Por Luis Joel Mendez González

Centro Periodismo Investigativo

El disfrute de la vista privilegiada al océano Atlántico que tenía la casa de Carmen Delia Serrano De Jesús en el barrio Islote en Arecibo terminó cuando el huracán María destruyó el techo de su hogar, que está ubicado en la Zona Marítimo Terrestre (ZMT).

Era una posesión que la mujer de 71 años había mantenido por décadas, pero cuyo terreno se encuentra en un área de dominio público. Hoy día la vivienda está reparada, pero no es habitada por su dueña, quien fue obligada a abandonarla cuando el Departamento de la Familia (DF) asumió la custodia de la envejeciente. Luego de una estancia en un centro para personas envejecidas en Lares, Serrano De Jesús falleció en el Hospital Pavía en Arecibo el 29 de octubre de 2022.

Desde el 2017 Serrano De Jesús no tenía control de su propiedad. El médico que la atendía, Roberto Abreu Valentín, tomó posesión de su vivienda. Abreu Valentín es uno de cinco hermanos quien, como su madre Irma Valentín Serrano, administran negocios o han adquirido propiedades en el barrio Islote para convertirlas mayormente en negocios de alquiler a corto plazo.

Esta es la casa donde vivía Carmen Delia Serrano De Jesús, a orillas del océano Atlántico, en Arecibo.
Foto suministrada

Poco a poco, esta familia hizo suyas estructuras — muchas en desuso — ubicadas en la zona marítimo terrestre en Islote. Les han hecho reparaciones y construcciones, incluyendo terrazas y piscinas tan cercanas al mar que las olas golpean en ellas. Todo eso a la vista del Cuerpo de Vigilantes del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) que tiene su cuartel a pasos de las residencias, y a pesar de que el gobernador Pedro Pierluisi firmó hace siete meses la Orden Ejecutiva 2023-09 que obliga al DRNA en colaboración con la Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura evaluar e implementar la remoción y demolición de estructuras abandonadas en la zona costanera.

El área donde la familia Abreu Valentín opera sus negocios de alquiler a corto plazo tiene la calificación de Ruta Escénica (RE), que busca mantener estos espacios libres de construcción, asegurando el disfrute visual y acceso público al mar.

“Se identificaron aproximadamente 55 propiedades que se encuentran demasiado adentradas en el mar, muchas de las cuales se encuentran abandonadas y algunas que pueden considerarse como estorbos públicos. La designación de estos segmentos con la calificación de RE ayudará a evitar la proliferación de estructuras en esta zona marítimo terrestre (ZMT), minimizando también los riesgos a la propiedad y vida por ubicar estructuras habitables tan cercanas al mar”, señala un memorial explicativo emitido por la Junta de Planificación y la Compañía de Turismo hace más de una década.

En algunas de las estructuras, se han construido hasta piscinas.
Foto por Jorge A. Ramírez Portela | Centro de Periodismo Investigativo 

El Municipio de Arecibo no ha contabilizado ni tomado posesión de las estructuras en desuso en el litoral costero de Arecibo como manda la orden ejecutiva del Gobernador, confirmó la administración municipal. Mientras, el Gobierno de Puerto Rico no ha detenido nuevas construcciones y reparaciones en una zona seriamente afectada por la erosión en la Zona de Interés Turístico (ZIT) de Arecibo.

Los vecinos de Islote han presentado ante el Cuerpo de Vigilantes al menos seis querellas contra la familia Abreu Valentín por descargas al mar, construcciones y rellenos en la ZMT. La familia también enfrenta litigios de parte de residentes de la comunidad por la forma en que se han obtenido algunas de estas propiedades.

Los Abreu Valentín integran la estructura directiva de al menos ocho corporaciones activas, según el Registro de Corporaciones del Departamento de Estado. El CPI identificó al menos 22 propiedades en Arecibo a nombre de los Abreu Valentín o de sus corporaciones. La familia también operó varios negocios bajo corporaciones que ya fueron canceladas.

Irma Valentín y sus hijos, Ángel y Carlos Abreu Valentín, quienes operaban el Instituto Irma Valentín y el Mary Lao Institute, fueron acusados en el 2007 por conspiración para cometer fraude y quedarse con fondos del Departamento de Educación federal que debieron devolverle a estudiantes que se habían dado de baja de los institutos. Según la acusación, el dinero apropiado se usó para pagar préstamos personales, propiedades de bienes raíces y negocios no relacionados con las entidades educativas. En el 2011, los miembros de esta familia llegaron a un acuerdo y se declararon culpables por delitos menores y no se requirió encarcelación.

