CLARIDAD
Una cara que vino a apaciguar el desastre que generó el exsecretario Machargo y más ocupada con el desarrollo económico que con la protección de los recursos naturales es la apreciación de varios activistas ambientales respecto a la secretaria interina del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), licenciada Anaís Rodríguez Vega.
La semana pasada la Secretaria interina del DRNA compareció a una vista de evaluación ante la Comisión de Nombramientos del Senado para considerar su nombramiento en propiedad.
Para Vanessa Uriarte, portavoz de la organización Amigos del Mar, en términos de su ejecutoria y postura, Rodríguez Vega “es una cara que vino a apaciguar el desastre que generó el pasado Secretario”. Dio de ejemplo que en los casos como el de Salinas, Bahía de Jobos y Rincón la Secretaria no ha tomado ninguna acción proactiva para atender los asuntos ambientales.
Antes de ser nombrada Secretaria interina, en abril de este año, Rodríguez Vega había ocupado la posición de subsecretaria desde diciembre del 2021.
La portavoz de Amigos del Mar, organización que ha llevado a cabo encuentros con comunidades costeras alrededor de la isla, censuró expresiones de la secretaria interina y su ambivalencia en cuanto a la necesidad de cambios con la definición actual de la zona marítimo terrestre (ZMT). “Eso es sumamente preocupante, porque todo el mundo sabe, y es lo que expresan las comunidades, las organizaciones ambientales y los expertos en cambio climático del país, que necesitamos una nueva definición que se atempere a la realidad que vivimos y a futuro. Y si ella es una persona que dirige las tres agencias ambientales más importantes que determinan la capacidad de seguir viviendo en este país y no toma en consideración la urgencia de atemperar las normas que nos permiten adaptarnos, realmente nos está condenando a no poder vivir más aquí”.
La postura de Amigos del Mar es que Rodríguez Vega no está capacitada para el puesto, que está desconectada totalmente de la realidad que se vive en Puerto Rico, ya que no es solo el asunto de las costas, es la calidad del agua, los incumplimientos por la contaminación de la planta de quema de carbón AES y sus cenizas y otras asuntos que Uriarte describió como en sumo problemáticos, para los cuales ella no tiene una postura ni un plan para ejecutar. Otro aspecto que señaló de la falta de acción del DRNA es la redacción de un reglamento de adaptación de cambio climático. “Así que en realidad ella es un sello de goma más que está ocupando una silla que le queda muy grande, para que el aparato a través de la OGP (Oficina de Gerencia de Permisos) continúe impunemente otorgando permisos y acelerando el mal llamado desarrollo económico que propone el Gobierno actual”.
En cuanto a la relación de la secretaria con organizaciones comunitarias, recordó que un grupo de organizaciones presentaron una serie de reclamaciones ante el entonces secretario Machargo, que este nunca contestó, ni ella tampoco. Uriarte dijo que le preocupa haber leído en la ponencia de la Secretaria ante la Comisión que había llegado a acuerdos colaborativos con algunas organizaciones que, por las personas que ocupan esos espacios, se alejan mucho de lo que son los manejos comunitarios. En particular mencionó a dos organizaciones muy puntuales: Fundos Unidos y Para la naturaleza.Alertó de que esto es una forma de continuar la privatización de espacios naturales, poniéndolos en manos de organizaciones con poder adquisitivo que no necesariamente representan a las comunidades y al futuro del país.
Rodríguez Vega tiene que proteger los recursos naturales
La ambientalista sí reconoció que un aspecto necesario al cual se ha acercado el DRNA es a la restauración de dunas. Pero subrayó que esa restauración no puede seguir haciéndose sin que haya una ley de costas que las proteja, por lo que de cierta manera ese trabajo se queda inconcluso. Al respecto denunció que constantemente el DRNA se opone a una moratoria a la ley de costas por asuntos de desarrollo económico. “Ese no es asunto que le compete a Recursos Naturales y sí la protección de los recursos naturales. Para el desarrollo económico hay otras agencias”.
En entrevista por separado, el portavoz del Comité de Diálogo Ambiental de Salinas (CACC), Víctor Alvarado Guzmán, coincidió con la apreciación de que la Secretaria tiene una posición ambivalente respecto a la necesidad de una nueva ley de la ZMT. Sobre ese tema en específico dio a conocer que tuvo la oportunidad de conversar con la secretaria y que una de las cosas que le preocupa es que de la conversación surgió que Rodríguez Vega preside el Comité Asesor del Cambio Climático y que ya este comité apoya que se establezca una moratoria a la construcción en las costas. Para él, esta tiene que ser urgente de modo que haya espacio para planificar y establecer una nueva ley; sin embargo, el DRNA siempre acude a la Legislatura a oponerse a los proyectos que se presentan.
Sobre este asunto recordó que en la vista pública, la secretaria dijo que había que sentarse a evaluar y establecer una nueva definición de la ZMT. “¡A estas alturas. Los expertos ya lo han dicho!”, tronó Alvarado Guzmán.
De hecho, las expresiones de la secretaria, recogidas en un video de la interpelación de la senadora del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), sobre su postura ante una moratoria de cinco años en lugares sin impactar fueron: “Hay que reevaluarlo, una prohibición no es cónsono con la Constitución’.
