Especial para CLARIDAD

En los próximos meses, las naciones del mundo volverán a reunirse en la edición 28 de la Conferencia de las Partes (COP28) de las Naciones Unidas para llegar a acuerdos sobre cómo enfrentar el calentamiento global. Sin embargo, el panorama no es alentador. El incremento en la participación de compañías fósiles y el continuo retraso en alcanzar las metas acordadas por los países que más contribuyen al calentamiento global ponen en peligro la posibilidad de mantener la temperatura media del planeta por debajo de los 1.5 grados Celsius. Los subsidios gubernamentales para las compañías fósiles volvieron a romper récord en 2022, alcanzando 1 millón de billones de dólares, tres veces más que aquellos dirigidos a energía renovable. La contaminación del aire que causan estas empresas mata entre 1 a 10 millones de personas al año, sin contar otras muertes y enfermedades causadas por daños a cuerpos de agua y a los suelos. Estas medidas económicas han recibido severas críticas por varias instituciones internacionales, quienes insisten en que las mismas terminan incentivando el consumo desmedido de energía, perpetuando la pobreza y beneficiando tecnologías ineficientes como el gas natural y el carbón. La falta de acción gubernamental y la implementación de falsas soluciones (acciones que se llevan a cabo para aparentar que se está atendiendo el problema, pero en realidad no ayudan o empeoran la situación) hacen que el planeta continúe calentándose y que islas como las nuestras sigan recibiendo el impacto más desproporcionado.

Aun cuando los fuegos forestales han acaparado la atención mediática, las altas temperaturas también han provocado sequías, calentamiento del océano, cambios en los vientos y corrientes marinas, aumento en vectores de enfermedades como los mosquitos y nubes más grandes de polvo del Sahara. En Puerto Rico, las oleadas de calor incrementan el deterioro de la calidad del aire, así como la salud de la población, desde falta de sueño e irritabilidad, hasta la agudización de condiciones cardiorrespiratorias, golpes de calor, ataques cardíacos y muertes.  El calor extremo también tiene un efecto nocivo en la salud mental y afecta particularmente a la vejez, la niñez, las personas gestantes y aquellas que trabajan o pasan largos periodos de tiempo al aire libre.

Uno pensaría que con todo lo que tenemos que perder, la sociedad puertorriqueña estaría alzada en armas exigiéndole al gobierno mayor acción climática. Sin embargo, esto no es así y, en consecuencia, el liderato político local actúa de manera similar a como lo hacía el expresidente Trump, negando una realidad que a plena vista compromete nuestro futuro. Contrario al activismo estatal que vemos en otras islas alrededor del mundo, en Puerto Rico no participamos de las discusiones internacionales, no contamos con un plan de acción y, al igual que los países que más contaminan, seguimos financiando con fondos públicos la generación y transmisión de energía sucia a través de contratos que retrasan nuestra soberanía energética.

Ser la colonia del país que históricamente ha contribuido más a las emisiones de gases de efecto invernadero y uno de los que más trabas a puesto a los acuerdos internacionales, pone de manifiesto el catastrófico choque de intereses entre ambas sociedades. La condición colonial es en gran medida responsable de nuestra limitada capacidad de respuesta pues ha mantenido un sistema social, racial y económico de explotación, contaminación y desregulación que agudiza nuestra precariedad actual y la posibilidad de tomar nuestras propias decisiones.

Este conflicto queda demostrado claramente a través de al menos dos metas fundamentales. La primera es la transición energética. Estados Unidos es el exportador más grande de gas natural licuado en el mundo y continúa siendo una de las potencias ricas que más lentamente se está moviendo hacia energías limpias. Por lo tanto, aun cuando nuestras leyes mandatan un cambio acelerado hacia la energía renovable y los datos científicos demuestran la viabilidad de lograrlo utilizando energía solar, los políticos (de aquí y de allá) insisten en incentivar las compañías fósiles, como AES, New Fortress y Genera, a través de contratos y financiamientos públicos privilegiados.

