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El Movimiento Cooperativo (MC) de Puerto Rico catalogó como “un contexto erróneo y desacertado y un adelanto inoficioso” la amenaza del director ejecutivo de la Junta de Control Fiscal (JCF), Robert Mujica, de acudir al tribunal para que se derogue la Ley 99-2024. Entre otros asuntos, esa ley contempla la mitigación de daños a las cooperativas de ahorro y crédito por el menoscabo a sus ingresos ocasionado por la compra de bonos del gobierno de Puerto Rico.

En carta enviada el 20 de agosto al director de la Agencia Fiscal y Asesoría Financiera (AFAF), Omar Marrero, Mujica le ordena “enmendar o derogar la ley”. La misiva indica que, de no acatarse la orden, la JCF se reservaría el derecho a buscar remedios para evitar la implantación del estatuto. En otras palabras, acudirían al tribunal. Dicho proyecto fue vetado por el gobernador Pedro Pierluisi, pero con los votos de dos terceras partes de sus miembros, la Asamblea Legislativa fue por encima del veto del Gobernador.

En entrevista con Claridad, el director ejecutivo de la Liga de Cooperativas de Puerto Rico (LCPR) Heriberto Martínez Otero, aclaró que la disputa no es de un reclamo de las cooperativas de ahorro y crédito como bonistas y acreedores del gobierno, ya que dichas entidades financieras fueron incluidas en el plan de ajuste de deuda (PAD) del gobierno central. El reclamo contenido en la ley 99-2024 es para reclamar mitigación de daños sobre el menoscabo que provocó en las finanzas de las Cooperativas la mala administración del gobierno de Puerto Rico de su deuda con dichas entidades. Puntualizó que hacer esa distinción es importante porque las cooperativas no están buscando abrir puertas para que bonistas que ya están incluidos en el PAD puedan hacer una nueva reclamación.

“Aquí lo que se está haciendo es un reclamo de recapitalización a cambio de que las cooperativas ejecuten lo que pide el plan fiscal para el Movimiento Cooperativo a través de COSSEC”, señaló el ejecutivo cooperativista.

El director ejecutivo de la LCPR, órgano que aglutina al movimiento cooperativo de Puerto Rico, expuso que el plan fiscal de COSSEC (Corporación Pública para la Supervisión de las Cooperativas), pretende que las cooperativas de ahorro y crédito cambien su sistema de contabilidad y renuncien a su representación en dicho ente, para que este sea conforme al organismo que supervisa a las cooperativas en Estados Unidos, la Credit Union National Association (CUNA).

“La JCF quiere tomar control del movimiento cooperativo a través de COSEC. En Estados Unidos las cooperativas (“credit unions”) no tienen representación en el modelo de CUNA que aplica a las cooperativas federales. Por eso, la Junta está exigiendo a COSSEC que se parezca más a CUNA y elimine la representación de las cooperativas de Puerto Rico en el organismo que las supervisa”, explicó. Agregó que por años, el movimiento cooperativo ha deliberado sobre esa exigencia en los congresos de la LCPR, determinando que la renuncia a su representación en COSEC solo se daría cuando culmine el proceso de recapitalización de las cooperativas que fue aprobado en dichos congresos. “Eso es lo que está aquí en controversia, que la JCF quiere que el movimiento cooperativo haga unos cambios con respecto a su supervisión y contabilidad”, recalcó Martínez.

Detalló que las cifras del monto del menoscabo de las cooperativas todavía no están cuantificadas. La ley 99-2024 no incluye una sola cifra expresada en dólares. Lo que permite la medida es la posibilidad de que esas cifras se incluyan porque las cooperativas tenían hasta el 13 de agosto para enviar a COSSEC las cifras cuantificadas de su menoscabo.

Subrayó que la mitigación de daños es parte de los deberes reconocidos por los planes fiscales de COSSEC. “Para tener protección, las cooperativas llevan 44 años pagando primas y capital, montos que exceden por mucho los dineros que corresponden a la mitigación”, expresó el director de la LCPR. .

