En comunicado de prensa, la organización CROEM ALUMNI, la cual agrupa a los estudiantes graduados del Centro Residencial de Oportunidades Educativas de Mayagüez, pidió  a los presidentes de los cuerpos legislativos solicitar la devolución los proyectos sustitutivos 575 y 382, para  ser enmendados y  se le imponga el requisito de que ningún negocio de armería pueda estar o esté a no menos de  dos millas de una escuela, incluidos los institutos educativos, universidades, centros de cuido de niños, Head Start, iglesias o instituciones psiquiátricas.

“Hacemos un llamado al presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago, a que no dé paso a la medida que se aprobó en la Cámara de Representantes que permitiría la ubicación de los negocios de armerías cerca de las escuelas. De igual forma, solicitamos al presidente de la Cámara de Representantes, Rafael Tatito Hernández Montañez, que solicite la devolución de los proyectos sustitutivos para que sean enmendados para incluir el lenguaje adecuado, el cual clarifique que ninguna de estas tiendas para la venta de armas estará cerca de un plantel escolar o universidad”.

La petición está sustentada en la Resolución 6-12-2022, del Comité Ejecutivo de CROEM ALUMNI, aprobada por de forma unánime.  “Cualquier medida aprobada debería contener el requisito de que toda armería debe informar a la escuela de procedencia de cualquier menor que entre a una armería o campo de práctica de tiro”, señaló Wilson Nazario, director ejecutivo de CROEM ALUMNI.

La organización que agrupa a más de 10,000 graduados de la escuela especializada en ciencias, matemáticas y tecnología hizo un llamado a la comunidad para que rechace el lenguaje utilizado en los proyectos que pretenden ubicar negocios para la venta de armas cerca de las escuelas. De igual forma, la organización solicitó que el Departamento de Educación y el secretario Lcdo. Eliezer Ramos Parés desarrollen talleres y publiquen mensajes en los medios de comunicación que orienten a los estudiantes, padres, maestros y personal docente sobre la necesidad de alertar o denunciar toda situación sospechosa que envuelva la presencia de armas de fuego en un plantel escolar.

“Solicitamos a los legisladores que identifiquen públicamente a los cabilderos que impulsan dicha medida y publiquen sus nombres. De igual forma, que los legisladores que han aceptado donaciones económicas de las armerías, ya sea directamente o vía sus cabilderos, deban devolver ese donativo. En estos momentos donde Puerto Rico vive la incertidumbre de que una escuela pueda ser tiroteada, no tiene sentido el que se le dé luz verde a una medida que facilita a los estudiantes adquirir un arma de fuego”.

La organización también hizo un llamado al gobernador,  Pedro Pierluisi, para que vete cualquier medida aprobada por la Legislatura cuyo vocabulario no contenga la salvaguarda de una distancia no menor de dos millas como requisito necesario para conceder un permiso para establecer una tienda de venta de armas de fuego cerca de una escuela, centro de cuido de niños, Head Start, iglesias o instituciones psiquiátricas.

“La mejor noticia para calmar la desesperación del pueblo de Puerto Rico debería ser que La Fortaleza emita una Orden Ejecutiva para que la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe) del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio, los municipios y otras agencias que emiten permisos paralicen cualquier solicitud para establecer negocios de ventas de armas de fuego. Esto ayudaría a paralizar la intención para que los especuladores no se aprovechen del estado actual de confusión y logren ilegalmente permisos para esos negocios”, concluyó  el portavoz de CROEM ALUMNI.

CLARIDAD

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Ignorando la alta tasa de feminicidios y los recientes casos de amenazas y de armas en planteles escolares, en una abierta acción de favoritismo, la Legislatura sigue adelante con la medida que pretende cambios a la Ley de Armas, en particular, para permitir que una persona pueda portar dos armas a la vez y reducir de una milla a 250 metros la distancia del establecimiento de una armería a un plantel escolar.

