CLARIDAD
Ignorando la alta tasa de feminicidios y los recientes casos de amenazas y de armas en planteles escolares, en una abierta acción de favoritismo, la Legislatura sigue adelante con la medida que pretende cambios a la Ley de Armas, en particular, para permitir que una persona pueda portar dos armas a la vez y reducir de una milla a 250 metros la distancia del establecimiento de una armería a un plantel escolar.
Las organizaciones Kilómetro Cero, el Observatorio de Equidad de Género y Proyecto Matria, denunciaron el conflicto de interés y la falta de balance legislativo por parte de la Comisión de Seguridad de la Cámara de Representantes, que presentó el PC 575 para su aprobación al pleno de la Cámara sin incluir sus memoriales oponiéndose al proyecto ni incorporarlo al trámite legislativo para su aprobación final. La medida original, el PC 382, fue presentada por los representantes Ramón Luis Cruz Burgos, del Partido Popular Democrático (PPD), y José Ortiz Lugo, del Partido Nuevo Progresista (PNP). Debido a las enmiendas introducidas, se convirtió en el PC 575, el cual fue aprobado el pasado 9 de noviembre y pasó directamente a la Comisión de Seguridad del Senado que preside Thomas Rivera Shazt.
En entrevista con CLARIDAD, la Coordinadora de Política Pública de Proyecto Matria, Enid Pérez Rodríguez, denunció que luego de estar llamando sin respuesta por los pasados meses a la Comisión, no fue sino hasta la semana pasada que vieron el informe que se sometió para votación en el pleno de la Cámara. Ya les habían comentado que el informe final fue sometido desde el mes de marzo y que sus memoriales no habían incluido, por lo que solo podían ser tomados en consideración para las enmiendas que se iban a someter una vez se presentara a votación. Pero según han visto, las enmiendas que se le sometieron al proyecto no necesariamente son a base de sus opiniones, porque no fueron incluidas en el récord legislativo.
El rechazo de la medida por las organizaciones se sustenta en la situación de feminicidios en el país y el abierto propósito de beneficiar a un cabildero que tiene asuntos legales pendientes.
“Nos parece que se demostró así, que no existe intención de tener un balance legislativo para evaluar y analizar este proyecto que afecta a toda la población, y favorecen a una persona u organización”, afirmó la coordinadora de Política Pública de Proyecto Matria.
Añadió que los memoriales del Observatorio, de Matria y de Kilómetro Cero se acompañaron de datos estadísticos recopilados en Puerto Rico sobre los feminicidios y sobre el uso de fuerza policial contra personas armadas y desarmadas.
Las organizaciones reclamaron que ante un estado de emergencia por violencia de género en el país y ante planteamientos sobre seguridad en los planteles escolares es importante que se tome en consideración a organizaciones expertas en el tema. A tal efecto, citaron que el estudio La persistencia de la indolencia: feminicidios en Puerto Rico 2014 a 2018 constató que para el período del 2014 al 2018 el 58 % por ciento de los feminicidios fueron perpetrados por hombres que portaban armas de fuego.
El 87 % de los feminicidios los cometió una persona conocida de la víctima. “Entre el 2017 y el 2021, en Puerto Rico se reportaron 82 feminicidios íntimos, asesinatos de mujeres a manos de sus parejas o exparejas. La mayoría, un 59 %, fueron perpetrados con un arma de fuego, de acuerdo con un análisis que realizó la Unidad Investigativa de Género, una alianza entre el medio Todas y el Centro de Periodismo Investigativo (CPI). Es por esa razón que insistimos en que las armas de fuego son una enorme amenaza para las mujeres”.
