El Instituto  de Análisis Económico y Financiero de la Energía (IEEFA, siglas en inglés), reveló otra acción de engaño de la empresa New Fortress Energy (NFE) a sus accionistas, a costa de  su operación en Puerto Rico.

En  comunicado de prensa emitido el 3 de diciembre, IEEFA dio a conocer que nueve accionistas   presentaron una demanda colectiva contra NFE por alegado engaño con respecto a su proyecto Fast LNG en Altamira, México. Los demandantes  alegan que New Fortress no informó a los inversores de los numerosos retrasos que afectaban el proyecto y el coste de esos retrasos.

Esta acción de NFE se suma a la  promesa que hizo a sus inversores y clientes en su presentación de resultados del primer trimestre de 2024, de la posibilidad de ampliar su negocio de gas natural en Puerto Rico, al afirmar  que tiene la oportunidad de ampliar el uso de gas natural a 300 billones de unidades térmicas británicas (TBTU) de gas natural al año, casi tres veces sus contratos actuales de 105 TBTU al año.

El IEEFA, informó que NFE afirmó además que estos 300 TBTU por año podrían lograrse con 2.960 megavatios (MW) de generación de energía a gas natural funcionando el 80 % del tiempo. Esa capacidad de planta de energía a gas natural produciría 20.744 gigavatios-hora (GWh) de electricidad al año. Según el plan fiscal de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) más reciente, las ventas totales del sistema eléctrico fueron de solo 16.300 GWh en 2022 y se espera que las ventas solo disminuyan en las próximas décadas, alcanzando los 10.000 GWh en 2035 y los 6.200 GWh en 2050.

“En otras palabras, para hacer realidad las proyecciones que New Fortress presentó a sus inversionistas, Puerto Rico tendría que importar suficiente gas natural para generar más de un 30 % más de electricidad que la demanda eléctrica total de la isla en el futuro previsible”, indicó   Tom Sanzillo, director de Finanzas y Kathy Kunkel, consultora de Energía, ambos de IFEEA.

Además, NFE  también ignora la planta de gas privada EcoEléctrica, de 500 MW, que existe en la costa sur de la isla, a la que habría que convencer de alguna manera de cambiar su suministro de gas a New Fortress para que este plan funcione.

A esto se suma que la  planta de  Palo Seco (Mega-Gens), que NFE  incluyó en la lista de «gas ahora» no estaba operando con gas natural. La planta no tuvo la aprobación regulatoria para iniciar la conversión hasta seis meses después. La aprobación condicional se recibió en octubre de 2024 y la conversión real y la fecha de inicio dependían de otras medidas de regulación.  De hecho, hay que traer a la atención que la Comisión Federal Reguladora de Energía (FERC, siglas en inglés) llevó a cabo una vista pública hace unas semanas en Puerto Rico para decidir si finalmente va a permitir la operación continua del terminal de NFE, en la bahía de San Juan.

IEEFA reveló que según las declaraciones de NFE a sus inversionistas, Puerto Rico estaría con un exceso sustancial de gas natural, tal vez hasta el 130 % de la demanda total de electricidad de la isla;  recibiría ingresos de una planta que no tenía la aprobación regulatoria e  ignoraría la capacidad existente de 500 MW de la planta EcoEléctrica, que ya está en funcionamiento.

Según IEEFA, New Fortress resumió sus esperanzas en materia de gas natural para Puerto Rico, diciendo: «Esperamos que la isla funcione únicamente con gas natural complementado con energía solar y baterías, y ese será el futuro de Puerto Rico… Hay una alineación completa entre nuestra estrategia, la política pública y la pura cuestión económica de lo que sucederá». Las cifras reales que presenta New Fortress indicarían que la isla funcionaría con más del 100 % de gas natural, en total contradicción con la política pública de Puerto Rico de energía 100 % renovable para el año 2050.

El Instituto que ha estado analizando la situación del sistema eléctrico de Puerto Rico y su deuda desde sus inicios y ha testificado en el pleito del plan de ajuste de deuda denunció que en términos de «pura economía», vale la pena señalar que New Fortress nunca ha presentado documentación alguna sobre los ahorros que los contribuyentes de Puerto Rico han tenido con la conversión de la planta eléctrica de San Juan a gas natural, un proyecto que inicialmente le dijo a la SEC que ahorraría $285 millones de dólares al año.