Las organizaciones Kilómetro Cero, el Observatorio de Equidad de Género y Proyecto Matria, denunciaron el conflicto de interés y la falta de balance legislativo por parte de la Comisión de Seguridad de la Cámara de Representantes, que presentó el PC 575 para su aprobación al pleno de la Cámara sin incluir sus memoriales oponiéndose al proyecto ni incorporarlo al trámite legislativo para su aprobación final. La medida original, el PC 382, fue presentada por los representantes Ramón Luis Cruz Burgos, del Partido Popular Democrático (PPD), y José Ortiz Lugo, del Partido Nuevo Progresista (PNP). Debido a las enmiendas introducidas, se convirtió en el PC 575, el cual fue aprobado el pasado 9 de noviembre y pasó directamente a la Comisión de Seguridad del Senado que preside Thomas Rivera Shazt.

En entrevista con CLARIDAD, la Coordinadora de Política Pública de Proyecto Matria, Enid Pérez Rodríguez, denunció que luego de estar llamando sin respuesta por los pasados meses a la Comisión, no fue sino hasta la semana pasada que vieron el informe que se sometió para votación en el pleno de la Cámara. Ya les habían comentado que el informe final fue sometido desde el mes de marzo y que sus memoriales no habían incluido, por lo que solo podían ser tomados en consideración para las enmiendas que se iban a someter una vez se presentara a votación. Pero según han visto, las enmiendas que se le sometieron al proyecto no necesariamente son a base de sus opiniones, porque no fueron incluidas en el récord legislativo.

El rechazo de la medida por las organizaciones se sustenta en la situación de feminicidios en el país y el abierto propósito de beneficiar a un cabildero que tiene asuntos legales pendientes.

“Nos parece que se demostró así, que no existe intención de tener un balance legislativo para evaluar y analizar este proyecto que afecta a toda la población, y favorecen a una persona u organización”, afirmó la coordinadora de Política Pública de Proyecto Matria.

Añadió que los memoriales del Observatorio, de Matria y de Kilómetro Cero se acompañaron de datos estadísticos recopilados en Puerto Rico sobre los feminicidios y sobre el uso de fuerza policial contra personas armadas y desarmadas.

Las organizaciones reclamaron que ante un estado de emergencia por violencia de género en el país y ante planteamientos sobre seguridad en los planteles escolares es importante que se tome en consideración a organizaciones expertas en el tema. A tal efecto, citaron que el estudio La persistencia de la indolencia: feminicidios en Puerto Rico 2014 a 2018 constató que para el período del 2014 al 2018 el 58 % por ciento de los feminicidios fueron perpetrados por hombres que portaban armas de fuego.

El 87 % de los feminicidios los cometió una persona conocida de la víctima. “Entre el 2017 y el 2021, en Puerto Rico se reportaron 82 feminicidios íntimos, asesinatos de mujeres a manos de sus parejas o exparejas. La mayoría, un 59 %, fueron perpetrados con un arma de fuego, de acuerdo con un análisis que realizó la Unidad Investigativa de Género, una alianza entre el medio Todas y el Centro de Periodismo Investigativo (CPI). Es por esa razón que insistimos en que las armas de fuego son una enorme amenaza para las mujeres”.

Otros datos presentados por el Observatorio de Equidad de Género es que en lo que va del año 2022, el 76 % de los feminicidios en los que se conoce la causa de muerte ocurrieron con arma de fuego. El 66 % de los feminicidios íntimos (10 de 15) que el Observatorio ha documentado en el 2022 fueron perpetrados con arma de fuego, la mayoría de ellos con armas para las cuales el feminicida tenía licencia de portación (6 de 10 feminicidios íntimos). Además, en los feminicidios íntimos donde el feminicida tenía licencia de portación de armas, cuatro de los seis eran miembros o exmiembros de cuerpos de seguridad estatal, federal y privada.

“El flexibilizar la circulación de armas para personas privadas y para fuerzas de seguridad pone en riesgo a toda la población y aún más a las mujeres” explicó Debora Upegui Hernández, analista del Observatorio.

Por su parte, la directora de Kilómetro Cero puntualizó que entre las 46 muertes ocasionadas por el uso de un arma de reglamento policial en Puerto Rico entre 2014 y 20220 (se excluyen feminicidios íntimos y suicidios), el 43 % de las víctimas fatales no portaban armas de fuego al ser baleadas por un policía estatal o municipal. Para Estados Unidos, la cifra correspondiente es de 38 %. Es decir, los policías en Puerto Rico aparentan tener una tendencia a creer que existe un constante peligro inminente de portación de armas en la ciudadanía aunque los datos indiquen lo contrario. “Con la flexibilización de la Ley de Armas, esta noción no hará más que agudizarse, poniendo en peligro a más personas ante el uso de fuerza del Estado”, expresó Mari Mari Narváez.