Martínez Otero censuró que “como siempre. la actitud de la JCF es amenazar con ir al tribunal. Hay que esperar que cada cooperativa presente su estado. Es decir, la exigencia de la JCF es adelantada e inoficiosa, porque la propia medida dicta que para que se haga cualquier transferencia de dinero a una cooperativa, tiene que ser con la autorización de la JCF. Esta amenaza de la JCF es un regaño, más bien para la Asamblea Legislativa por haberse ido por encima del veto del gobernador”.

El movimiento cooperativo alertó que la JCF ha insistido en que se vendan los activos de las cooperativas de ahorro y crédito fuera del sistema cooperativo, lo que demuestra “su agenda escondida de hacer con el cooperativismo lo que se hizo con la Autoridad de Energía Eléctrica cuando se transfirió su operación a LUMA y Genera PR”. Contrastó que mientras la JCF impulsa intervenciones y fiscalización contra las cooperativas, el gobierno mantiene billones de dólares depositados en la banca comercial (más de $19 mil millones en el Banco Popular, según informe radicado ante el Securities Exchange Commision (SEC). De igual modo, señaló que la JCF tiene una posición favorable hacia Luma, a la que le han destinado $750 millones, y hacia Genera, con otros $500 millones y a la banca comercial, mientras propone intervenciones y restricciones para las cooperativas que son las instituciones que atienden las necesidades financieras de más de un millón de puertorriqueños. De acuerdo al director ejecutivo de la LCPR, Mujica nunca ha aceptado la solicitud las cooperativas para reunirse ni tampoco lo ha hecho con el presidente de la Comisión de Cooperativismo de la Cámara de Representantes.

Martínez Otero, quien es economista, expresó a título personal que lo que la JCF está tratando de hacer es disciplinar a la Asamblea Legislativa y al Ejecutivo para que no aprueben políticas públicas sin el visto bueno de dicha entidad fiscal. “Es un ejercicio de poder de la JCF con respecto al gobierno de Puerto Rico,, y esa ha sido su conducta desde que llegó. La situación del movimiento cooperativo es de solidez y solvencia. Lo dice la propia JCF en COSSEC. Por lo tanto, la acción de las cooperativas no es para tratar de recibir transferencias del gobierno. Es un proceso de negociación, porque las cooperativas están bien, pero pudieran estar mejor sino fuera porque tuvieron que utilizar parte de sus reservas”.

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La organización Ayuda Legal preparó un conversatorio de múltiples temas relacionados con la recuperación

Para quienes viven en Puerto Rico tras los embates del huracán María y otros eventos naturales recientes, la recuperación ha sido un proceso largo y lleno de complicaciones administrativas. Desde la distribución de suministros hasta la provisión de servicios esenciales, la historia de esta reconstrucción está repleta de anécdotas de ayudas ausentes. Para discutir las causas y repercusiones del estado actual del país, Ayuda Legal Puerto Rico reunió a varios profesionales para ampliar en distintos subtemas del “Desastre tras el desastre”, nombre del VI Encuentro Hacia una Recuperación Justa.

“Nosotras llevamos seis años haciendo trabajo para reunir organizaciones y a personas afectadas por desastres para pensar, no solamente en temas de política pública, también en el saldo del proceso de recuperación, y en  temas que inciden. En este caso, este año nos estamos reuniendo alrededor del tema de la corrupción y del mal manejo de fondos”, dijo Ariadna Godreau, de Ayuda Legal.

Dentro de este marco, cuatro expertos conversaron sobre las condiciones socioeconómicas de Puerto Rico luego del paso de María y de la llegada de los fondos de emergencia.

“Lo que estamos viviendo es imposible. De alguna manera estamos sobreviviendo porque sobrevivimos; estamos aquí todavía, pero es en unas condiciones que no son dignas. En unas condiciones que no promueven nuestro desarrollo, que no promueven que podamos lograr las metas que queremos lograr”, expuso Nicole Díaz González, asesora legal y panelista del tema.

