CLARIDAD
Ante los persistentes actos de violencia contra la mujer, la extensión de la Orden Ejecutiva de Declaración de un Estado de Emergencia por Violencia de Género (OE 2023-039) es una sin duda necesaria. No hacerlo sería mirar para el otro lado. No obstante, tres activistas feministas expertas en los temas de género coincidieron en señalar la necesidad de una evaluación de las iniciativas adoptadas; atender sus causas —no la intervención en los hechos de violencia—, y dar seguimiento a que las agencias pertinentes cumplan con las políticas públicas adoptadas.
La directora ejecutiva de Proyecto Matria, Amarilis Pagán Jiménez, destacó lo pertinente de la extensión de la OE por el número de feminicidios del 2023. En la última semana de diciembre se había superado el número de feminicidios de los cuatro años anteriores, 2019, 2020, 2021 y 2022, años en que se pudo ver una baja.
El alza en los feminicidios del 2023 pudiera tener múltiples causas y se podría pensar que el decreto del estado de emergencia del 2021, la primera OE, no ha dado resultados. No obstante, dijo que su primera reacción es que a pesar de que el Gobierno, a raíz de esos decretos de estados de emergencia hizo algunas mejoras en agencias del sistema de seguridad, la parte más importante que se tiene que trabajar, que es la prevención, no la ha trabajado.
“Pareciera ser que en la mente del Gobierno y del público en general creen que más policías, más fiscales y más albergues es prevenir la violencia en contra de las mujeres; pero todas esas son instancias para intervenir cuando ha ocurrido el evento. Aunque puedo mirar los últimos tres años y decir objetivamente que veo ciertas mejoras en el Departamento de la Policía, en Ciencias Forenses, inclusive en el Poder Judicial, no son suficientes porque todas las medidas de prevención se han dejado a un lado” indicó.
Añadió que cuando se escucha el discurso gubernamental, en este no se reconoce que la raíz de la violencia en contra de las mujeres es la desigualdad por sexo y tampoco se reconoce que esa desigualdad por sexo se manifiesta no solo en los índices de violencia, sino en las estadísticas económicas, de educación, de acceso a servicios de salud y vivienda. Afirmó que en estudios internacionales como los de la Organización Mundial de la Salud (MS) estos aspectos son los que se identifican como factores de protección.
“Es decir, si hay un mejor acceso a la vivienda, a los servicios de salud, si se aumenta el nivel y acceso a una educación gratuita, si todas las comunidades y agencias de gobierno se comprometen con un discurso de equidad, bajarían los índices de violencia en contra de las mujeres, no solo los de feminicidios, todas las otras expresiones de violencia en contra de las mujeres”.
La directora de Proyecto Matria reconoció que en las discusiones de fin de año lo primero que se tiende a mirar es la cifra de los feminicidios porque quizás es la estadística más dolorosa, más chocante. Pero hay otras estadísticas, como la desigualdad en el número de mujeres que hay en los puestos de decisiones, no meramente en el mundo político, sino en el sector privado; la falta de un sistema de transporte colectivo; un sistema de apoyo de cuidadoras para niños y para personas viejas; el costo de la vivienda inaccesible. Es inevitable ver que el Gobierno se está quedando corto a la hora de prevenir la violencia en contra de las mujeres, porque si no remedia todos esos asuntos, la mujer está en una condición de vulnerabilidad.
Un elemento ausente de las OE desde agosto del 2022 es el Comité PARE (Prevención, Apoyo, Rescate y Educación de la Violencia de Género). A partir de ese momento, apuntó Pagán Jiménez, quien se quedó dando seguimiento a la OE y monitorear a las agencias de gobierno es la oficial de cumplimiento, la licenciada Ileana Espada. Denunció que la realidad es que desde que se eliminó el Comité, por lo menos desde las organizaciones interesadas en el tema, no han visto un proceso de rendición de cuentas sobre la continuidad que se le haya dado a lo que se quedó sin hacer del plan de trabajo del Comité PARE.
Enumeró que no han visto que haya habido iniciativas dirigidas a supervisar y monitorear el desempeño de las agencias que formaron nuevos protocolos de atención a la violencia. Tampoco han visto un seguimiento con lo que tiene que ver con los adiestramientos al personal a cargo de trabajar asuntos de violencia. Pagán Jiménez reiteró que nada de eso es suficiente si no hay unas políticas públicas de prevención, y eso sí que no lo hay. “El Gobierno no quiere ni acercarse a hablar de esos temas porque eso es pecado, y acercándonos al año electoral, ningún candidato de los partidos tradicionales se va a querer relacionar con esos temas”.