Las organizaciones narraron la experiencia en Sudáfrica que, a través de su reforma de Ley de Armas, han logrado demostrar mediante múltiples estudios científicos que con restricciones en el acceso, uso y disponibilidad de armas de fuego, además de una política de desarme comunitario, redujeron a la mitad la cantidad de feminicidios íntimos entre el 1999 y el 2009, al igual que el total de asesinatos en el país.

“Este es el tipo de políticas que deberíamos estar considerando en la actualidad. Para garantizar políticas públicas como estas en Puerto Rico, debemos enfocarnos en que la Rama Legislativa lleve a cabo procesos de transparencia, participación ciudadana y balance legislativo. Además, debemos analizar las situaciones de violencia, amenazas y el acceso a las armas de estudiantes del Departamento de Educación y las contradicciones con este tipo de política pública. Denunciamos la invisibilidad que se ha hecho al trabajo que sometimos y exigimos mayor apertura y discusión sobre la importancia de mayor restricción al acceso, uso y manejo de armas en nuestra sociedad”, señaló Upegui Hernández.

Premiaciones y favoritismo legislativo

Un segundo aspecto, pero no menos importante, es que las organizaciones denunciaron que el proyecto es uno radicado a petición del cabildero y armero Ariel Torres Meléndez, presidente de la organización Corporación para la Defensa del Poseedor de Licencia de Armas de Puerto Rico (CODEPOLA), contra quien se mantiene un caso administrativo por incumplimiento a la Ley de Armas.

Pérez Rodríguez comentó que aun con la tasa de feminicidios y los recientes casos de armas en las escuelas, la insistencia en este proyecto evidencia, cuán desconectada de la realidad del país está la Rama Legislativa. Frente a ambas situaciones, la activista indicó que es importante continuar hablando de la perspectiva de género “y tenemos que hablar de no tener más armas disponibles para que sigan sucediendo feminicidios porque va a tener una repercusión en el país. Esto deja visible que el PNP y el PPD son exactamente lo mismo”.

Es un hecho que tanto el representante del PPD José Ortiz Lugo, quien es uno de los autores de la medida, fue premiado por CODEPOLA, tan recientemente como el pasado mes de abril. El expresidente del Senado y ahora presidente de la Comisión de Seguridad, Thomas Rivera Schatz, también fue reconocido por CODEPOLA en el 2019. Otros miembros del PNP premiados por la entidad han sido la exsecretaria de Justicia y exgobernadora Wanda Vázquez Garced y su esposo, el exjuez Jorge Díaz Reverón.

CLARIDAD

“La razón fundamental para ello es que se trata de una medida imprescindible para proteger el ambiente, los recursos naturales, lograr la Justicia Ambiental y atender las consecuencias del Cambio Climático al proveerle a la ciudadanía el derecho de que se atienda la sustancia de sus reclamos en protección del ambiente, tanto ante las agencias como en los Tribunales”.

En una extensa carta dirigida al gobernador, Pedro Pierluisi, un grupo de organizaciones le plantearon sus argumentos en términos ambientales y de derecho por las cuales debe dar su firma al proyecto PC 474, de Legitimación Activa.

La carta, con fecha del 7 de diciembre, redactada por el licenciado Pedro Saadé Lloréns, de la Clínica de Derecho Ambiental de la Facultad de Derecho de la Universidad de Puerto Rico (UPR), y suscrita por otras organizaciones no gubernamentales relacionadas con el tema ambiental, explica la política pública que plantea la medida y desglosa sus incidencias en otros estatutos.

En la misiva se aclara que el PC 474, enmienda la Ley de Política Pública Ambiental (LPAU) y la Ley de Reforma de Permisos e inserta la política pública de ampliar el acceso de la ciudadanía en los trámites y procesos ya vigentes. Resalta, además, que la Legislatura tiene amplia facultad para reconocer y otorgar legitimidad estatutaria y reclamos, y así lo ha hecho en una diversidad de situaciones y contextos. Eso incluye que el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha reconocido la validez de tal concesión de legitimidad, como por ejemplo, al resolver que cualquier persona puede impugnar la validez de un reglamento aprobado en violación de las normas procesales que dispone la LPAU.

