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Quieren desalojar Paseo 13

 

CLARIDAD

ccotto@claridadpuertorico.com

Con cinco años de trabajo como taller multiuso, artístico, comunitario y agrícola, el  colectivo Paseo 13 se enfrenta al desalojo del espacio que ocupa, por unos supuestos dueños.

Integrado por los jóvenes Pablo Varona Borges, Manuel Santini Durán, Sandra Cruz García, Rocío Cáliz Padilla y Mayte Reyes, el colectivo ocupa el edificio número 13 del Paseo De Diego, en el casco de Río Piedras. En entrevista con CLARIDAD comparten sobre el trabajo que realizan y reclaman su derecho a permanecer en el edificio. “Paseo 13 comienza hace cinco años siendo un espacio de taller multiuso y se conoce como una organización que atiende o dialoga con lo que está ocurriendo en el casco riopedrense”.

El grupo de jóvenes, todos con una preparación artística, y el colaborador Martín Cobián, del proyecto Apoyo Mutuo Agrícola, han desarrollado distintos proyectos durante este tiempo, como el Festival Arte Basura, el cual se celebra en el mes de febrero, un mercado agrícola cada segundo sábado de mes, al cual acuden cerca de 20 agricultores de pueblos y sectores aledaños. Son los creadores de una de las esculturas gigantes —una cucaracha— en el Paseo de Diego, la cual se confeccionó con metal que sobró de la construcción del Río Piedras Village. Además, han ofrecido talleres y actividades artísticas, han colaborado con actividades adornando el Paseo e incluso fueron los que montaron la tarima del antiguo Teatro Paradise. En el huracán Fiona ofrecieron su espacio como centro de acopio a la comunidad y mantienen una relación estrecha con el Fideicomiso de Río Piedras.

“Todo lo que es en esencia reusar el casco riopedrense en beneficioso de las personas que viven aquí. Ya sea preservando sus imágenes su cultura o postulando una propuesta distinta, eso ha sido en esencia lo que Paseo 13 ha sido. Primero que nada, ha sido restauración. Hemos estado enlazados con las comunidades y hemos trabajado desde el aspecto cultural. Esto son cinco años de trabajo en pocas palabras”, describió Varona Borge. Además, desde el comienzo han estado diseñando lo que sería un centro de acopio que pudiera responder de manera inmediata en casos de emergencia.

Un asunto que señalaron es que ya están viendo en Río Piedras el mismo desplazamiento que se está dando en otras áreas dentro de San Juan. Es bajo esa misma amenaza que se encuentra el proyecto de. De acuerdo con la narración De Varona, entre septiembre y  octubre del 202,  se presentaron  los licenciados Nicole Stowell y  Francisco Villarrubia, quienes le comunicaron a un miembro del grupo que estaba presente en el edificio que la propiedad había sido donada a MangoTree Properties LLC (MTP) y que Paseo 13 tenía que irse del lugar.

“En este espacio no se rompieron candados, nunca se entró a la fuerza. Entramos con el derecho de la persona que actuaba como administrador”, indicó Varona Borges. El grupo contó que hicieron un contrato por el que pagaban una mensualidad de $125, en la confianza y pleno entendimiento de que, del espacio, la cabeza más cercana a los dueños era esa persona. Añadieron que esta información fue colaborada con otra abogada que le dio luz verde al contrato; pero ambos abogados murieron. Ante esta situación, se quedaron con las llaves esperando a que los dueños aparecieran mientras seguían honrando el pago de la renta. Esta renta era a cambio de unas inversiones que el colectivo estaba a haciendo en el edificio. Según estiman, en materiales y tiempo han invertido cerca de $30 mil dólares.

“Los dueños estaban desaparecidos, sus direcciones llegaban a espacios baldíos o eran buzones. En un momento llegamos contactar unas direcciones que ya no estaban”. Afirman que durante todo el tiempo que han estado ocupando el edificio, más allá de los administradores, no se presentó nadie reclamando ser los dueños. Lo que sí sabían era que los herederos de la propiedad vivían en California.

