El Movimiento Solidario Sindical (MSS) manifestó  su rechazo a la anulación, por parte  de la Jueza Taylor Swain, de  la Ley de reforma Laboral, Ley 41 de 2022, a petición de la   Junta de Control Fiscal (JCF). Según la decisión de la jueza, emitida este pasado 3 de marzo, el Gobierno de Puerto Rico no logró demostrar que la medida legislativa fuera consistente con el Plan fiscal del año 2022 bajo la ley PROMESA.

La anulación de la Ley 41 del 2022 significa regresar a los 6 días de vacaciones, 6 días por enfermedad, el periodo probatorio de 9 meses y tener que haber trabajado 1,350 horas para poder recibir el bono de Navidad. El representante de la organización, José Rodríguez Vélez, expresó: “Es un acto que nos lleva a la mal llamada Reforma Laboral, aprobada en el 2017.”

En comunicado de prensa, el MSS, que agrupa a trabajadores del sector privado, expuso que la Ley 41 de 2022 lo que hace es enmendar y adelantar la Ley 3 del 2017 que le quitó derechos y beneficios a la clase obrera en el sector privado. La agrupación expone que es una excusa que esos derechos afecten a los patronos y las compañías y que, por tanto, el gobierno vaya a recibir menos recaudos para así aliviar la crisis creada en el gobierno. “Pero nada más alejado de la realidad: aquí desde que se aprobó la Ley 4, no existe evidencia del efecto negativo en recaudos y mucho menos de forma directa a los patronos. La JCF no puede demostrarlo con ejemplos claros y lo que hace es faltarle el respeto nuevamente a esos trabajadores y trabajadoras. La JCF se mete con la familia en no poder tomar merecidas vacaciones.”, argumentó Rodríguez Vélez.

Al manifestar el rechazo de la organización, el líder sindical expuso: “Aquí se aprobaron mejoras en días de vacaciones, enfermedad, bono de Navidad y periodo probatorio, llevándolo a 6 meses, en Cámara y Senado, donde luego el gobernador Pierluisi firmó y aceptó los cambios, y por solicitud de la JCF a la jueza, fueron eliminados. Queda demostrado nuevamente que el Gobierno actual con sus agencias no tiene ningún tipo de poder sobre cómo gobernar en la colonia”.

Rodríguez Vélez exhortó a los cuerpos legislativos y al gobernador a tomar las acciones necesarias para defender a la clase obrera: “La jueza acaba de faltarle el respeto al pueblo con esa actitud de llevar a la clase obrera a los periodos de esclavitud. Aquí la JCF acaba de decidir que un empleado o empelada solo tendrá 6 días de vacaciones al año, lo que va a provocar el desaliento para que muchas personas entren a ser parte de la fuerza laboral. Peor aún, fuerzan a la juventud a buscar alternativas laborales fuera del país”.

El representante sindical  hizo un llamado a tomar acciones para que ahora se aglutinen fuerzas para rescatar derechos laborales, saliendo a las diferentes manifestaciones que han sido convocadas, como la del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora, y a las futuras que se convoque. Su mensaje a cada individuo es a organizarse en sindicatos para lograr derechos en convenios colectivos, los cuales fijan mejores beneficios en general, además de por vacaciones y por enfermedad.

El MSS  representa a cientos de empleados y empleadas de la empresa privada en Puerto Rico, principalmente, Pepsi-Cola, Coca-Cola y Partners Business Services.

CLARIDAD

Varios temas sonaron en la prensa puertorriqueña en estos días. El más importante fue el marronazo que la juez estadounidense Taylor Swain le dio a la ley de reforma laboral aprobada por la Legislatura, pero este tipo de noticia, por lo repetida, ya no tiene mucho impacto y pronto se olvida.

Las noticias más atractivas son las que traen algo nuevo. Los eventos que se vuelven rutina no se reseñan en portada y, más adelante, ni siquiera en las páginas interiores de los diarios. ¿Cuánta legislación aprobada tras largos debates en nuestras cámaras legislativas ha terminado en el zafacón de los tribunales federales durante los últimos seis o siete años? La primera, y tal vez más importante, fue la que con algo de sorna algunos medios de prensa bautizaron como la ¨ley de quiebra criolla¨. Ante el hecho de que el estatuto federal de quiebra de forma expresa no aplica a Puerto Rico, en 2016 la Legislatura quiso llenar el vacío aprobando una ley que parecía muy bien razonada. Muy pronto el tribunal de los federales decidió que las colonias ni siquiera pueden llenar vacíos y nuestro estatuto fue prontamente anulado. Le correspondía al Congreso estadounidense llenar el espacio, si quería. Como sabemos, luego el hueco legal lo ocupó el regalito que llamaron PROMESA, que efectivamente eliminó la limitada autonomía del gobierno colonial. Desde entonces una juez de Nueva York, designada por el juez presidente del Tribunal Supremo estadounidense, es la que decide, a petición de la Junta que el mismo Congreso creó, si alguna ley aprobada en Puerto Rico puede ponerse en vigor.

