dejado a un lado” indicó.

Añadió que cuando se escucha el discurso gubernamental, en este no se reconoce que la raíz de la violencia en contra de las mujeres es la desigualdad por sexo y tampoco se reconoce que esa desigualdad por sexo se manifiesta no solo en los índices de violencia, sino en las estadísticas económicas, de educación, de acceso a servicios de salud y vivienda. Afirmó que en estudios internacionales como los de la Organización Mundial de la Salud (MS) estos aspectos son los que se identifican como factores de protección.

“Es decir, si hay un mejor acceso a la vivienda, a los servicios de salud, si se aumenta el nivel y acceso a una educación gratuita,  si todas las comunidades y agencias de gobierno se comprometen con un discurso de equidad, bajarían los índices de violencia en contra de las mujeres, no solo los de feminicidios, todas las otras expresiones de violencia en contra de las mujeres”.

La directora de Proyecto Matria reconoció que en  las discusiones de fin de año lo primero que se tiende a mirar es la cifra de los feminicidios porque quizás es la estadística más dolorosa, más chocante. Pero hay otras estadísticas, como la desigualdad en el número de mujeres que hay en los puestos de decisiones, no meramente en el mundo político, sino en el sector privado; la  falta de un sistema de transporte colectivo; un sistema de apoyo de cuidadoras para niños y para personas viejas; el costo de la vivienda inaccesible. Es inevitable  ver que el Gobierno se está quedando corto a la hora de prevenir  la violencia en contra de las mujeres, porque si no remedia todos esos asuntos, la mujer está en una condición de vulnerabilidad.

Un elemento ausente de las OE desde agosto del 2022 es el Comité PARE (Prevención, Apoyo, Rescate y Educación de la Violencia de Género). A partir de ese momento, apuntó Pagán Jiménez, quien se quedó dando seguimiento a la OE y monitorear a las agencias de gobierno es la oficial de cumplimiento, la licenciada Ileana Espada. Denunció que la realidad es que desde que se eliminó el Comité, por lo menos desde las organizaciones interesadas en el tema, no han visto un proceso de rendición de cuentas sobre la continuidad que se le haya dado a lo que se quedó sin hacer del plan de trabajo del Comité PARE.

Enumeró que no han visto que haya habido  iniciativas dirigidas a supervisar y monitorear el desempeño de las agencias que formaron nuevos protocolos de atención a la violencia. Tampoco han visto un seguimiento con lo que tiene que ver con los adiestramientos al personal a cargo de trabajar asuntos de violencia. Pagán Jiménez reiteró que nada de eso es suficiente si no hay unas políticas públicas de prevención, y eso sí que no lo hay. “El Gobierno no quiere ni acercarse a hablar de esos temas porque eso es pecado, y acercándonos al año electoral, ningún candidato de los partidos tradicionales se va a querer relacionar con esos temas”.

Aunque al momento de nuestra entrevista todavía el gobernador, Pedro Pierluisi, no había emitido la OE que públicamente declaró contendría medidas puntuales, la feminista reconoció que medidas como dar seguimiento a las órdenes de protección, ampliar el trabajo de los Centros de Operaciones y Procesamiento de órdenes de Protección (COPOP) y dar continuidad al adiestramiento al personal  a cargo de trabajar con el tema son buenas medidas  siempre y cuando sean adiestramientos profundos y consistentes.

Entre las medidas puntuales que la directora de Matria describió como necesario que el Gobierno se plantee está la de justicia económica para las mujeres. Además, en lo que tiene que ver con el adiestramiento de personas a cargo de trabajar con situaciones de violencia, explicó que se refiere a tener un sistema de supervisión, rendición de cuentas y de consecuencias cuando alguien no hace su trabajo.

En entrevista por separado, Irma Lugo, exdirectora del Observatorio de Equidad de Género, destacó el aumento en los casos de violencia. Precisó que en el 2023 el Observatorio documentó  72 casos de violencia de género, 23 de estos, feminicidios íntimos. El 2022 finalizó con 15 feminicidios íntimos. Hizo hincapié en que es importante que la gente entienda que en el Observatorio se utilizan distintas terminologías y que además de documentar los feminicidios íntimos también se documentan los intentos de feminicidios. En el 2023 documentaron 50 intentos de feminicidios. Trajo el dato de que en septiembre del 2022 hubo un intento de feminicidio y que, posteriormente, en mayo del 2023, la mujer murió.  Insistió en la importancia de que todos estos casos se documenten.

Aun cuando la experta en currículo de género reconoció que la extensión de OE declarando un estado de emergencia  es importante, ya que  hace falta que se siga trabajando, su  preocupación es cuál es la  evaluación efectiva que hizo el Ejecutivo después que finalizó la OE que canceló el Comité PARE.

Lugo, al igual que  Pagán Jiménez, hizo fuertes señalamientos respecto al trabajo del Oficial de Cumplimiento. “No sabemos si esa persona ha tenido el apoyo, el equipo, el conocimiento para dar seguimiento a las recomendaciones que se hicieron desde el Comité PARE que tiene que ver si esas políticas públicas han sido efectivas, porque el Gobierno puede decir las voy a continuar, ¿pero hay los fondos?”, cuestionó tanto para las agencias de gobierno como para las organizaciones no gubernamentales que ofrecen servicios a víctimas de violencia de género. Reparó en que las ONG que reciben fondos a través del Departamento de Justicia, ven retrasar sus esfuerzos ante la demora en la otorgación de fondos.

Mientras, para la activista Josefina Pantoja Oquendo, miembro de la Organización Puertorriqueña de la Mujer Trabajadora (OPMT), la extensión de la OE era algo que correspondía que lo hiciera “porque se ha exacerbado la violencia en las últimas semanas, y no hacerlo es mirar para el lado”.  Añadió que lo importante es ver cuáles son las cosas puntuales que tendría la OE, ya que se han estado señalando por parte de las organizaciones aspectos puntuales que tienen que ver con eficiencia; con adiestramiento y educación; con asignación justa y estable de los fondos que se le da a las organizaciones; campañas efectivas y prácticas sobre con el asunto de la violencia de género en todas sus manifestaciones y la educación.

Tanto la licenciada Pantoja Oquendo como Pagán Jiménez, señalaron la necesidad de revisar los programas de desvío, lo cual fue una de las tareas que quedó inconclusa del Comité PARE. Las únicas estadísticas que se dijo hay de esos programas es cuántas personas participan; pero no ha habido una evaluación real para ver los cambios de conducta en las personas que están en los programas de desvío ni evaluaciones sobre el contenido de esos programas.

Más allá de la OE, la licenciada Pantoja Oquendo alertaron de que hay que ver cuál es el compromiso que tiene la política pública institucional, no solo con los feminicidios, que es lo más evidente, sino también con las víctimas secundarias de la violencia, como los hijos. Por último, señaló la necesidad de darle seguimiento al asunto de las armas, ya que se ha demostrado que, contrario a años anteriores, muchos de los feminicidios se han cometido con armas de fuego legales. Indicó que de parte de algunos sectores están tratando de establecer una política institucional de ampliar los procedimientos para que la gente pueda tener licencia de portar armas, como una medida de protección. Esta se mostró contraria esta idea e insistió en la necesidad de discutirlo de manera más amplia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1...403404405...1.873Página 404 de 1.873