La intención del colectivo siempre ha sido adquirir la propiedad. Incluso, enviaron una oferta con  distintas posibilidades; pero la contestación no solo fue que no querían negociar con ellos, sino que les contestaron que sus opciones son “irse o irse”. Así las cosas, el nuevo dueño Mango Tree radicó una demanda de desalojo, la cual se dio el pasado 9 de abril ante el juez Rafael A. Candelario López, del Tribunal de Primera Instancia de San Juan, quien decidió a favor de Mango Tree.

“Tenemos la sospecha  de que entre los abogados y los dueños de la propiedad todos se conocen. La donación se hizo por medio millón, sin haber hecho una cotización. Lo fundamental es que se hizo ese trámite sin atender la situación que había en el edificio”, denunció el grupo Paseo 13.

Además, pudieron saber que antes de llegar a Paseo 13, en octubre del 2023, el  Mango Tree acudió al CRIM para que le perdonaran una deuda por $40 mil. El CRIM les dio un plazo de 10 años, a $4 mil por año, para pagar la deuda. “Levanta suspicacia saber que esa propiedad pasa a una corporación del mismo señor que se la dona para luego hacer ese pago en el CRIM. El contrato, en una de las cláusulas, dice que el edificio no puede estar abandonado”, cuestionó el grupo.

El proyecto Paseo 13 tiene cartas de endoso de diferentes organizaciones sin fines de lucro, ha recibido una beca del National Endowment for the Arts, en un proyecto en conjunto con las también organizaciones Urbe Apie, La Maraña y el Municipio de San Juan.

Estos denunciaron y lamentaron la acción del MSJ, dado a que el Municipio sabía de su proyecto y habían adelantado varias colaboraciones con la vicealcaldía. Resultó una doble sorpresa saber que en algún momento el lote se pudo haber cedido a una organización que estuviera trabajando para beneficio de Río Piedras y que la cesión del edificio a Mango Tree ocurrió por las mismas personas que supuestamente  estaban dándole  apoyo al colectivo Paseo 13.

En la vista en el tribunal, los jóvenes tuvieron ocasión de ver de frente al presidente de Mango Tree, un tal Drew McManaus, a quien el abogado de ellos le preguntó de manera directa si estaba de acuerdo en sentarse a negociar con Paseo 13, una organización que está haciendo trabajo comunitario. De forma categórica este contestó que no. Esto les resulta contradictorio ya que esta persona preside una organización en Estados Unidos que se llama Community Connect Labs, que colabora con organizaciones comunitarias.

“Ahora mismo estamos dando inicio a una campaña para demostrarle a este señor McManaus  y a Villarrubia y Stowell, que son parte de Mango Tree, que aquí hay un pueblo que no se va a dejar desplazar. Necesitamos el apoyo de la comunidad riopedrense, de la comunidad  de San Juan, del pueblo puertorriqueño; que estamos ya hasta las narices de estar viendo este tipo de movimiento especulativo, de desplazadores. Aquí estamos con toda la intención de llegar algún tipo de acuerdo razonable con este señor y esperamos que el Municipio de San Juan  se ponga pa su número y medie en el asunto”.

Para el colectivo Paseo 13 no  tiene sentido la mala fe que Mango Tree está  presentado a la hora de pedirle que se siente a negociar. Este no es el único edificio que tiene el Mango Tree, la cual es una  sucesión de $4 millones con 11 propiedades todas en Río Piedras, algunas de las cuales el MSJ le ha cedido en usufructo.

Expresan su apoyo

 Por su parte, la organización VAMOS, Concertación Ciudadana, Inc., expresó su solidaridad con Paseo 13. En comunicado de prensa, declaró:

Nos oponemos al esfuerzo de matar el emprendimiento democrático que ha aportado a darle vida al Paseo de Diego con muy pocos recursos. Nos oponemos al oportunismo que pretende continuar su acaparamiento de bienes raíces especulativas a costa de los adelantos y las inversiones que se han logrado con mucho sudor, lágrimas y esfuerzo individual y colectivo.

Reclamamos la entrega de la titularidad a quienes por los pasados cinco años han utilizado de forma solidaria el edificio #13 del Paseo José de Diego de Río Piedras y han aportado a la vibrante comunidad de pequeños empresarios, artistas y agricultores que hacen de esa área desatendida el centro de su supervivencia. Río Piedras, como el país, es de quienes lo sudan. El Paseo 13 es de los agricultores, artistas, residentes y defensores de la democracia, en fin, del emprendimiento que le ha vuelto a dar vida.

