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En la colonia el estatus siempre está en «issue»

 

Una de las preguntas recurrentes que tiene que contestar Juan Dalmau en sus múltiples comparecencias públicas como candidato a Gobernador por la Alianza de País en las elecciones generales del próximo 5 de noviembre, está relacionada con la perenne discusión sobre el estatus político de Puerto Rico. Al asunto se le trata como al llamado «elefante en el salón», un tema particularmente espinoso que es imposible ignorar, pero que nadie- en especial los políticos- quieren tocar «ni con una vara larga».  En esta temporada eleccionaria en particular, el asunto ha estado bien presente en la palestra porque la candidatura del independentista Dalmau ha cobrado una fuerza inusitada, lo que aprieta el botón de la alarma en los enemigos tradicionales de la independencia para Puerto Rico.

Sin embargo, si todos los medios, politólogos y analistas mediáticos fueran competentes, creativos y honestos- la mayoría lo es- el asunto del estatus debería ser un tema impostergable e incisivo, no solo cuando cubren o entrevistan a Dalmau, sino a todas y todos los candidatos de todos los partidos, particularmente aquellos que aspiran a la gobernación y la comisaría residente, posiciones que los convierten en interlocutores directos  con las autoridades de la metrópolis en Puerto Rico, que es la Junta de Control Fiscal, y en Estados Unidos que son el Presidente, el Congreso y el Tribunal Apelativo y Supremo.

Pero esta no ha sido una temporada electoral como las demás. Después de las primarias de los partidos Nuevo Progresista (PNP) y Popular Democrático {PPD), la candidata a la gobernación seleccionada por el PNP, Jennifer González, ha adoptado la peligrosa práctica de evitar comparecer ante los medios y programas de análisis político, así como a los foros y conversatorios que se organizan para escuchar las propuestas de los distintos candidatos y partidos. Igualmente evasivo con el tema del estatus ha sido el candidato del PPD a la gobernación, Jesús Manuel Ortiz. Tal parecería que, en ambos casos,  se trata de una estrategia de auto preservación ante posibles cuestionamientos sobre un tema que no les favorece.

Por tanto, ni han trascendido las preguntas de los periodistas a estos candidatos sobre el tema del estatus político,  ni tampoco los propios candidatos del PNP y el PPD han sido muy proactivos presentando sus propuestas sobre el mismo.

Por supuesto que quieren evadirlo. El tema no les favorece, sobre todo ahora que, después de más de 60 años, los partidos Republicano y Demócrata de Estados Unidos han hablado duro y claro sobre el tema del estatus político de Puerto Rico. El Partido Republicano- al que pertenece la candidata a la gobernación del PNP- le quitó su respaldo a la anexión o estadidad para Puerto Rico, y eliminó dicha opción del programa de su partido. Por su parte, el Partido Demócrata, al que pertenece el candidato del PPD, dejó de respaldar al Estado Libre Asociado (ELA), nombre con que pretendieron por 60 años maquillar el colonialismo puro y duro de Estados Unidos en Puerto Rico.

Por eso Jenniffer González del PNP no quiere hablar del tema, sobre todo ahora que, aún después de la bofetada recibida, su partido se propone celebrar otra consulta falsa de estatus, la tercera consecutiva, para tratar de cargar a su favor la.contienda electoral, con una «estadidad» que  ella sabe que nunca llegará. Otro engaño más para seguir cogiendo de tontos a sus propios votantes. Por su parte, Jesús Manuel Ortiz del PPD tampoco quiere hablar del tema, sobre todo por lo feo que le queda seguir insistiendo en la farsa de un ELA que realmente nunca existió y que solo fue una cortina de humo para Estados Unidos evitar la.condena internacional por mantener un régimen colonial en Puerto Rico.

