CLARIDAD

 La manifestación contó con la participación de varias organizaciones que denunciaron las formas de colonialismo en ambos países.

La Red de Solidaridad con Palestina y la organización Madres contra la Guerra convocó el pasado viernes, 22 de marzo, a una manifestación en repudio a la visita de la vicepresidenta de Estados Unidos (EEUU), Kamala Harris, en contra del genocidio liderado por Israel en la franja de Gaza y del descuido de la comunidad internacional con la situación de Haití, país vecino acaparado por pandillas cuasimilitares.

Como símbolo de solidaridad, el acto contó con más de 50 vasos llenos de arena y banderas de Palestina. También, más de cinco sandías, dispuestas frente al monumento, recordaron la prohibición de la bandera del pueblo palestino en la franja. Desde que el Estado de Israel implementó la orden colonizadora, el melón, con sus tonos colorados, verdes y blancuzcos, contrarrestan la afrenta cultural a la Palestina asediada.

“Desde octubre del año pasado, han muerto más de 33,000 palestinos y palestinas; 70 % de ellos, niñas, niños, ancianos, mujeres. La visita de Kamala Harris y su gobierno representa la corrupción hipócrita que, por un lado, pide a Netanyahu que permita la entrada de ayuda humanitaria a Gaza y, por otro lado, les vende armas, municiones y les brinda todo el apoyo logístico-político-militar con la intención de usurpar el gas natural y el petróleo de Palestina”, denunció Sonia Santiago Hernández, portavoz de Madres contra la Guerra.

La escultura dedicada a las víctimas del Holocausto fue inaugurada en marzo de 2012, en conmemoración a la cantidad millonaria de judíos asesinados en aquel capítulo tétrico de la historia. Ahora, los manifestantes denunciaron el genocidio del pueblo palestino —alentado por discursos sionistas e hipócritas— y aseguraron que los únicos terroristas de este conflicto son Israel y sus apoyos,  EE. UU. y Gran Bretaña.

“Kamala Harris no es bienvenida en Puerto Rico. El hecho de que ella venga a Puerto Rico denota la situación colonial de nuestra patria”, añadió Santiago Hernández.También, citó al portavoz del ejército israelí, Daniel Hagari, para reseñar la intención destructiva, y no precisa, del aparato militar del estado de Israel, fabricado en 1948.

Las organizaciones presentes llamaron a la cooperación internacional para la grave situación que vive la hermana nación, Haití, “producto de la corrupción, del intervencionismo extranjero colonial” que, por tantos años, ha deteriorado la libre determinación de La Española occidental.

Además, el acto solemne incluyó varias presentaciones artísticas, como la poesía del comerieño William Pérez Vega, intercaladas con los nombres de algunas de las víctimas, en su mayoría niños y niñas muertas en la franja de Gaza. A cada nombre le acompañó una cencerrada.

“Hace 60 minutos, soy una mancha de sangre entre las rocas en esta hora de las estadísticas de la muerte, que nos obligan a morir cada diez minutos” reza el poeta de Pérez Vega. Las edades de las personas variaron desde los 0 hasta los 17 años; la mayoría de estas víctimas ha sido parte de la niñez y otros sectores vulnerables. El pasado 13 de marzo, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) reportó la cifra más reciente de niños y niñas muertos: 12,300.

“Gaza es hoy un cementerio para la niñez. Muere un niño gazatí cada diez minutos, por hambre, por heridas o por sed. Rendimos homenaje a la niñez del holocausto palestino, y en este lugar símbolo, donde se conmemora el Holocausto judío”, dijo, por su parte, Solimar Ortiz Jusino. Durante la ceremonia solidaria, varios de los manifestantes alternaron entre los nombramientos de las víctimas.

Después de los nombramientos, Luis Torres, de Poetas en Marcha, declamó una dedicatoria al imperialismo que asedia al pueblo palestino, y de cómo se escucha “el chasquido de la muerte” en Gaza.