 

Lucha de clases en el capitolio

 

Especial para CLARIDAD

El desarrollo de la tecnología y la experiencia posterior a la pandemia del COVID-19 aceleran la necesidad de reglamentar el  trabajo a distancia entre patronos y empleados. En Puerto Rico, el trabajo a distancia o teletrabajo en el sector público se encuentra regulado bajo la Ley 36-2020, según enmendada, conocida como Ley de Trabajo a Distancia del Gobierno de Puerto Rico. La misma aplica a trabajadores del gobierno central, corporaciones públicas, la rama judicial y municipios.

Recientemente se aprobó la Ley 27-2024 que se conoce como “Ley para Facilitar la Implementación del Trabajo a Distancia en la Empresa Privada y para incentivar el establecimiento de bases de operaciones aéreas en Puerto Rico”. Alegando que el trabajo a distancia representa una oportunidad de empleo mediante empresas o industrias sin presencia en Puerto Rico la legislatura aprobó esta ley para incentivar este tipo de industria. En esencia dispone que las industrias o empresas así definidas no tengan que cumplir con las leyes laborales que aplican en Puerto Rico y que solo el contrato de trabajo entre patrono y empleado regirá las condiciones de trabajo.

Por otro lado, ya sea empresa pública o privada, si  los trabajadores están organizados sindicalmente el convenio colectivo puede disponer las reglas que regirán el trabajo a distancia, de llegar a acuerdo entre las partes.  De no existir un convenio colectivo que así lo disponga, entonces el patrono establece las reglas unilateralmente. Ante la baja tasa de organización sindical, los patronos disponen a su antojo el uso de este recurso de trabajo a distancia o el uso de la tecnología para ofrecer servicios.

El trabajo a distancia puede ser un recurso en beneficio de ambas partes, incluso, una medida para crear empleos. Pero si no se reglamenta se presta para discriminar y explotar al trabajador. Conocemos de experiencias donde un convenio colectivo de una empresa privada disponía que si el gobierno declaraba un cierre de operaciones ante una emergencia, este patrono, debería cerrar. Al ocurrir el cierre del gobierno el patrono obligó a los empleados continuar trabajando desde sus hogares, sin respeto al convenio.

La otra cara de la moneda es el uso de la tecnología. Luego de la jornada de trabajo regular, los empleados siguen conectados al trabajo por medio de celulares, computadoras y el uso de las redes sociales. Los patronos pretenden que los empleados atiendan mensajes y produzcan trabajo después de su jornada de trabajo. ¿Pagan salario por esas horas de trabajo extras? ¿Pueden ser sancionados los empleados que no contesten o atiendan estos mensajes? ¿Cómo se afecta las condiciones y relaciones de familia por el uso continuo de tecnología en el tiempo de descanso o de vacaciones del empleado?

Esta realidad necesita ser atendida por medio de la organización sindical o por legislación que proteja al trabajador frente a las exigencias del patrono y del mercado. La tecnología ha llegado al punto donde el trabajo es supervisado por sistemas GPS donde se localiza la ubicación geográfica del empleado y se asigna un tiempo determinado para realizar la tarea. De no cumplirse con estos términos, el empleado es sancionado, cuando menos, evaluado.

Los anuncios y proyecciones del uso de inteligencia artificial por parte de los patronos justifican proteger a los empleados. La senadora María de Lourdes Santiago Negrón presentó el Proyecto del Senado 483 que propone reconocer el derecho del empleado a solicitar a su patrono trabajar a distancia y como consecuencia el patrono debe contestar tal petición en un tiempo determinado y de manera razonable. Por otra parte el proyecto también reconoce el derecho del trabajador a desconectarse del uso de los instrumentos digitales una vez finalice la jornada diaria de trabajo para el disfrute de su tiempo de descanso.