Mientras se trate de legislación más o menos inocua, que no impacte el presupuesto presente y futuro ni la economía (¡imaginen!) los poderes legislativos se respetan. En todo lo demás, son los procónsules los que deciden y la juez de Manhattan la que ordena.

En este último caso no se trataba de una ley boba, sino muy necesaria y justa, que intentaba reparar en parte el severo daño que la propia Junta de Control Fiscal y el pasado gobierno de Ricardo Rosselló le habían causado a los trabajadores puertorriqueños. En 2017, el bisoño Rosselló y la también recién estrenada Junta decidieron comenzar sus gestiones como requería el capitalismo salvaje y el neoliberalismo clásico: quitándole a los que menos tenían para facilitarle el camino a los de arriba. Así fue como, supuestamente para estimular la estancada economía, aprobaron una reforma laboral que eliminó o limitó derechos adquiridos por nuestros trabajadores. El despido se hizo fácil y barato, los beneficios marginales (vacaciones, días por enfermedad, etc.) se redujeron, entre muchas cosas más. Si la realidad de la nuestra fuerza laboral era entonces difícil como resultado de la crisis económica, la reforma de Rosselló y la Junta la hizo peor.

Como sabemos, el crecimiento económico que la legislación anti obrera iba a alcanzar nunca llegó. Más bien fue lo contrario, pero los empresarios estaban de pláceme pagando salarios bajos, reclutando sin tener que cumplir con periodos probatorios ni permanencia y despidiendo a su antojo.

Lógicamente, este problema fue tema de campaña en las elecciones de 2020 y la Legislatura que de allí salió se comprometió a hacer un esfuerzo para reparar el daño causado a la mayoría de boricuas que vive del trabajo. Afrontando la oposición de los miembros del PNP, que afortunadamente en esta ocasión estaban en minoría, se aprobó nueva legislación que restituía algunos de los derechos conculcados. La representación legislativa del PIP y los nuevos legisladores del Movimiento Victoria Ciudadana, trabajaron con esmero empujando a los del PPD hasta que se logró un proyecto que, si bien no reparaba todo el daño, lo hacía en parte. Tras la aprobación, el gobernador Pedro Pierluisi optó por firmarla obviamente pensando en su aspiración a ser reelecto en 2024. Luego, por negligencia o a sabiendas, cometió un error en la tramitación del estatuto que se convirtió en una de las excusas que utilizó la Juez para anularlo.

Alguien podría decir que la Legislatura no debió desplegar todo ese esfuerzo si se sabía que el futuro de la ley era, al menos, altamente dudoso dado el inmenso poder de la junta de procónsules. Es posible que la muerte estuviera anunciada, pero los legisladores electos estaban obligados a descargar su responsabilidad tratando de proteger a nuestra masa laboral.

Como decía al principio, la anulación de la legislación laboral apareció en los medios y pronto desapareció. Es un ejemplo más del colonialismo clásico que padecemos y son tantos que la repetición lo despoja de valor noticioso. Es el clásico ejemplo del perro que muerde al hombre versus el hombre que muerde el perro. Tal vez cuando nos dispongamos a morder la historia sea novedosa.

ccotto@claridadpuertorico.com

Un reglamento hecho a la medida de los llamados ‘desarrolladores’, eso es el borrador del Reglamento Conjunto 2022 (RC) para la Expedición de Permisos Relacionados al Desarrollo, Uso de Terrenos y Operación de Negocios que la Junta de Planificación (JP) pretende aprobar.

Así se desprende de los señalamientos que han presentado distintas entidades ante la Junta de Planificación que reclaman que se retire ese borrador y se inicie un nuevo proceso. A tales efectos, el representante por el Partido Independentista Puertorriqueño, Dennis Márquez Lebrón, presentó la resolución RC 451, para ordenar a Planificación que retire el documento y proponga una nueva versión que cumpla con los requisitos de la ley.