Ignoran orden del DRNA

Desde septiembre de 2022, el DRNA les ordenó a Irma Valentín y a la corporación Construction and Health Integrated Services – que fue presidida por Ángel Abreu, pero hoy está cancelada – la demolición de una terraza de cemento que construyeron en la ZMT en un negocio de su propiedad llamado El Alcázar de Colón.

“La parte querellada [Irma Valentín], sin poseer concesión, permiso o autorización, emitida por el DRNA, posee, utiliza y aprovecha estructuras dentro de la zona marítimo terrestre y bienes de dominio público y ha desobedecido órdenes verbales y escritas de funcionarios de este Departamento, en múltiples ocasiones”, lee la resolución del DRNA del 2022.

El DRNA ordenó demolir la terraza de cemento del negocio El Alcázar de Colón.
Foto por Jorge A. Ramírez Portela | Centro de Periodismo Investigativo 

Transcurrido un año de la orden para demoler la estructura, Irma Valentín todavía no ha cumplido ni la agencia la ha hecho cumplir. El DRNA impuso también una multa de $10,000, que los imputados no han pagado, confirmó la agencia. Tampoco se ha cumplido con la orden de restaurar el área afectada por la construcción ilegal.

El DRNA también le solicitó en múltiples ocasiones remover todos los escombros que, como parte de la construcciones en el negocio, tiraron en la orilla del mar, pero, como no lo hicieron, las marejadas que trajo el huracán María en septiembre de 2017, se los llevó consigo, según confirmó el DRNA durante una inspección en 2018 y la misma Irma Valentín en una solicitud para que se le relevara de la orden.

Asimismo, el expediente del DRNA muestra que en varias ocasiones se le hicieron señalamientos de filtración de aguas sanitarias y deficiencias en la infraestructura del pozo séptico que está a dos o tres pasos del mar. El negocio sigue en operación.

El CPI le preguntó a Irma Valentín sobre las denuncias contra el negocio El Alcázar de Colón. Sin embargo, se rehusó a responder. Tampoco Roberto, Ángel ni Gladys Imar Abreu Valentín respondieron a las peticiones que se les hicieron a través de llamadas telefónicas para reaccionar a las imputaciones ambientales y de uso de propiedades. Igualmente, rechazaron los acercamientos hechos a través del abogado Jaime González, quien ha representado legalmente a Ángel en pleitos judiciales.

“Ella [Irma Valentín] tiene varias propiedades que está usurpando y construyendo ilegalmente sobre la piedra de la costa”, denunció Lauce Colón Pérez, activista ambiental y residente de Islote. “Ella [Irma Valentín] simplemente va, limpia la casa [en desuso], la arregla, le pone ventanas, le pone puertas, le pone seguro y ya ella es dueña de ese espacio”, añadió.

La organización Defendiendo La Cueva Del Indio-681 – cuyo portavoz es Colón Pérez – también presentó una querella ante el DRNA en 2022 contra la familia Abreu Valentín por sus construcciones en la ZMT de Islote. El CPI solicitó al DRNA  acceso al expediente de la querella, sin embargo, la solicitud no se atendió.

Desde que Irma Valentín se mudó a Islote, Cristina Rivera Román, líder de la organización Vecinos al Rescate de Acceso y Senderos (VEREDAS), le ha presentado varias querellas ante el Cuerpo de Vigilantes y la Oficina de Gerencia y de Permisos, así como su antecesora la Administración de Reglamentos y Permisos, por construir verjas en la ZMT y obstruir accesos a la playa.

Entre 2018 a 2023, vecinos de Islote presentaron ante el DRNA al menos otras seis querellas por presuntas violaciones ambientales en las propiedades de esta familia, pero los vigilantes asignados solicitaron su archivo tras alegar que al pasar por el área no notaron ninguna de las actividades ilegales denunciadas.

La secretaria del DRNA, Anaís Rodríguez Vega dijo al CPI que no todas las querellas que se presentan ante el Cuerpo de Vigilantes, como las de los vecinos de Islote contra la familia Abreu Valentín, tienen la evidencia y la información suficiente para que se tramiten administrativamente.

El CPI identificó al menos cinco alojamientos a corto plazo de la familia Abreu Valentín en Islote: Ventana al Atlántico Boutique Hotel at Arecibo 681 Ocean Drive, Casita del Mar Oceanfront Romantic Retreat, Toque al Atlántico, Casita Familiar con Vista al Mar y Piscina y Discovery Inn & Suites at 681 Ocean Drive. Al menos cuatro de estas estructuras están en la ZMT. El CPI no encontró titularidad para la mayoría ni en el Registro Inmobiliario Digital de Puerto Rico ni en el Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM).

La Compañía de Turismo de Puerto Rico tampoco proveyó el nombre de las propiedades de alquiler a corto plazo registradas, así como sus propietarios y direcciones físicas, para conocer la dimensión de este problema. Solo indicó que en sus registros hay 63 propiedades como alquiler a corto plazo en todo Arecibo. El 21 de noviembre el CPI demandó a la agencia para que entregue la información completa.

