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Paseo Lineal de Puerta de Tierra, emblema del derrumbe colonial

Tomado de la página de FB Crónica de un derrumbe

 

 

El Paseo Lineal de Puerta de Tierra, que en días pasados ha sido noticia por el dramático y peligroso derrumbe de una parte de sus cimientos, es otro ejemplo más del desastre mayor que arropa al archipiélago borincano. Se trata del derrumbe del experimento colonial de Estados Unidos en Puerto Rico, venido abajo por la fatal combinación de estancamiento económico, quiebra fiscal, desastres naturales, desidia del gobierno metropolitano y la mala gobernanza de los decadentes gobiernos sucesivos de los partidos Nuevo Progresista (PNP) y Popular Democrático (PPD).

No es la primera vez que el Paseo de Puerta de Tierra enfrenta el escrutinio público. Su ejecución estuvo matizada por todo tipo de controversia, desde la oposición de las comunidades vecinas hasta la quiebra del primero de sus contratistas, además de los innumerables errores y omisiones atribuidas a su construcción. A solo ocho años desde su inauguración, un derrumbe anterior lo ha mantenido cerrado desde 2021, y las fotos aéreas del lugar tras el nuevo derrumbe dan cuenta del marcado deterioro de la estructura, una mezcla de los estragos del salitre, la erosión costera y la negligencia de los gobiernos de turno. En esta edición, CLARIDAD recoge el análisis y evaluación de expertos profesionales en las áreas de planificación, urbanismo, arquitectura y derecho ambiental sobre lo ocurrido a la estructura del paseo.

Sin duda, se trató de un proyecto de ensueño en medio de una crisis que no pudo sostenerlo. Sufrió de falta de previsión desde sus inicios, no solo porque fue concebido y ejecutado de espaldas y sin la participación de las comunidades inmediatamente circundantes de Puerta de Tierra y el Viejo San Juan, sino porque, más alla de su atractivo estético y su intención turística, su desarrollo no fue acompañado de iniciativas educativas que motivaran a la población a reconocer y adoptar el espacio para su uso continuo como área recreativa y de esparcimiento para todos y todas.

Además, fue una obra en la que se invirtieron $32 millones de fondos de un erario que sería declarado insolvente y puesto bajo una ley de quiebra especial del Congreso de Estados Unidos y  una Junta de Control Fiscal- también nombrada y enviada desde Washington-apenas dos meses después de que el entonces Gobernador de Puerto Rico, Alejandro García Padilla lo inaugurara con una bicicletada. El día que el Gobernador cortó la simbólica cinta y abrió la ruta peatonal y de ciclismo, en el mes de noviembre de 2016, ya los nubarrones de la crisis de la deuda pública de $72 mil millones ensombrecían la vista al mar y la vida de nuestra gente del litoral capitalino y de todo el País.

Un examen somero de la línea del tiempo del  proyecto del Paseo  Puerta de Tierra es muy revelador del ambiente que permeaba a su alrededor.

García Padilla anunció el inicio de.los trabajos en el mes de marzo de 2014, cuando ya la situación fiscal de Puerto Rico se deterioraba ante las casas acreditadoras, los mercados de capital y sus efectos ya se sentían en la calidad de vida de nuestro pueblo. Apenas un año después, en el mes de junio de 2015, y con el proyecto de Puerta de Tierra envuelto en un mar de controversias,  el gobernador García Padilla le dijo en entrevista al diario estadounidense The New York Times que la deuda de Puerto Rico era impagable. Esa entrevista desató los acontecimientos que vinieron después en sucesión vertiginosa. En octubre de 2015, el Gobernador le envió una carta al Congreso de Estados Unidos solicitando ayuda para lidiar con la crisis fiscal y de la deuda. En junio de 2016, el Congreso aprobó y el presidente Barack Obama firmó la Ley PROMESA para la reestructuración de la deuda de Puerto Rico. En agosto de 2016 se anunciaron los nombramientos de los integrantes de la Junta de Control Fiscal, y en octubre de ese mismo año, el ente federal entró en funciones e impuso su supremacía sobre todos los gobiernos electos de Puerto Rico desde entonces, y sus recortes draconianos y demás medidas de control y austeridad sobre nuestro pueblo. Nadie en Puerto Rico estaba para lindezas el día que se inauguró el Paseo de Puerta de Tierra en noviembre de 2016.

