Especial para Claridad

A fines de la década de los años sesenta del siglo pasado coincidió en la U.P.R.-Río Piedras un grupo de aguadeños. Nos unía, además de provenir de Aguada y ser un poco o un mucho regionalistas, nuestro deseo de luchar por la independencia de Puerto Rico. Entre los más veteranos, pues cursaban el segundo o tercer año en Pedagogía, estaban Manuel de Jesús Cordero, Carlos Humberto García Guzmán «El Prieto» (ya fallecidos) y Juan Cordero Santiago, Juan Yúnior, como le decimos. El combo lo completábamos otros varios, y seguramente olvidaré algunos nombres: Ferdi Acevedo, Ismael (Yungo) Cardona, Jorge Bonilla, Juan González Feliciano (DEP), Carlos Luis Lorenzo, Higinio Feliciano Avilés, Leonides Mendoza Figueroa (DEP), José Rosa Rodríguez (DEP) y yo. En las esquinas de simpatizantes muy activas estaban las compañeras Margarita Crespo Rosa, Juanita y su hermana Carmen «Titita» Cotto.

Casi todos teníamos por padrinos políticos a dos patriotas aguadeños: Evangelista (Yelin) González y Jaime Agudo, a quienes secundaban Radamés Solá, Rolando Acevedo y el isabelino Alejandro Sella.

Yo había llegado a la UPR en 1967, crudito en todo campo en que se podía estar crudo. Se puede decir que era un independentista intuitivo y analfabeto. Peor aún, atiborrado de prejucios anticomunistas hasta la coronilla, como lo disponía el evangelio de la guerra fría. Mi padre era independentista admirador de Juan Mari Brás, siempre lo fue, pero hasta ahí. Sucede que en casa se respiraba catolicismo hasta cuando no se respiraba por solemnidad, que era durante la Semana Santa. La parroquia aguadeña, encargada a San Francisco de Asís, la administraban y administran sacerdotes españoles agustinos, aunque tengo entendido que ya hay allí otros que no son españoles. Como era natural, mi padre tenía excelentes relaciones con aquellos curas, gran parte de los cuales, si no todos, eran admiradores acérrimos del franquismo fascista implantado a plomo y sangre en España con el beneplácito de la Iglesia Católica.

Es decir que antes de llegar a la Universidad yo había desayunado, almorzado y cenado catolicimo y anticomunismo en dosis iguales e igualmente perturbadoras. Pero hay más: El cuco de Fidel Castro y la Revolución Cubana se había soltado, con su rastro de juicios de pantomima, fusilamientos por dame acá esas pajas, encarcelamientos viciosos, persecución indiscriminada y tantas otras misas sueltas oficiadas y radiadas desde no sé dónde, captadas en mi casa, juntas en una emisión llamada «Lo que pasa en Cuba». Era inconcebible suponer que hubiese terror mayor que aquél tan gráfico y tan cerquita de Puerto Rico. ¡Como para no conciliar el sueño!

Hubo todavía otros tres ingredientes en este cóctel de deformación cerebral: A mi casa, de cuando en cuando, mi Viejo llevaba el periódico El Mundo. Allí se publicaban dos joyas de la propaganda desembozada anticomunista. Una, la columna «Trasfondo», de la pluma de lodo de Miguel Ángel Santín; otra, la titulada «En Torno a la Fortaleza», de la inspiración estercolera de Eliseo Combas Guerra, éste con menos aceite en la lámpara que el primero, ambos parejos en su afán ríspido contra el independentismo y, desde luego, contra el comunismo en cualquer manifestación dura o suave. Ninguno vacilaba en mentir descaradamente, pero yo los leía con alguna asiduidad y me contaminaba o consolidaba mis prejuicios anticomunistas.

Dije tres ingredientes, y falta uno. Se trató de un libro titulado Comunismo sin Máscara, que mi Viejo llevó a casa, de un autor llamado Blas Stefanich, supongo que sacerdote, pero no sé más sobre él. No tengo que decir que libro que llegaba a casa, libro que yo leía, al menos parcialmente. Según mi recuerdo, aquella pócima era un verdadero extracto de cicuta con relatos escalofriantes de las monstruosidades realizadas por los gobiernos de los países socialistas de entonces. Recuerdo que mencionaba mucho a Yugoslavia, del cual luego sabría yo que era el menos comunista de la región escarnecida, el Este de Europa hasta llegar al infierno absoluto de la Unión Soviética.

La cosa es que como salió el jibarito de Lamento Borincano, «loco de contento con su cargamento para la ciudad», Río Piedras me recibió con una carga bien apertrechada de liviandad de juicios y pesados fardos de prejicios que yo tenía por ideas.

Con ese trasfondo, yo tenía pánico a la FUPI satanizada por Santín y Combas Guerra y por Jaime Benítez y por una caterva innombrable de acólitos del colonialismo, con Muñoz Marín actuando de sumo sacerdote en esa cofradía. Pero no ocultaba mi afiliación independentista, no pipiola, ni mi admiración por el Movimiento Pro Independencia, por el ilustre patriota Juan Mari Brás, y comprendía más o menos la justicia de sus luchas nacionales, y en el caso de la FUPI simpatizaba sin ambages con los reclamos estudiantiles. Así llegó el 1968, segundo semestre de mi primer año en la UPR.