“Las recientes declaraciones de NFE con respecto a Puerto Rico son parte del mismo patrón de exageraciones y afirmaciones exageradas que están impulsando las demandas colectivas de los accionistas”, concluyó.

CLARIDAD

ccotto@claridadpuertorico.com

¿Es factible que el Gobierno de Puerto Rico ya pueda acudir a los mercados de bonos? ¿Es cierto que se pueda pautar  la salida de la Junta de Control Fiscal (JCF) para el 2028? El secretario de Estado, Omar Marrero, en entrevista a un medio de prensa hizo ambas aseveraciones en días recientes.

El licenciado Rolando Emmanuelli Jiménez  refutó que sea correcto decir que Puerto Rico ya puede acudir a los mercados de bonos, y, en términos de lo que establece la ley PROMESA, tampoco es correcto decir que la JCF saldría en el 2028. Para empezar, aclaró, la ley PROMESA establece como  definición para la salida de la JCF el que se alcancen cuatro presupuestos balanceados consecutivos y que se tenga acceso a los mercados de bonos a costos razonables.

A esa primera condición la JCF le añadió el elemento de que los cuatro presupuestos hayan sido aprobados por la Legislatura y el Ejecutivo sin su intervención. Aunque eso no está en la ley, esa es la interpretación de Robert Mujica. Al respecto, Emmanuelli Jiménez indicó que como todos los presupuestos que se han aprobado la JCF los ha certificado por encima de lo que ha dicho la Legislatura y el Ejecutivo, no ha habido ningún presupuesto balanceado en los siete años que ya lleva la Junta.

A lo anterior, observó que la  JCF tiene unos planes fiscales de austeridad, los cuales no están alineados con las verdaderas necesidades de Puerto Rico. Ante esa situación, la Legislatura,como cuerpo político, responde a las necesidades del pueblo. ¿Qué probabilidades hay de que la Legislatura haga un presupuesto tan austero y que la Junta no se tenga que meter?, cuestionó. “Eso es bien improbable. Que la Junta acepte sin ningún tipo de opinión está bien difícil porque la Junta tiene por deber de la ley establecer que los presupuestos aprobados sean compatibles con los planes fiscales; pero como los planes fiscales son tan terribles, ahí es que viene el problema”.

A su juicio, es difícil que se empiece la cuenta de la salida de la JCF para el 2028, si ya este año  se perdió, porque estamos en el presupuesto 2024-2025, y lo que quedaría  son tres años. Comenzaría el 2025-2026, por lo que el próximo presupuesto ya no sería en el 2028. En tanto, el acceso a los mercados a costos razonables depende de muchas cosas que no están en el panorama. Lo primero, que haya casas acreditadoras que quieran  evaluar el crédito de Puerto Rico.

Respecto a las  declaraciones del secretario de Estado de que el crédito de Puerto Rico ha mejorado,  Emmanuelli Jiménez lo cuestiona, ya que las casas acreditadoras no están entrando a Puerto Rico. Ningún  inversionista que sea racional va a comprar un bono que no esté evaluado por una clasificación crediticia, subrayó,  aparte de que el bono se puede emitir, pero tendría que pagar unos intereses tan altos, entre  8, 9 y 10 %, para que los inversionistas digan que se tiene mucho riesgo, pero se paga mucho de interés. Explicó que la ley PROMESA dice que el acceso a los mercados  tiene que ser a costo razonable y que un costo razonable es entre  3 o 4 por ciento.

Otro asunto que impide el acceso a los mercados es que hasta que los bonistas no vean que se ha resuelto la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) tampoco van a prestar, porque la economía tiene que crecer para que se pueda  pagar la deuda, y eso lo evalúan las casas acreditadoras. Dado el hecho de que la  AEE no ha adoptado su plan de deuda, no se sabe qué va a pasar en Puerto Rico.

El otro tema que señaló es que, según el estado financiero (eso es la diferencia entre los activos y los pasivos) 2020-2022, el país tiene un déficit acumulado de $55 mil millones. “¿Cómo alguien  con dos dedos de frente va a comprar un bono a un territorio que acaba de salir de una quiebra y que tiene un déficit acumulado en sus estados financiero de $55 mil millones?”, preguntó.

Ese déficit es casi como la deuda original. El licenciado Emmanuelli Jiménez, recalcó que  por  definición de la ley es que no se sabe cuándo va a ocurrir  la salida de la JCF. Pero aun si se diera por definición, la JCF tiene que estar aquí hasta que se terminen los casos de Título III, que son los acreedores no asegurados del Gobierno central cuyo Plan de Ajuste de Deuda lleva dos años de confirmado. Sin embargo, todavía están en el proceso de administrar el caso, que es establecer el  monto de las reclamaciones para poder pagar a los acreedores, y eso es un proceso que puede tomar años.