“Desde nuestra organización, que se estableció en el 2004, hacemos claro, que ante la reciente intervención de algunos países del Caribe, agrupados en el CARICOM en alianza con Estados Unidos […], respaldamos la soberanía nacional del pueblo de Haití y, como plantean las organizaciones haitianas, cualquier solución a la crisis de Haití debe ser coherente con la voluntad del pueblo”, expresó Lucy M. Millán Ferrer, del Comité Puertorriqueño de Solidaridad con el pueblo  Haití.

Millán Ferrer repudió la propuesta de que las pandillas que controlan al país haitiano establezcan las pautas de solución para el conflicto. Lo catalogó como una “vergüenza”, habiendo tantas organizaciones feministas, políticas, culturales y religiosas que “están activas en la crisis que viven” para impulsar la paz.

“Yo estoy muy orgulloso de nuestra gente en Puerto Rico, pero del mundo entero […], que se han tirado a las calles para reclamar el cese del bombardeo, para hacer un llamado de indignación y nombrar, con nombre y apellido: el Estado de Israel es un Estado genocida y fascista, que debe estar avergonzado de ser ese personaje de la historia, cuando tiene un legado de haber sido las víctima de la Segunda Guerra Mundial”, aseveró Ricardo Santos, portavoz de la Red de Solidaridad con Palestina.

Igualmente, Santos rechazó la visita de Harris a Puerto Rico, por la complicidad de Estados Unidos con el genocidio en la franja de Gaza y, además, destacó la historia colonialista de esa nación y el desarrollo de economías basadas en la industria armamentista.

“Mientras la lógica sea el desarrollo desmedido de una empresa, siempre va a haber hambre para comer más, para abusar más y para buscar más mercados para sus intereses. Cuando llegue el día en que lo que prime sea la solidaridad, el bienestar común, acabarán las guerras y los conflictos”, agregó.

Por igual, la Red exigió la inclusión de la participación haitiana en las decisiones del futuro del país y la responsabilización de las naciones Estado que han intervenido en la autodeterminación del país vecino.

“Si el ser siervo es no tener derechos, el ser el amo es no tener conciencia”, citó Santos a Julia de Burgos, para concluir su denuncia.

Por la Redacción

Indignado se encuentra el magisterio ante la revelación de que la secretaria del Departamento de Educación (DE) Yanira Raíces, tiene en su plantilla a 93 puestos de confianza lo que implica una nomina de $700 mil al mes. La revelación fue resultado de una petición de la Comisión de Educación, Turismo y Cultura del Senado.

“En momentos en que nuestras escuelas languidecen  por el abandono y la falta de mantenimiento, mientras se carece de equipo y materiales didácticos, mientras se le deben miles de dólares a maestros y maestras por la Carrera Magisterial, y mientras se les niegan equipos y servicios a nuestros estudiantes de Educación Especial, entre otras necesidades apremiantes, nos enteramos de la nomina de los empleados de confianza de la secretaria del DE», denunció la presidenta de la Federación de Maestros (FMPR), Mercedes Martínez Padilla.

La presidenta de la FMPR no paso por alto y censuró el que mientras el DE   pretendió reprimir y minimizar las denuncias hechas por los y las estudiantes, que a través de las redes sociales publicaron las pésimas condiciones en que se encuentran sus planteles escolares, que el DE gaste la friolera de $8 millones anuales en la nómina de estos empleados de confianza y peor aún, que utilizara todas las artimañas posibles para no hacer publicar esta información. En esa misma línea cuestiono el que si esas personas tendrán las cualificaciones necesarias para los puestos que ocupan y si dichos puestos son verdaderamente necesario. De lo contrario sostuvo es un vil acto de corrupción.

“En la Federación de Maestros hemos criticado y advertido por años del daño que le hace a nuestro sistema educativo los altos niveles de politización en el DE. Esta situación de los empleados de confianza es sólo un ejemplo más de como esta administración, al igual que las pasadas, han convertido las agencias públicas en enormes batatales y el DE en especial en una ATH para costear campañas políticas y beneficiar a los allegados del partido”.