Si mi recuerdo es fiel, ese año se celebró un Congreso de la FUPI en Río Piedas, en las facilidades de un hotelito situado entonces en Ave. Ponce de León, cerca de la plaza de recreo. El compañero Carlos Humberto García Guzmán me invitó a ese Congreso y yo accedí. «El Prieto» no me dijo que tuviera intención de postularme para el Comité Ejecutivo de la FUPI. Pero lo hizo, para mi sorpresa. Carlos no había actuado de mala fe. Todo lo contrario: él entendió que yo estaba listo para dar aquel paso y se sorprendió mucho de que yo declinara la postulación. Pienso que sin decírmelo Carlos consideró que la FUPI necesitaba militancia nueva, pues él, Juan Yúnior y Manuel de Jesús Cordero, que habían sido la representación aguadeña más cercana a la organización, ya estaban por terminar sus estudios universitarios. Además, a un aguadeño independentista raramente se le consultaba si quería desempeñar una tarea que se considerara importante realizar. Se daba por sentado que quería y la haría. ¡Gracias, Prieto, por tu confianza! En fecha posterior yo aceptaría integrar el Comité Ejecutivo, la Secretaría de Prensa y Propaganda de la FUPI, y andando el tiempo la Comisión Política.

Recuerdo que el camarada Carlos me chacoteaba en broma cuando se refería a aquel lance del Congreso de la FUPI, diciendo que yo me había «despuntado» del Comité Ejecutivo fupista. La chanza duró años, incluso cuando ya yo había militado en la FUPI, y luego en el PSP. Lo cierto es que el incidente no pasó de ahí. Ni yo le hice ningún reclamo al Prieto ni él a mí y, bien considerado el asunto, aquello sirvió para hacer más sólidos los cimientos de nuestra fraternidad.

El lazo de amistad y camaradería entre Carlos y yo lo mantuvimos, ambos, desde antes de aquellos remotos años de la década de los años sesenta del siglo pasado hasta ahora que ha muerto el querido aguadeño, amigo y compañero de tantos y tantas. A veces pasaba mucho tiempo sin vernos, pero siempre su simpatía y afabilidad perduraron incólumes. Para mí, ha sido un gran honor haber compartido su amistad y hermandad. Y tenía que narrar el episodio del Congreso de la FUPI para pedirle al Prieto de Aguada perdón por aquel desplante que él no se merecía.

Carlos Humberto García Guzmán hizo muchas aportaciones a la lucha por la independencia y el socialismo para nuestra Patria y nuestro Pueblo. Algunas muy conocidas, como las tareas de fotógrafo en CLARIDAD, otras todavía por saberse, todas realizadas con pasión y dedicación. Fue un roble de la estirpe de Evangelista González y Jaime Agudo. Un abrazo para su hijo Miguel, a quien no conozco. Prieto, y otro abrazo de cariño y admiración para ti, noble hijo de nuestro Pueblo.

CLARIDAD

ccotto@claridadpuertorico.com

De lo único que las y los consumidores podemos estar seguros con la privatización de la generación de la energía eléctrica es que habrá aumentos en la tarifa, igual que ha sucedido con privatización de la transmisión y distribución en manos de LUMA Energy.

La semana pasada, en apenas par de días, los entes responsables de la privatización, la Autoridad de Alianzas Público Privadas (AAPP), la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica, el Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR) y la Fortaleza, anunciaron y aprobaron la privatización de la generación de la energía eléctrica de la AEE. Según informó el director ejecutivo de la AAPP, Fermín Fontanés, el contrato es uno solo, a 10 años, y entrará en vigor en seis meses. Fontanés no identificó a la empresa privatizadora; pero varios medios han revelado que se trata de un consorcio de varias empresas, entre las cuales se encuentra la compañía New Fortres Energy, que ya le suple gas natural a las plantas 4 y 5 en San Juan de la AEE y que tiene una deuda con esa agencia de más de $34 millones por la falta de suplido entre junio de 2021 y abril de 2022.

Para el representante legal de la Unión de Empleados de la Industria Eléctrica y Riego (UTIER) que participa en el proceso de quiebra de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), licenciado Rolando Emmanuelli Jiménez, la privatización de la AEE “es otra derrota para Puerto Rico por las  fuerzas neoliberales que están impulsando beneficiar a los ricos y desregular todas las protecciones que  tienen los mercados y el pueblo a la insaciable ambición de los sectores capitalistas tradicionales”. Observó que los cambios se van a notar de inmediato debido a que el dinero para operar las plantas (que es el presupuesto de la AEE) está justo. Cualquier tercero es totalmente innecesario y lo que hará será encarecer el costo de la energía.

“Ahora mismo, hay un presupuesto que la Autoridad lo está administrando lo más económicamente posible, y ahora viene una persona a la que le van a pagar. El ánimo de lucro será otro aumento a la tarifa”.  Esto, porque primero le van a pagar al privatizador por hacer lo que actualmente hace la AEE y, segundo, porque se le da la facultad de contratar “a  los amigos y dolientes”, lo que implica que no hay licitación competitiva, por lo que todo sale más caro.  Según el director de la APPP, el contrato  tendrá un tope de gastos —no indicó cuánto— que el privatizador  podrá reclamar durante la transición.