A este proyecto le pasó lo que a tantas otras obras de infraestructura en Puerto Rico. Fue presa de la improvisación, la negligencia, la burocracia, el desinterés y la falta de mantenimiento y cuidado al patrimonio y los haberes públicos que han caracterizado a los gobiernos del bipartidismo. El Tren Urbano, las obras de arte público, el puente Atirantado y  las carreteras urbanas y rurales  son solo algunos ejemplos del estado de abandono y falta del mantenimiento adecuado de nuestras estructuras públicas, a pesar de los.cientos y miles de millones invertidos para llevarlas a cabo. El Paseo de Puerta de Tierra es solo una pieza más de las muchas descartadas en el rompecabezas de falsas prioridades y promesas de los políticos y mercaderes que administran el presupuesto de Puerto Rico. Gobiernos inefectivos y corruptos que quieren borrar las huellas de sus desatinos construyendo castillos en la arena y torres de cristal en suelo movedizo.

 

Rechazan aumento de máquinas tragamonedas

 

Varias organizaciones denunciaron el desvío de fondos necesarios

 

CLARIDAD

En respuesta a la pasada vista pública de la Comisión de Juegos, en la que se propuso aumentar el límite de máquinas tragamonedas a 15 por agencia hípica, múltiples asociaciones denunciaron que la solicitud del ente privilegia a los comerciantes con este tipo de actividad, por no tributar sus ganancias.

“Nosotros nos oponemos tenazmente a la enmienda que solicitó el Hipódromo porque, de esas 3,500 máquinas, no le da un solo centavo al fisco, ni un solo centavo. Ellos se benefician con muchísimas ganancias y es inaceptable que continúe así, y me atrevo a decir que el Departamento de Hacienda ha sido totalmente irresponsable con la situación”, expresó a CLARIDAD el presidente de la Asociación de Miembros de la Policía de Puerto Rico (AMPPR), José Taboada de Jesús.

Asimismo, el líder de la colectividad sometió una ponencia de 19 páginas durante la vista pública que, entre otros asuntos, criticó la falta de una regulación consistente y clara en las consecuencias de este tipo de máquina. De acuerdo con el documento de la AMPPR, presentado en la discusión pública el pasado 12 de noviembre, “desde una gasolinera hasta una panadería” pueden operar estos sistemas de vídeo juegos, incluso si el local no vende apuestas de carrera, como exige la ley.

“Conforme a [la ley] PROMESA, cada ley, reglamento u orden administrativa que afecte al plan fiscal debe ser presentado ante la Junta de Supervisión Fiscal. Como podemos observar, este reglamento y la actividad comercial que realiza, sin duda, puede afectar los ingresos recurrentes destinados para el Gobierno de PR […] Por lo tanto, la Junta de Supervisión Fiscal debería expresarse sobre estas enmiendas en este reglamento”, sugirió Taboada de Jesús en el texto.

Durante la vista, la empresa Light and Wonder presentó la solicitud con el endoso del director de la Comisión, Juan Santaella Marchán. De aprobarse, se permitiría un aumento de 50%- o cinco máquinas más- por agencia hípica. Al momento, este tipo de juego de azar alcanza las 3,400 operadoras a nivel de país.

De la misma forma, el reglamento de la Comisión de Juegos determinó que, en el caso de las llamadas “súper agencias hípicas”, podrá haber un máximo de 30 terminales por cada negocio de esta categoría, que actualmente son 50 locales. A diferencia de las tragamonedas que funcionan en un casino, las máquinas de las agencias hípicas no aportan al fondo de retiro de la Policía y otros “potes” de las arcas estatales.

Para ajustar el reglamento, el presidente de la AMPPR explicó que la Comisión “puede muy bien realizar todas enmiendas necesarias, incluyendo la realización de vistas públicas para solicitar la autorización de hasta un máximo de 15 máquinas por agencia hípica […], bajar a 15 máquinas las mega agencias que tienen 30 o más, pagar el 22.5% de las ganancias” y “someterse a las multas establecidas por ley”.