El director de la Sección Ambiental de la Clínica de Asistencia Legal de la Universidad de Puerto Rico, licenciado Pedro Sadeé Lloréns, señaló en entrevista que los cambios en el RC están  hechos bajo una premisa filosófica de que se puede sacrificar la salud de la gente y los recursos naturales en aras de un supuesto desarrollo económico. La Clínica, como ente, presentó sus objeciones respecto al RC ante la JP. El experto en Derecho Ambiental denunció  que con el nuevo reglamento va a ser más difícil que la ciudadanía pueda presentar  querellas como las que se ventilaron en el caso de  Sol y Playa y va a ser mas difícil crear nuevas reservas naturales. Esto último debido a que han impuestos una serie de requisitos y cortapisas en que, a menos que sea por ley, en el futuro no se va a poder declarar reservas naturales en Puerto Rico.

El nuevo RC además mantiene  la secretividad de los documentos y trámites ambientales, con la única excepción de que se requiera y presente una declaración de impacto ambiental (DIA), lo cual suele darse  una entre mil, ya que son muy pocos  los casos que se tramitan por esa vía, que en gran medida ocurre porque los federales lo exigen. El reglamento también  le da  la facultad a la  Oficina de Gerencia de Permisos (OGP) a autorizar proyectos en reservas naturales por vía de las llamadas Consultas de Ubicación.

“Es decir, que hay una prioridad en ocupar y construir en zonas naturales. Como si fuera poco, con los impedimentos y la secretividad de  los documentos ambientales se va a deteriorar las zonas residenciales y las zonas naturales del karso por el cambio de clasificaciones”.

El veterano en litigios ambientales destacó que son muchas las áreas las que afecta el nuevo reglamento, entre ellas, que está redactado teniendo como prioridad los intereses que promueven la construcción a como dé lugar. Citó como ejemplo dramáticos los casos de Sol y Playa en Rincón, y la construcción sobre la cueva Las Golondrinas en Aguadilla. Sadeé Lloréns alertó de que con este nuevo reglamento las posibilidades de evitar casos como los anteriores van a depender de la manifestación ciudadana ya que no hay  oportunidad de intervenir en el proceso en ningún momento. “Sabemos que en Puerto Rico en los últimos años las cosas se han decidido por el activismo de la comunidad”.

En esa línea, destacó que la limitación de la participación que impone el RC está a tono con la acción del gobernador de vetar el proyecto de Legitimación Activa. Aunque aclaró que el RC se puede impugnar si se aprueba, como política pública, al vetar el proyecto el gobernador implementó restringir el acceso de los ciudadanos a los tribunales y las agencias. En tanto, el RC incluyó como requisito que para presentar una querella, la persona tiene que estar afectada de manera directa, norma que no incluía el anterior reglamento. Esto hará más difícil a la gente presentar querellas contra proyectos ilegales.

Para la Naturaleza

 La organización Para la Naturaleza es otra de las que dejaron saber que se opone “enérgicamente” al nuevo RC y advirtió que el documento no soluciona los problemas de otorgación de permisos de construcción y desarrollos en zonas de alto valor ecológico, sino que más bien lo empeora.

“La JP debe hacer un ejercicio y proceso serio que considere todas las designaciones actuales aportando a una solución en pro del desarrollo sostenible y no del desarrollo desmedido de nuestro país, que es lo que terminó siendo este reglamento”, expresó en comunicado de prensa el presidente de Para la Naturaleza,  licenciado Fernando Lloveras San Miguel.

La entidad además censuró el que  la JP concediera 30 días para que los ciudadanos comentaran el documento, que incluye 950 páginas con lenguaje técnico, lo que limita la participación en este proceso. Los 30 días se cumplieron el martes, 21 de febrero de 2022, a las 12:00 del medio día. En esa misma fecha, Para la Naturaleza sometió a la presidencia de la JP, planificador Julio Lassús Ruiz, su ponencia respecto al RC.

De acuerdo con las observaciones presentadas por Para la Naturaleza, el Reglamento, tal como está redactado, contiene elementos que lo hacen nulo por su incumplimiento con las siguientes leyes: Ley Orgánica de la Junta de Planificación, Ley Núm. 75-1975; Código Municipal de Puerto Rico, Ley Núm. 107-2020; Ley de Mitigación, Adaptación y Resiliencia al Cambio Climático de Puerto Rico, Ley Núm. 33-2019; Ley para el Plan de Uso de Terrenos del ELA, Ley Núm. 6-2014, y la Ley para la Protección y Conservación de la Fisiografía Cársica de Puerto Rico, Ley Núm. 292-1999.