Otro aspecto que eleva a la atención del gobernador es que en el mundo entero se han ampliado las vías de Acceso a la Justicia en situaciones ambientales, precisamente a causa de la severidad de los problemas ambientales actuales y las terribles consecuencias del cambio climático. “Son múltiples los países y jurisdicciones en Estados Unidos que han reconocido y establecido mayor amplitud en la legitimidad ciudadana para hacer sus reclamaciones y el acceso a la justicia respecto a casos ambientales, de salud ambiental y los recursos naturales. Varios informes evidencian este cambio importante y constante. Desde el 2017, han aumentado a nivel global las acciones instadas por individuos y organizaciones no gubernamentales (ONG) sobre cambio climático. Entre esos países, según el Programa para el Medio Ambiente de la Organización de las Naciones Unidas, están la India, Filipinas y Costa Rica.

En tanto, este lunes 12 de diciembre, portavoces de más de 30 organizaciones llevaron a cabo una conferencia de prensa frente a La Fortaleza en la que reiteraron su llamado a la firma del proyecto. En la conferencia de prensa, Vanessa Uriarte, directora de Amigos del Mar, uno de los grupos que se ha afectado de manera directa por la falta de legitimación activa, defendió que la ley es un acto de justicia para todas las comunidades que han sufrido por decisiones de jueces que no han puesto como prioridad la salud, la seguridad y el derecho de las personas a vivir en un ambiente sano.

Otro de los presentes, el arquitecto Pedro Cardona Roig, de la Fundación El Urbanista LLC, también afirmó que la ley permite la defensa oportuna de los recursos de valor, los bienes de uso y dominio público y el reconocimiento efectivo del interés público en todo proceso.

Por su parte, Neida Pumarejo, directora de la división legal de Para La Naturaleza recalcó que el proyecto se une a una corriente de pensamiento en el cual los derechos de las generaciones futuras son reivindicados en el presente y no cuando los daños sean irreversibles: “Los mecanismos procesales no se pueden convertir en subterfugio para obviar reclamos en defensa del ambiente que plantean daños reales y catastróficos. Si todos nos afectamos por la crisis climática, todos debemos tener acceso a combatirla”, denunció.

El licenciado Saadé Lloréns también presente en la conferencia, reiteró que el gobernador debe firmar la medida lo antes posible “Vetarlo sería un grave error”, advirtió. El gobernador tiene hasta este 18 de diciembre para firmar o darle un veto de bolsillo al proyecto.

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El efecto de las políticas públicas, primero la Ley 7 del exgobernador Luis Fortuño en el 2009, cuyo fin fue despedir a 30 mil empleados públicos, luego  la Ley 66 del 2014 del gobernador Alejandro García Padilla, que también conllevó despidos,  y las más recientes medidas tomadas por la Junta de Control Fiscal (JCF) han provocado  limitaciones de recursos en las diferentes agencias gubernamentales.

Aunque ahora el gobierno reconoce que existe una falta de recursos en la estructura gubernamental, lo inaceptable es que pretenda subsanar esa falta con personas jubiladas. En junio, la Legislatura de mayoría del Partido Popular Democrático (PPD) junto a legisladores del Partido Nuevo Progresista (PNP) y el gobernador aprobaron la Ley 53, la cual permite que funcionarios jubilados o que se acogieron al retiro mediante un programa de transición voluntaria regresen a trabajar al gobierno, ya sea por contrato o a tiempo parcial. Varios entrevistados por CLARIDAD catalogaron la medida de otro error de política pública, de burla y opresión y hasta de una medida electorera.

El profesor de economía y presidente de la Asociación de Economistas (AEPR) Iyari Ríos González,  concedió que la ley es un reconocimiento por parte del gobierno de que hacen  falta  recursos para ofrecer servicios adecuados, pero objetó que se pretenda contratar a trabajadores a medio tiempo y no se promueva el  reclutamiento de trabajadores a tiempo completo con beneficios marginales y las condiciones  necesarias para poder realizar el trabajo de manera adecuada, sobre todo tomando en consideración los múltiples golpes que ha recibido el servicio público en años recientes.