En cuanto al manejo de los fondos  otorgados por FEMA para la reconstrucción de la red, el licenciado Emmanuelli Jiménez, anticipó que su manejo será el mismo negocio que se hizo con LUMA: la privatizadora será quien los va administrar y establecer las prioridades de cómo se van a gastar.   “Estamos en la misma indefensión que ante LUMA”.

Este aclaró que cuando se vaya a discutir el plan de ajuste de deuda  (PAD) de la AEE en el tribunal, no necesariamente la jueza Taylor Swain pedirá ver el contrato de privatización. Una vez ya aprobado por el Gobierno, incluido el gobernador Pedro Pierluisi, quien delegó la firma del contrato en la secretaria de la gobernación, Noelia Crespo, se espera que la Junta de Control Fiscal (JCF) lo apruebe. Emmanuelli Jiménez coincidió con el señalamiento de que seguramente la Junta ya está detrás del contrato negociado.

A la interrogante de si en un futuro se podrá prescindir del contrato, el experto en casos de quiebra indicó que en cualquier momento se puede prescindir de esos contratos, tanto el de la AEE como del de LUMA.  Considera que lo que se necesita, pero que no hay, es voluntad política. “Todos los contratos tienen cláusulas de cancelación, y más el de LUMA, que es uno leonino. Vamos a ver cómo sale este. A la luz de la experiencia, ya sabemos que esa compañía no va a poner nada, así que ya tiene un pie en el umbral”.

Por su parte, en declaraciones a la prensa, la Coalición para el Pensamiento Energético (COPE) también repudio la  privatización. “Al igual que sucedió con el contrato de LUMA, el proceso ha sido totalmente a oscuras y tenemos la sospecha de que la aprobación de este contrato será igual de atropellada”, expresó la licenciada Jessica E. Méndez Colberg, vicepresidenta del Bufete Emmanuelli CSP y portavoz de COPE.

Otra de las asociadas al Bufete Emmanuelli CSP y miembro de COPE, la licenciada Zoé C. Negrón Comas, trajo a la atención que mientras LUMA Energy LLC está operando bajo un contrato suplementario y la AEE se encuentra en el proceso contencioso de su quiebra, la AAPP está promoviendo otro proyecto de privatización de los componentes del sistema eléctrico del país.

“De por sí, el contrato de LUMA presenta una cantidad de interrogantes que nunca hemos visto atendidas en el proceso de quiebra. LUMA tiene prioridad de pago, tiene poder de veto, acapara el presupuesto de la AEE y ha solicitado numerosos aumentos de factura mientras provee un servicio eléctrico deficiente y más caro. Por otro lado, sabemos que la Junta de Control Fiscal está dirigiendo la reestructuración de la AEE de una manera que va a imponer más aumentos en la tarifa para el pago de la deuda. La entrada de otro privatizador, definitivamente, va a aumentar ese problema”, concluyó.

Mientras, en declaraciones oficiales, la delegación legislativa del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), senadora María de Lourdes Santiago y representante Dennis Márquez Lebrón, también censuraron la privatización. “La determinación de iniciar el proceso de privatización de la generación de electricidad en Puerto Rico constituye el paso final en la carrera por entregar a los intereses privados una de las funciones fundamentales del sector público. La votación de la Junta de Directores de la Autoridad para las Alianzas Público Privadas fue unánime, lo que quiere decir que los representantes en esa Junta de los presidentes de Cámara y Senado favorecieron la entrega de lo que quedaba en manos públicas de la AEE. Como legisladores del Partido Independentista Puertorriqueño condenamos ese voto y cuestionamos si representa el parecer de la mayoría de las legisladores en ambos cuerpos”.

En su más reciente acción, Márquez Lebrón radicó, este lunes 23 de enero, la resolución 902 para que se investigue  el proceso de aprobación del acuerdo de privatización de la generación de electricidad, pactado entre la Junta de Gobierno de la AEE y la empresa Genera PR.

El representante, quien es abogado, señaló que el contrato entrega al consorcio Genera PR el derecho a administrar por los próximos diez años las centrales termoeléctricas de la AEE, lo que de facto convertiría esa empresa privada en un monopolio, con las implicaciones que ello acarrea. Resaltó  además, que la investigación incluye analizar las consecuencias sobre los empleados de la AEE, sus convenios colectivos y su sistema de retiro.

“Este contrato no exigirá a Genera PR ningún tipo de inversión de capital, es decir, no desembolsará fondos en el desempeño de un rol fundamental para el sistema eléctrico del país y, por ende, para la estabilidad de nuestra economía. Varios sectores han planteado que el contrato de privatización podría carecer de herramientas para fiscalizar al privatizador, como ha sido el caso con el contrato de LUMA Energy, y por eso desde nuestro espacio en la Legislatura insistiremos en investigar, en cumplimiento con nuestra labor fiscalizadora”, concluyó.