En las colonias, el tema del estatus político siempre está en «issue» y, por más que se rehuya, asomará sus gigantes orejas y trompa, como el llamado «elefante del salón». Por eso, la Alianza tiene una propuesta madura y clara para atender el tema , conforme al derecho internacional y mediante una Asamblea Constitucional de Estatus con amplia participación de todos los sectores, partidos y tendencias ideológicas no territoriales ni coloniales en Puerto Rico. Impulsar y adelantar ese proceso, en acuerdo y negociación con el Presidente y el Congreso de Estados Unidos, será la única opción para que nuestra nación caribeña y latinoamericana pueda labrarse un rumbo político y económico propio y próspero.

Los partidos de Estados Unidos, que representan a las y los políticos que saldrán electos este próximo noviembre en las elecciones allá, ya se expresaron elocuentemente al respecto,  rechazando las opciones del ELA y la estadidad. Ahora le toca a nuestro pueblo trabajar en serio, sin auto engaños ni espejismos, para trazar la ruta hacia un estatus político final y digno para las futuras generaciones.

 

Del tintero a la papeleta: la candidatura de Daisy Sánchez Collazo

Fotos suministradas por el autor

 

 

CLARIDAD

Por años, muchos la conocían como una de las caras informantes de Teleonce. Para otros, su trayectoria rastrea desde su tiempo en El Mundo y otras redacciones. Quizás la mayoría le conoce por defender sus fuentes cuando consiguió una entrevista con Filiberto Ojeda Ríos, en 1997. No obstante, Daisy Sánchez Collazo ahora aspira a convertirse en la próxima legisladora municipal del Precinto 5 de San Juan por el Movimiento Victoria Ciudadana (MVC).

“Me pareció que era el momento de hacer algo más que simplemente ir a votar, ir a una marcha, a una protesta o alguna participación política. Sentí que hay que hacer más, aportar más que eso”, compartió la veterana periodista con CLARIDAD.

Desde su posición como jubilada, Sánchez Collazo reveló su preocupación por activarse en la política y legar un país en el que sus hijos puedan tener calidad de vida. Con un dejo de añoranza, la escritora recordó que uno de sus hijos ya partió del país en miras de oportunidades. “Quiero aportar algo más, y se lo quiero dejar a mis hijos y a sus generaciones”.

Ese legado, alude la escritora, no existe dentro de las plataformas actuales de poder como el Partido Popular Democrático (PPD) y el Partido Nuevo Progresista (PNP). Por eso fue ella, en carácter de ciudadana, quien se acercó al Movimiento Victoria Ciudadana (MVC). Para contrastar, la candidata del MVC y la Alianza catalogó a la papeleta contrincante (PNP) como “un papiro”, por los años en que cada cual de los candidatos lleva orbitando en estos espacios de poder.

“Lo que están ofreciendo son candidatos que han tenido todas las oportunidades del mundo para hacer de nuestro país, algo mejor. ¿Y en dónde estamos? Estamos empeorando, y lo se ve a futuro con ellos es lo mismo. Es una repetición de todos sus errores”, argumentó la autora de Una cita con la Injusticia, libro en que detalla el pleito que enfrentó por su entrevista a un Ojeda Ríos fichado por el Negociado Federal de Investigaciones (FBI, en inglés).

A juicio de la periodista, no hay por qué no votar. Esta contienda electoral ofrece, de acuerdo con Sánchez Collazo, la oportunidad de derrotar al bipartidismo a través de la Alianza de País, a la que calificó como una “opción real de cambio”. Por eso exhortó a que las personas que no lo han hecho se inscriban para votar el próximo 5 de noviembre y “hagan la fila más importante del país”.

“La retribución es enorme y, si no lo haces, estás negándole a tu país un futuro. Negándote a ti y a los tuyos un futuro. No entiendo que nadie pueda pensar en no hacer ese esfuerzo de, un día, moverse, llegar hasta la urna y votar”, urgió la también expresidenta de la Asociación de Periodistas de Puerto Rico (ASPPRO).\

Sánchez Collazo fue electa mediante un proceso de nominaciones interno del MVC, en el que resultó electa para conformar parte de la asamblea municipal de Manuel Natal Albelo, candidato a la poltrona capitalina.