Aunque al momento de nuestra entrevista todavía el gobernador, Pedro Pierluisi, no había emitido la OE que públicamente declaró contendría medidas puntuales, la feminista reconoció que medidas como dar seguimiento a las órdenes de protección, ampliar el trabajo de los Centros de Operaciones y Procesamiento de órdenes de Protección (COPOP) y dar continuidad al adiestramiento al personal a cargo de trabajar con el tema son buenas medidas siempre y cuando sean adiestramientos profundos y consistentes.
Entre las medidas puntuales que la directora de Matria describió como necesario que el Gobierno se plantee está la de justicia económica para las mujeres. Además, en lo que tiene que ver con el adiestramiento de personas a cargo de trabajar con situaciones de violencia, explicó que se refiere a tener un sistema de supervisión, rendición de cuentas y de consecuencias cuando alguien no hace su trabajo.
En entrevista por separado, Irma Lugo, exdirectora del Observatorio de Equidad de Género, destacó el aumento en los casos de violencia. Precisó que en el 2023 el Observatorio documentó 72 casos de violencia de género, 23 de estos, feminicidios íntimos. El 2022 finalizó con 15 feminicidios íntimos. Hizo hincapié en que es importante que la gente entienda que en el Observatorio se utilizan distintas terminologías y que además de documentar los feminicidios íntimos también se documentan los intentos de feminicidios. En el 2023 documentaron 50 intentos de feminicidios. Trajo el dato de que en septiembre del 2022 hubo un intento de feminicidio y que, posteriormente, en mayo del 2023, la mujer murió. Insistió en la importancia de que todos estos casos se documenten.
Aun cuando la experta en currículo de género reconoció que la extensión de OE declarando un estado de emergencia es importante, ya que hace falta que se siga trabajando, su preocupación es cuál es la evaluación efectiva que hizo el Ejecutivo después que finalizó la OE que canceló el Comité PARE.
Lugo, al igual que Pagán Jiménez, hizo fuertes señalamientos respecto al trabajo del Oficial de Cumplimiento. “No sabemos si esa persona ha tenido el apoyo, el equipo, el conocimiento para dar seguimiento a las recomendaciones que se hicieron desde el Comité PARE que tiene que ver si esas políticas públicas han sido efectivas, porque el Gobierno puede decir las voy a continuar, ¿pero hay los fondos?”, cuestionó tanto para las agencias de gobierno como para las organizaciones no gubernamentales que ofrecen servicios a víctimas de violencia de género. Reparó en que las ONG que reciben fondos a través del Departamento de Justicia, ven retrasar sus esfuerzos ante la demora en la otorgación de fondos.
Mientras, para la activista Josefina Pantoja Oquendo, miembro de la Organización Puertorriqueña de la Mujer Trabajadora (OPMT), la extensión de la OE era algo que correspondía que lo hiciera “porque se ha exacerbado la violencia en las últimas semanas, y no hacerlo es mirar para el lado”. Añadió que lo importante es ver cuáles son las cosas puntuales que tendría la OE, ya que se han estado señalando por parte de las organizaciones aspectos puntuales que tienen que ver con eficiencia; con adiestramiento y educación; con asignación justa y estable de los fondos que se le da a las organizaciones; campañas efectivas y prácticas sobre con el asunto de la violencia de género en todas sus manifestaciones y la educación.
Tanto la licenciada Pantoja Oquendo como Pagán Jiménez, señalaron la necesidad de revisar los programas de desvío, lo cual fue una de las tareas que quedó inconclusa del Comité PARE. Las únicas estadísticas que se dijo hay de esos programas es cuántas personas participan; pero no ha habido una evaluación real para ver los cambios de conducta en las personas que están en los programas de desvío ni evaluaciones sobre el contenido de esos programas.
Más allá de la OE, la licenciada Pantoja Oquendo alertaron de que hay que ver cuál es el compromiso que tiene la política pública institucional, no solo con los feminicidios, que es lo más evidente, sino también con las víctimas secundarias de la violencia, como los hijos. Por último, señaló la necesidad de darle seguimiento al asunto de las armas, ya que se ha demostrado que, contrario a años anteriores, muchos de los feminicidios se han cometido con armas de fuego legales. Indicó que de parte de algunos sectores están tratando de establecer una política institucional de ampliar los procedimientos para que la gente pueda tener licencia de portar armas, como una medida de protección. Esta se mostró contraria esta idea e insistió en la necesidad de discutirlo de manera más amplia.