La Comisión del Trabajo del Senado presidida por la Lic. Ana Irma Rivera Lassen estudió la medida, solicitó opiniones y presentó un extenso informe para respaldar la medida. El Departamento del Trabajo y Recursos Humanos, junto las organizaciones patronales se opusieron. Mientras el Colegio de Abogadas y Abogados, abogados especializados en derecho laboral, la academia y sindicatos apoyaron la medida. Una cita de un medio digital resume parte del  informe legislativo que trata sobre la desconexión digital, citamos, “el Proyecto del Senado 483 discute que con la popularización del trabajo a distancia, el tema del derecho a la desconexión ha sido motivo de discusión y se hace necesario que los patronos tengan como parte de sus planes de trabajo reconocer el derecho de los empleados y empleadas a la desconexión digital o su derecho al descanso.

Particularmente, que su tiempo fuera de horario laboral sea reconocido y respetado. Esta medida reconoce el derecho a la desconexión digital al establecer que las personas empleadas tendrán derecho a la desconexión digital a fin de garantizar, fuera del tiempo de trabajo establecido, el respeto de su tiempo de descanso, licencias de vacaciones y enfermedad, así como su intimidad personal y familiar.

Además, dispone que ningún patrono podrá requerir a una persona empleada a distancia que acceda a comunicaciones electrónicas o que realice funciones relacionadas con el empleo fuera del turno regular de trabajo, excepto en caso de emergencia, sean dichas comunicaciones generadas por el propio patrono o sus subalternos(a), supervisores(as), clientes(as), contratistas o cualquier otra persona intermediaria.”

Así las cosas, la medida llegó al Senado el 16 de abril de 2024. La presidenta accidental del Senado, Marially González pretendió derrotar el proyecto alegando que recibió el rechazo a viva voz de los legisladores. Al reclamarse la votación reglamentaria, doce legisladores votaron en contra, estos fueron, Thomas Rivera Schatz, William Villafañe, Migdalia González, Albert Torres, Migdalia Padilla, Joanne Rodríguez Veve, Gregorio Matías, Juan Oscar Morales, Carmelo Ríos, Nitza Morán, Héctor Santiago Torres y Marially González.

Recibió cuatro votos a favor de parte de la proponente María de Lourdes Santiago Negrón, la senadora Ana Irma Rivera Lassen y los senadores Rafael Bernabe Riefkhol y  José Vargas Vidot.

Esta crónica se hace relevante y pertinente cuando uno lee los argumentos que en el Senado se levantaron para derrotar la medida. La senadora y empresaria Nitza Morán, del Partido Nuevo Progresista (PNP), expuso que lo dispuesto en la medida resultaba en una intromisión del gobierno en la operación de los empleadores privados. “La empresa privada es la que contrata, el patrono, para que ese empleado dé un servicio, en su empresa, bajo mis términos y condiciones. El empleado que no quiere quedarse en la empresa mía, porque no le gustan mis términos y condiciones, pues que aplique en otro lugar… es tan simple y tan sencillo”. Esta senadora y empresaria recurrió al miedo del comunismo.

Por su parte, la senadora del Proyecto Dignidad, Joanne Rodríguez Veve, rechazó la medida por “desacertada”, añadiendo que “el Proyecto del Senado 483 ejemplifica como el Partido Independentista junto a su aliado, el Movimiento Victoria Ciudadana a mi juicio se han convertido en los partidos más anti-puertorriqueños de los tiempos actuales y no solo porque son las sucursales del partido demócrata de Estados Unidos en materia social, sino porque además en materia económica son los principales estranguladores del empresarismo puertorriqueño…”,  También expresó que «Si se aprueba este proyecto serían los empleados los que dictarían cómo es que se correría la operación del patrono y el patrono tendría que justificar por qué no concedería el trabajo remoto y, para colmo, los empleados tendrán derecho de ser restituidos presencialmente cuando les dé la gana».

Por su parte Thomas Rivera Schatz  expresó, “Cuando examino la medida y el informe, uno se pregunta ¿quién está pidiendo esto? ¿Hay algún trabajador solicitando esto? ¡No! Y entonces, ¿Quién puede mejor que nadie decidir cuál empleado, cuál trabajador pudiera trabajar a distancia? ¡Pues la empresa privada!”.

