Especial para CLARIDAD
“No hay más pecado que el de estupidez”
Oscar Wilde
El jueves 10 de noviembre de 2022 observaba en una transmisión de televisión los impactos del huracán Nicole en las costas del este de la Florida. Se resaltaba en las imágenes el efecto destructor del oleaje y las marejadas sobre las estructuras construidas en el tope de barreras de arena (“coastal barriers”) que discurren de sur a norte a lo largo de la costa este de Florida y que están presentes, al menos, hasta el norte de Carolina del Norte. La transmisión de televisión mostraba en vivo la forma en que el oleaje arremetía contra la arena, desmontando la barrera sobre la cual se desplomaban condo-hoteles y residencias de lujo que allí ubicaban, ya debilitadas por el efecto del huracán Ian el pasado septiembre. Era notable esa destrucción en el condado de Volusia, un centro de turismo muy activo en esa región. El escenario que observaba lo imagino muy similar al que ocurrió en las costas de Rincón durante el impacto del huracán María en septiembre de 2017. La crudeza de la vulnerabilidad al daño y destrucción del océano lógicamente lleva a la pregunta de por qué se permite y se autoriza la instalación de esas costosas estructuras en un lugar tan frágil y peligroso. Aparte del interés individual de cada propietario de colocar sus instalaciones en ese espacio, ¿cómo es posible que los entes gubernamentales de los condados, el estado de Florida y del gobierno federal nacional autoricen y consientan el desarrollo de esos escenarios de peligro con alto riesgo de pérdida de vida y propiedad? ¿Es que no existen normas y requisitos de planificación del uso del terreno en esas localidades?, ¿no saben del peligro asociado al levantamiento del mar y el aumento en la frecuencia e intensidad de huracanes?, ¿o será que la ineptitud o la estupidez están institucionalizadas en las estructuras del poder político-gubernamental y de las que manejan el capital financiero en esas economías neoliberales?; ¿o serán todas las interrogantes concurrentemente?
Veamos.
Las imágenes de destrucción por inundaciones costeras en la Florida me hicieron recordar a las que observamos en Puerto Rico durante el paso de los recientes huracanes sobre nuestra región. La erosión costera se acelera con el paso del tiempo y es reflejo directo del alza en el nivel del mar y de la perturbación del litoral por construcciones imprudentes que se autorizan contrario a lo que dispone la reglamentación del uso de terrenos. A modo de ejemplo, durante los días del reciente huracán Fiona los medios de comunicación comerciales presentaron de forma reiterada la imagen de una estructura que fue removida de sus cimientos por las aguas de las inundaciones provocadas por el río Jueyes en Salinas. Las imágenes en televisión y las fotos sobre ese incidente nunca ofrecieron explicación a la lógica interrogante de por qué ocurrió ese socavamiento y el daño estructural asociado. Las imágenes mostraban una estructura construida en hormigón, bien pintada y con accesorios que sugerían que se trataba de una construcción llevada a cabo recientemente y con el beneficio de algún profesional que la diseñó y supervisó su construcción de acuerdo con los códigos requeridos. Un amigo ingeniero, con la misma curiosidad e interrogante, me comunicó recientemente, que realizó una inspección al lugar donde ubica esa estructura en Salinas y examinando fotos de satélite y los mapas de riesgos de inundaciones vigente, esa residencia se construyó después del 2017, es decir, después del huracán María, y dentro del cauce mayor de inundación del río Jueyes.