La presidenta de la FMPR exigió que tanto la Legislatura y agencia correspondientes a que lleven una investigación rigurosa sobre la legalidad de los sueldos y la forma en que se están utilizando los fondos asignados al DE.

En declaraciones por separado, el presidente de la Asociación de Maestros (AMPR), Víctor Bonilla Sánchez, también expreso su indignación.

“Por años hemos denunciado a la sociedad que en el DE no se administra eficientemente el presupuesto y esto es una muestra más, pero una muestra vergonzosa. Las precarias condiciones de las escuelas de Puerto Rico, la falta de recursos y los miseros salarios del magisterio y el personal docente no son temas nuevos. No nos sorprende que mientras nuestros estudiantes son víctimas de una administración que no dirige el dinero eficientemente para que lleguen los recursos a las escuelas, estén en mejores condiciones y haya salarios justos para nuestros docentes, tenemos una nomina de $8.4 millones anuales en puestos de confianza del DE, muchos con un salario mayor al del mismísimo gobernador de Puerto Rico”.

Bonilla Sánchez reparó en que muchos maestros con maestría y doctorado, la mayoría no llega ni a los $3 mil dólares mensuales. Además de que hace mas de 10 años hay muchos maestros en espera del pago de la Carrera Magisterial y la respuesta del DE siempre es que no hay dinero.

Por otra parte, el maestro federado y candidato a la Cámara de Representantes por el Distrito 11 (Dorado, Vega Alta y Vega Baja) por el Movimiento Victoria Ciudadana, Eric Armando Rosser, hizo un llamado a la comunidad escolar y al país para que hagan visible su indignación.

“La comunidad escolar debe hacerse sentir sobre todo el magisterio. ¿A cuántas personas nos han negado el pago de la carrerea magisterial teniendo maestrías y doctorados? El DE se escuda tras la Ley 66 para no pagar. Esta ley detuvo los pagos de la Carrerea Magisterial. Es indignante ver como el dinero no llega al servicio directo a las escuelas a causa de estas contrataciones desmedidas”.

Se ha confirmado que, de los 93 puestos de confianza, 71 de ellos son donantes del PNP.

Mientras el gobernador Pedro Pierluisi en distintos momentos y evidentemente molesto a preguntas de la Prensa ha calificado las criticas como unas “absurdas, politiqueras y ha defendido que estos puestos de confianza tienen que ser gente identificada con el programa de su administración”.

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Desde 2021, la organización en Utuado, Aguadilla y Arecibo ha cambiado sus dinámicas administrativas.

Hace cerca de dos semanas, el presidente de la Universidad de Puerto Rico (UPR), Luis A. Ferrao Delgado, desmintió cualquier rumor de consolidación entre recintos de la institución y aseguró que forma parte de unos “traslados administrativos”.

No obstante, para el estudiante y miembro de la Junta Universitaria (JU), Sebastián Segarra, todo forma parte del Plan Piloto de Servicios Compartidos, aprobado en el 2021. “Es una imposición de la Junta de Control Fiscal (JCF). Ellos aprobaron $40 millones para la UPR, pero solo si se llevaba el plan exactamente como decían”, denunció el estudiante utuadeño.

De acuerdo con Segarra, la reciente decisión de trasladar las oficinas administrativas de empleados no docentes es una “movida” inicial hacia la consolidación de recintos. A juicio del representante, la institución promueve que los trabajadores se muden, pagados por la nómina de Utuado, a Arecibo o Aguadilla. Para los empleados que quedan en la unidad de Utuado, se les ofrece un incentivo de $500 para irse a otra unidad, según Segarra.

Estos cambios han dejado al recinto utuadeño con pocas oficinas que respondan a las necesidades de la comunidad, como el caso de la Oficina de Compras, que ahora está en Aguadilla. Como consecuencia, Utuado se ha convertido en “cliente” de las otras dos unidades, por el rol central que ocupan en la empleomanía de la universidad. Además, esta dependencia administrativa limita la capacidad del recinto para invertir en el aumento de estudiantes matriculados y docentes permanentes.