Otros datos presentados por el Observatorio de Equidad de Género es que en lo que va del año 2022, el 76 % de los feminicidios en los que se conoce la causa de muerte ocurrieron con arma de fuego. El 66 % de los feminicidios íntimos (10 de 15) que el Observatorio ha documentado en el 2022 fueron perpetrados con arma de fuego, la mayoría de ellos con armas para las cuales el feminicida tenía licencia de portación (6 de 10 feminicidios íntimos). Además, en los feminicidios íntimos donde el feminicida tenía licencia de portación de armas, cuatro de los seis eran miembros o exmiembros de cuerpos de seguridad estatal, federal y privada.
“El flexibilizar la circulación de armas para personas privadas y para fuerzas de seguridad pone en riesgo a toda la población y aún más a las mujeres” explicó Debora Upegui Hernández, analista del Observatorio.
Por su parte, la directora de Kilómetro Cero puntualizó que entre las 46 muertes ocasionadas por el uso de un arma de reglamento policial en Puerto Rico entre 2014 y 20220 (se excluyen feminicidios íntimos y suicidios), el 43 % de las víctimas fatales no portaban armas de fuego al ser baleadas por un policía estatal o municipal. Para Estados Unidos, la cifra correspondiente es de 38 %. Es decir, los policías en Puerto Rico aparentan tener una tendencia a creer que existe un constante peligro inminente de portación de armas en la ciudadanía aunque los datos indiquen lo contrario. “Con la flexibilización de la Ley de Armas, esta noción no hará más que agudizarse, poniendo en peligro a más personas ante el uso de fuerza del Estado”, expresó Mari Mari Narváez.
Las organizaciones narraron la experiencia en Sudáfrica que, a través de su reforma de Ley de Armas, han logrado demostrar mediante múltiples estudios científicos que con restricciones en el acceso, uso y disponibilidad de armas de fuego, además de una política de desarme comunitario, redujeron a la mitad la cantidad de feminicidios íntimos entre el 1999 y el 2009, al igual que el total de asesinatos en el país.
“Este es el tipo de políticas que deberíamos estar considerando en la actualidad. Para garantizar políticas públicas como estas en Puerto Rico, debemos enfocarnos en que la Rama Legislativa lleve a cabo procesos de transparencia, participación ciudadana y balance legislativo. Además, debemos analizar las situaciones de violencia, amenazas y el acceso a las armas de estudiantes del Departamento de Educación y las contradicciones con este tipo de política pública. Denunciamos la invisibilidad que se ha hecho al trabajo que sometimos y exigimos mayor apertura y discusión sobre la importancia de mayor restricción al acceso, uso y manejo de armas en nuestra sociedad”, señaló Upegui Hernández.
Premiaciones y favoritismo legislativo
Un segundo aspecto, pero no menos importante, es que las organizaciones denunciaron que el proyecto es uno radicado a petición del cabildero y armero Ariel Torres Meléndez, presidente de la organización Corporación para la Defensa del Poseedor de Licencia de Armas de Puerto Rico (CODEPOLA), contra quien se mantiene un caso administrativo por incumplimiento a la Ley de Armas.
Pérez Rodríguez comentó que aun con la tasa de feminicidios y los recientes casos de armas en las escuelas, la insistencia en este proyecto evidencia, cuán desconectada de la realidad del país está la Rama Legislativa. Frente a ambas situaciones, la activista indicó que es importante continuar hablando de la perspectiva de género “y tenemos que hablar de no tener más armas disponibles para que sigan sucediendo feminicidios porque va a tener una repercusión en el país. Esto deja visible que el PNP y el PPD son exactamente lo mismo”.
Es un hecho que tanto el representante del PPD José Ortiz Lugo, quien es uno de los autores de la medida, fue premiado por CODEPOLA, tan recientemente como el pasado mes de abril. El expresidente del Senado y ahora presidente de la Comisión de Seguridad, Thomas Rivera Schatz, también fue reconocido por CODEPOLA en el 2019. Otros miembros del PNP premiados por la entidad han sido la exsecretaria de Justicia y exgobernadora Wanda Vázquez Garced y su esposo, el exjuez Jorge Díaz Reverón.