La segunda meta donde vemos un choque aún más dramático es en el de la seguridad alimentaria. La política pública federal ha forzado la importación de más del 80% de los alimentos que consumimos y ha desincentivado la producción local, causando la pérdida del 60% de las fincas agrícolas en los pasados 25 años. Esta reducción no solo nos aleja de alcanzar las 600,000 cuerdas agrícolas protegidas en el Plan de Uso de Terrenos, sino que ha reproducido la idea, repetida hasta la saciedad, que aquí no podemos producir nuestro propio alimento. Incentivar la agricultura, especialmente modelos agroecológicos y agroforestales, aumenta la seguridad alimentaria, pero además tiene otros beneficios climáticos como la captura de carbono, control de la erosión, retención de agua, disminución del calor, aumento en la biodiversidad y conservación del paisaje.

El ejemplo más reciente de este ataque contra la agricultura son los proyectos ilegalmente aprobados de placas solares industriales en el sur. Estos violentan las leyes locales, impactan la calidad del suelo, son susceptibles al paso de los huracanes y aumentan las inundaciones en sectores aledaños, como es el caso de las comunidades Coquí y San Felipe en Salinas. Adicionalmente, la energía generada por tales proyectos se vende más cara que la producida en los techos de las casas, aún antes de añadirle el costo de las constantes alzas a la tarifa por parte de LUMA. Las leyes locales no solo protegen los terrenos agrícolas, sino que requieren que los proyectos de energía renovable lleven a cabo consultas de ubicación que eviten el mal uso de espacios no designados para ello. Si tanto las leyes, como los estudios técnicos privilegian el uso de los techos para la instalación de energía solar, ¿por qué hay políticos y jefes de agencias que insisten en defender los proyectos industriales en fincas? Todo parecería indicar que el otrora “cartel del petróleo” ha sido suplantado por el cartel del gas natural y los oportunistas productores de energía solar industrial. Una transición energética distribuida, equitativa, rápida y segura es efectiva tanto en eliminar los gases de efecto invernadero, como en proveer mayor democracia participativa, control sobre la producción local, empoderamiento comunitario, justicia de género y acceso a áreas remotas, entre otros beneficios.

Mitigar y adaptarse al calentamiento global requiere de acciones informadas, con métricas claras y objetivos verificables, además de una voluntad política y un esfuerzo colectivo sin precedentes. Localmente, uno de los puntos de partida es la Ley 33-2019, conocida comúnmente como la ley de cambio climático. Esta ley esboza un programa de acción inicial que depende significativamente de acciones contundentes y coordinadas del aparato gubernamental. No obstante, cuatro años después de su aprobación, es evidente que el cumplimiento de esta ley no ha sido prioridad para las administraciones de turno. Por ejemplo, la ley ordena reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 50% para el 2025 y llevar a cabo un inventario anual de estos gases para monitorear su cumplimiento. Pese a este mandato, el inventario anual no se realizó hasta este año (2023) gracias a una demanda radicada por El Puente Puerto Rico, y sus resultados advierten que la falta de acción inmediata hará que no cumplamos con la fecha acordada. También resalta que las inversiones en gas natural, en vez de energía renovable, retrasan la reducción de emisiones, ya que el sector de energía es el que más contribuye a estos gases en Puerto Rico. Recomienda además “un plan climático multisectorial… [que] debería publicarse cada cinco años, con informes de progreso publicados anualmente para garantizar la responsabilidad pública”. La publicación de un plan climático ya estaba contenida en la Ley 33-2019 y debió estar listo en octubre de 2021, luego de una prórroga otorgada al DRNA, quien preside el comité encargado de redactar dicho plan. Este plan aún no se ha publicado, pese a que es parte también del Mandamus radicado por El Puente.

Otros objetivos establecidos en el estatuto incluyen: 1) sembrar 500,000 árboles nativos y endémicos para el 2025, 2) eliminar la planta de carbón de AES para el 2027 (pese al clamor de las comunidades cercanas que han pedido su cierre inmediato debido al daño causado a la salud de la población y al medio ambiente), 3) cambiar los vehículos del gobierno a vehículos eléctricos o híbridos para el 2028, 4) reducir el 60% de los desperdicios que se depositan en los vertederos para el 2030, 5) reducir el consumo total de energía en un 10% para el 2030, y 6) lograr el 100% de energía renovable para el 2050, pasando por una serie de metas intermedias–20% al 2022, 40% al 2025 y 60% al 2040.