Según Colón Pérez, “no todas estas propiedades cuentan con un sistema de pozo muro o pozo séptico y tiran el agua [residual] al mar”. El CPI encontró comentarios en la página Bookings.com, utilizada para promocionar alquileres a corto plazo, en los que algunos huéspedes relataron que dos de estas estructuras descargan sus aguas residuales a la playa.

La oficial de prensa de la AAA, Nathalia Colón Cosmé, indicó que no existe alcantarillado sanitario desde el kilómetro 5.3 de la PR-681, por lo que los residentes deben tener pozo séptico. Aseguró que no le compete a la AAA corroborar que los clientes tengan un pozo séptico. Dijo que eso sería de la jurisdicción de la Agencia federal de Protección Ambiental, el DRNA y la Junta de Calidad Ambiental, que ahora está bajo el DRNA.

Asegura que le “cedió” la vivienda

La manera en que el doctor Abreu Valentín tomó posesión de la casa de Serrano De Jesús, en Islote, no está clara, como tampoco están claras acciones similares de miembros de su familia quienes tienen o han tenido litigios civiles o querellas policiales por acciones comparables.

El médico aseguró en una vista judicial en Arecibo que Serrano De Jesús le cedió la propiedad luego de que, en 2017, la refirió al DF porque entendía que la mujer, quien vivía sola, no debía permanecer en la casa que se afectó por el huracán María. Como única presunta evidencia tiene un afidávit con fecha de abril de 2022 en la que no aparece por ninguna parte la firma de la dueña de la casa.

El documento con el que Roberto Abreu Valentín dice ser dueño del inmueble es una declaración jurada de él mismo en la que afirma que en el 2017 adquirió la propiedad inmueble de parte de Serrano De Jesús, según admitió el propio galeno en una vista judicial celebrada en diciembre de 2022 en Arecibo por un incidente que tuvo con un vecino cuando levantó una verja de cemento en el patio de la casa de Serrano De Jesús. La testigo que aparece en esa declaración jurada es Yelena Montalvo González, quien figura como incorporadora de varias entidades corporativas de la familia Abreu Valentín y ha servido de testigo a favor de la familia Abreu Valentín en otros pleitos judiciales.

En el Centro Judicial de Arecibo, el médico sostuvo que no pagó por la residencia, sino que invirtió en algunas reparaciones a la estructura. Dijo que conocía a la mujer porque en algún momento fue su paciente y tanto él como su hermano, Ángel Abreu Valentín, en ocasiones, le llevaban comida. El DF corroboró que Serrano De Jesús fue removida de su casa y trasladada a un hogar de envejecientes, pero rechazó proveer el nombre de la persona que inició la querella que dio paso a la remoción.

En la vista judicial, el médico dijo que hizo ese arreglo de traspaso de la casa con Serrano De Jesús alrededor de tres semanas después del azote del huracán María y que incluso se la llevó a vivir a uno de sus apartamentos. El CPI supo que para esa fecha miembros de la fiscalía de Arecibo trabajaron como voluntarios en la reparación provisional del techo de la casa y le donaron materiales.

El afidávit no muestra firma de la dueña de la casa,  Carmen D. Serrano De Jesús.

Al menos dos fuentes del CPI que conocieron a Serrano De Jesús, pero quisieron permanecer en el anonimato, sostuvieron que el deseo de la mujer era salir del hogar de ancianos donde la recluyeron en Lares y retornar a su residencia en Arecibo.

Roberto Abreu Valentín no respondió a varias llamadas del CPI para escuchar su versión de la controversia.

Envejeciente defiende su titularidad

Olga Román Rodríguez tiene 82 años de edad y también es residente de Islote.

Desde el 2021, cuando regresó a Puerto Rico luego de permanecer un año y medio en casa de su hijo en Estados Unidos por razón de salud, persiste en una lucha para dejar claro que la residencia  donde vive hace décadas es suya.

Tras regresar a Puerto Rico para vender su casa, su tasador le informó que la parcela – que está en la zona costanera y colinda con la zona marítimo terrestre – no estaba registrada a su nombre en el CRIM, sino a nombre de Gladys Imar Abreu Valentín, hermana de Roberto y Ángel Abreu Valentín, y quien tenía una casa al lado suyo que operaba como Casita del Mar Oceanfront Retreat, un negocio de alquiler a corto plazo.

Esta noticia sorprendió a Román Rodríguez porque su vivienda había sido de su fenecido padre y le compró la participación de la herencia a su madrastra y a sus dos hermanas en 1991 por $6,000.