Respecto a ese cumplimiento legal, la Asociación de Hoteles y Turismo de Puerto Rico (PRHTA) reveló que, desde el 2005, la legislatura no ha publicado un informe detallado que explique el funcionamiento de estos terminales de vídeo juegos, como se hace con las máquinas en los casinos.

“Mientras a los casinos se le exige un programa de monitoreo y cumplimento para atender el problema de lavado de dinero, junto con una inversión significativa en sus facilidades para poder operar, se pretende aumentar en 50% el número de SVJ en las agencias hípicas, sin mayor justificación […] La Comisión debe ser prudente en manejar el conflicto de intereses que tiene obligación legal de evitar, manteniendo cada industria dentro de la jurisdicción de juego que les corresponde, o sea, casinos, hipismo, etc”, manifestó la organización por escrito.

Además, la PRHTA repudió otros cambios técnicos que propuso Light and Wonder, como la aplicación de los términos “Agencia Hípica”, “Agente Hípico”, “Empresa operadora” y “Empresa operadora licenciada” que, según la asociación con más de 400 miembros, “van dirigidos a expandir irrazonablemente, el que se puedan insertar otras modalidades de apuestas futuras que no tienen relación con el deporte hípico”.

Sectores del hipismo se oponen también

“Lo que es bueno para Camarero y Light and Wonder no necesariamente es bueno para el resto de la industria hípica. Los Criadores lamentablemente no tienen participación reconocida y directa del Sistema de Vídeo Juegos (SVJ)”, aseguró, por su parte, el licenciado Jorge Toro McCown, de la Asociación de Criadores.

En esa línea, Toro McCown ejemplarizó el impacto directo que esta modalidad de apuesta ejerce sobre todo el hipismo con las fechas pospandémicas. Según el abogado, las jugadas de caballo aumentaron “dramáticamente sin las maquinitas operando”. Por igual, mencionó que las empresas operadoras de tragamonedas recogen el 70% de estas ganancias, mientras que sus dueños obtienen el 15%.

“No nos oponemos a las maquinitas o SVJ, es que su operación actual no es una de carácter complementario a la celebración de competencias de caballos. Se está implementando esto a la inversa. Hay una inequidad y una desproporción que hay que atender primero y luego- logrado el ajuste- a manera complementaria, no nos oponemos a cuantas maquinitas sean necesarias, ni a las superagencias”, reza el comunicado de Toro McCown.

Inclusive, el coordinador de operadores de máquinas de vídeojuegos “en ruta” para el área Norte, Aníbal Villafañe Fernández, solicitó que la gobernadora electa, Jenniffer González Colón, reaccione y dirime la controversia. De no hacerlo, aseveró el coordinador, se convocarán a los 1,500 operadores para protestar en la toma de posesión de la actual comisionada residente. Esta manifestación únicamente se limita a los operadores del norte.

“Nosotros respaldamos la petición que hiciera ayer el presidente de la Asociación de Miembros de la Policía de Puerto Rico, teniente José Juan Taboada De Jesús en su ponencia en la Vista Pública”, aseguró Villafañe, “la Junta Federal de Control Fiscal debe fijar responsabilidades por el fraude y evasión contributiva (tanto local como federal), que genera el Hipódromo con el consentimiento de la Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico y su director ejecutivo, Lcdo. Juan Carlos Santaella Marchán, que permiten la operación de tragamonedas del Hipódromo Camarero en establecimientos comerciales, mayormente gasolineras sin la presencia de una agencia hípica”.

Actualmente, la PRHTA estima que las máquinas tragamonedas generan entre $100,000 y $250,000 de ganancias para la Comisión de Juegos, manteniendo gran parte del dinero “se mantienen en las arcas de entes no gubernamentales”. Con un efecto directo en el erario público, el aumento parece beneficiar solamente a los agentes hípicos.

 

 

 

La posible eliminación del Departamento de Educación Federal

 

CLARIDAD

ccotto@claridadpuertorico.com

 

“En lugar de preocuparnos, debemos ocuparnos, para que el dinero vaya a donde debe de ir”, apuntó la presidenta de la sindical magisterial UNETE, Liza Fournier Córdova, respecto a las repercusiones que pueda tener en el Departamento de Educación de Puerto Rico (DE) la eliminación del llamado  Departamento de Educación Federal (DEF) de Estados Unidos.