Sabemos que estas metas son alcanzables, si nos ponemos a ello. Por ejemplo, el estudio de modelaje liderado por la organización CAMBIO concluye que es posible alcanzar el 75% de energía renovable para el 2035, con un modelo distribuido de sistemas solares en techos con baterías y sin utilizar los terrenos protegidos para agricultura ni gastar dinero en contratos nuevos de gas natural. Esto permitiría cerrar inmediatamente la carbonera AES, eliminar hasta un 70% las emisiones de CO2 para el 2035 y reducir los costos del kilovatio hora (KwH) por debajo de los $.10.

Otra medida impostergable es la aprobación del proyecto de ley de costas—detenido por décadas por los partidos mayoritarios—que contiene una moratoria de construcción en la costa, así como la delimitación de la zona marítimo terrestre (ZMT). Tanto la moratoria, como la ZMT son acciones prioritarias para adaptarnos al aumento del nivel del mar. Sin estas dos acciones, las otras iniciativas de manejo y protección costera ocurrirían de manera aislada y desorganizada, disminuyendo el impacto positivo que puedan tener. Cientos de otras recomendaciones han sido presentadas por expertos al gobernador y al DRNA, sin resultados concretos.

Termino mencionando que la participación ciudadana es quizás la acción climática más importante de todas. Actualmente decenas de grupos y comunidades están implementando acciones locales de adaptación, sin esperar por el liderato gubernamental. Sin embargo, el accionar político para tomar control de las decisiones que se llevan a cabo en las instituciones del estado sigue siendo una estrategia necesaria de incidencia climática. Aprender sobre estos temas, involucrarse en iniciativas colectivas y elegir servidores públicos que no trabajen para las compañías fósiles, ni nos distraigan con falsas soluciones, es el cambio que traerá mayor impacto, si deseamos dejarles a las próximas generaciones alguna oportunidad de bienestar en este archipiélago.

El autor es antropólogo y director de El Puente Puerto Rico. Este escrito fue publicado en la versión mensual impresa de CLARIDAD.

CLARIDAD

ccotto@claridadpuertorico.com

Si la Policía de Puerto Rico (PPR) no es capaz de investigar las querellas de violencia de género contra sus  miembros, poco se puede esperar de su respuesta a los casos fuera de la uniformada.

La denuncia de que la Policía no investiga los casos en que sus miembros atentan contra sus parejas y de que son muy pocos los casos radicados que terminan en convicción está sustentada en dos informes. Uno es el octavo informe del monitor federal de la Reforma de la Policía, que cubre de octubre de 2022  a marzo de 2023, y el otro, un informe de la Comisión de Asuntos de la Mujer de la Cámara de Representantes, presentado el 23 de mayo del 2023.

El informe del monitor federal, sometido el pasado mes de  junio, indica que durante el periodo examinado, de 31 investigaciones en los que estaban envueltos miembros de la Policía, 31 eran casos de violencia doméstica, por infracción a la Ley 54. El informe señala que la Policía no le sometió a la Oficina del Monitor información sobre los casos de agresión sexual en los que estuvieron implicados miembros del cuerpo policiaco, por lo que no se pudo evaluar si la Policía de Puerto Rico documenta el uso de un método de respuesta informado sobre trauma, si proporciona de manera sistemática a las víctimas los recursos disponibles de apoyo o seguridad o si realiza un seguimiento oportuno de la víctima, como exige la ley.

El informe recoge que durante el mismo periodo en que se produjo hubo varios sucesos e incidentes de gran repercusión que renovaron la atención a los casos de violencia doméstica y agresión sexual, en particular, los que afectan a los miembros de la Policía. Según el monitor, se revisaron 63 expedientes de investigación de violencia doméstica y se descubrió que la PPR no sigue de manera sistemática su política relativa a la incautación de las armas de los agentes y la remisión del empleado al Programa de Ayuda al Empleado. “El Programa de Ayuda al Empleado esta diseñado para ayudar a los empleados del Negociado de la Policía de Puerto Rico y su familia inmediata. Ofreciendo servicios de terapia psicológica, los cuales ayudan a prevenir, identificar en etapas tempranas y resolver problemas asociados a asuntos laborales o personales. Estos problemas pueden estar relacionados con aspectos psicológicos, emocionales, sociales o de conducta entre otros” descripción que aparece en la pagina oficia de la Policía

El 6 de marzo, dice el informe,  las partes se reunieron para debatir la elaboración de un plan de ejecución centrado en el cumplimiento por parte de la Policía de las disposiciones de las investigaciones administrativas sobre agresión sexual y violencia doméstica en las que esté implicado personal de la PPR.

