Especial para CLARIDAD
He tenido el privilegio de escribir esta columna durante muchos años. Tantos que he perdido la cuenta de las veces que he abordado el doloroso tema de la violencia en contra de las mujeres. Los últimos meses del 2023 fueron particularmente intensos debido al incremento en los feminicidios, así como por las dramáticas circunstancias en que fueron perpetrados. Fue descarnado el total desprecio por la vida humana y un abuso de poder casi imposible de expresar en palabras. Las terribles historias de las dos infantes abusadas sexualmente y golpeadas, una por el padrastro y la otra por su padre, desbordan nuestra capacidad para indignarnos. Factores de pobreza y marginalidad social pueden haber contribuido a la desprotección de las menores. Tampoco es ajena al problema la lentitud con la que interviene el Estado por medio de las agencias con responsabilidad, como es el Departamento de la Familia o las que están a cargo de impartir justicia, ya sea la Policía de Puerto Rico, el Poder Judicial y el propio Departamento de Justicia.
El feminicidio de Karla Rodríguez Ares, ocurrido el 10 de diciembre, desató una cobertura intensa en los medios de comunicación sobre la violencia que enfrentamos las mujeres. La expareja de la víctima le disparó a ella y a la pareja actual en la vivienda donde residían. Previamente, el feminicida había entrado a la casa en ausencia de la mujer, se bañó allí. Con gran desparpajo y el propósito de amedrentarla, dejó huellas claras de su entrada ilegal. Esta amenaza a su vida motivó a la hasta entonces sobreviviente a solicitar una Orden de Protección, que le fue concedida de forma ex parte. Sin embargo, ella hizo aún más para salvarse y denunció al agresor en un proceso de naturaleza penal. Junto a la fiscal se compareció ante otra jueza que estaba a cargo de esa etapa. Aunque ésta inicialmente determinó causa para arresto por delitos graves, luego cambió de parecer ante un planteamiento del abogado de defensa y solo encontró causa por un delito menos grave. De esta forma quedaban excluidas las posibilidades de imponer condiciones, como el grillete electrónico, que hubiera permitido detectar si el individuo se acercaba a la víctima, ampliando así las alternativas de protección. Lo más conmovedor de la trágica historia de Karla es que, siendo ella consciente del riesgo al que estaba expuesta y de la peligrosidad del hombre que la acechaba, le advirtió a la magistrada que se convertiría en una estadística más en la lista de mujeres que son asesinadas por sus parejas y exparejas. Desafortunadamente, no se equivocó.
El revuelo ocasionado por el caso antes descrito tiene mucho que ver con su parecido al de Andrea Ortiz Costa. Esta también fue asesinada por su expareja, luego de que una segunda jueza determinara no causa para arresto en la imputación de delitos graves tipificados en la Ley 54 para la Prevención e Intervención Contra la Violencia Doméstica. En la grabación de una llamada a una amiga, Andrea dejó saber su frustración y el desaliento que le causó la decisión de la Jueza, así como el riesgo a perder la vida al que había quedado expuesta. Aunque su familia y los gremios periodísticos utilizaron el activismo y procedimientos judiciales para obtener las grabaciones de las vistas y conocer por ellas lo ocurrido, no tuvieron éxito. Entonces, como ahora, la discreción judicial es invocada como la defensa absoluta para que la judicatura no tenga que rendir cuentas por los errores, la falta de sensibilidad o el abuso de esa misma discreción que pueda cometerse contra las sobrevivientes de la violencia machista. De forma valiente ellas recurren a los procedimientos, estrategias y mecanismos legales de protección y prevención que se han reivindicado mediante las luchas feministas y de derechos humanos. Karla y Andrea hicieron lo que les correspondía. Sin embargo, la repetida frase de “el sistema les falló” se hizo al mismo tiempo pesadilla y realidad cuando fueron asesinadas. El impacto negativo que tales decisiones adversas pueden tener sobre otras mujeres que están reuniendo el valor necesario y apoderándose de la información para salir de la violencia, puede ser un disuasivo para que actúen. Por eso la importancia de la rendición de cuentas. Hay un trecho grande entre la sana discreción judicial y el abuso de ésta.