Al respecto, plantea que la JP debe cumplir de manera cabal con su deber ministerial de guiar el desarrollo integral de Puerto Rico de modo coordinado, tomando en consideración las leyes, reglamentos y planes vigentes. En esa dirección, Para la Naturaleza trae a la atención que protege más de 39,000 cuerdas en todo Puerto Rico. Estos terrenos están contenidos dentro del inventario de áreas con prioridad para la conservación del Programa de Patrimonio Natural de Puerto Rico, Ley Núm. 150-1988, y advierte el que la  JP propone nuevos usos en las 39,000 cuerdas y sus áreas adyacentes mediante un acto administrativo ultra vires; es decir, más allá del límite que le impone la ley.

“Sin duda alguna, nuestra organización se va a ver severamente afectada e impedida de continuar protegiendo terrenos de alto valor ecológico si la JP decide aprobar el nuevo Reglamento Conjunto tal y como está redactado”, lee la ponencia.

Según Para la Naturaleza, la JP no ha producido un documento que justifique los cambios propuestos en sus propiedades, específicamente para sus Áreas Naturales y Suelos Rústicos Protegidos (SREP).  Algunas de estas 47 áreas  identificadas son: El Conuco, Cabo Rojo; Cerro las Mesas, Mayagüez; Reserva Natural Punta Guaniquilla y Reserva Natural La Parguera.

Otro planteamiento que presenta es que el RC solo hace referencia a la Zonificación Especial del Cañón de San Cristóbal en Aibonito y Barranquitas; pero no hace referencia a que el Plan Sectorial para la Reserva Natural del Cañón San Cristóbal cobró fuerza de ley el pasado 29 de diciembre de 2016, por lo que las anteriores regulaciones quedaron derogadas. Además, señala que entre los múltiples errores que presenta el RC  propuesto, se encuentra la falta de mención de planes y reglamentaciones vigentes y que el  no hacer referencia a los instrumentos de planificación y reglamentación de manera correcta anula el reglamento propuesto.

Un aspecto que ha sido y es de discusión pública y que a juicio de Para la Naturaleza también debe atender la Junta de Planificación es que esta última  tiene la obligación de implementar planificación costera que se ocupe de la subida del mar, dirigiendo el nuevo desarrollo a distancia de las costas. Sin embargo, la agencia no hace ningún planteamiento para corregir el riesgo de la vida y propiedad al que se enfrentan nuestras comunidades costeras.

Sobre ese aspecto en específico, Para la Naturaleza plantea la necesidad de considerar el cambio climático y garantizar la vida y propiedad ante la subida del mar, por lo que solicita que se enmiende la sección relacionada a la Zona de Separación, para que la franja de uso público aumente de 20 a 30 metros. También solicita que la franja en donde no se pueden construir estructuras permanentes se cambie de 30 a 40 metros. Como resultado, se tendría  un retiro de 70 metros de la zona marítimo terrestre en los suelos urbanos y de 100 metros en los suelos rústicos, según el Plan de Uso de Terrenos de Puerto Rico. Estas zonas de retiro no se han cambiado por los pasados 40 años, a pesar de que el primer informe de cambio climático data de 1990. Además, solicita que se prepare  un Plan Sectorial de Costas, tal y como lo requiere el Plan de Uso de Terrenos desde el año 2015.

La entidad con cinco décadas de trabajo en pro de la conservación de la naturaleza, alerta a la JP de que la aprobación del RC representa un   incumplimiento con todas las leyes especiales que protegen las reservas agrícolas, con la Ley para el Distrito Integral de la Península de Cantera y con la ley de la zona del Carso, entre  otros lugares protegidos.

Quiénes trabajaron el documento

A solicitud de CLARIDAD,  la JP informó que el borrador del RC fue trabajado de manera interna por personal técnico, legal y miembros de la JP en colaboración con la OGP, las agencias de concernencia y su división legal, bajo el liderato de la planificadora Rebecca Rivera Torres, vicepresidenta y el licenciado Héctor Morales, director de la División Legal.

Sobre el particular, Sadeé Lloréns comentó que si bien los técnicos son empleados de carrera, sí conocen que el Reglamento Conjunto anterior fue declarado nulo por el tribunal. Pero subrayó que la responsabilidad final de sacar el borrador es de la JP como cuerpo, por lo que a la larga, su aprobación  tuvo que haber sido una decisión colegiada. Igual dejó ver que no hay posibilidad de que la JP  haga las modificaciones al documento que se han solicitado, ya que tampoco lo ha hecho en el pasado. A causa de ello, hay una gran similitud entre  el anterior reglamento y el actual “borrador”, con el detrimento de que en el nuevo  hay partes que lo agravan, como ya se ha señalado.