El electo presidente, Donald Trump, anunció en días recientes que una de sus primeras acciones al llegar a Casa Blanca será eliminar el DEF y dejar los asuntos de la educación en manos de los estados. En el caso de Puerto Rico, varios líderes magisteriales y un exsecretario de Educación coincidieron en señalar que esa posibilidad afectaría servicios del DE, como lo son la educación especial, los servicios de tutorías, de alimentación, educación vocacional y hasta las Becas Pell.

La presidenta de UNETE indicó  que casi el 46 % del presupuesto del DE son fondos federales. Al hablar de ‘ocuparnos’ se refirió a que el Departamento no entre en gastos como, por ejemplo, que en el mes de septiembre pagó a una empresa privada $96 mil por  unas pruebas de Educación Especial que no se pudieron utilizar y eliminar los puestos de confianza tanto a nivel central como en las oficinas regionales (ORE). Resaltó que la prioridad deben ser los estudiantes y los maestros en las comunidades escolares. Vale traer a la atención que hace unos meses se supo que la actual secretaria del DE, Yanira Raíces, tiene 93 empleados de confianza con una nómina de $8 millones anuales.

Sobre si una reducción en fondos federales puede atajar el establecimiento de escuelas chárter, Fournier Córdova indicó que en los planes de la gobernadora electa Jenniffer González se habla de las escuelas chárter, por lo que reparó en que si hay recortes, “mucho menos  puede haber dinero para esas escuelas que no cumplen con los reglamentos del Departamento”.

Por su parte, el exsecretario del DE César Rey Hernández, señaló que aunque se piensa que el DEF es uno perpetuo, este fue creado en el 1979, y que el presidente Reagan fue el  primero que intentó ejecutar una acción como la que está proponiendo Trump.

Comentó que la iniciativa de Trump, que está en su proyecto 2025, al cual  dedica 44 páginas de 900, lo que pretende en teoría es descentralizar, acabar con la burocracia y buscar cómo simplificar ahorrarse dinero. Esto tiene  unas implicaciones como el que todos los fondos federales que llegan a los departamentos de  educación de los estados cubre programas para migrantes, educación especial, pobreza, alimentación, tutorías. “Afecta a  la rueda de abajo de la población infantil y adolescentes, incluyendo la universitaria, porque afecta a las Becas Pell. En el caso de Puerto Rico, la población bajo los niveles de pobreza de menores de 18 años es de 62 % eso quiere decir que el impacto mayoritario será a la gente más pobre”.

El doctor Rey Hernández apuntó  que cuando fue secretario del DE (2001 al 2004), la aportación del DEF a Puerto Rico era de mil millones. En la actualidad, la aportación al presupuesto es tres veces más, casi cuatro mil millones. No obstante, llamó la atención a  que en el caso del DE ese dinero, que es discrecional del Gobierno federal, tiene varios problemas: primero, porque aquí el Departamento ha sido la ATH  de partidos políticos; dos, tiene un historial de dos secretarios confinados por corrupción; tres, porque es la mina en donde algunas gentes se hacen millonarias. A su juicio, con ese historial que tiene Puerto Rico va a ser cuesta arriba defender ese dinero.Tampoco dejó pasar por alto el papel que tiene la Junta de Control Fiscal sobre el presupuesto del país, por lo que podría darse la situación de transformar los fondos federales en  vales educativos, lo que de ocurrir sería una privatización de la educación.

Aun así, expresó dudar si los republicanos y los demócratas vayan a poner en riesgo la educación de sus estados, considerando que ya se intentó una vez por parte de Reagan y no lo logró. Aclaró que aun suponiendo de todas maneras  que el Congreso reduzca la asignación de sus fondos, no es que cada estado vaya a manejar su departamento con el dinero que tenga. Destacó que es evidente que no se enviaría el mismo dinero y que, comoquiera, es un atentado contra la educación que afectaría a las poblaciones más desventajadas. En el caso de las Becas Pell, en Puerto Rico, el 90 % de los estudiantes dependen de ella.

