CLARIDAD
El efecto de las políticas públicas, primero la Ley 7 del exgobernador Luis Fortuño en el 2009, cuyo fin fue despedir a 30 mil empleados públicos, luego la Ley 66 del 2014 del gobernador Alejandro García Padilla, que también conllevó despidos, y las más recientes medidas tomadas por la Junta de Control Fiscal (JCF) han provocado limitaciones de recursos en las diferentes agencias gubernamentales.
Aunque ahora el gobierno reconoce que existe una falta de recursos en la estructura gubernamental, lo inaceptable es que pretenda subsanar esa falta con personas jubiladas. En junio, la Legislatura de mayoría del Partido Popular Democrático (PPD) junto a legisladores del Partido Nuevo Progresista (PNP) y el gobernador aprobaron la Ley 53, la cual permite que funcionarios jubilados o que se acogieron al retiro mediante un programa de transición voluntaria regresen a trabajar al gobierno, ya sea por contrato o a tiempo parcial. Varios entrevistados por CLARIDAD catalogaron la medida de otro error de política pública, de burla y opresión y hasta de una medida electorera.
El profesor de economía y presidente de la Asociación de Economistas (AEPR) Iyari Ríos González, concedió que la ley es un reconocimiento por parte del gobierno de que hacen falta recursos para ofrecer servicios adecuados, pero objetó que se pretenda contratar a trabajadores a medio tiempo y no se promueva el reclutamiento de trabajadores a tiempo completo con beneficios marginales y las condiciones necesarias para poder realizar el trabajo de manera adecuada, sobre todo tomando en consideración los múltiples golpes que ha recibido el servicio público en años recientes.
Señaló, además, que se supone que hay en marcha unos planes de reclasificación y retribución del gobierno como empleador único, para lo que se han tenido discusiones sobre las escalas de retribución de los empleados públicos, que no se revisan hace un largo tiempo, y que se debe procurar revisar las retribuciones para que los trabajadores no tengan que buscar otro trabajo. Este considera que a luz de la ley dentro del Plan Fiscal el gobierno quiere tener algunos recursos sin incurrir en los gastos que desde la perspectiva de ellos conllevaría contratar gente de carrera.
Otro elemento que dijo le preocupa es la tendencia que se ha visto en Puerto Rico de que se fomente que personas jubiladas tengan que seguir trabajando, lo que pone en evidencia la precarización laboral, el deterioro de las condiciones laborales, tanto en el sector público como en el privado.
“Esa situación se ha agravado en la medida en que los sistemas de retiro se desmontaban. Eso me preocupa, el hecho de que se fomente que las personas tengan que seguir trabajando. El planteamiento de fondo es que las condiciones de trabajo son tales, que tenemos que seguir trabajando hasta que nos caigamos, cuando deberíamos tener la oportunidad de que las personas puedan disfrutar de su jubilación y otras actividades”.
El economista apuntó que habrá que esperar para ver qué efectos pueda tener la medida en las diversas agencias; pero subrayó que no se fortalece el sector público con jubilados, sino endosando trabajadores jóvenes, y rechazó el argumento del conocimiento de la cultura de las organizaciones. “De igual manera, tiene que haber un relevo, pero ese relevo lo que se observa es que no se está remplazando. Eso hay que atenderlo”.
Por otra parte, para el profesor de Derecho de Política Pública, Víctor García San Inocencio, la práctica de no llenar puestos de carrera en el gobierno tiene varios efectos. El primero es la desarticulación del trabajo que se realiza y la pérdida de oportunidades de servicio al pueblo, junto a la pérdida de derechos por parte de los trabajadores. El segundo efecto es uno más acumulativo, que es la desmoralización por la devaluación que se hace del servicio y del empleado público.
“Sobre esto no hay una sola mención y, por consiguiente, lo que se hace es abonar a la falta de autocrítica, y lo que es peor, a la impunidad de quienes administran politiqueramente e ideológicamente. Porque detrás de todo este diseño está la ideología neoliberal y todos sus males, como son la desreglamentación, el desmantelamiento de instituciones fiscalizadoras y el decaimiento, desvalorización del servicio y el trabajo del empleado público”, denunció.
García San Inocencio, quien también es estudioso de la corrupción gubernamental, planteó que la medida neoliberal de votar empleados públicos tiene el propósito de luego empezar a contratar servicios privados, y que los que se lucran de esa contratación son los “amigos del alma. “El argumento de la economía es falso. En muchas ocasiones cuesta más de lo que es institucionalmente. Ese es el problema”.
El otro problema que a su juicio conlleva la ley es que se presta al favoritismo, porque no hay manera realmente de rastrear a qué comisario de barrio, a qué coordinador, funcionario de colegio se emplea, por lo que en esta contratación no opera ni el principio de mérito ni una evaluación real de qué es lo que hace falta hacer o qué se necesita para hacerlo, dijo. García San Inocencio comentó que se le ocurre creer que con esta ley se va a abrir un carril exclusivo para pasar al embotellamiento de todos los que están esperando ser ubicados “correctamente” y que realmente hace mucho tiempo que en el gobierno no existe un sistema de exámenes y de oposiciones, lo que conlleva consecuencias tremendas.