Casi de forma simultánea a la despedida del año, el Observatorio de Equidad de Género de Puerto Rico (OEG) hizo público el informe sobre violencia de género del 2023. La entidad independiente, que no recibe fondos gubernamentales, ha cumplido cuatro años de vida organizativa. Durante este tiempo se ha destacado por el trabajo investigativo que lleva a cabo y por las estadísticas y publicaciones que, particularmente, con relación a la violencia en contra de las mujeres produce. Los valiosos datos que contiene el informe han sido destacados por los medios de comunicación. Varios aspectos del documento llaman poderosamente la atención. En primer lugar, ocurrieron 72 feminicidios y aunque son siete menos que en el 2022, los feminicidios “íntimos” o perpetrados por la pareja o expareja sí aumentaron, para un total de 23. También hubo un incremento en las mujeres de 65 años o más que fueron asesinadas por sus parejas o exparejas, para un total de 17 %, mientras que en el 2022 el porciento fue de 4.
Otro hallazgo que invita a la reflexión son las cinco niñas que sufrieron tal violencia que acabó con sus vidas, incluyendo dos infantes que, además, fueron sujetas de abuso sexual. Predominaron los feminicidios con armas de fuego. En el 74 % de los casos con causa de muerte conocida, los asesinos utilizaron armas de fuego en la perpetración del crimen en contra de sus parejas o exparejas. El aumento es muy alto tomando en cuenta que cuatro años atrás el porciento fue de 33. Coincide la estadística con la flexibilización en la legislación de Puerto Rico para hacer más accesible la obtención de licencias para posesión de armas de fuego. También hace más accesible a las sobrevivientes de la violencia de género la obtención de la licencia, pero opino que lo que se supone sea un beneficio puede convertirse en un peligro más, si el arma cae en manos del agresor o si es usada sin adiestramiento. Por otro lado, los victimarios también se benefician de la liberalidad legislada para la compra y posesión de las armas. El Informe del OEG destaca que en el 35 por ciento de feminicidios íntimos, el agresor se suicidó después de la comisión del crimen y en todos los casos lo hizo con un arma de fuego. Es significativo que en 24 por ciento de los feminicidios las víctimas tenían crías. Es decir, del total de 72 feminicidios quedaron en la orfandad 34 niñas y niños. En no pocos casos también sufrieron la violencia o se enfrentaron a la escena del crimen, pues lo presenciaron o encontraron el cadáver de su madre.
¿Cómo vamos a utilizar los importantes hallazgos del OEG para establecer medidas de prevención, de protección; para requerirle al Estado que asuma la responsabilidad pública de darle apoyo económico y psicosocial a las víctimas secundarias y a las personas que se hacen cargo de ellas, muchas de las cuales son abuelas y abuelos de escasos recursos económicos? Tenemos que convertir la información en poder para lograr cambios en políticas públicas, en legislación; para exigirle a las tres ramas gubernamentales acciones concretas mediante el activismo colectivo y solidario. Es tiempo de conseguir compromisos de acción por parte de los partidos políticos y de las personas que aspirarán a ocupar puestos electivos mediante candidaturas independientes en las elecciones que se aproximan.
El gobernador ha extendido por un año la Orden Ejecutiva sobre el Estado de Emergencia por Violencia de Género (OE-2023—035.) Hubiese hecho un papelón si así no hubiese actuado, en vista del alto número de feminicidios y de incidentes de violencia machista. Se supone que la emergencia permite agilizar procesos, asignar recursos económicos, establecer y hacer cumplir las más altas prioridades para erradicar el problema. Sin embargo, no hay consulta ni se busca la opinión de las organizaciones y personas expertas en el tema. Todavía el Consejo Consultivo de la Oficina de la Procuradora de las Mujeres no está constituido, en violación de la Ley 20 de 2001. Desde la disolución del Comité PARE, cuando expiró la primera Orden Ejecutiva sobre el Estado de Emergencia, las ONGS no han tenido participación en el proceso. Sin embargo, son éstas las que trabajan directamente con las sobrevivientes, tienen la preparación y la pericia. Merecen credibilidad y en reconocimiento de ello, las seguiremos apoyando. Ningún Pueblo que se respete puede cruzarse de brazos ante la violencia machista que ofende nuestra dignidad. Por eso seguiremos luchando.