Por último, expuso el contrasentido que representa la propuesta debido a que, si el propósito es mejorar la educación, la flexibilidad que cada estado asuma puede afectar la educación. Dio como ejemplo que en un año en Estados Unidos se han censurado unos diez mil libros.

Por su parte, el presidente de la Asociación de Maestros de Puerto Rico (AMPR), Víctor Bonilla, dijo que todavía no se podía tomar una posición porque no está claro cómo será la propuesta. Reconoció que se ha presentado antes y que tiene que ir al Congreso, que una reducción de fondos afectaría a los estudiantes  menos aventajados, a las escuelas vocacionales y todo lo que tiene que ver con las estructuras de las escuelas públicas. Lo más que le preocupa, indicó, es el proceso de descentralización, ya que la eliminación afectaría los fondos para el proyecto IDEAR y afirmó no querer entrar aún en juicios valorativos de la propuesta.

 

 

 

 

 

Previsible el derrumbe en paseo de Puerta de Tierra

 

 

 

Varios expertos destacaron las contradicciones y fallos del proyecto

 

CLARIDAD

 

A ocho años de su inauguración, el Paseo Lineal en Puerta de Tierra sufrió otro colapso en uno de sus tramos, particularmente el que, en 2021, fue “disparado” con hormigón para mitigar el continuo derrumbe del proyecto, cuyo costo rondó los $32 millones. En entrevista con CLARIDAD, diversos profesionales relacionados con el tema reaccionaron al reciente deslizamiento, que dio fecha el pasado 12 de noviembre.

“Las etapas iniciales de este proyecto tenían que haber tomado en cuenta la condición geomorfológica de este lugar, y no la tuvieron. De ahí siguen las decisiones de convertirlo un proyecto que inicialmente era para estabilizar los terrenos que quedaban al frente de El Hamburger […] se volvió un proyecto fuera de escala”, comentó el arquitecto Pedro Cardona Roig.

Al principio, agregó el excandidato al Precinto 1 de San Juan, fue un proyecto que buscó enmendar los peligros del terreno inestable en los farallones del área norte de la isleta de San Juan. Con aceras y rutas modestas, el Paseo Lineal de Puerta de Tierra también planteó suplir un camino peatonal con paisajes, para un espacio comunal en que dominan los carros.

“Insistían en que había que tener mucha precaución. De momento, se convierte en un megaproyecto con un restaurante, con unas plazoletas enormes y, en lugar de hacer un paseo que era muy deseable, se hizo todo en exceso”.

Con vistas al océano Atlántico, lugares para encadenar bicicletas y barandas colindantes con las uvas playeras, la idea de un espacio caminable en este corredor de la isleta se remonta a antes de la administración de Alejandro García Padilla, quien lideró el proyecto a finales de su cuatrienio. El Paseo, explicó Cardona Roig, se presentó como una solución razonable al trecho que, para entonces, estaba en desuso, mal pavimentado y concurrido por “actividades propias de la marginalidad”.

“Parte de este proyecto se monta sobre lo que estaba antes, que era de la década de los 70, y se hizo sin que hubiera una revisión de la capacidad estructural de ellas. Esto simplemente se encajó encima sin que se hubiera analizado si existía la capacidad para aguantar ese peso adicional”, criticó el también integrante del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC).

Por otro lado, Cardona Roig advirtió sobre la roca caliza en que se construyó el Paseo. Sin la integridad estructural que tienen otras piedras, este tipo de suelo puede erosionarse fácilmente por sus cualidades porosas, “susceptibles a agua de lluvia, escorrentías y erosión costera”. En ese sentido, “El Urbanista” enfatizó en que se debieron hacer “unos retiros más prudentes” entre el borde del acantilado y la construcción.

“Aquí se llevó la estructura hasta el mismo borde del acantilado, y hemos visto cómo ha fallado”, reparó Cardona Roig. Además, el experto añadió que la remoción de árboles y otra vegetación acelera el deslizamiento de cualquier terreno.

Pero más allá de los fallos en su diseño, amplió el arquitecto, el deterioro de esta obra responde a factores que se lastran desde su origen. Por ejemplo, el primer contratista de este paseo, Bayside Construction, no completó la construcción por quebrar antes de culminar el proyecto. El segundo contrato —“empujado en un tiempo reducido” hacia Desarrollos Metropolitanos—  terminó el paseo sin contrastar los estudios de la empresa anterior con los suyos, de acuerdo con el excandidato.