Los señalamientos reseñados se encuentran en el capítulo 3 del informe del monitor, “Igualdad de protección y no discriminación”. Hay que traer a la atención que recientemente, el juez del tribunal de Estados Unidos en Puerto Rico, Francisco Besosa, quien supervisa el acuerdo del Gobierno de Puerto Rico y el de Estados Unidos para la reforma de la PPR, le pidió recomendaciones al Gobierno para cambios constructivos tangibles y advirtió que de no recibirlos realizaría cambios profundos debido a la lentitud e incapacidad demostrada por la Policía para cumplir con el acuerdo. Por su parte, el Departamento de Seguridad Pública, por medio de su secretario, Alexis Torres Ríos,  reaccionó a la advertencia del Juez  diciendo que no realizarían ningún cambio a la reforma.

El informe de la Comisión de la Mujer es producto de la RC 659, que ordenó una investigación sobre los protocolos existentes para atender los casos de violencia de género, las querellas presentadas contra los miembros, los recursos designados y por qué no se esclarecen las querellas. En fin, en la práctica, los mismos ángulos que el monitor federal.

En el caso del informe de la Comisión de la Mujer, la información solicitada al Departamento de Justicia (DJ) reveló que de enero de 2017 hasta el 2 de noviembre de 2022, de un total de 371 casos de las 13 áreas policiacas, 242 casos fueron consultados y no radicados, es decir el 65 % de los casos no fueron radicados. El área policiaca con el mayor número de casos es el municipio de Arecibo, con 33, y el de menos, Aibonito. En la lista suministrada por el DJ incluso hay querellas en las que se repiten nombres de agentes.

La Comisión además señala que hay diferencia entre los números de querellas que ofrece la Policía y el DJ  y las que presenta el monitor federal. En el caso del monitor federal, en el 2017 recoge que las querellas contra miembros de la Policía por violencia doméstica fueron 99 y en el 2018, 87. Los números de la Policía y Justicia son de 77 querellas para el 2017 y 85 para el 2018.

Consultada sobre ambos informes y sobre la conducta de la Policía, la coordinadora del Observatorio de Equidad de Género, doctora Irma Lugo Nazario, expuso que en enero del 2022, la Policía, bajo el comité PARES, estuvo participando de manera activa en el desarrollo de un protocolo de investigación para las víctima de violencia basado en el protocolo latinoamericano de investigación sobre violencia

de feminicidios.  Esta censuró el que la Policía se investigue a sí misma cuando tiene una denuncia de violencia doméstica de una  pareja que también es policía o de una pareja no es policía. Además,  cuestionó la atención a las querellas de fuera del cuerpo. Sobre esto último narró sobre un hecho reciente de una mujer que acudió a un cuartel en Santurce  a presentar una querella por violencia doméstica, y la retén, una mujer policía, le dijo que no le podía tomar la querella porque no tenía patrullas en ese momento.“El trabajo tiene que ir en dos vías: hacia fuera por el servicio que tienes que dar a la sociedad, pero hacia dentro con tu personal”.

La coordinadora del Observatorio de Género,  reclamó que el Comité PARES,  hizo cosas que no se ven, pero que están disponibles. El comité fue eliminado en agosto del 2022  y en su lugar se nombró a un Oficial de Cumplimiento para dar seguimiento al trabajo de PARES. Lugo Nazario reconoció que una sola persona no tiene esa capacidad si primero no tiene los recursos de evaluar lo que se está implementando y si está siendo efectivo.

Por otra parte, la directora ejecutiva de la Coordinadora Paz para la Mujer (CPM), Vilma González Castro, reaccionó a los recientes casos de muerte por violencia de género: “¿Cuántas mujeres tienen que morir para que nosotras ganemos la atención y entendamos que tenemos un problema que es serio y que requiere medidas drásticas y urgentes para poder atenderlo?”  Esta hizo referencia a que aun con las declaraciones de estado de emergencia que se han hecho en los últimos  años y otras acciones, hasta el momento todavía no logramos detener la violencia de género del país.