Cuando regresó a la Isla para vender su casa, Román Rodríguez supo que su propiedad no estaba registrada a su nombre en el CRIM, sino a nombre de Gladys Imar Abreu Valentín, quien tiene una casa al lado suyo que operaba como una casa de alquiler a corto plazo.
Fotos suministradas

“En las escrituras que tengo sale a mi nombre”, dijo Román Rodríguez, quien mostró la escrituras al CPI.

En una ocasión, inclusive, mientras ampliaba su vivienda, Gladys Imar entró a advertirle que no le construyera “ni un cuarto más”. Este proceder alarmó a Román Rodríguez porque la casa, por dos generaciones, ha sido de su familia.

Cuando Román Rodríguez presentó los hallazgos del tasador en la Oficina Regional del CRIM, en Arecibo, le recomendaron que solicitara un expediente de dominio de la propiedad, que es una acción judicial que busca declarar a una persona dueña oficialmente de la propiedad. Román Rodríguez contrató servicios legales para iniciar ese proceso.

El director auxiliar de Servicios Operacionales del CRIM, Edwin Joel Hernández, explicó que en esta parcela hay dos estructuras distintas – la de Olga y la de Gladys Imar –, pero no existe un plano de propiedad para asignarles números de catastro por separado. La parcela no está segregada para fines contributivos y solo aparece Gladys Imar como dueña.

Hernández dijo que Gladys Imar Abreu presentó una solicitud de cambio de dueño ante el CRIM en 2016 para registrar a su nombre la propiedad. Le asignaron un catastro preliminar en el que, para fines contributivos, figura ella como la dueña de la parcela completa en la que está su negocio de alquiler a corto plazo, la casa de Román Rodríguez y una iglesia colindante.

“Nosotros dependemos del contribuyente para que actualice la información”, destacó Hernández.

Según Hernández, la controversia sobre quién es la dueña de la propiedad para propósitos del CRIM se resuelve por medio de un plano de propiedad para entonces proceder a la segregación del terreno para fines contributivos. Abreu no ha presentado ningún plano y Román Rodríguez busca aclarar que es dueña de su casa por medio del expediente de dominio por recomendación de la oficina del CRIM en Arecibo.

De acuerdo con la solicitud de cambio de dueño que hizo Gladys Imar, la casa en la que opera el negocio Casita del Mar Oceanfront Retreat la obtuvo mediante usufructo con José Corchado Velázquez, incorporador de AVINPRO, una corporación de la que su madre, Irma Valentín, es presidenta. En el CRIM no hay datos de quién vendió la propiedad a AVINPRO.

El CPI contactó a Gladys Imar para conocer su versión sobre las denuncias, sin embargo, tan pronto respondió enganchó la llamada.

Usurpan viviendas también en Manatí

Esta no es la primera vez que un integrante de la familia Abreu Valentín está involucrado en una controversia sobre titularidad de inmuebles. El 22 de septiembre de 2021, Miyanil Hernández Meléndez tuvo que acudir al tribunal en una demanda para lograr que Gladys Yamir Abreu Valentín, otra hija de Irma Valentín, desocupara una casa de su propiedad que la mujer invadió.

Aunque Hernández Meléndez tenía la escritura de la casa y estaba al día en los pagos de la hipoteca, un día observó que alguien limpiaba y pintaba su residencia en desuso en el barrio Tierras Nuevas Saliente, en Manatí. Según se desprende del expediente judicial, Gladys Yamir Abreu se negó a cesar de entrar a la propiedad y le porfió a Hernández Meléndez que estaba en proceso de adquirir la casa. A pocos kilómetros de allí, Gladys Yamir Abreu Valentín administra Manatí World Point Inn, una propiedad que alquila a corto plazo.

La empresaria le envió mensajes de texto a Hernández Meléndez, que fueron presentados como evidencia en el tribunal, en los que decía que esa propiedad era un escombro y que se la devolvería si le pagaba lo invertido por ella.

Mensajes de texto de Gladys Yamir Abreu Valentín a Miyanil Hernández Meléndez
Imagen tomada del expediente judicial

El 4 de noviembre de 2021 la jueza superior María A. González Cardona falló a favor de Hernández Meléndez y ordenó a Gladys Yamir Abreu a salir de la propiedad.

Gladys Yamir Abreu describió la ocupación de propiedades como un negocio para su familia en el cual se limpian aparentes estorbos públicos, y si no aparecen los dueños, las hacen suyas.

“Por eso nosotros tenemos éxito”, puntualizó.

Vecino defiende su propiedad en el tribunal

El mecánico Carlos William Olmo Maldonado también lleva un pleito similar contra otro miembro de la familia Abreu Valentín. El arecibeño — que por razones de trabajo reside en Connecticut — viajó a Puerto Rico, en 2022, para reparar daños en una propiedad que alega es suya y que se afectó con el huracán María. La pertenencia de esa propiedad la defiende en el Tribunal.