“No tenemos nada en Utuado. Esta movida le abre las puertas al traslado físico como último paso de la consolidación y es algo que se quiere llevar a otros recintos”, advirtió el estudiante subgraduado. “Es hasta ineficiente, porque ahora Arecibo y Utuado tienen que depender de Aguadilla para algunas cosas y seguir cargando con otras”, detalló Segarra.

Como parte de la ampliación del Plan Piloto, la Junta de Gobierno de la UPR anunció la agregación de este proyecto en las unidades de Bayamón, Carolina, Humacao, Cayey y Ponce. Aunque, a principios del programa, la institución proyectó un ahorro en los gastos funcionales, tanto Segarra como la propia institución —de acuerdo con el estudiante— han admitido pocos cambios en los gastos.

Segarra aseguró que en el caso de la docencia, los cursos deben tener un mínimo de 50 % de su cupo, o matrícula, para llegar a quórum y, por esa razón, no se puede abrir el curso. La única excepción a esta regla es ante la situación de un estudiante que se gradúa.

En el caso del profesorado, para cumplir con una carga completa de docente, se debe impartir, en un semestre, 12 créditos. No obstante, la falta de cursos asignados les relega a escoger entre realizar tareas administrativas, investigaciones en otros recintos o la “movilidad docente”. Este último recurso permite que un profesor dé clases en otra unidad   —Aguadilla o Arecibo— con el sufragio del recinto utuadeño.

La situación complica la dinámica tanto para estudiantes como docentes. Para los alumnos, las pocas opciones de cursos y grupos de investigación les desaniman, muchas veces, acabando por mudarse a otros recintos.

“Ahora mismo, estamos en un ambiente de retroalimentación negativa. Muchas personas sugieren otros proyectos que amplíen la oferta del recinto […] Se nos van porque no se puede conseguir el curso o no se puede llegar a quórum. No hay diversidad de profesores o de clases electivas”, resumió Segarra.

Las denuncias de Sebastián responden a que, en tiempos recientes, el recinto de Utuado logró aumentos en la matrícula, la retención y la proyección de nuevos estudiantes. “Solo se puede subir desde aquí”, aseguró Segarra.

Respecto a un cierre de la unidad, el representante ante la JU confió en que “nadie quiere ser la cara que cerró a Utuado” en estos momentos, y que, de parte de la comunidad estudiantil, hay un “empuje” presente y en contra de las medidas del Plan Piloto.

“En el proceso, logré que se abrieran secciones para las clases de Física y Cálculo, que muchas veces no se ofrecen”, mencionó, por su parte, la presidenta del Consejo General de Estudiantes de Utuado, Diana Burgos Marroig. Además, anunció que la próxima asamblea de estudiantes para Utuado es el martes, 2 de abril.

Ambos estudiantes admitieron que la situación, viralizada en la redes sociales por la candidata a la alcaldía de Utuado por el Movimiento Victoria Ciudadana, Maritza Feliciano, trajo a la luz la gravedad del asunto. De seguir esta tendencia de quitar poderes a la unidad, la universidad bien puede palpar cambios más severos en la funcionalidad de Utuado, la primera víctima del Plan Piloto.

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ccotto@claridadpuertorico.com

Como un tsunami que arrasa todo a su paso se puede describir el paquete de las 13 medidas que proponen enmiendas a la Ley de Permisos 161 de 2009, aprobadas hace unas semanas en la Cámara de Representantes. Ahora se supone que ahora pasen a consideración en el Senado. Al margen de estas 13 medidas, todavía queda en el tintero el proyecto PC 1034, que pretende enmendar los requisitos en el Código Municipal del puesto de Director de las Oficinas de Ordenamiento Territorial (OOT), de modo  que profesionales que no sean planificadores puedan ocupar estos cargos.