La primera orden ejecutiva de este cuatrienio fue emitida en enero de 2021, la cual se supone estuviera vigente hasta junio del 2022.  Luego, el gobernador,  Pedro R. Pierluisi, extendió  el estado de emergencia hasta junio de este año y la volvió a extender hasta el 31 de diciembre de 2023.

González Castro  subrayó que es importante  fortalecer todas las instrumentalidades que dan protección a las víctimas; es decir, que el Gobierno —Policía y tribunales— hagan lo que les corresponde. Indicó que las organizaciones que están luchando día a día para sobrevivir, no son suficientes para atender la demanda. Expuso como ejemplo que durante el fin de semana en que han ocurrido feminicidios  las organizaciones  han recibido cientos de llamadas de mujeres buscando ayuda. Pero las organizaciones no tienen  suficientes recursos.

Ante una nueva orden ejecutiva (OE 2023-023) emitida por el gobernador el 5 de septiembre, que dispone la creación de un llamado  Plan Integral de Reconstrucción Social y Prevención de la Violencia,  la directora ejecutiva de la Coordinadora de  Paz para la Mujer señaló que crear otra comisión de violencia e incluir la violencia de género en ella le parece una medida terrible. Subrayó que es necesario  atender la violencia de género por separado, con una perspectiva de género.

González Castro reconoció como uno de los grandes fracasos del comité PARES el que por parte del Gobierno no se haya cumplido con el compromiso de  trabajar con la perspectiva de género después de todo el trabajo que se hizo en esa dirección. “Si nosotros no trabajamos con la perspectiva de género, con  la prevención, con el problema desde la raíz, vamos a estar siempre respondiendo con alarmas. Los feminicidios íntimos están casi al mismo nivel de lo que terminamos el año pasado. Tenemos que ser responsables. El Gobierno tiene que ser responsable con este tema; no es creando comisiones para las gradas o para desviar la atención. Tenemos que atender este problema seriamente”.

CLARIDAD

Por igual, varios sectores de la comunidad universitaria han expresado su descontento con el desempeño del presidente de la UPR.

 A menos de un mes de la restitución de Ilka Ríos Reyes como rectora en propiedad del Recinto de Ciencias Médicas (RCM) de la Universidad de Puerto Rico (UPR), tanto la administración como el estudiantado del sistema universitario repudiaron la permanencia de la doctora, quien había renunciado a la rectoría el año pasado.

La Junta de Gobierno (JG) de la UPR aprobó la nominación de la doctora Ríos Reyes como rectora el pasado 22 de agosto, en un proceso que, para otros miembros de la comunidad universitaria, fue contrario a los reglamentos institucionales.

La recomendación de la doctora, hecha por el presidente del sistema universitario, Luis A. Ferrao Delgado, generó una polémica porque la métrica establecida, que incluía un sistema de puntuación por candidato, no se hizo valer. De los tres candidatos y candidatas postuladas, Carlos Ortiz Reyes les ganó a Ilka Ríos Reyes y a Natalio Izquierdo Encarnación, quienes ocuparon el segundo y tercer lugar en la nominación del Senado Académico, respectivamente. Ortiz Reyes representaba el candidato predilecto del estudiantado del RCM.

El 25 de agosto, tres días después de la decisión de la JG, la Facultad de la Escuela de Medicina del RCM impugnó la designación de Ríos Reyes por otra de las razones subyacentes en la controversia: durante su desempeño como rectora en 2022, alteró la calificación de una estudiante indebidamente. Como defensa, la rectora insistió en que la irregularidad fue producto de un acuerdo con su antecesor, Segundo Rodríguez Quilinchini.

Durante el escándalo, el presidente de la UPR instó a Ríos Reyes a  renunciar por violar los reglamentos universitarios. En una misiva de respuesta, la rectora afirmó que Ferrao Delgado le obligó a renunciar “sin haber tenido la oportunidad de ofrecer” su explicación.

El nuevo nombramiento de Ríos Reyes entró en vigor el 1 de septiembre. Cinco días después, el 6 de septiembre, la Junta Universitaria (JU) de la UPR exigió la renuncia de la nueva —o vieja— rectora del RCM y le retiró la confianza a Ferrao Delgado por su manejo de la situación.  Ferrao Delgado es parte de la JU por ser el presidente de la UPR.