“Una de las cosas que menos hacemos es ser prudentes. Hay que entender que hay unas realidades físicas en unos sectores, unos riesgos conocidos, que no pueden tratarse desde una perspectiva puramente ingenieril, con una arrogancia técnica”, sostuvo el profesional.

En ese sentido, Cardona Roig coincidió con la licenciada en Derecho Ambiental Jessica Rodríguez Martín, quien advirtió sobre los desperfectos de la obra desde el 2015. Según la abogada, “el movimiento de terreno y la colocación de una estructura pesada sobre un suelo arenoso e inestable afectaría irremediablemente la carretera que da acceso a la ciudad histórica”.

“Antes de que se colocara la primera piedra, era bien sabido que ese proyecto no era viable y colapsaría. Ya se han destinado fondos adicionales para reparaciones inútiles. Para ese proyecto no se realizaron estudios geológicos ni una Declaración de Impacto Ambiental (DIA), tal y como requiere la Ley. De haberse respetado, el Estado de Derecho, las evaluaciones habrían concluido lo inviable y estúpida que era la idea.” declaró Rodríguez Martín a CLARIDAD, por escrito.

Del mismo modo, la abogada de temas ambientales recordó que esta franja de terreno, que queda al norte de la isleta de San Juan, es un ejemplo claro del tipo de costa amenazada por el cambio climático. Sin un estudio geológico que cerciorara la estabilidad del suelo, como requería la ley, era muy “previsible” que los derrumbes de ahora se convirtieran en una realidad.

“Peor aún, si existiera [un estudio], tal y como exige la ley previo a que se otorguen los permisos, el mismo habría demostrado que el área no debe ser tocada en lo absoluto [a menos] que no sea para ir preparándonos a la realidad de que el acantilado seguirá colapsando. Me atrevo a adivinar que tampoco se cuenta con una Declaración de Impacto Ambiental, también requerida por ley”, presagió Rodríguez Martín en 2015, para NotiCel. CLARIDAD corroboró que, en efecto, este paseo lineal no contó con una DIA.

Para el planificador José Rivera Santana, el proyecto atendía una necesidad vial en el tramo del norte de San Juan. Como mencionaron los demás expertos, Rivera Santana criticó el proceso de permisos del proyecto. Reiteró que, en su concepción, la estructura iba a mitigar la estabilización del talud y, también, habría provisto un espacio para peatones, ciclistas y corredores. En fin, que era beneficioso para la ciudad.

“Los permisos se obtuvieron de formas que no fueron conformes con las reglamentaciones. Se supone que se hiciera una consulta de ubicación, que hubiera permitido más discusión pública y un mejor análisis de los asuntos del proyecto; pero eso se obvió. Nunca hubo una garantía de que el volumen del proyecto no comprometía la integridad de ese talud”, aseveró Rivera Santana.

Para concretar el Paseo, hubo una deforestación en el área para dar paso a las construcciones y la creación del nuevo espacio. Por separado, tanto Cardona Roig como Rivera Santana aseguraron que la tierra, como resultado de las raíces extirpadas, entró en mayor riesgo de sufrir derrumbes y empeorar su proceso de erosión, como pasó el pasado 12 de noviembre.

“Ahí se removió vegetación madura para sembrar vegetación nueva. Eso no es lo mismo, porque un árbol o arbusto que lleva muchos años en un lugar se ha adherido bien al suelo, sus raíces se han amarrado a la tierra. Eso permite evitar la erosión. Arrancarla y traer vegetación nueva es perder esa característica”, argumentó el planificador.

En el contexto de un cambio climático acelerado, los tres profesionales concordaron en que, para el futuro, es necesario que se hagan estudios geológicos para identificar los puntos débiles del talud. Sin una “mirada estratégica” que reconozca los cambios ambientales como un factor inminente, añadió Rivera Santana, este tipo de efecto se hará más frecuente a largo plazo, inclusive a nivel de archipiélago.