Según el Reglamento de Planificación Número 13, la Ley Número 3 de 1961, según enmendada, que requiere dicho reglamento, los mapas de riesgos vigente de la Junta de Planificación y de FEMA que forman parte del Programa de Seguros Contra Inundaciones, en el espacio donde se ubicó la residencia de referencia, está expresamente prohibido realizar nuevas construcciones. Me comentó, además, mi amigo ingeniero que para acceder al sitio de la construcción de la vivienda afectada y donde existen otras también construidas de forma similar, se instaló un puente alegadamente por parte del municipio de Salinas que también fue averiado por la inundación, instalación de aparente carácter provisional que no cumple con los requisitos de una construcción segura sobre un cauce mayor de inundaciones. Habrá que investigar si la Oficia de Gerencia de Permisos del gobierno central, o la Oficina de Permisos de municipio de Salinas autorizaron y consintieron estas construcciones ilegales y temerarias en una zona de alto riesgo a inundaciones. También habrá que preguntar si algún profesional de ingeniería o arquitectura licenciado por el Estado certificó estas obras como idónea ante las agencias reguladoras correspondientes y, por otro lado, si alguna entidad financiera estatal o federal participó en la financiación y adquisición de las estructuras construidas, y si se requirió el seguro contra inundaciones que corresponde, según las normas de FEMA. No menos importante será necesario saber qué sabían los propietarios sobre la situación del riesgo que asumían al invertir en esas construcciones en espacios vulnerables y cómo podrán resarcir esos daños en reclamo a alguno de los actores profesionales o gubernamentales que participaron y viabilizaron este otro escenario de destrucción y pérdida de propiedad. No me deja de asombrar cómo alguna o todas estas interrogantes fueron ignoradas por los distintos reporteros de los medios de comunicación social que describieron este incidente en Salinas.
Debemos tener en cuenta que las decisiones sobre el uso del terreno en zonas susceptibles a inundaciones, tanto por desbordes de ríos y quebradas como del litoral costero, están reguladas desde el 1961 por la Ley Número 3 que en septiembre de ese año se aprobó en Puerto Rico. Antes de esa fecha no había requerimiento legal para identificar y cualificar los peligros de inundaciones de forma científica y profesional. Las decisiones de usos de terrenos que, desde 1942 se le asignó a la Junta de Planificación (JP), se basaron en los criterios técnicos del Reglamento de Lotificación y Urbanización (Reg. #3), del Reglamento de Zonificación (Reg. #4), ambos reglamentos aprobados en la década de 1940, y del conocimiento histórico de eventos de inundaciones extraordinarias conocidos, pero no documentados en mapas profesionalmente desarrollados. La ley Número 3 requirió a la JP la preparación del Reglamento Sobre Riesgos de Inundaciones que la JP adoptó 10 años después, en diciembre de 1971 (Reg. # 13). El Reg. #13, a su vez, requirió la preparación formal de mapas de riesgos basados en estudios técnicos hidrológico-hidráulicos, mapas que reflejaban el nivel riesgo adoptado como política pública resultante de eventos de frecuencia de recurrencia de uno en 100 años, es decir, de eventos de baja probabilidad de recurrencia (con un chance de 1% de ser igualado o superado en cualquier año) pero de alto potencial de peligro. Las planicies de inundación que resultan de esos estudios y que representan en mapas de peligro identifica la planicie de inundación que resulta de una lluvia de 100 años caracterizada por dos segmentos principales de esa planicie inundable: (1) el cauce mayor de inundación que se refiere al espacio por donde fluye el mayor caudal de inundación con profundidad y velocidad del agua capaz de producir daño estructural a edificaciones; y (2) en remanente de la planicie de inundación donde es posible autorizar construcciones de estructuras pero sujeto a ciertas condiciones y restricciones.