El debate fue claro.  De qué lado está cada cual, de los trabajadores o de los patronos. La mayoría de los senadores-empresarios están claros también, ¡la empresa privada debe mandar! La lucha de clases y sus correspondientes ideologías reinó una vez más en el Senado de Puerto Rico.

Si el tema es eliminar derechos a la clase trabajadora, reducir pensiones, despedir trabajadores, privatizar agencias de gobierno, eximir de impuestos a los empresarios o imponer impuestos a la clase trabajadora, entonces los votos de los senadores-empresarios están disponibles. También están disponibles los fondos de miles de dólares del Súper PAC de los empresarios. Ya lo dijo el refranero popular, “con dinero baila el mono”.

 

 

 

 

 

 

Confirman contaminación del agua potable por las cenizas de carbón

 

Por la Redacción CLARIDAD

El Colegio de Químicos de Puerto Rico (CQPR) dio a conocer los resultados de un estudio del agua potable servida a viviendas en áreas de Guayama y Salinas, que reveló la presencia de metales pesados, tóxicos y cancerígenos en el agua potable de las áreas afectadas por el depósito de las cenizas de carbón en los acuíferos del sur de la isla, a pesar de que los niveles están por debajo de los límites máximos establecidos por la EPA.

El estudio, que provino de una solicitud de las comunidades del sur, responde a la preocupación manifestada por los residentes sobre la calidad de agua que se les está sirviendo. Los informes hechos públicos por la EPA sobre la contaminación de los acuíferos en el área de los municipios de Guayama y Salinas revelan que se han depositado más de dos millones de toneladas de cenizas en esa zona. Las cenizas provienen de la carbonera AES, instalada en la comunidad Puente de Jobos de Guayama.

Muchos de esos depósitos se hicieron cercanos a pozos de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) o en la pendiente arriba de ellos. El Colegio de Químicos y las comunidades recibieron información contradictoria sobre si el agua servida venía de los pozos en esa área o de la planta en Guayama con aguas provenientes del Río Patillas. Ante la duda, el CQPR solicitó a la AAA autorización para tomar muestras de agua en los pozos y en la planta de Guayama.

“Dada la preocupación, se decide tomar muestras de grifos en las casas de esta área. Análisis de esas aguas reflejaron metales pesados, tóxicos y cancerígenos, característicos de las cenizas de carbón. Estos resultados confirmaron las preocupaciones de las comunidades a pesar de que los niveles encontrados estaban por debajo de los niveles máximos permitidos”, explicó la Lcda. María Santiago, Presidenta del CQPR.

Entre las recomendaciones propuestas, se incluye la remoción y disposición adecuada de las cenizas de carbón fuera de la isla, así como el monitoreo continuo de los niveles de metales en el agua. “Este esfuerzo conjunto entre el Colegio de Químicos de Puerto Rico y las comunidades afectadas busca establecer un marco de trabajo para la acción gubernamental y comunitaria, asegurando un ambiente seguro y saludable para todas las comunidades de Puerto Rico”, expuso su Presidenta.

El Dr. Osvaldo Rosario, asesor del Colegio explicó que “el estudio subraya la importancia de tomar medidas correctivas y preventivas para asegurar la calidad del agua y la salud de las comunidades. El CQPR recomienda que se tomen medidas significativas para abordar las preocupaciones emergentes sobre las cenizas de carbón y su impacto en la salud pública. La preocupación surge de la presencia acumulativa de cenizas en áreas cercanas a los depósitos de agua, lo que plantea riesgos potenciales para la salud de las comunidades circundantes”.

La Lcda. María Santiago, presidenta, junto con destacados miembros del CQPR subrayaron  la urgencia de abordar este asunto de manera proactiva: «La permanencia de cenizas sobre el acuífero del sur facilita la percolación de metales pesados hacia nuestras fuentes de agua, lo cual es preocupante. Es imperativo actuar de inmediato para mitigar cualquier riesgo potencial para la salud de nuestra gente», afirmó.

El estudio incluye un resumen, en forma de tabla, de los resultados de los análisis de cenizas de carbón, el rango de concentraciones de metales encontrados en muestras de agua tomadas en los grifos de las casas entre marzo del 2021 y agosto del 2023, el rango de concentraciones de metales encontrados en las muestras de agua tomadas en los pozos de la AAA el 20 de octubre del 2023, el rango de concentraciones de metales encontrados en estudio de la EPA en pozos de la AAA en abril del 2023, los metales regulados por la EPA y las concentraciones máximas permitidas por la EPA. El documento también integra los datos de control de calidad de los laboratorios certificados para hacer este tipo de análisis.