Esta propiedad también se encuentra en un litigio en los tribunales pues un miembro de la familia Abreu Valentín alega que la compró.
Foto suministrada

En la demanda señala que mientras pintaba la casa, que está prácticamente destruida, y recogía los alrededores junto a sus dos hijos, una persona se le acercó para advertirle que estaba a cargo de la residencia por orden de su propietario, Ángel Abreu Valentín.

Olmo Maldonado no podía creer lo que escuchaba porque alega que hace más de dos décadas que sus familiares le donaron la vivienda tras el deceso de su abuelo en la década del 90.

Afirma, en la demanda, que su familia ha tenido posesión del inmueble, ubicado en la ZMT, durante años. Según la demanda Olmo Maldonado vivió y arrendó la propiedad por años sin que nadie le cuestionara que era su dueño.

En cambio, Ángel Abreu Valentín sostiene que dos primos de Olmo Maldonado — quienes viven fuera de Puerto Rico — le vendieron la propiedad y que es poseedor de una escritura de compraventa. En 2022, Olmo Maldonado demandó a Ángel Abreu Valentín para aclarar el dominio de la propiedad. El caso aún se dilucida en la corte y aunque Abreu Valentín solicitó la desestimación alegando que la reclamación de Olmo no requería un remedio, el juez Santiago Cordero Osorio no le dio paso y señaló una vista para el 10 de enero.

“Además de los requisitos y faltas notariales de que adolece la referida escritura, esta parte entiende y alega que la misma es insuficiente como cuestión de derecho para trasladar el dominio y para derrotar el carácter de dueño de la parte demandante, Carlos William Olmo Maldonado, quien ha poseído desde 1995 en carácter de dueño, quieta, pública y pacíficamente hasta la fecha en que se intenta interrumpir su posesión con un acto ilegal de mala fe, consumado con la referida escritura”, lee la demanda.

Residente de Islote bajo guardia

Scott William Teuber presentó una querella en 2023 ante la Policía contra Ángel Abreu Valentín por presuntamente destruir y saquear su propiedad y su vehículo.

Teuber no visitaba Puerto Rico hace más de tres años cuando lo llamaron para informarle que Ángel Abreu Valentín había tomado control de su propiedad. Supuestamente había destruido y vaciado la casa que desde hace 11 años era de él y de su fallecida pareja: tiró sus cuadros, sus enseres domésticos y hasta la cenizas de la difunta desaparecieron, según alega.

Narró que, cuando viajó a la isla para presentar la querella ante las autoridades, abrió su casa y encontró escombros en todas partes. La pintura se había desprendido de las paredes por trabajos de construcción en su propiedad sin su autorización. El automóvil tampoco estaba en la marquesina.

A pesar de que los propios agentes policiales observaron a Ángel Abreu conducir el vehículo de Teuber, según se desprende del informe de incidentes de la Policía, ninguno de los cargos en su contra por hurto de auto, allanamiento o escalamiento de morada y conducir un vehículo hurtado prosperó.

“El juez no tan solo decidió que no había evidencia para acusarlo por robar el carro, sino por guiar un carro hurtado, aún cuando ocho agentes de la policía lo observaron mientras lo conducía”, lamentó William Teuber. “Luego el fiscal decidió que no iban a seguir adelante para procesarlo”.

Teuber adelantó que demandará a Ángel Abreu por daños a su propiedad y a su vehículo.

Scott William Teuber presentó una querella ante la Policía contra Ángel Abreu Valentín.
Foto por Luis Joel Méndez González | Centro de Periodismo Investigativo

Ángel Abreu también fue demandado en el 2019 por haber dividido para alquiler a corto plazo un apartamento que rentaba en la calle Hoare, en Miramar.

“[Ángel Abreu] dividió el apartamento del segundo piso en pequeños apartamentos y los renta bajo el sistema de Airbnb, cuya promoción aparece con el nombre de “MIRAMAR VILLAGE LODGE HOTEL BOUTIQUE” ubicado en la Calle Hoare”, señala la demanda. “Cobrando una renta de $179.00 por noche, actualmente administra cuatro (4) apartamentos, sin ser heredero, y no tenemos conocimiento de por qué razón los administra, ni quién le otorgó permiso alguno para eso”, añade la demanda.

En su contestación a la demanda, Ángel Abreu aceptó que mantenía una actividad comercial en el apartamento que alquiló, pero alegó que era de conocimiento del encargado del edificio quien no había presentado reparos. La demanda fue retirada, en 2021, a petición de los demandantes.