En entrevista con CLARIDAD, David Carrasquillo Medrano, director ejecutivo de la organización Planifiquemos, expuso que el PC 1034 es una medida  irresponsable que tendría “consecuencias desastrosas para el futuro de la planificación y el desarrollo sostenible de Puerto Rico”.  El proyecto fue aprobado primero en la Cámara y, a inicios de marzo, fue aprobado en el Senado, aunque con enmiendas. Se supone que la medida pase ahora a un comité de conferencia.

Originalmente, el proyecto surgió de la Federación de Alcaldes. Pero a Carrasquillo no le sorprendería que hubiese intervención de algunos grupos, como la Asociación de Constructores, que suele perseguir ese tipo de medida. Este hizo la observación de que era importante enmarcarlo en las 13 medidas aprobadas que reforman la Ley de Permisos.  “Muchos de estos proyectos le hacen juego a esa medida del PC 1034”.

El PC 1034 permitiría que arquitectos o ingenieros ocupen la dirección de una OOT en un municipio. Esta es una posición que tiene capacidades inherentes a representar al municipio. Por ejemplo, en términos legales es la única figura que puede hacer interpretaciones de los reglamentos, es el único que tiene la potestad para negociar con la Junta de Planificación (JP) sus competencias a través de convenios y también es el que aprueba el plan de ordenación territorial y uno de los planes de calificación, expuso. En el caso de los 13 proyectos aprobados, el PC2067 propone que esta posición pueda ser ocupada mediante un contrato por servicios profesionales, lo que a juicio de Carrasquillo, es absurdo.

Al presente, ese puesto es el único en toda la estructura del gobierno que está separado para un planificador licenciado. “Con toda la razón, el director de la oficina territorial, que muchas veces se llama Planificación de Ordenación Territorial, es la figura que tiene el poder  de ser una mezcla entre la teoría y la práctica. Así que todas las decisiones que toma el director de la Oficina Territorial no solamente se firman, sino que tiene que incluir una justificación de los raciocinios de cómo se llegó a esa conclusión”, explicó.

Un aspecto que el entrevistado señaló que es muy importante que quede claro es el contexto de que, en tanto, la Junta de Planificación está en rebeldía con la decisión del Tribunal Supremo, que declaró nulo el Reglamento Conjunto. Todas estas medidas que se están presentando tienen como única intención considerar la planificación como la de facilitar la tramitación de permisos, “cuando lo que hace un planificador, hasta cierto punto, es lo opuesto. Nosotros estamos velando por el balance entre los diversos tipos de intereses, no solo social y económico, sino también en términos de gobernanza y participación, que son cosas que dentro de la preparación de un arquitecto e ingeniero no figuran como parte de su preparación de ninguna forma”.

Carrasquillo Medrano rechazó el argumento de la Comisión de Vivienda, que es la que la que sirve como administradora del proyecto con los proponentes y coautores, de que hay falta de profesionales disponibles para ocupar estos puestos. Precisó que solo hay 12 municipios autónomos que tienen oficina de planificación y que hay cientos de planificadores disponibles en el país, por lo que no hay razón alguna de acudir a otros profesionales para poder cubrir esas necesidades.

Respecto al paquete de los 13 proyectos aprobados en la Cámara sobre la Ley de Permisos, denunció que, excepto dos, el resto de los proyectos son inaceptables. También denunció que los proyectos no se hicieron accesibles al público hasta el viernes en el Sistema SUTRA; fueron presentados lunes y aprobados martes.

Planifiquemos sometió a la Comisión de Pequeños y Medianos Negocios y Permisología una ponencia,  con copia a la presidencia de la Cámara, en la que examina cada uno de los proyectos. Entre los señalamientos se expone que algunas de las propuestas, como “el PC 1992, PC 2057, PC 2058, PC 2063 y PC 2065 apuntan a reducir de manera drástica los plazos para que agencias y municipios evalúen solicitudes de permisos, asumiendo que la falta de respuesta equivale a un endoso automático. Esto es sumamente problemático, ya que podría resultar en la aprobación apresurada de proyectos sin una evaluación adecuada de sus impactos ambientales y comunitarios. Los 20 o 30 días sugeridos son insuficientes para un análisis riguroso, especialmente en casos complejos. Se deben mantener mecanismos para extender estos términos cuando sea necesario”.