La escuela de la política

Por 30 años de su vida, Sánchez Collazo formó parte del “cuarto poder”. Fiscalizó al Estado sobre temas relacionados con comunidades y representantes, gremios y patronos; en fin, sobre las necesidades de la ciudadanía. Pero traducir eso en política, reveló, ha sido un proceso de aprendizaje.

“Afortunadamente, me encuentro en un grupo, la Alianza, que son personas genuinamente interesadas en que el país progrese. Yo aprendo todos los días, todos los días. Cuando voy a las reuniones de grupo, aprendo tanto de las personas allí”, aseguró Sánchez Collazo.

En esas reuniones- o town meetings- la expresidenta de la ASPPRO recibe información nueva de las comunidades, preguntas que amplían su visión de la comunidad y otros intercambios que nutren la experiencia que, para Sánchez, ha sido “una escuela”.

“Yo no sabía que la mayoría de los parques de San Juan están dentro de urbanizaciones cerradas. ¿Cuál es el problema? En el pasado, los parques y las plazas eran lugares de encuentro, de compartir, pero a la misma vez podíamos hablar y conocer lo que pasaba en nuestras comunidades”, ejemplarizó la periodista, como parte de lo que ha conocido en esta campaña.

Para la también autora de La que te llamó vida, esas experiencias le han ayudado a conocer el descontrol de los automóviles en la ciudad, la falta de planificación y la inexistente coherencia entre los permisos de construcción. De ganar, Sánchez advirtió que legislaría a favor de un transporte público integral que ataje estas problemáticas.

“Lo primero que se necesita es dinero, y San Juan tiene uno de los presupuestos más altos de todos los municipios. Claro, si no te dedicas a desviar el dinero para contratos o para construir y desarrollar proyectos que no van en beneficio de los sanjuaneros, vas a tener este problema”, criticó Sánchez Collazo, en alusión al amiguismo imperante en la administración municipal.

En esa línea, la destacada periodista recalcó el plan que Natal Albelo propuso para mitigar problemas como la falta de vivienda asequible y el desarrollo desenfrenado.

“Para qué, con tantos edificios vacíos, necesitas seguir construyendo, tumbando los pocos bosques que quedan en San Juan para construir nuevas urbanizaciones, cuando tienes mucho dinero para poder adquirir esas viviendas y habilitarlas”, mencionó Sánchez Collazo.

No es ilusión, confirmó la escritora, que estas propuestas contemplen atender a sectores demográficos como las jefas de familia, las personas mayores, los jóvenes y otras poblaciones marginadas. “Es una realidad posible porque el dinero existe”, reafirmó.

Las ideologías de la Alianza

“Tanto el PIP como el Movimiento estuvieron reunidos por mucho, mucho tiempo logrando consensos en donde existen. Eso es la Alianza. Lo que primó en esta Alianza es el amor al país”, describió la periodista sobre el espacio en que milita.

No obstante, y a pesar de ser abiertamente independentista, Sánchez Collazo deslindó que el MVC y el PIP no conforman un mismo espacio ideológico, sino una colaboración entre dos colectividades para lograr una sana gobernanza.

“El Movimiento [Victoria Ciudadana] es una fuerza que no es homogénea. No somos iguales, y esa es nuestra fuerza. Que somos un grupo de diversas personas con una misma prioridad, un mismo norte, y es el amor al país. La necesidad que tenemos de salir del hoyo”, explicó la exreportera.

Del mismo modo, recordó el tiempo en que, con el mismo ideal de estatus, decidió militar por el Partido Socialista Puertorriqueño (PSP), liderado por Juan Mari Brás y Carlos Gallisá Bisbal. Empero, reiteró que eso no le impide adentrarse en estos espacios, ni le complicó su carrera como periodista.

“Cuando decidí ser más activa en la política, decidí estar en este espacio con una nueva mirada, juntándose para hacer algo distinto. Al final del camino, terminamos coincidiendo en un mismo camino: la Alianza”, resumió.