“Nos costará indefinidamente, pues habrá que repararlo de manera continua según los desprendimientos aumenten en intensidad y frecuencia como consecuencia de la furia del mar. En resumen, es un hoyo profundo para tirar al desperdicio valiosos fondos del erario, y que pagamos nosotros”, previó la licenciada Rodríguez Martín un año antes de estrenarse el Paseo.

 

Creación de un Fondo Soberano de Inversión Social en Puerto Rico

 

Especial para CLARIDAD

Introducción

La propuesta de un Impuesto Mínimo Global (IMG) del 15% a las ganancias corporativas, impulsada por la OCDE, ha generado un debate global sobre la redistribución de la riqueza y la equidad fiscal. En el caso de Puerto Rico, esta medida podría representar una oportunidad única para generar ingresos adicionales y fortalecer la economía a través de la creación de un fondo soberano. Es necesario legislar antes de enero del 2025 sobre el impuesto global mínimo y asegurar que Puerto Rico pueda aprovechar las oportunidades presentadas por el IMG, mitigando los riesgos y garantizando una política fiscal sostenible a largo plazo. Pero también es urgente la creación de Fondo Soberano de Inversión Social (FSIS) en Puerto Rico. La creación de un Fondo Soberano de Inversión Social (FSIS) en Puerto Rico representa una oportunidad única para impulsar el desarrollo económico, reducir la desigualdad y fortalecer las finanzas para ofrecer servicios a la gente de la isla. Un FSIS es un fondo de inversión controlado por el Estado, cuyos activos se utilizan para lograr objetivos sociales a largo plazo, como la reducción de la pobreza, la mejora de la educación, salud, la seguridad ciudadana, la protección del medio ambiente y la economía.

En la organización Espacios Abiertos (EA) han cuantificado y analizado el efecto del Impuesto Mínimo Global de 15%, las oportunidades y riesgos que representa para Puerto Rico y señalan es “por esa razón que es imperativo adoptar legislación que permita a Puerto Rico capturar ese dinero que de otra manera iría a las arcas de otros países.  Estamos hablando de una cantidad significativa. Son más de $3,500 millones que otros podrían reclamar.”

En la colonia, ante esta cantidad de dinero hay que diseñar un instrumento de inversión para el buen uso de esos fondos y que no terminen, pagando deuda ilegal, en acciones de corrupción donde se traquetea con emitir deuda o se desaparezca en programas que no beneficien a la sociedad puertorriqueña. De ahí la propuesta de crear un vehículo de inversión llamado fondos soberanos. Utilizando el estudio de Espacios Abiertos podemos realizar un análisis detallado de los impactos económicos y sociales del IMG y del FSIS, así como establecer un sistema de seguimiento y evaluación para medir los resultados a largo plazo.

Cuando se presentó el libro “El País que queremos” del Movimiento Diálogo Soberanista señalé que al mismo le faltaba la creación de un Fondo Soberano de Inversión Social que en otros países pequeños que se habían independizado se había creado para dar estabilidad financiera a las finanzas públicas y asegurar el bienestar de las presentes y futuras generaciones. Este fondo proporciona un colchón financiero fiscal, ayudar a complementar el déficit nacional, cimentar el desarrollo económico y ayudar la nación conseguir una mayor autonomía financiera. Desde ese momento he investigado y escrito sobre el mismo.

¿Qué es un Fondo Soberano de Inversión Social (FSIS)?

Los fondos soberanos (FSI) son vehículos de inversión promovidos por los Estados a través de los cuales manejan una cartera de activos financieros, tanto nacionales como internacionales. Un FSIS es un mecanismo financiero que permite a un gobierno invertir los excedentes de sus ingresos en activos a largo plazo con el objetivo de generar rendimientos que puedan ser reinvertidos en proyectos sociales y económico priorizando en el impacto social y ambiental.

¿Cómo podría Puerto Rico beneficiarse del impuesto global al 15%?

Existe la posibilidad, si las multinacionales con operaciones en Puerto Rico están sujetas a este nuevo Impuesto Mínimo Global (IMG) de 15% y que los ingresos fiscales de la isla podrían aumentar significativamente. Hay que comenzar a diseñar ese FSIS para que ese dinero no se despilfarre o se mal use en la colonia. Utilizando los cálculos que Espacios Abierto ha diseñado podemos planificar el FSIS con objetivos y métricas de manera que su manejo sea transparente, de discusión pública y que se sostenga.