En esa línea, la abogada coincidió con el economista Iyari Ríos González en que la clase trabajadora está sometida a unas condiciones laborales precarizadas en los últimos años, especialmente desde la llegada de la Junta de Control Fiscal (JCF). Sin embargo, el doctor Ríos González argumentó que, a pesar de la inyección económica que ha recibido Puerto Rico tras los huracanes, terremotos y otros desastres, no ha habido una mejoría en las condiciones de vida de las personas.

“Ha habido una precarización del trabajo, no solamente en el sector público, sino también en el sector privado, y eso responde en parte a las políticas públicas que se han ido elaborando. Menciono algunas: la Ley 7 del 2009, que despidió miles de empleados públicos; la Ley 66 del 2014, que menoscabó derechos contractuales de los trabajadores y trabajadoras en el sector público; la Ley 4 del 2017, que fue una reforma laboral en menoscabo de los derechos laborales”, adujo el profesor Ríos González.

De igual forma, el economista agregó que ese “comportamiento macroeconómico” no se ha traducido en las condiciones de vida de la ciudadanía por factores como la importación de alimentos, que mayormente provienen de afuera, y otras estructuras sociales de Puerto Rico que dependen de recursos extranjeros.

“Creo que, viendo cómo nosotros pensamos en la ciudad de manera integral, es lo que provee que sea un lugar que no fomenta el aislamiento de las personas. Las ciudades y nuestros espacios comunales no están diseñados para ser de compartir, de intercambio”, opinó, por su parte, la ambientalista Isatis Cintrón Rodríguez. Ese “reflejo de nuestra humanidad” que significa el espacio, adujo la científico, desmoraliza a las personas que permanecen en Puerto Rico.

Desde el punto de vista energético, el exintegrante de la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) Juan Rosario esbozó, al igual que Ríos González lo hizo con las condiciones laborales, cómo la “bonanza económica” de este tiempo posdesastre agudizó la crisis que enfrenta el sistema eléctrico, sobre todo desde la llegada de los consorcios privados, LUMA y Genera PR. No obstante, el experto en temas de la AEE también responsabilizó a la ciudadanía por “comprar la narrativa” de que la corporación pública, por estar en manos del Estado, era el problema.

“Eso [la precariedad] no es a pesar del crecimiento económico, eso es debido al crecimiento económico. El crecimiento económico produce destrucción, injusticia, eso está requete estudiado. Todos los períodos de mayor injusticia en el planeta y de mayor miseria de la gente que menos tienen en los países son los períodos de bonanza económica”, amplió Rosario en su punto. “Tenemos que mirar lo que hemos creado colectivamente”.

Por otro lado, Díaz González explicó cómo estas condiciones empeoran cuando se trata de una mujer trabajadora. Muchas veces obligadas a criar sus hijos, cuidar a sus padres y cumplir con los pagos mensuales, este sector demográfico recibe un azote doblado por no contar con días de maternidad, mecanismos o redes de apoyo que nutran sus particularidades.

Mientras tanto, Rosario y Cintrón puntualizaron en los escollos que enfrenta la preservación ambiental entre tanta actividad económica. “Hay un patrón de desinvertir en nuestros servicios esenciales y privatizarlos […] por el mal llamado desarrollo hemos perdido. No hemos apostado a nuestro entorno”, agregó la ambientalista del panel

Los cuatro recursos concordaron en que una posible solución al problema es la organización comunitaria que, mediante colaboraciones, puede reconstruir aquellas partes que el sistema pierde de vista.

Ayuda Legal Puerto Rico organizó unos cuantos conversatorios que tocan diversos temas parecidos al del panel citado. Igualmente, la colectividad cuenta con documentos impresos relacionados con las elecciones, informes de la recuperación, políticas de vivienda y otros recursos dirigidos a apoyar a que las personas permanezcan en Puerto Rico.

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