Sánchez Collazo no prevé quedarse en la política por mucho tiempo. En cambio, confía en que este cuatrienio, al menos en San Juan, la Alianza triunfará para dar un cambio a la alternancia roja y azul. Muchos la conocen, y ahora la pueden escoger.

Extienden el plazo en el pleito de la Junta contra bonistas

 

CLARIDAD

ccotto@claridadpuertorico.com

 

Para el licenciado Rolando Emmanuelli Jiménez, el hecho de que la jueza Laura Taylor Swain, le concediera un mes adicional de mediación a la Junta de Control Fiscal (JCF) y los bonistas acreedores que exigen el pago en su totalidad de la duda de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), indica al menos que no hay un tranque definitivo.

La jueza Swain, quien atiende el caso de la quiebra del gobierno de Puerto Rico, mediante la ley impuesta por el Congreso de Estados Unidos, llamada ley Promesa, concedió hasta el 8 de octubre para que las partes continúen en la mediación. A preguntas de este medio Emmanuelli Jiménez, quien es el representante legal del Sistema de Retiro de los trabajadores de la UTIER, uno de los entes a los cuales le debe la AEE, señaló que no hay información sobre la sustancia de la mediación ya que son confidenciales y los mediadores han dejado fuera de esta a todos los otros grupos que no son bonistas. Aunque indicó que hay una pista de que se han reunido con mucha intensidad porque la ex jueza Shelley Chapman, quien fue designada como mediadora por la jueza Swain, radicó una moción indicando que dedicó alrededor de 50 horas en agosto al proceso de mediación.

El experto en la ley Promesa y casos de quiebra, dijo que no le sorprende el que a este momento no hayan llegado a un acuerdo, pero el que hayan pedido extensión implica que hay algún tipo de expectativa de un acuerdo, ya en otros momentos los mediadores han dicho que hay tranque, por lo que de haber un tranque definitivo lo hubiesen informado.

No obstante, Emmanuelli Jiménez, advirtió que es importante tener el contexto para no tener falsas esperanzas en ese proceso de mediación el que la JCF le ofreció a los bonistas disidentes hasta $2.600 millones y los expertos de la JCF dijeron que eso era lo máximo que Puerto Rico podía pagar. En caso de pretender tener que pagar más dijeron que la economía de Puerto Rico se iba “escocotar”, venir abajo. Por parte de los bonistas -comentó Emmanuelli Jiménez- tienen la expectativa de que hay más dinero en juego por lo que cualquier acuerdo al que la JCF llegue moviéndose en la dirección que piden los bonistas de pagar mas dinero es malo para Puerto Rico.

El margen para la insistencia de los bonistas de que se puede pagar más surge del hecho de que el Tribunal de Primer Circuito de Apelaciones les permitió cuestionar la contabilidad de la JCF y además los bonistas radicaron una moción diciendo que Luma, la empresa privada a cargo de la transmisión y distribución (T&D) de la energía hizo una estimación de ingresos mas optimista. Aun cuando hay mas dinero -atajó- hay unas necesidades de mantenimiento en el sistema que hay que atender y se supone que los bonistas cobren de lo que sobre.

 

Se supone que el 8 de octubre las partes informen a la la jueza el estatus de la mediación, que se extiende hasta el 31 de octubre. Emmanuelli Jiménez, reconoció que a los bonistas les conviene negociar porque siempre cualquier acuerdo significara mas dinero, pero va a llegar el momento en que digan ‘hasta aquí llegamos’. Trajo a la atención el que la quiebra de la AEE se radicó en julio del 2017, por lo que ya van siete años de litigio.

La apreciación de Emmanuelli Jiménez, sobre la actitud de Swain de mover la mediación es con el propósito de posponer el tener que tomar decisiones difíciles como seria la desestimación de la quiebra. En caso de una desestimación-explicó- cada acreedor puede ir por su lado en sus gestiones para cobrar, pero los bonistas también tendrían el remedio de ir al tribunal a pedir que se nombre un sindico. En todo caso-añadió que un sindico no es fácil y podría ser caótico, aunque el “trust agreement” y el tramite que se tiene que seguir le da cierto orden al proceso.