Ángel, Gladys Imar y Gladys Nally Abreu Valentín enfrentan, además, una demanda que presentó el Consejo de Titulares del Condominio Oceanía Apartments, también en el barrio Islote, contra ellos y otros propietarios por alquilar sus apartamentos a corto plazo cuando el reglamento alegadamente “prohíbe los alquileres de las unidades de apartamentos por un término menor de seis meses”.

Municipio dice que no tiene querellas

Hace nueve meses, el alcalde Arecibo, Carlos Ramírez Irizarry, se reunió con la comunidad del barrio Islote para escuchar sus inquietudes. Rivera Román se presentó para denunciar múltiples pleitos de obstrucción de accesos públicos a la playa, de los que, según ha documentado, Roberto Abreu e Irma Valentín también han sido parte.

El alcalde de Arecibo la refirió a Leslie Orama Ríos, entonces directora de la Oficina de Planificación, Ordenación Territorial y Desarrollo Económico de Arecibo, sobre el asunto de los accesos públicos a la playa. Sin embargo, la planificadora nunca atendió la preocupación de la líder de VEREDAS, según dijo Rivera Román al CPI.

Génesis Valentín, en representación de la Oficina de Planificación de Arecibo, explicó al CPI que el municipio no puede actuar ante las denuncias de los residentes de Islote contra la familia Abreu Valentín mientras no reciban una querella formal.

“Hemos obtenido señalamientos de los residentes de la zona en cuanto a esto, pero formalmente no ha llegado ninguna querella o ningún ciudadano quejándose”, indicó Valentín.

“Yo conozco personalmente, fuera del trabajo, muchos de los casos porque me paso pendiente a estas disputas de la zona marítimo terrestre”, reconoció.

Vanessa Colón Almenas colaboró en este reportaje. 

CLARIDAD

La extrema derecha española está revuelta. Su histeria se parece mucho a la que vivieron sus antecesores en febrero de 1981cuando intentaron un golpe de estado buscando detener el desmantelamiento del franquismo. En aquella ocasión lo que precipitó el asalto militar al Congreso de los Diputados por el coronel Antonio Tejero fue la legalización del Partido Comunista, el gran “enemigo” en la anterior Guerra Civil. El tema que ahora los revuelve también tiene resonancias viejas: el nacionalismo catalán. En particular, lo que tiene crispados a derechistas y falangistas es el pacto entre el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y los partidos Juntos por Cataluña y Esquerra Republicana que incluye, entre otras cláusulas, la aprobación de una ley de amnistía para todos los encausados por el proceso independentista catalán de 2017.

Ha sido, sin duda, un acto de justicia poética que seis años después del llamado “referéndum ilegal”, convocado por el gobierno catalán el 1 de octubre de 2017, los votos de los movimientos políticos independentistas resultaran determinantes para que se pueda conformar un nuevo gobierno en España. Más interesante todavía es que este proceso se diera unos meses después de unas elecciones generales donde se esperaba un triunfo cómodo de la derecha y la extrema derecha, enemigos a muerte (verdad literal) de ese independentismo. En lugar de producirse un gobierno con gran presencia de los ultras de la derecha (“España una, España siempre”), en un proceso que refleja la diversidad nacional española, se reeditó el que preside Pedro Sánchez del PSOE. La diversidad nacional que esa derecha siempre ha pretendido enterrar a fuerza de golpes, terminó derrotándolos. Además de con los catalanes, para poder revalidar su gobierno la actual coalición de izquierda negoció pactos con los partidos vascos (PNV y BILDU), el Bloque Nacionalista Gallego y Coalición Canaria.

La rabia que ahora destila la derecha española, similar a la que en 1981 los llevó a intentar un golpe, se alimenta tanto de la inesperada derrota electoral, como de verse obligados a mirar el retrato vivo de una diversidad nacional que empecinadamente se niegan a reconocer. El franquismo intentó borrar esa realidad matando, encarcelando y prohibiendo, pero cuando el régimen empezó a ceder tras la muerte del dictador, lo que habían intentado enterrar tranquilamente levantó cabeza. Esa perseverancia desafortunadamente no convence a la derecha de que la única manera de enfrentar una realidad es aprender a vivir con ella. Como son nacionalistas a ultranza -portadores del peor de los nacionalismos, el que avasalla y destruye- jamás se adaptarán.

Concluida la investidura de Pedro Sánchez como presidente de gobierno, nada indica que el ambiente político se tornará sereno de aquí en adelante, más bien lo contrario. El trámite de la legislación necesaria para concretar los acuerdos será intenso. La aprobación de la nueva legislación en el Congreso está garantizada por la misma unión de fuerzas que permitió la investidura, pero, tras la aprobación, la derecha invocará la intervención de los tribunales donde siguen teniendo una presencia desproporcionada.  Mientras el proceso que condujo a la reelección de Sánchez se daba en el Congreso, se produjo una insólita declaración de un grupo de jueces oponiéndose a la aprobación de una ley de amnistía. Curiosamente, esa declaración de los magistrados se parecía mucho a otra que casi de manera simultánea emitió un grupo de militares retirados. En ambos pronunciamientos estaba el olor a pólvora que dejó el coronel Tejero al disparar en el Congreso en 1981.