Por su parte, el Dr. Ángel González, miembro del Colegio de Médicos Cirujanos indicó que “como médico, mi primera prioridad es la salud y bienestar de mis pacientes. Este estudio ilustra una situación alarmante que merece nuestra atención inmediata. Aunque los niveles de contaminantes estén por debajo de los límites actuales, sabemos que la exposición a largo plazo a metales pesados puede tener consecuencias adversas para la salud. Es crucial que adoptemos un enfoque proactivo para garantizar la seguridad del agua que nuestras comunidades consumen”.

El estudio y sus resultados fueron presentados en conferencia de prensa en la sede del Colegio de Químicos el pasado lunes.

Así de Claridad-Una ‘mákina’ todo terreno llamada José Berríos

El lanzador bayamonés hace historia con los Azulejos de Toronto

Especial para CLARIDAD

Tan pronto como este jueves 25 de abril el lanzador derecho boricua de los Azulejos de Toronto, José ‘La Mákina’ Berríos, se trepe a la lomita a enfrentar a los Reales de Kansas City en el Kauffman Stadium tendrá la oportunidad de seguir escribiendo en letras doradas la más grande historia de los lanzadores abridores puertorriqueños en el historial de la pelota de Grandes Ligas.

El partido está en agenda para iniciar a las 2:10 de la tarde y el bayamonés Berríos subirá a la lomita siendo, en lo que va de temporada del 2024, el lanzador más dominante del juego hasta el momento. El zurdo de 26 años y 6’4”, Cole Ragans (0-2 y 4.32 de efectividad en esta temporada), en su cuarta campaña en las Mayores, será su rival por los Reales de Kansas City.

Berríos ganó su primer Guante de Oro por su nivel defensivo en la temporada del 2023 superando en la Liga Americana al lanzador venezolano Pablo López y el estadounidense Sonny Gray, ambos de los Mellizos de Minnesota.

Bueno, pues en esta temporada del 2024, su trabajo como lanzador abridor lo ha puesto en otro nivel. Tras sus pasadas ocho campañas en las Mayores, este inicio de su noveno año ha sido de usted y tenga.

A su 29 años, Berríos presenta marca de 4-0 esta temporada en cinco aperturas, su mejor arranque en su carrera. En cada uno de sus cinco juegos ha lanzado seis entradas, suma 31.2 capítulos lanzados, lleva 27 ponches, ha dado nueve bases por bolas y su efectividad es de 0.85, la mejor hasta el momento en las Grandes Ligas.

En la historia del equipo de Toronto, que debutó en las Mayores como un equipo de expansión en 1977 y que ha ganado dos Series Mundiales (1992-1993), han pasado grandes lanzadores como Roger Clemens y Pat Hentgen, que ganaron premios Cy Young como los mejores lanzadores de la Liga Americana.

Otros lanzadores de gran nivel en el historial de Toronto, como Dave Stieb, Jack Morris, Doyle Alexander, Tom Henke, Dave Stewart y Dave Wells, entre otros, no lograron la arrancada que ha tenido Berríos en este 2024 que lo coloca a su vez como el lanzador con la mejor efectividad (ERA) en la historia del equipo luego de cinco partidos como abridor.

Le siguen en ese orden, Alex Manoah (1.45 en el 2022), Matt Shoemaker (1.57 en el 2019), Dave Stieb (1.58 en el 1983), Roger Clemens (1.72 en el 1997) y el también boricua Marcus Stroman (1.76 en el 2019).

El derecho Berríos debutó en Grandes Ligas con el equipo de Minnesota en el 2017. En nueve temporadas su registro de por vida son de 87 victorias con 66 derrotas, efectividad de 4.06, tiene 1,245 entradas lanzadas y 1,217 ponches.