El licenciado Emmanuelli Jiménez, coincidió en la observación de que se está en la misma incertidumbre que en el verano cuando la jueza ordenó la mediación. Observó que la JCF no puede cambiar ahora su posición de que no se puede pagar más, eso haría quedar mal a sus expertos, ya que gran parte de la litigación se concentró en la discusión de cuánto dinero hay disponible para cubrir las operaciones y cuánto dinero hay para pagar a los acreedores y eso lo determina cuánta energía puede producir la AEE y cuánta energía puede comprar la población.

En caso de que la jueza vuelva a extender la mediación hay oportunidad de llegar a un acuerdo, sino tiene que empezar a ver las mociones, lo que tanto para ella como para el país, expresó el experto sería bien difícil.

Los pagos que se supone haga la AEE se depositan en unas cuentas bajo el control de un banco en Nueva York. A siete años de negociaciones Emmanuelli Jiménez, auguró que el proceso continuará todavía hasta el 2025…

 

Ni enmendables, ni supervisables

A pregunta de CLARIDAD respecto a la postura del gobernador de que los contratos de privatización de la AEE, de Genera PR y LUMA Energy, no se pueden prescindir, Emmanuelli Jiménez, señaló que la postura del gobernador tradicional es la de defender a LUMAy Genera que “no responden a la necesidad que tiene el pueblo de Puerto Rico, esos contratos no son ni enmendables, ni supervisables”. Puntualizó que aun cuando se quiera supervisar los contratos no dan facultad para meterse en los detalles operacionales, para lo único que dan facultad los contratos es para ver si se está cumpliendo o no, pero el gobierno no tiene ninguna facultad para intervenir en las operaciones de LUMA y Genera, ni siquiera el director ejecutivo de la AEE puede hacerlo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Llamado a los municipios a expresarse contra aumentos de la Junta

 

 

El Junte Multisectorial convocó a que los gobiernos municipales aprueben resoluciones en las que se expresen en contra de los aumentos propuestos por la Junta de Control Fiscal (JCF) para pagar la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).

En comunicado de prensa, el Junte integrado por más de 50 organizaciones comerciales, profesionales, religiosas, educativas, comunitarias, industriales, sindicales y ambientales urgió a los municipios del país a que se unan y se expresen pública y contundentemente en contra de los aumentos, por lo que consideran la amenaza real de un grupo de bonistas de la AEE que insisten ante el tribunal de quiebras que las personas y comercios en Puerto Rico tienen capacidad para pagar la totalidad de la deuda en bonos de la AEE.

“Estamos en un momento clave en el proceso de quiebra de la AEE», destacó Cathy Kunkel, experta en energía y portavoz del Junte Multisectorial. “Los bonistas de la AEE han insistido en que se les pague la totalidad de los $8.5 mil millones de deuda en bonos, a través de aumentos abusivos a la tarifa durante los próximos 35 años o más. Es importante unir nuestras voces y enfatizar nuevamente frente a la jueza Laura T. Swain la imposibilidad de sostener lo que estos bonistas pretenden”, recalcó. La exhortación del Junte Multisectorial, se produjo al tiempo que la jueza Swain el pasado jueves, 5 de septiembre, extendiera por un mes más el proceso de mediación entre la JCF y los bonistas.

Como parte del esfuerzo de colaboración multisectorial y abogacía del Junte, se prepararon modelos de resolución con datos de cada municipio, que se enviaron e hicieron disponibles a los municipios y sus legislaturas municipales. El propósito es presentar ante el tribunal las resoluciones. A esos fines, el Junte recordó que el pasado mes de marzo, la jueza Swain celebró varios días de vista en San Juan sobre el entonces propuesto plan de ajuste de la deuda de la AEE, que hubiera pagado unos $2.5 mil millones a los bonistas y otros acreedores. No obstante, en junio, el tribunal apelativo del Primer Circuito en Boston bajó una determinación que abrió la puerta para que un grupo de bonistas -liderado por GoldenTree Asset Management- esté nuevamente insistiendo en que se les pague 100 % de la deuda en bonos. Este escenario requeriría aumentos a la tarifa muchas veces más altos que los ya propuestos en el último plan de ajuste de la deuda.