Las leyes de amnistía por supuestos delitos políticos son comunes en muchos países, pero en el caso español la que está por aprobarse intentará remediar una gran injusticia que debiera llenar de vergüenza a un país que se llame “democrático”. El liderato catalán fue enjuiciado y encarcelado por convocar a la más democrática de las acciones: votar. Además, todo se hizo respetando con pulcritud el estado de derecho. Primero se tramitó una ley en el parlamento autonómico, mediante un proceso amplio y participativo, y luego debió producirse la votación donde la ciudadanía diría sí o no al reclamo de independencia. Los únicos actos de violencia que mancharon aquel proceso los ejecutó el estado español que envió fuerzas policiales a intentar impedir la votación. Como un triste recuerdo del franquismo, los policías movilizados desde Madrid secuestraron urnas llenas de votos y cargaron contra los ciudadanos que hacían fila en los centros de votación. Tras aquellas escenas violentas y bochornosas se activó la guillotina judicial. Increíblemente, por haber convocado a votar se les imputó el delito de “sedición” y todo el liderato terminó encarcelado.

Gracias a acciones previas del gobierno de Pedro Sánchez, utilizando el poder para decretar indultos, la mayoría de los condenados pudo salir de prisión luego de cumplir algunos años. En el caso de otro de los dirigentes principales, Carles Puigdemont, se vio obligado a mantenerse en el exilio, enfrentando continuas gestiones de extradición promovidas por la judicatura española.

La amnistía intenta remediar en algo la injusticia cometida contra los catalanes buscando crear un ambiente de convivencia y, entre otras cosas, permitir el regreso de Puigdemont a su patria, Cataluña. Todo indica, sin embargo, dada la actitud recalcitrante de la derecha, que en lugar de la convivencia pretendida, España tiene por delante un intenso proceso de confrontación política. El recuerdo del coronel Tejero planeará en el Congreso cuando se esté debatiendo la nueva legislación.

Especial para CLARIDAD

Alfredo González Ruiz es una de las personas más comprometidas con el pueblo de Lares. Es un incansable luchador por la cultura, la educación, por la libertad de su patria y por muchas causas a favor de la justicia social y política de Lares y de Puerto Rico. Alfredo es un reconocido maestro, ahora jubilado, que estuvo impartiendo cátedra por espacio de 37 años, casi todos en la Escuela Intermedia Ignacio Dicupé en el barrio Piletas de Lares. Sus pasos en el magisterio en Lares primeramente fueron en el barrio Callejones. Representó y fue parte de la Federación de Maestros de Puerto Rico todo el tiempo que estuvo ejerciendo su profesión. Asimismo, tuvo a cargo el boletín local de esta organización sindical cuyo título es La Verdad. Presidió el capítulo local de la Federación de Maestros de 1977 a 1987. De esta organización magisterial también ha sido secretario de asuntos sindicales, miembro de su junta de dirigentes y de su asamblea de delegados en el plano nacional.

González Ruiz ha sido la persona en Lares más destacada en el campo de la cultura por espacio de más de cuatro décadas. Ha sido fundador de varias organizaciones culturales, como también de muchos eventos en este importante campo. Presidió el Centro Cultural 23 de Septiembre de Lares en varias ocasiones, desde 1989 a 1993 y de 1997 a 1999. Fue fundador del Festival Nacional del Guineo en1990. Fue fundador de la Sociedad pro Adquisición y Restauración de Monumentos Históricos de Lares en 1988. Además, Alfredo fue fundador y presidió por varios años la Asociación Cultural Hacienda Los Torres cuya incorporación se llevó a cabo en 2006. Fue su presidente desde el momento de fundada hasta 2015.

No ha habido en Lares persona alguna tan comprometida con la conmemoración del Grito de Lares. Alfredo fue miembro del Comité Pro Conmemoración del Grito de Lares, y luego, a principios de 1980, fundador y presidente de la Jornada Grito de Lares. Pero esta importantísima efeméride nacional no ha sido su único compromiso, también lo ha sido y es, perpetuar su significado, su historia, su bandera, sus símbolos, y el que se honre a los héroes y mártires de esta gesta patriótica del siglo 19.