Otro ejemplo de las medidas es el PC 2061, el cual propone que se permita utilizar el 25 % de un hogar en zonas residenciales para uso comercial. Planifiquemos advierte que aprobarlo de forma automática y ministerial, sin certificaciones de seguridad ni participación comunitaria, es imprudente.

Los únicos dos que considera se podrían aprobar con mejoras son el PC2059, el cual propone fortalecer la fiscalización de los Profesionales e Inspectores Autorizados para prevenir conflictos de interés y que el acceso a su información sea pública, y el PC 2064, el cual propone requerir participación ciudadana en enmiendas al Reglamento Conjunto. Pero el lenguaje debe ser más específico sobre los mecanismos concretos de participación en cada etapa.

Por otro lado, el portavoz de la delegación del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) en la Cámara, Dennis Márquez Lebrón, al ser entrevistado por este semanario declaró que no solo los proyectos no estuvieron disponibles a las personas lo más pronto posible, sino que estos eran proyectos reciclados que fueron parte de uno que se había aprobado en la Cámara anteriormente, que había sido  dividido en 12 proyectos. “Más allá, en esta nueva radicación en proyectos individuales, se hicieron unos informes proforma y se aprobaron el martes pasado”.

En términos generales, los proyectos siguen privatizando parte del proceso de la otorgación de permisos en el país. De su lectura se denota que se les permite a los denominados ‘profesionales a cargo’ evaluar muchos asuntos de los permisos. Ahora les añaden funciones de otorgar licencias y certificaciones cuando esas son funciones del gobierno, describió. El representante fue firme en censurar el que se promueva el nombramiento de funcionarios del ordenamiento territorial de los municipios mediante contratos de servicios cuando se supone que estos son  funcionarios investidos de política pública.

“En estos proyectos de ley se promueve todo fast track, términos cortos para que no haya la evaluación adecuada. Aquí no nos estamos refiriendo a proyectos de ley en una avenida llena de cafeterías. De lo que estamos hablando es de grandes proyectos de construcción, de grandes propuestas, que quieren hacer sin una evaluación adecuada. Vamos a tener otro desastre más de los muchos errores que se han cometido en este país”, manifestó.

A Márquez Lebrón le alegra que el único proyecto que no fue aprobado fue el que proponía que, para todos los proyectos con fondos federales, las agencias de gobierno de Puerto Rico tuvieran solo 30 días para expresarse, que tampoco tuviera que notificársele a ciudadanía mas allá de una mera notificación a los colindantes y que el único proceso para oponerse era acudiendo al Tribunal Apelativo.

Al examinar los proyectos, surge la interrogante de dónde quedaría la JP. Márquez indicó que es obvio que hay una renuncia a muchas de sus labores. Por ejemplo, los funcionarios especializados van a levantar expedientes, y como todo lo harán los profesionales autorizados de los proyectos, lo que permiten evaluar es hasta un máximo  de 5 % de esos expedientes. “Estamos hablando de que la inmensa mayoría de los permisos del país no serían evaluados por ninguna agencia del Gobierno de Puerto Rico”.

Se supone que ahora los proyectos pasen a consideración del Senado. La opinión del representante del PIP es que en ese cuerpo es más difícil que se aprueben. Añadió que además le han señalado que esos proyectos no tienen mucho futuro. “Pero cualquier cosa puede suceder en este país. Habrá que ver qué pasará en el Senado y habrá que ver si llegan a Fortaleza. Mi posición es que no debe aprobarse ninguna de ellas tal y como están redactadas”, recalcó.