GoldenTree Asset Management es una compañía especuladora con sede en Manhattan que decidió empezar a comprar bonos de la AEE en 2018, después de iniciada la quiebra y luego de que el huracán María destruyera el sistema eléctrico,  que ahora busca lucrarse del proceso de litigio. El pasado 10 de julio, la jueza Swain paralizó el caso de quiebra por un periodo de 60 días y ordenó a las partes a sentarse a negociar para lograr un acuerdo.
“Esta pausa nos ofrece la oportunidad de plantear nuevamente a la jueza y a las partes del caso los impactos nefastos que tendrá la imposición de más aumentos a la luz para pagar una deuda insostenible a los bonistas,” enfatizó Cristina Palacios, directora de la Liga de Ciudades, organización parte del Junte Multisectorial. “La tormenta tropical Ernesto nos recordó nuevamente la necesidad urgente de reconstruir un sistema eléctrico confiable y resiliente, algo que no será posible si desviamos miles de millones de dólares para pagarle a GoldenTree y los otros bonistas”, concluyó.
Los municipios de Juana Díaz, Comerío y Manatí ya han aprobado resoluciones en contra de los aumentos propuestos.

 

Gremios de la UPR exigen reunión con la Junta

El ente fiscal no ha respondido a la misiva de la comunidad universitaria

CLARIDAD

 

En miras de restaurar el antiguo 9.6% del fondo del Estado que recibía la Universidad de Puerto Rico (UPR), el Frente Amplio en Defensa del Presupuesto de la UPR solicitó una reunión con el director de la Junta de Control Fiscal (JCF), Robert F. Mujica Jr. La mayoría del liderato gremial coincidió en que las medidas de los pasados años han sido parte de un “ataque ideológico”.

“Año tras año, y a pesar de las advertencias que han venido de la comunidad universitaria y de importantes sectores del pueblo de Puerto Rico, la JSF y el gobierno de Puerto Rico insisten en la política de recortes a la UPR, de violación de la fórmula presupuestaria”, expresó María del Mar Rosa Rodriguez, Presidenta de la Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios (APPU), una de las organizaciones integrantes del Frente.

Del mismo modo, Rosa Rodríguez extrapoló que, por la situación que enfrenta el sistema universitario, la crisis “se inserta” en distintos ámbitos de la sociedad, como en los servicios de salud que dependen del Recinto de Ciencias Médicas o, también, en las Estaciones Experimentales Agrícolas del Recinto Universitario de Mayagüez.

“Por eso, exigimos una reunión con la JSF, para demostrar que esta situación es insostenible para el país y que se tiene que revertir”, declaró, por escrito, la presidenta de la APPU.

Para el presidente de la Hermandad de Empleados Exentos No Docentes (HEEND), Carlos de León, este esfuerzo del Frente sustituye “el trabajo que no hace la Junta de Gobierno”, en referencia los múltiples escollos económicos que diversos gremios han enfrentado con la administración.

“No sé si nos van a responder [de la JCF], pero nosotros esperamos que sí. Que nos escuchen y que nosotros hagamos el trabajo que no está haciendo la Junta de Gobierno y el presidente de la universidad de exigir que se le restaure, a la universidad, su presupuesto completo”, aseguró el presidente de la HEEND.

Además, De León recordó que el sistema UPR ha sido una de las “agencias de gobierno” que mayores recortes presupuestarios ha enfrentado con la llegada de la Junta. Por ejemplo, la institución ha tenido que solicitar partidas adicionales a los $500 millones que, desde la llegada del ente fiscal, se le asignaron a la universidad pública.