Por tal razón es que hemos visto a Alfredo luchando arduamente para que escuelas, calles y carreteras lleven algún nombre de esos patriotas que ofrendaron vida, sacrificio y hacienda por lograr la independencia patria ante el colonialismo español. Ha sido un celoso custodio de la tumba de los mártires y patriotas en el cementerio de Lares, asimismo, del tamarindo sembrado por Pedro Albizu Campos en la Plaza de la Revolución de Lares.

Gracias a las gestiones y a los muchos sacrificios de Alfredo se logró que la carretera 129, la que conduce de Arecibo a Lares, lleve el nombre de Mariana Bracetty, la “Brazo de Oro” del Grito de Lares. De igual manera, por gestiones de Alfredo se le da el nombre de Avenida Los Patriotas a la carretera que une la 129 con la 111. Asimismo, la Manolo El Leñero en el sector urbano El Ensanche. Por diligencias de Alfredo se logró que la escuela intermedia del barrio Bartolo fuese bautizada como Manuel Rojas Luzardo, el principal líder militar de la gesta revolucionaria.

Por el constante accionar y por el gran compromiso del profesor González Ruiz también se logró que en 1993 se le cambiara el nombre a la principal calle urbana del pueblo – la Comercio – a calle Dr. Pedro Albizu Campos, en honor al principal gestor para que se conmemorara de manera masiva el Grito de Lares desde 1930. En 1988, junto a otros lareños, Alfredo dirigió la campaña para que la bandera original del Grito de Lares regresara al pueblo que la enarboló por primera vez como estandarte de libertad y de la república de Puerto Rico. La bandera estuvo en exhibición por dos días en el Centro Cultural 23 de Septiebre de Lares, gracias a que fue prestada por el Museo de Historia, Antropología y Arte de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras.

No podemos dejar atrás todo el aporte del profesor González Ruiz para difundir la importancia histórica del Grito de Lares, la cultura y tantas otras cosas más por medio de su pluma. Es Alfredo un asiduo colaborador del periódico Surcos Lareños desde hace más de 40 años, como también lo es del periódico nacional CLARIDAD. Igualmente, con su pluma escribió un importante libro sobre la historia de Lares publicado en 2003 con el título Lares: apuntes para el estudiante. Alfredo no deja de investigar la historia de Lares, es un continuo investigador que cuando el tiempo le da – o lo toma – se dedica a escudriñar archivos y bibliografías para anotar y analizar más datos de la historia y microhistoria lareña. Ha sido y continúa siendo un colaborador con todo quien necesite de su orientación, sea estudiante o colega o cualquier persona.

Alfredo por espacio de 10 años estuvo insistiendo en la importancia de que Lares conmemore su bicentenario. Fueron varias las charlas que dictó al respecto y los escritos suyos publicados. Hoy ya forma parte del Comité Pro Bicentenario de la Fundación de Lares, Inc.

Ha sido partícipe en muchas ocasiones en vistas y ponencias ante la Legislatura Municipal de Lares. De igual manera, cuando se le ha solicitado colaboración siempre ha brindado todo su apoyo a este cuerpo del gobierno municipal, como también al ejecutivo lareño.

A quien homenajeamos en Lares el 17 de diciembre también es un amante del deporte. Como miembro de la Federación de Maestros de Puerto Rico fue parte del Comité Organizador del Maratón Nacional del Maestro. En el campo deportivo, apoyó la Liga Infantil de Baloncesto de Lares, la que presidió y colaboró conjuntamente con el reconocido líder deportivo Álvaro Morales, con José Jiménez y con José (Cheven) Arroyo.

Durante su tiempo universitario fue miembro de la Juventud Universitaria Lareña y simpatizante de la Federación de Universitarios Pro Independencia, y en Lares miembro del Movimiento Pro Independencia. En el campo de la lucha por la independencia de Puerto Rico Alfredo jamás ha dejado de hacer patria, desde su juventud universitaria hasta hoy. Fue miembro del Movimiento Pro Independencia, del Partido Socialista Puertorriqueño, del Congreso Nacional Hostosiano y del Movimiento Nacional Hostosiano, también del Movimiento Unión soberanista. Alfredo dedicó mucho tiempo a ir a sinnúmero de casas en Lares para distribuir el periódico CLARIDAD semana tras semana. Fue un enérgico luchador como miembro del Movimiento Pro Independencia contra la explotación minera en Lares.

Nuestro homenajeado es oriundo del barrio Piletas de Lares. Hijo de don Ulpiano González y doña Martina Ruiz. Es el segundo hijo de siete que tuvieron sus queridos padres. Todo su periodo escolar lo hace en Lares y luego pasa a estudiar pedagogía con concentración en historia en la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras.

Ha formado familia con la también distinguida maestra Margarita Figueroa. Tienen tres hijos, Maraliz, Dalmaris y Alfredo, además, seis nietos.