Pero, sepa que Berríos no es solo un gran lanzador y que apunta a tener en el 2024 su mejor temporada en las Mayores. En Puerto Rico este joven atleta preside y dirige la Fundación José ‘La Mákina’ Berríos, que enfoca en brindar ayuda a personas con necesidades y problemas de salud y de vivienda, a niños de escasos recursos y a ayudar a restaurar facilidades deportivas comunitarias, como canchas de baloncesto y parques de béisbol.

A través de su fundación, Berríos realiza actividades deportivas e intercambios de gran nivel competitivo para generar fondos. Por ejemplo, a finales del 2023 un grupo de jugadores de Grandes Ligas, encabezados por el toletero dominicano, Vlad Guerrero Jr., estuvo en Puerto Rico jugando un partido de sóftbol a beneficio de la fundación de Berríos.

En eso y en disfrutar de su familia es que invierte su tiempo libre este atleta puertorriqueño.

“El Dream de la Fundación La Mákina, es la materialización de un sueño que tuve desde joven: ayudar a otros como yo a realizar sus sueños en Puerto Rico. Como La Mákina, mi dedicación va más allá del juego; es un compromiso de lucha constante para llevar facilidades de calidad a nuestra isla. Cada lanzamiento me acerca a lograr esa meta, porque por Puerto Rico y los míos, no hay quien me baje de esta loma”.

Así reza el mensaje que presenta a su fundación en sus redes sociales, y Así de Claridad destaca su esencia, su norte y su aportación a la sociedad puertorriqueña, más allá de desearle el mejor éxito en su carrera este 2024 y en las temporadas que le quedan por jugar.

 

 

Cuba ante una nueva crisis: ¿Qué dicen los cubanos?

 

Corresponsal de CLARIDAD

 La Habana, Cuba-Cuba atraviesa hoy uno de los momentos sociales y económicos más complejos de su historia reciente, desde el triunfo de la Revolución en 1959, en medio de una amalgama de contratiempos que han contribuido a dañar su economía a pasos acelerados en los últimos cinco años.

Por un lado, los daños económicos que dejó a nivel global la pandemia de Covid-19, y de la que a Cuba le ha costado levantarse; por el otro, un reforzamiento de las sanciones de Estados Unidos, que sigue apostando a provocar un cambio de modelo político en el país caribeño.

Ambos elementos se suman actualmente a un conjunto de legislaciones aprobadas a partir de enero de 2021, originalmente destinadas a resolver la difícil situación económica del país, pero que han agravado el escenario, generando un incremento en los precios de los alimentos de la canasta básica y una pérdida general del poder adquisitivo de la población.

En palabras de Anabel Antuña Alfonso, una joven estudiante cubana que conversó con CLARIDAD, “la situación del país es una situación difícil y, hasta cierto punto, triste”,

Al explicar a este periódico las circunstancias que, en su opinión, han llevado a su país al punto en el que se encuentra hoy, la estudiante de Filosofía comienza por mencionar la pandemia de la Covid-19 que generó una crisis económica mundial, de la que “Cuba no se separa”.

“Después se hizo la tarea de reordenamiento [económico], que no cumplió con las expectativas que se tenía y que en gran medida es la culpable de todos los desbarajustes que tenemos ahora en el país”, añade.

 Con esta mirada coincide el profesor universitario y Doctor en Ciencias Históricas de la Universidad de La Habana, Fabio Fernández Batista, quien subraya que para la isla “son días muy complejos [en los que] mucha gente, incluso, decide irse de Cuba”.

“Cuba atraviesa hoy uno de los momentos sociales y económicos más complejos de su historia reciente desde el triunfo de la Revolución en 1959, y esa realidad económica tan compleja se materializa en un escenario de precariedad social”, argumenta haciendo referencia a las dificultades cotidianas que enfrentan hoy los cubanos para adquirir productos esenciales y garantizar su movilidad. Una realidad que afecta a todos por igual.

“Como cubano, yo siento que es una crisis, no solo económica, sino de expectativas y de posibilidades, en las cuales la incertidumbre es algo que se coloca sobre la mesa todos los días [e] incluso afecta a aquellos que, como yo, tienen la convicción de que la Revolución y el socialismo son el camino de independencia, soberanía y justicia social para Cuba”, dice, por su parte, Ernesto Teuma, profesor del Departamento de Filosofía de la Universidad de las Artes de Cuba.