“El reclamo que le vamos a hacer a la Junta de Control Fiscal es que se le devuelva el presupuesto completo a la Universidad. Que no estemos hablando de que son $106 millones por acá, $50 millones por allá y el chantaje con que no los van a otorgar sin que el patrono haga las cosas bien. Hay una campaña para que la universidad deje de ser lo que ha sido hasta ahora”, agregó el líder gremial.

Aunque De León confirmó que, en mayo pasado, la HEEND finalizó su Convenio Colectivo con la administración universitaria, reiteró que ni el Sindicato de Trabajadores de la UPR (STUPR)- quienes levantaron su reciente voto de huelga- ni la Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios (APPU) ha entrado en ese proceso. De modo que, en términos presupuestarios, la Hermandad integra parte de este reclamo.

“Nos parece que hay un juego de pitcher y catcher en el que Ferrao le echa la culpa a la Junta de Control Fiscal, pero se queda callado y no provoca a la JCF porque él no quiere- y esto no los dijo una vez en reunión- que lo regañen”, explicó el líder obrero.

Para De León, al igual que Rosa Rodríguez, estas medidas austeras empeoran la crisis del país por las repercusiones en los servicios profesionales, como las “ciento de cuerdas” del recinto de Utuado que permanecen en desuso, “listas para que un amigo del alma las compre”, dijo.

Trasfondo

El Frente Amplio en Defensa del Presupuesto nació a mediados del semestre pasado como un esfuerzo entre sindicatos y asociaciones universitarias para conseguir un presupuesto que responda a las urgencias de la UPR.

Jorge Lefevre Tavárez, vicepresidente de la APPU, coincidió con De León en que, en respuesta a los reclamos sindicales del pasado, la Universidad ha tenido que solicitar más dinero para cumplir con los acuerdos establecidos. En respuesta a estas partidas adicionales- que implican que hay más fondos- el Frente exigió un diálogo con la JCF.

“Entendemos que, si bien los partidos son cómplices de esto, el PPD y el PNP, en gran medida los recortes se deben a la Junta de Control Fiscal y a su ataque ideológico, que no tiene nada fundamentado en la realidad. Tiene que ver con posibles prejuicios o problemas políticos de la Junta”, juzgó Lefevre Tavárez.

Para ambas colectividades que se integran al Frente, hay múltiples planes de contingencia en caso de que la JCF rechace los planteamientos de los gremios. Primero, la respuesta más conocida: protestar contra los recortes. Segundo, movilizar a la comunidad universitaria para que influya en la opinión pública y, tercero, cabildear desde el mismo hemiciclo.

Por otro lado, el Frente también iniciará una campaña en que buscará- y publicitará- a aquellos candidatos y candidatas políticos que apoyen la defensa del presupuesto de la UPR, particularmente la antigua fórmula del 9.6% del fondo de Estado, informó Lefevre.

“Hay un consenso evidente de que hay que hacer un tipo de campaña política para saber qué candidatos y qué partidos apoyan la fórmula presupuestaria del 9.6 y cuáles no, para que la universidad pueda, también, defender a la universidad a través del voto”, continuó el vicepresidente de la APPU.

Desde la asociación de profesores, la exhortación cobra más urgencia. Por primera vez en su historia, la APPU exhortará a que la comunidad universitaria respalde a aquellos candidatos que defiendan a la UPR. A diferencia del Frente, la campaña de la APPU indicará cuáles candidatos apoyará, más allá de informar las posturas de los partidos y candidatos.

“Ya la APPU aprobó en Asamblea Ordinaria que únicamente se exhortará a apoyar a candidaturas que favorezcan asignar un presupuesto a la UPR según la fórmula presupuestaria. Además, los sindicatos que conforman este Frente participarán de la campaña de Coalición Sindical, que tiene entre sus reclamos la fórmula presupuestaria de la UPR. Desde distintos frentes, impulsamos esta lucha”, concluyó Rosa Rodríguez.