Señaló, además, que se supone que hay en marcha unos planes de  reclasificación y retribución del gobierno como empleador único, para lo que se  han tenido discusiones sobre las escalas de retribución de los empleados públicos, que  no se revisan hace un largo tiempo, y que se debe procurar revisar las retribuciones para que los trabajadores no tengan que buscar otro trabajo. Este considera que a luz de la ley dentro del Plan Fiscal el gobierno quiere  tener algunos recursos sin  incurrir en los gastos que desde la perspectiva de ellos conllevaría contratar gente de carrera.

Otro  elemento que dijo le preocupa es la tendencia que se ha visto en Puerto Rico de que se fomente que personas jubiladas tengan que seguir trabajando, lo que pone en evidencia la precarización laboral, el  deterioro de las condiciones laborales, tanto en el sector público como en el privado.

“Esa situación se ha agravado en la medida en que los sistemas de retiro se desmontaban. Eso me preocupa, el hecho de que se fomente que las personas tengan que seguir trabajando. El planteamiento de fondo es que las condiciones de trabajo son tales, que tenemos que seguir trabajando hasta que nos caigamos, cuando deberíamos tener la oportunidad de que las personas puedan disfrutar de su jubilación y otras actividades”.

El economista apuntó que habrá que esperar para ver qué efectos pueda tener la medida en las diversas agencias; pero subrayó que  no se fortalece el sector público con jubilados, sino endosando trabajadores jóvenes, y rechazó el argumento del conocimiento de la cultura de las organizaciones. “De igual manera, tiene que haber un relevo, pero ese relevo lo que se observa es que no se está remplazando. Eso hay que atenderlo”.

Por otra parte, para el  profesor de Derecho de Política Pública, Víctor García San Inocencio,  la práctica de no llenar puestos de carrera en el gobierno tiene varios efectos.  El primero es la desarticulación del trabajo que se realiza y la pérdida de oportunidades de servicio al pueblo, junto a  la pérdida de  derechos por parte de los trabajadores. El segundo efecto es uno más acumulativo, que es la desmoralización por la devaluación que se hace del servicio y del empleado público.

“Sobre esto no hay una sola mención y, por consiguiente, lo que se hace es abonar a la falta de autocrítica, y lo que es peor, a la impunidad de quienes administran politiqueramente e ideológicamente. Porque detrás de todo este diseño está la ideología neoliberal y todos sus males, como son la desreglamentación, el desmantelamiento de instituciones fiscalizadoras y el decaimiento, desvalorización del servicio y el trabajo del empleado público”, denunció.

García San Inocencio, quien también es estudioso de la  corrupción gubernamental, planteó que la medida neoliberal de votar empleados públicos tiene el propósito de luego empezar a contratar servicios privados, y que los que se lucran de esa contratación son los “amigos del alma. “El argumento de la economía es falso. En muchas ocasiones cuesta más de lo que es institucionalmente. Ese es el problema”.

El otro problema que a su juicio conlleva la ley es que se presta al favoritismo, porque no hay manera realmente de rastrear a qué comisario de barrio, a qué coordinador,  funcionario de colegio se emplea, por lo que en esta contratación  no opera ni el principio de mérito ni una evaluación real de qué es lo que hace falta hacer o qué se necesita para hacerlo, dijo. García San Inocencio comentó que se le ocurre creer que con esta ley se va a abrir un carril exclusivo para pasar al embotellamiento de todos los que están esperando ser ubicados “correctamente” y que realmente hace mucho tiempo que en el gobierno no existe un sistema de exámenes y de oposiciones, lo que conlleva consecuencias tremendas.

Una opresión

Para la portavoz de Construyamos Otro Acuerdo y del Frente en Defensa  de las Pensiones, Sonia Palacios, la ley es una opresión: “Es que, realmente, la única palabra que tengo para describir eso es opresión, porque no hay otra manera de definirlo. Se supone que el retiro sea el reconocimiento de que ya uno llegó a una edad, dio unos servicios. No vamos para jóvenes, vamos para viejos, porque la vida es un círculo, un ciclo, y uno termina una etapa y alguien sustituye esa tarea que uno estaba haciendo”, expresó.  Se supone que la cuestión del retiro esté enmarcada en dejar espacios para que los jóvenes entren al mercado del trabajo, sigan aportando al retiro, generen ingresos para ellos y para el gobierno, acotó.