Una opresión
Para la portavoz de Construyamos Otro Acuerdo y del Frente en Defensa de las Pensiones, Sonia Palacios, la ley es una opresión: “Es que, realmente, la única palabra que tengo para describir eso es opresión, porque no hay otra manera de definirlo. Se supone que el retiro sea el reconocimiento de que ya uno llegó a una edad, dio unos servicios. No vamos para jóvenes, vamos para viejos, porque la vida es un círculo, un ciclo, y uno termina una etapa y alguien sustituye esa tarea que uno estaba haciendo”, expresó. Se supone que la cuestión del retiro esté enmarcada en dejar espacios para que los jóvenes entren al mercado del trabajo, sigan aportando al retiro, generen ingresos para ellos y para el gobierno, acotó.
La también retirada del Departamento de Justicia no dejó pasar por alto que la Ley 7 fue el detonante de esa política de que el gobierno no hace falta. “Los empleados públicos somos imprescindibles. Los empleados públicos damos un servicio esencial. Para eso es que existe el gobierno, no es para cobrar contribuciones. El gobierno existe para proveer servicios a los ciudadanos, y esos servicios los prestamos los empleados públicos. A cambio, recibimos unos salarios, unos beneficios marginales y cotizamos para un sistema de retiro. Nosotros, los empleados públicos, pagamos contribuciones sobre ingresos, así que el Estado tiene un ingreso que le generamos”.
La portavoz del Frente en Defensa de las Pensiones calificó de explotación la pretensión de la ley, a la vez que es un reconocimiento por parte del gobierno de que la pensión que reciben no da. “¡Cómo es posible que a LUMA se le dé un aumento por el costo de vida y que los empleados públicos no tengamos un aumento de la pensión desde cuándo! Me da angustia pensar que conozco personas que ven esa opción para cuadrar el presupuesto, me duele”.
Esto es hasta el 2024
Mientras, Pedro Pastrana, portavoz del Capítulo de Retirados de la Federación de Maestros (FMPR), llamó a la atención que la ley se firmó en junio del 2022 y que, según el gobernador, va a ayudar a la educación y a las agencias del gobierno a dar servicios a los ciudadanos. El gobierno y el mismo secretario del DE han reconocido que dicho departamento es el que más empleados necesita, en particular maestros.
“Sin embargo, se dieron cuenta de que no tenían reglamento y lo hacen ahora a finales de noviembre, seis meses después. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que el primer anuncio que hacen para firmar la ley lo hacen cerca del año escolar; pero ya acercándose el año electoral, vienen con el reglamento. Esa ley va a ser prácticamente hasta noviembre de 2024, y creo que lo que está buscando es aparentar que están haciendo cosas buenas. Esto es un gobierno de apariencias y de imagen, pero la realidad es que aquí no hay nada que no sea el efecto de un plan de ajuste aprobado con la firma de los legisladores y el gobernador”, denunció.
En el caso de los maestros retirados, el gobierno tiene dos categorías: las maestras y maestros que se retiraron con 30 años de servicio y 50 años de edad. A este grupo, el reglamento le obliga a informar al sistema de retiro que están trabajando. En el caso de que decidan trabajar, afirmó Pastrana, es obvio que lo hacen por la necesidad económica, por la inflación debido al alto costo de vida que los tiene estrangulados.
El otro grupo son los maestros y maestras que se fueron por el llamado Retiro Incentivado. Estos no tienen la edad de retiro, ni los años de servicio; están entre los 30 y 40 años de edad, son mucho más jóvenes. A esos que ya están hace un año fuera el gobierno se les condicionó a que si se retiraban con un incentivo de un año tenían una penalidad de cinco años para volver a trabajar en el gobierno.
Pastrana fue enfático en alertar que el propósito de ese plan es la privatización, que el gobierno no quiere seguir pagando beneficios y que detrás de eso está la Junta de Control Fiscal. “A esos compañeros que están en una situación económica difícil, quizás tengan la opción de regresar; pero por qué no los hacen permanentes otra vez y de esa forma se evita, cada vez que comienza un año escolar, la situación de que no tienes maestros para cubrir las plazas”.
Este alertó de que el gobierno le tuvo que decir a la JCF que los maestros van a ser contratados por servicios profesionales, lo que a su vez es parte de la privatización. Cuestionó qué les va ofrecer el DE a los maestros que se fueron y que ahora quiere que vuelvan, si ya antes la escuela no les proveía materiales. Tenían ellos mismos que comprarlos, pintar los salones. Salieron frustrados por toda esa falta de apoyo del sistema y ahora pretende que vuelvan sin beneficios marginales.
“A LUMA, por la inflación, le dan $112 millones. Para el sector privado aquí siempre hay millones. Pero para la educación, salud y la seguridad no tenemos dinero. Esta es la administración que nosotros hemos estado escogiendo por décadas y mira dónde nos han metido”.