Con este fondo soberano además de reducir la pobreza debe financiar proyectos de infraestructura, educación, salud, pensiones, protección ambiental, cultura y desarrollo económico sostenible entre otros. Además de ir reduciendo la dependencia de fondos federales, que algunos ingresarían a el FSIS, pero contaríamos con una fuente de ingresos estable y a largo plazo, Puerto Rico podría reducir su dependencia de los fondos federales y aumentar su autonomía fiscal.

Las fuentes de financiamiento para un FSIS en Puerto Rico pueden ser diversas y dependerán de las circunstancias económicas y políticas del país. Pero podemos comenzar con el uso del impuesto mínimo global (IMG) y otros fondos que existen en Puerto Rico como el fondo de recuperación por desastres y otros fondos federales. Algunas opciones incluyen que el FSIS puede recibir donaciones de individuos, fundaciones y empresas. Combinar contribuciones de empleadores y empleados con transferencias del gobierno.

La creación de un FSIS en Puerto Rico enfrenta varios desafíos, entre ellos la gobernanza y transparencia. La gobernanza es fundamental establecer un marco legal y regulatorio sólido que garantice la transparencia y la rendición de cuentas en la gestión del FSIS. La estructura legal y fiscal actual de Puerto Rico podría requerir ajustes para adaptarse a las nuevas normas internacionales y maximizar los beneficios del impuesto global. La relación fiscal y económica de Puerto Rico con Estados Unidos podría influir en la forma en que se implementa el impuesto global y se utiliza el fondo soberano. Pero no debe determinar el cómo se usen los fondos ni el diseño del mismo, pues puede suceder que el colonialismo financiero se cuele y defina prioridades, como pagar la deuda antes de dar beneficios a las personas. Eso desviaría el uso del fondo y lo desangraría. Por eso la gobernanza y transparencia son dos criterios necesarios para el FSIS junto con la rendición de cuentas, para evitar la corrupción y el mal uso de los fondos.

Las inversiones del FSIS deben ser diversificadas y gestionadas de manera prudente para minimizar los riesgos financieros. No puede caer bajo los caprichos políticos de momento o bajo inversores buitres que arriesguen el mismo. Por eso la transparencia es vital y que se establezca que una pequeña porción va para fortalecer las finanzas públicas en las inversiones sociales señaladas y el resto es para que crezca, en estilo fideicomiso. Es vital alinear los intereses políticos a largo plazo para asegurar que los objetivos del FSIS se mantengan a largo plazo, independientemente de los cambios en el gobierno.

Es fundamental definir una estrategia clara para la inversión de los fondos del fondo soberano, priorizando proyectos que generen un impacto positivo a largo plazo en la economía y la sociedad puertorriqueña. La gestión del fondo soberano deberá ser transparente y estar sujeta a controles rigurosos para evitar la corrupción y garantizar que los recursos se utilicen de manera eficiente y equitativa. Es necesario establecer mecanismos de gestión de riesgos para proteger las inversiones del fondo, y asegurar la capacidad institucional para administrar y gestionar el FSIS de manera efectiva.

La creación de un Fondo Soberano de Inversión Social en Puerto Rico representa una oportunidad única para abordar los desafíos sociales y económicos que enfrenta la isla. La posibilidad de crear un Fondo Soberano de Inversión Social en Puerto Rico a través del impuesto global al 15% representa una oportunidad única para fortalecer la economía y mejorar la calidad de vida de los puertorriqueños, pero requiere una planificación cuidadosa y una implementación efectiva. Estas inversiones en proyectos que generan un impacto social positivo, pueden contribuir a construir un futuro más justo y equitativo para Puerto Rico. Sin embargo, es fundamental diseñar y implementar este fondo de manera cuidadosa, considerando los desafíos y las oportunidades que presenta para la redistribución de la riqueza y la equidad fiscal. Es fundamental abordar los desafíos y las consideraciones mencionadas anteriormente para garantizar el éxito a largo plazo de esta iniciativa, asegurar el bienestar de las generaciones futuras y diversificar la economía.