En el cauce mayor de inundación está prohibido construir nuevas edificaciones y la política pública supone que se debe remover gradualmente aquellas estructuras y edificaciones previamente construidas que han estado expuestas al alto riego de pérdida y destrucción y con amenaza a la vida y la propiedad de individuos y comunidades. El principio de esa política establecida por ley, pero con un bajo cumplimiento, es sanear los espacios de riesgo a inundaciones en los cauces de los ríos y las quebradas. Relacionado al riesgo por inundación costera, dada las particularidades de la dinámica oceanográfica y de la magnitud del volumen del agua del mar, el riesgo por inundación por oleaje, marejadas y marejadas ciclónicas está determinado por una metodología científica y técnica distinta a las que se utilizan para ríos y quebradas. Las zonas de riesgos costaneros producidos por estas metodologías se representan en mapas costaneros y se ilustran con zonas que reflejan la elevación del mar durante perturbaciones producidas por huracanes y que, implícitamente, contienen el peligro de la velocidad y la energía del agua oceánica impactando el litoral. En estos mapas las zonas de peligro se identifican por reglamento como zona VE acompañado de una numeración que indica la altura del oleaje en metros sobre el nivel promedio del mar. La política pública establecida por reglamento para estas zonas VE requiere establecer un distanciamiento entre la zona de peligro y una prohibición del depósito de relleno para viabilizar el poder colocar nuevas estructuras en ese espacio de peligro. Evidentemente en las áreas del litoral donde el terreno es menos consolidado como ocurre en playas de arena o dunas de este material, el riesgo del proceso erosivo de las marejadas es mucho mayor. La política pública formal, según la reglamentación, va orientada a no reemplazar estructuras de riesgo que alcanzan obsolescencia en el tiempo de uso y restringir al máximo posible las nuevas construcciones manteniendo una distancia tierra adentro prudente desde la línea de costa clasificado como zona VE.
Es importante destacar que, dado el calentamiento del Planeta, y su consecuente alza en el nivel del mar y cambios en el comportamiento del clima (que produce eventos más extremos de lluvias en incidentes más cercanos en el tiempo), implica que el peligro de inundaciones seguirá cambiando sustancialmente según avanza el tiempo de manera que las política públicas sobre el uso del terreno dirigidas a proteger a las comunidades de las inundaciones debe reflejarse en enmiendas y actualización frecuente de los mapas de riesgo que permiten poner en vigor las normas de protección de vida y propiedad en zona susceptibles a peligros de inundaciones. Bueno, eso es lo que se supone que se haga. Esas determinaciones son las que aconsejan la ciencia y el conocimiento sobre el comportamiento cambiante del clima y de la naturaleza. Sin embargo, la imprudencia, la ignorancia, la insensatez han estado dominando la toma de decisiones sobre el uso del terreno y la construcción de estructuras en zonas de peligro a inundaciones. El sistema capitalista neoliberal que domina la ideología de las instituciones públicas y privadas responsables de articular el desarrollo de las comunidades, tanto en Puerto Rico, Florida como en buena parte del Mundo, muestran una torpeza extraordinaria en su capacidad para comprender y analizar las implicaciones objetivas y científicas que supone la vulnerabilidad al riesgo de inundaciones por el cambio del clima y el calentamiento del Planeta. Parece ser que la sensatez y la sabiduría que debe guiar la toma de decisiones sobre asuntos públicos de seguridad y bienestar está subordinándose a la estupidez, que la irracionalidad y la ignorancia son atributos indispensables para asumir la responsabilidad institucionalizada de la gestión pública y privada. Parece ser que hemos construido una “ineptocracia” con la responsabilidad asignada al gobierno para manejar y asumir la crisis estructural y funcional de las sociedades actuales y la de las futuras generaciones humanas.