Aunque ambos cuerpos rigen la política interna del sistema universitario, las tareas de la Junta de Gobierno y la Junta Universitaria sirven para diferentes funciones. La JG, por un lado, pauta las directrices y normas y supervisa el funcionamiento de la universidad. Está compuesta por 13 miembros. Previo a la creación de la JG en 2013, estas tareas las desempeñaban el Consejo de Educación Superior (CES) y la Junta de Síndicos (JS).

Contrario a la JG, la JU tiene sobre 30 miembros que, más allá de ser nombrados, ocupan cargos representativos de todo el sistema universitario, como en la rectoría, el profesorado y el estudiantado.

Férreo repudio de parte del sector estudiantil

 El miércoles, 6 de septiembre, un grupo de estudiantes y doctores, convocados por la Escuela de Medicina, se presentó frente al RCM para exigir la renuncia de Ilka Ríos Reyes. Al día siguiente, el Consejo General de Estudiantes (CGE) del RCM celebró una asamblea extraordinaria en la que emitió una certificación que, según se le reveló a CLARIDAD, cita:

1. Exigir la destitución inmediata del Dr. Luis Ferrao como presidente de la UPR por un craso e inexcusable incumplimiento del deber.
2. Exigir la destitución inmediata de la Dra. Ilka Ríos Reyes como rectora del RCM por haber incurrido en violaciones a la Ley, a los reglamentos universitarios, poniendo en riesgo la acreditación del RCM, el bienestar de la comunidad académica y la salud de Puerto Rico.
3. Reclamar al Senado y la Cámara de Representantes que aprueben el proyecto de Reforma Universitaria impulsado por la Comisión Multisectorial de Reforma Universitaria (CMRU), que tiene como fin eliminar las intromisiones político-partidistas dentro de la UPR.
4. Solicitarle al CGE que envíe copia de esta resolución al gobernador de Puerto Rico, a los Consejos Generales de Estudiantes de los 11 recintos, a los Senados Académicos de los 11 recintos, a la Junta Universitaria, a la Junta de Gobierno, y a la prensa del país.

Glizette Arroyo Morales, presidenta del CGE del RCM, expresó que la comunidad estudiantil lleva años enfrentando intervenciones político-partidistas y afirmó que, una vez más, la voluntad del estudiantado quedó obviada por los intereses subrepticios.

“Los estudiantes coincidimos en que la Reforma Universitaria es la solución a lo que, por años, no ha funcionado”, mencionó Arroyo Morales a CLARIDAD, en alusión al proceso de nombramientos en la UPR. “Nuestra recomendación como Consejo de Estudiantes y Comité de Consulta fue otra; el presidente no la consideró. El CGE entendió que Carlos Ortiz Reyes era el mejor candidato por su desempeño administrativo”, agregó la estudiante del RCM.

Igualmente, una de las preocupaciones más recurrentes de la comunidad del RCM es la acreditación de la institución, que está a 14 meses de ser revaluada. En 2021, el recinto perdió su acreditación para el programa de Neurocirugía. En este campo, existe solo una veintena de profesionales. De acuerdo con la página oficial de la Asociación de Hospitales de Puerto Rico, existe un neurocirujano por cada 100,000 pacientes.

 Consejo de Estudiantes de Ciencias Médicas convoca a más manifestaciones y asambleas

 También, el CGE se unió al estudiantado en la protesta realizada el viernes, 8 de septiembre.

Como parte de las resoluciones que certificó el CGE en su asamblea extraordinaria, el cuerpo representativo invitó a la ciudadanía a una protesta multisectorial en contra de la permanencia de Ilka Ríos Reyes como rectora, el próximo miércoles, 13 de septiembre, desde las 6:00 a.m. hasta las 8:00 a.m., frente a la Escuela de Enfermería.

El cuerpo estudiantil tiene cita virtual, el viernes, 15 de septiembre a las 4:30 p.m. en una asamblea extraordinaria. La convocatoria está condicionada a la renuncia de Ríos Reyes. Hasta la fecha, ni Ríos Reyes ni Ferrao Delgado han cambiado de postura.