La también retirada del Departamento de Justicia no dejó pasar por alto que la Ley 7 fue el detonante de esa política de que el gobierno no hace falta. “Los empleados públicos somos imprescindibles. Los   empleados públicos damos un servicio esencial. Para eso es que existe el gobierno, no es para cobrar contribuciones. El gobierno existe para proveer servicios a los ciudadanos, y esos servicios los prestamos los empleados públicos. A cambio, recibimos unos salarios, unos beneficios marginales y cotizamos para un sistema de retiro. Nosotros, los empleados públicos, pagamos contribuciones sobre ingresos, así que el Estado tiene un ingreso que le generamos”.

La portavoz del Frente en Defensa de las Pensiones calificó de explotación la pretensión de la ley, a la vez que es un reconocimiento por parte del gobierno de que la pensión que reciben no da. “¡Cómo es posible que a LUMA se le dé un aumento por el costo de vida y que los empleados públicos no tengamos un aumento de la pensión desde cuándo!  Me da angustia pensar que conozco personas que ven esa opción para cuadrar el presupuesto, me duele”.

Esto es hasta el 2024

 Mientras, Pedro Pastrana, portavoz del Capítulo de Retirados de la Federación de Maestros (FMPR), llamó a la atención que la ley se firmó en junio del 2022 y que, según el gobernador, va a ayudar a la educación y a las agencias del gobierno a dar servicios a los ciudadanos.  El gobierno y el mismo secretario del DE han reconocido que dicho departamento es el que más empleados necesita, en particular maestros.

“Sin embargo, se dieron cuenta de que no tenían reglamento y lo hacen ahora a finales de noviembre, seis meses después. ¿Qué quiere decir eso?  Quiere decir que el primer anuncio que hacen para firmar la ley lo hacen cerca del año escolar; pero ya acercándose el año electoral, vienen con el reglamento. Esa ley va a ser prácticamente  hasta noviembre de 2024, y creo que lo que está buscando es aparentar que están haciendo cosas buenas. Esto es un gobierno de apariencias y de imagen, pero la realidad es que aquí no hay nada que no sea el efecto de un plan de ajuste aprobado con la firma de los legisladores y el gobernador”, denunció.

En el caso de los maestros retirados, el gobierno tiene dos categorías: las maestras y maestros que se retiraron con 30 años de servicio y 50 años de edad. A este grupo, el reglamento le obliga a informar al sistema de retiro que están trabajando. En el caso de que decidan trabajar, afirmó Pastrana, es obvio que lo hacen  por la necesidad económica, por la inflación debido al alto costo de vida que los tiene estrangulados.

El otro grupo son los maestros  y maestras que se fueron por el llamado Retiro Incentivado. Estos no tienen la edad de retiro, ni los años de servicio; están entre los 30 y 40 años de edad,  son mucho más jóvenes. A esos que ya están hace un año fuera el gobierno se les condicionó a que si se retiraban con un incentivo de un año tenían una penalidad de cinco años para volver a trabajar en el gobierno.

Pastrana fue enfático en alertar que el propósito de ese plan es la privatización, que el gobierno no quiere seguir pagando beneficios y que detrás de eso está la Junta de Control Fiscal. “A esos compañeros que están en una situación económica difícil, quizás tengan la opción de regresar; pero por qué no los hacen permanentes otra vez y de esa forma se evita, cada vez que comienza un año escolar, la situación de que no tienes maestros para cubrir las plazas”.

Este alertó de que el gobierno le tuvo que decir a la JCF que los maestros van a ser contratados por servicios profesionales, lo que a su vez es parte de la privatización. Cuestionó qué les va ofrecer el DE a los maestros  que se fueron y que ahora quiere que vuelvan, si ya antes la escuela no les proveía materiales. Tenían ellos mismos que comprarlos, pintar los salones. Salieron frustrados por toda esa falta de apoyo del sistema y ahora pretende que vuelvan sin beneficios marginales.

“A LUMA, por la inflación, le dan $112 millones. Para el sector privado aquí siempre hay millones. Pero para la educación, salud y la seguridad no tenemos dinero. Esta es la administración que nosotros hemos estado escogiendo por décadas y mira dónde nos han metido”.