La “ineptocracia” es un concepto que no está reconocido ni definido en el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua. Sin embargo, en varias referencias se le asignan distintos significados, por ejemplo, lo que publica el Wikcionario en Internet: (1). Participación de los menos hábiles en el gobierno a través del poder económico o la propaganda; (2) Sistema político de características democráticas en el que los menos aptos son elegidos gracias a la propaganda masiva, siendo los grupos de poder recompensados por el gobierno. Para compensar estas recompensas se toman créditos para favorecer la fuga de capitales por parte de una minoría especuladora, lo que determina un aumento de la pobreza y endeudamiento; y (3) Estado regido por gobiernos que por medidas ineficaces disminuyen la competitividad y crecimiento”. Aunque la fuente de estas citas no puede atribuir la autoría intelectual de estas definiciones, en lo personal me resultan muy sensatas, en particular, cuando se contextualicen a la realidad puertorriqueña. Les propongo, amigo lector, que piense en nombres específicos de personas que al momento que escribo son actores sociales en la rama ejecutiva y legislativa del gobierno, incluyendo los gobiernos municipales, y relaciónelos con estas definiciones. Pienso que, si tomáramos como válidas estas apreciaciones conceptuales de la “ineptocracia”, indudablemente coincidiríamos que nuestra atribulación existencial colonial refleja la ineptocracia que hemos construido, que soportamos y que, en dos años, durante el proceso electoral 2024 nos encaminamos a revalidar. No obstante, si nos lo proponemos, podemos cambiar sustancialmente esta estructura ineficiente, insensata, y en la práctica estúpida, que controla y dirige nuestras vidas individuales y la colectiva como Pueblo. Una parte significativa de ese cambio lo podemos realizar reemplazando con personas profesionalmente competentes a los funcionarios que se eligen para dirigir las funciones ejecutiva y legislativas de nuestra vida colonial. Ese puede ser un comienzo importante para dar un giro de 180 grados a la realidad que nos abruma en esta crisis existencial, ambiental, política y económica.
En los próximos días o semanas, probablemente el Planeta tendrá 8 billones de seres vivos compartiendo con nuestra existencia. Las proyecciones de distintas instituciones internacionales sugieren que al 2037, es decir, en menos de 15 años, la población aumentará a 9 billones de seres humanos. Cuando nací (en 1949) la población del Mundo era de poco más de 2 billones de habitantes. Por otro lado y relacionado al estilo de vida de consumo desmedido de bienes y servicios producidos sustancialmente con energía de fuentes fósiles, el proceso del calentamiento del Planeta se sigue acelerando dramáticamente, reduciéndose de forma marcada el tiempo hábil con que contamos para mitigar y, en especial, para adaptarnos a los cambios en el clima, a la pérdida de la diversidad biológica, al alza en el nivel del mar, al aumento de eventos de lluvias extremas y de sequías también extremas, entre otras calamidades. Paradójicamente, mientras las marejadas provocadas por el huracán Nicole destrozaban las costas del condado de Volusia y otras comunidades del litoral de la Florida, la ONU celebraba la Conferencia Mundial Sobre Cambio Climático en Egipto, la COP27. En esta conferencia se reafirmaba el conocimiento de que el incremento sostenido de gases de invernadero producto de la quema de combustibles fósiles, ha elevado las concentraciones de gases de invernadero a niveles récord con la proyección de un laza dramática en la temperatura promedio del Planeta. Con el incremento poblacional este problema se magnifica. En esa conferencia, el presidente Biden reconoció formalmente la gravedad y magnitud de la crisis ambiental que nos abruma y que amenaza la seguridad general de la vida y la civilización humana. Un medio de comunicación resumió este planteamiento en el siguiente titular: Biden en la COP27: “La vida del planeta está en peligro con la crisis climática” (https://www.france24.com/es/áfrica/20221111-joe-biden-en-la-cop27-la-vida-del-planeta-está-en-peligro-con-la-crisis-climática). Enfrentar esa realidad con posibilidades de éxito para una adaptación menos apremiante, requiere de dirigentes y funcionarios sensatos, con buen juicio, con niveles superiores de sabiduría y que demuestren proficiencia para poder distinguir, objetivamente, las circunstancias de amenazas y peligros que comprometen nuestra seguridad pero que a su vez promuevan cursos de acción inteligentes y justos para el bienestar de los individuos y también como del bien común. Es indispensable que pensemos en una reestructuración profunda y logremos el convencimiento colectivo de que con la visión obtusa prevalente sobre nuestra realidad apremiante y con los actores sociales con mentalidades que derivan de esa visión torcida, no podemos enfrentar ni transformar este presente, y mucho menos aspirar a un futuro más seguro y eficiente. La agenda política, cultural y social debe ir dirigida a desmontar prontamente la ineptocracia que nos compromete y construir una estructura sensata, prudente e inteligente para enfrentar la crisis contemporánea. Ojalá que muchos compatriotas acepten esta convocatoria.