 

Producto de este complejo panorama, el pasado 17 de mayo, grupos de cubanos salieron a las calles en varias ciudades del Oriente del país para protestar por los constantes apagones eléctricos y la escasez de ciertos productos y alimentos, principalmente aquellos que el Estado entrega de forma subsidiada a la población –a través de la Canasta Familiar Normada, conocida popularmente como la “Libreta”.

Para los entrevistados, estos obstáculos, sumados a la falta de empatía en algunas estructuras del Gobierno, pudieran ser precisamente el foco del malestar social en la población. Las manifestaciones, según dicen, son un reclamo “legítimo”.

“Esas manifestaciones son evidencia de un malestar social acumulado en la realidad del país y que genera que la ciudadanía se manifieste en una lógica de cuestionamiento a la realidad que vive”, asevera Fernández Batista.

Desde la perspectiva de Teuma, quien también forma parte del colectivo La Tiza, quienes formaron parte de las protestas “están expresando un malestar legítimo en cuanto a las condiciones materiales de reproducción de su propia vida”, algo que, según él, las autoridades cubanas han reconocido, por lo que han actuado “hacia la conciliación, hacia la negociación, hacia la explicación”.

El gobierno cubano y su presidente Miguel Díaz-Canel han reconocido que el país atraviesa “años difíciles” y que algunas “decisiones administrativas mal tomadas” podrían haber abonado al malestar social que generan la incertidumbre económica y las sanciones de Washington.

Para muestra un botón, en los últimos años, EE.UU. ha perseguido y sancionado con más fuerza a las empresas que hacen negocios con Cuba para importar petróleo, lo que ha dificultado la entrada constante de combustible, imprescindible para la generación de energía, dando paso a constantes y más largos apagones, en especial, en el interior del país.

Al mismo tiempo, el jefe de Estado ha denunciado que Cuba es víctima de lo que llamó una campaña de “intoxicación mediática”, destinada a desvirtuar la realidad de la isla y aprovechar el descontento social para promover un cambio de régimen.

Como cuestión de hecho, el gobierno de EE.UU. y su embajada en La Habana se han hecho eco de las recientes manifestaciones en Cuba y han dicho estar del “lado del pueblo cubano” en sus reclamos, declaraciones que no carecen de cinismo y de una lógica de “inmoralidad”.

“La proyección de las autoridades norteamericanas respecto al tema de Cuba es absolutamente inmoral, básicamente porque un porcentaje elevadísimo de los problemas que Cuba experimenta en el día de hoy tiene que ver con la política hostil que los Estados Unidos nos hacen. Entonces, […] cuando la gente, marcada por esos problemas, protesta, en seguida se solidarizan con aquellos que son víctimas de su propia acción hostil”, denuncia el profesor de Historia.

Las autoridades cubanas revelaron recientemente que cinco bancos internacionales se negaron a procesar transacciones para Cuba en 2023 debido a la inclusión del país en la lista estadounidense de países que supuestamente patrocinan el terrorismo.

Esta movida, junto a otras 243 medidas adicionales aprobadas por el anterior presidente Donald Trump, han sido la piedra angular de una política exterior de agresión –que ha continuado con el incumbente Joe Biden– originada en la Casa Blanca contra La Habana, con la esperanza de hacer implosionar a la Revolución.

“Para mí eso es una hipocresía, una de las tantas que ellos [el gobierno de Estados Unidos] han hecho a lo largo de la historia, porque, si están a favor del pueblo cubano, ¿por qué no levantan el bloqueo?”, cuestiona, por su parte, Antuña Alfonso.

Pero a pesar de todo esto, los cubanos dicen confiar en su capacidad para superar sus problemas actuales, algo que sería menos difícil si no fuera por el bloqueo estadounidense ni su postura de hostilidad permanente con el pueblo cubano.

“Confío en la capacidad del pueblo de Cuba para reinventarse en medio de las dificultades y yo sueño con que seamos capaces, como nación, de encontrar los caminos para que la mayoría de los cubanos vea en Cuba el escenario donde consumar sus múltiples y legítimas aspiraciones”, remata, a modo de conclusión, Fernández Batista.