CLARIDAD
¿Es factible que el Gobierno de Puerto Rico ya pueda acudir a los mercados de bonos? ¿Es cierto que se pueda pautar la salida de la Junta de Control Fiscal (JCF) para el 2028? El secretario de Estado, Omar Marrero, en entrevista a un medio de prensa hizo ambas aseveraciones en días recientes.
El licenciado Rolando Emmanuelli Jiménez refutó que sea correcto decir que Puerto Rico ya puede acudir a los mercados de bonos, y, en términos de lo que establece la ley PROMESA, tampoco es correcto decir que la JCF saldría en el 2028. Para empezar, aclaró, la ley PROMESA establece como definición para la salida de la JCF el que se alcancen cuatro presupuestos balanceados consecutivos y que se tenga acceso a los mercados de bonos a costos razonables.
A esa primera condición la JCF le añadió el elemento de que los cuatro presupuestos hayan sido aprobados por la Legislatura y el Ejecutivo sin su intervención. Aunque eso no está en la ley, esa es la interpretación de Robert Mujica. Al respecto, Emmanuelli Jiménez indicó que como todos los presupuestos que se han aprobado la JCF los ha certificado por encima de lo que ha dicho la Legislatura y el Ejecutivo, no ha habido ningún presupuesto balanceado en los siete años que ya lleva la Junta.
A lo anterior, observó que la JCF tiene unos planes fiscales de austeridad, los cuales no están alineados con las verdaderas necesidades de Puerto Rico. Ante esa situación, la Legislatura,como cuerpo político, responde a las necesidades del pueblo. ¿Qué probabilidades hay de que la Legislatura haga un presupuesto tan austero y que la Junta no se tenga que meter?, cuestionó. “Eso es bien improbable. Que la Junta acepte sin ningún tipo de opinión está bien difícil porque la Junta tiene por deber de la ley establecer que los presupuestos aprobados sean compatibles con los planes fiscales; pero como los planes fiscales son tan terribles, ahí es que viene el problema”.
A su juicio, es difícil que se empiece la cuenta de la salida de la JCF para el 2028, si ya este año se perdió, porque estamos en el presupuesto 2024-2025, y lo que quedaría son tres años. Comenzaría el 2025-2026, por lo que el próximo presupuesto ya no sería en el 2028. En tanto, el acceso a los mercados a costos razonables depende de muchas cosas que no están en el panorama. Lo primero, que haya casas acreditadoras que quieran evaluar el crédito de Puerto Rico.
Respecto a las declaraciones del secretario de Estado de que el crédito de Puerto Rico ha mejorado, Emmanuelli Jiménez lo cuestiona, ya que las casas acreditadoras no están entrando a Puerto Rico. Ningún inversionista que sea racional va a comprar un bono que no esté evaluado por una clasificación crediticia, subrayó, aparte de que el bono se puede emitir, pero tendría que pagar unos intereses tan altos, entre 8, 9 y 10 %, para que los inversionistas digan que se tiene mucho riesgo, pero se paga mucho de interés. Explicó que la ley PROMESA dice que el acceso a los mercados tiene que ser a costo razonable y que un costo razonable es entre 3 o 4 por ciento.
Otro asunto que impide el acceso a los mercados es que hasta que los bonistas no vean que se ha resuelto la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) tampoco van a prestar, porque la economía tiene que crecer para que se pueda pagar la deuda, y eso lo evalúan las casas acreditadoras. Dado el hecho de que la AEE no ha adoptado su plan de deuda, no se sabe qué va a pasar en Puerto Rico.
El otro tema que señaló es que, según el estado financiero (eso es la diferencia entre los activos y los pasivos) 2020-2022, el país tiene un déficit acumulado de $55 mil millones. “¿Cómo alguien con dos dedos de frente va a comprar un bono a un territorio que acaba de salir de una quiebra y que tiene un déficit acumulado en sus estados financiero de $55 mil millones?”, preguntó.
Ese déficit es casi como la deuda original. El licenciado Emmanuelli Jiménez, recalcó que por definición de la ley es que no se sabe cuándo va a ocurrir la salida de la JCF. Pero aun si se diera por definición, la JCF tiene que estar aquí hasta que se terminen los casos de Título III, que son los acreedores no asegurados del Gobierno central cuyo Plan de Ajuste de Deuda lleva dos años de confirmado. Sin embargo, todavía están en el proceso de administrar el caso, que es establecer el monto de las reclamaciones para poder pagar a los acreedores, y eso es un proceso que puede tomar años.
