Es saludable y beneficioso para los gobiernos que se auto denominan democráticos contar con un ente que investigue, juzgue y adjudique responsabilidad ante señalamientos de actos de corrupción a funcionarios públicos de alto nivel. Cuando dicha función se cumple con imparcialidad e independencia de criterio, y de conformidad con el ordenamiento constitucional vigente en una sociedad, la institución y el gobierno ganarán la confianza y el amplio apoyo de la ciudadanía.
Poder vivir confiados en la integridad y transparencia de un gobierno electo para servir un pueblo, y tener la garantía de que las » manzanas podridas» que violen dicha confianza serán removidas y castigadas, mediante un proceso justo y transparente, debe ser una aspiración de toda sociedad civilizada.
Pero eso no es lo que ha ocurrido en Puerto Rico con la Oficina del Fiscal Especial Independiente (OPFEI), utilizada desde sus inicios como un balón político entre los dos partidos que se turnan la administración del gobierno en nuestro país.
Últimamente, sobre todo, a la OPFEI y todo su andamiaje se les ha caído la máscara de independencia investigativa para revelar un crudo ejercicio de persecución política contra los adversarios del partido en el poder.
Ni los integrantes del panel del FEI, ni los fiscales, ni nadie en esa oficina se preocupa ya por siquiera disimular el triste rol que desempeñan. Por eso, la opinión pública mayoritaria les tiene desconfianza y la OPFEI y sus «investigaciones» ya son miradas con recelo en nuestro País.
Pero, hasta hoy, ningún caso de dicha oficina había sido tan patentemente » de encargo» como el más reciente contra la representante a la Cámara por el Movimiento Victoria Ciudadana (MCV), la abogada Mariana Nogales Molinelli quien fue acusada junto a su madre, también abogada y ciudadana privada, y una corporación propiedad de esta última. En total, fueron 51 cargos levantados, por una cantidad similar de alegados delitos contributivos, en una investigación que duró un año completo y se desintegró en unos instantes en la sala de la jueza Iraida Rodriguez Castro, que presidió el proceso judicial contra las imputadas.
De las 51 denuncias, Nogales fue acusada por dos violaciones a la Ley de Etica Gubernamental, faltas ya reconocidas por ella y por las cuales pagó una multa. Todos los cargos por delitos contributivos se cayeron, contra ella, su mamá y la corporación.
¿Por qué, entonces, con un caso tan deficiente, los fiscales del FEI siguieron adelante? ¿Cuál fue la necesidad del despliegue mediático contra la legisladora y el derroche de fondos públicos en un proceso tan flojo que se vino abajo como un castillo de arena? La respuesta está fuera del tribunal, en el activismo constante de la representante Nogales en defensa del buen uso y preservación de los recursos naturales de nuestro pueblo, y en la denuncia de las políticas de este gobierno de Pedro Pierluisi y el PNP, que propician la destrucción, entrega y privatización del patrimonio de nuestro pueblo a favor de empresarios e intereses principalmente extranjeros. Eso ha sido lo que la convirtió en blanco de persecución política y lo que acabó por hundir a la oficina del FEI, hoy convertido en instrumento de persecución y, por lo tanto, inútil a la justicia, la transparencia y el buen gobierno en nuestro País.