En  términos políticos de parte de la Legislatura y Ejecutivo, Emmanuelli Jiménez, comentó que no tiene  indicios de cuál va a ser la posición institucional del gobierno entrante en cuanto a la JCF. Sí expresó que le sorprendería  que el gobierno de Jenniffer González asuma una postura de defensa de sus poderes constitucionales ante la Junta, por el hecho de que en la campaña casi no se habló de la JCF. Apuntó que eso era esencial discutirlo porque no se puede implementar un plan de gobierno si no se tiene una estrategia para bregar con la Junta. “Eso no lo sabemos todavía, pero no tengo muchas expectativas de que la postura cambie”.

Para el también entrevistado economista y director ejecutivo de la Liga de Cooperativas, Heriberto Martínez Otero, desde el punto de vista de Mujica, según expresado públicamente, los dos asuntos pendientes para la salida de la Junta es lograr los presupuestos balanceados y tener un  plan de desarrollo económico. No obstante,  “Mujica siempre ha mencionado que, además de la reestructuración de la deuda, hay que establecer las bases para un desarrollo económico; pero eso no ha pasado en lo absoluto, ni siquiera lo ha definido, pero son los dos temas más importantes que se han hecho públicos”.

En cuanto a si se puede ya acudir a los mercados, Martínez Otero indicó que en términos generales ya el Gobierno lleva tres años aprobando  presupuestos con servicios de la deuda; es decir, ya se está pagando una deuda. No obstante, le preocupa el que se esté hablando de que el ente que está listo  para ir a los mercados no es el Gobierno de Puerto Rico, sino COFINA (Corporación del Fondo de Interés Apremiante).  Sobre el particular, recordó que fueron COFINA y la AEE las dos corporaciones públicas que abrieron la caja de Pandora con respecto al  endeudamiento.

“COFINA no es una entidad para endeudarse porque no hace absolutamente nada que no sea endeudamiento”. Explicó que COFINA fue creada bajo la administración de Acevedo Vila y que se creó para convertir deuda ilegítima extraconstitucional en deuda legal. Bajo la administración de Luis Fortuño se amplió el margen prestatario y se subió la deuda de $3 mil 500 millones a casi $15 mil millones. El economista planteó que hay que cuestionar para qué COFINA quiera emitir deuda.

Martínez Otero resaltó que lo que debe ser la máxima prioridad es un plan de desarrollo, ya que la  última etapa donde se pudo hablar de un nuevo modelo de desarrollo económico fue durante los tiempos de la Sección 936, lo que terminó en el 2006. A partir de ahí, los breves momentos de crecimiento  económico que ha tenido el país se han debido al exceso de cantidades  de fondos federales. Cuando se miran los sectores económicos, los niveles de exportación del 2023 están al mismo nivel que el 2014.

“En ese sentido, lo que hemos  tenido es una dependencia en extremo fuerte de fondos federales, que ahora, con una administración mucho más conservadora, sí que urge un modelo de crecimiento y desarrollo económico que no esté amarrado, dependiente de los fondos federales”.

En cuanto a qué tan balanceados pueden ser los presupuestos sin perjudicar los servicios esenciales, Martínez Otero opinó que  hay suficiente dinero para cubrir áreas de inversión social. Considera que las vistas públicas de transición están demostrando, primero, una mala administración gubernamental y, segundo, un montón de gastos políticos como los de $50 millones en contratos. “Todavía me parece que hay mucho gasto político e ineficiencia administrativa”. Entre indignación y asombro cuestionó el que el servicio de transportación escolar cueste $72 millones en un semestre, como dijo la secretaria del Departamento de Educación.

El director ejecutivo de la Liga de Cooperativas apuntó que una cosa es que la Junta diga que en esta fecha se va  y otra que diga que va a empezar a liberar entidades cubiertas, como por ejemplo COFINA. En esa línea, reparó en que la JCF intervino  con COSSEC (Corporación Publica para la Supervisión y Seguro de las Cooperativas), la cual no recibe dinero del Estado. “Hay que ver esas señales, porque la Junta no se  va a ir, va a empezar a eliminar entidades. Yo no veo que la deuda de la AEE termine en mayo del 25”.