En términos políticos de parte de la Legislatura y Ejecutivo, Emmanuelli Jiménez, comentó que no tiene indicios de cuál va a ser la posición institucional del gobierno entrante en cuanto a la JCF. Sí expresó que le sorprendería que el gobierno de Jenniffer González asuma una postura de defensa de sus poderes constitucionales ante la Junta, por el hecho de que en la campaña casi no se habló de la JCF. Apuntó que eso era esencial discutirlo porque no se puede implementar un plan de gobierno si no se tiene una estrategia para bregar con la Junta. “Eso no lo sabemos todavía, pero no tengo muchas expectativas de que la postura cambie”.
Para el también entrevistado economista y director ejecutivo de la Liga de Cooperativas, Heriberto Martínez Otero, desde el punto de vista de Mujica, según expresado públicamente, los dos asuntos pendientes para la salida de la Junta es lograr los presupuestos balanceados y tener un plan de desarrollo económico. No obstante, “Mujica siempre ha mencionado que, además de la reestructuración de la deuda, hay que establecer las bases para un desarrollo económico; pero eso no ha pasado en lo absoluto, ni siquiera lo ha definido, pero son los dos temas más importantes que se han hecho públicos”.
En cuanto a si se puede ya acudir a los mercados, Martínez Otero indicó que en términos generales ya el Gobierno lleva tres años aprobando presupuestos con servicios de la deuda; es decir, ya se está pagando una deuda. No obstante, le preocupa el que se esté hablando de que el ente que está listo para ir a los mercados no es el Gobierno de Puerto Rico, sino COFINA (Corporación del Fondo de Interés Apremiante). Sobre el particular, recordó que fueron COFINA y la AEE las dos corporaciones públicas que abrieron la caja de Pandora con respecto al endeudamiento.
“COFINA no es una entidad para endeudarse porque no hace absolutamente nada que no sea endeudamiento”. Explicó que COFINA fue creada bajo la administración de Acevedo Vila y que se creó para convertir deuda ilegítima extraconstitucional en deuda legal. Bajo la administración de Luis Fortuño se amplió el margen prestatario y se subió la deuda de $3 mil 500 millones a casi $15 mil millones. El economista planteó que hay que cuestionar para qué COFINA quiera emitir deuda.
Martínez Otero resaltó que lo que debe ser la máxima prioridad es un plan de desarrollo, ya que la última etapa donde se pudo hablar de un nuevo modelo de desarrollo económico fue durante los tiempos de la Sección 936, lo que terminó en el 2006. A partir de ahí, los breves momentos de crecimiento económico que ha tenido el país se han debido al exceso de cantidades de fondos federales. Cuando se miran los sectores económicos, los niveles de exportación del 2023 están al mismo nivel que el 2014.
“En ese sentido, lo que hemos tenido es una dependencia en extremo fuerte de fondos federales, que ahora, con una administración mucho más conservadora, sí que urge un modelo de crecimiento y desarrollo económico que no esté amarrado, dependiente de los fondos federales”.
En cuanto a qué tan balanceados pueden ser los presupuestos sin perjudicar los servicios esenciales, Martínez Otero opinó que hay suficiente dinero para cubrir áreas de inversión social. Considera que las vistas públicas de transición están demostrando, primero, una mala administración gubernamental y, segundo, un montón de gastos políticos como los de $50 millones en contratos. “Todavía me parece que hay mucho gasto político e ineficiencia administrativa”. Entre indignación y asombro cuestionó el que el servicio de transportación escolar cueste $72 millones en un semestre, como dijo la secretaria del Departamento de Educación.
El director ejecutivo de la Liga de Cooperativas apuntó que una cosa es que la Junta diga que en esta fecha se va y otra que diga que va a empezar a liberar entidades cubiertas, como por ejemplo COFINA. En esa línea, reparó en que la JCF intervino con COSSEC (Corporación Publica para la Supervisión y Seguro de las Cooperativas), la cual no recibe dinero del Estado. “Hay que ver esas señales, porque la Junta no se va a ir, va a empezar a eliminar entidades. Yo no veo que la deuda de la AEE termine en mayo del 25”.