Otro ejemplo de la ambivalencia de la secretaria, denunció Alvarado Guzmán, es la atención que le ha dado a una petición de la alcaldesa de Salinas, Karilyn Bonilla, para depositar las cenizas de carbón de la AES en los vertederos de Peñuelas, Ponce y Humacao. La solicitud de la alcaldesa fue en enero de este año y todavía la secretaria no la ha contestado.
“La Secretaria dice que si no hay cumplimiento con lo que establece el reglamento para otorgar una dispensa, pues no se otorgará. O sea, que eso significa que el DRNA lleva nueve a diez meses evaluando si la solicitud de dispensa que hace la alcaldesa cumple o no con el reglamento. ¿Cómo es posible? En una evaluación sencilla de la ley, el reglamento y una orden administrativa de Machargo antes de irse uno se da cuenta de que no procede la dispensa. Ahora, por qué la secretaria ha estado evitando tomar esa determinación, no lo entendemos”. Denunció que incluso el DRNA le pidió un muestreo que evidenciara que las cenizas no son tóxicas, en el cual la alcaldesa gastó $80 mil dólares, cuando ya está probado que las cenizas son tóxicas y la dispensa no procede. Ya hay una ley que ordena a AES a trasladar las cenizas fuera de Puerto Rico.
Alvarado Guzmán también expresó preocupación con que, al igual que Machargo, Rodríguez Vega y otros secretarios anteriores alegan que tienen que velar por el desarrollo económico de Puerto Rico. “Pero eso no es lo que está dentro de sus funciones, su función es proteger el ambiente. Cuando se busca la ley y sus funciones, en ningún sitio dice que tienen que estar pendiente al desarrollo económico”.
En esa línea hay que traer a la atención la solicitud de la Secretaria a la Autoridad de Alianzas Público Privadas (AAPP) para que estudie una alianza para la administración del Parque de las Cavernas de Camuy. “Es otra ambivalencia. Dijo que estaba en contra de que se privatizara el parque, pero que lo estaba evaluando. Pero si dice que no está a favor de que se privatice, entonces ¿qué es lo que están evaluando, por qué hizo la petición de que se evaluara? Cuando la APP determine que sí, qué se va a hacer entonces, ¿se va a ir en contra del DECC y del gobernador, que lo quieren vender?”, cuestionó.
Aun cuando Alvarado Guzmán dio crédito a que, desde su punto de vista y de otros grupos, la secretaria del DRNA es una persona con buenas intenciones, no la ven con el temple necesario para cumplir con sus funciones de proteger el ambiente y de que prevalezca en sus determinaciones. “Ese es el problema que hemos tenido por tantos años el balance no ocurre. La balanza siempre se ha inclinado hacia los intereses económicos”.
Sin el trasfondo necesario
Hernaliz Vázquez Torres, organizadora de Justicia Ambiental del Sierra Club de Puerto Rico, se expresó similar. Trajo a la atención que el trasfondo de la secretaria es de experiencia en agencias que tienen que ver con desarrollo económico, lo que “nos pone nuevamente en alerta, porque es lo que hemos visto en los pasados secretarios, que están representando intereses económicos, que no es la misión ni la función de Recursos Naturales”.
La activista del Sierra Club también dio a conocer que les preocupa que en reuniones que han tenido con la secretaria, esta les ha dicho que no tiene ningún problema con la definición de la ZMT, y en otro de los proyectos que los grupos ambientalistas están endosando, el PS 474 de legitimación activa, ella tiene la misma postura de Machargo, de no aprobar el proyecto.
Vázquez Torres, indicó que desde la campaña Acción Climática tienen una serie de puntos mínimos para las personas nombradas en cualquier agencia que tiene que ver con lo ambiental: tener un trasfondo de justicia climática y ambiental y conocimientos y experiencia en cuanto a trabajar en una agencia que tiene que ver con los recursos ambientales y naturales del país. “Ella no cumple con nada de eso. Ya estamos viendo que esta persona está utilizando esa posición de poder para tergiversar lo que los grupos llevamos comunicando de cómo va a ser o qué es una moratoria”. Según reveló, funcionarios de gobierno se han prestado para confundir a los legisladores sobre la ley de moratoria.
Sin muchas esperanzas
“Nuestra experiencia hasta el momento con la secretaria es que no tenemos muchas esperanzas de que tenga una dirección distinta de lo que hemos visto hasta ahora del Departamento, sobre todo en lo que está relacionado con el cambio climático”, expresó el director de la organización El Puente-Acción Climática, Federico Cintrón Moscoso. Este reveló que en una reunión de El Puente y otras organizaciones con la secretaria, sobre el Plan de Resiliencia para el Cambio Climático, no vieron ningún movimiento en verdad para avanzar y que se acabe de publicar. Según la ley, el plan tenía que estar listo para octubre del 2021, y ya estamos en el 2022.
En cuanto a la moratoria de construcciones en la costa, igual criticó que la secretaria todavía no tenga una postura, cuando esa es una de las recomendaciones del CACC.
Cintrón Moscoso recalcó que ahora en noviembre la ONU celebrará su reunión de cambio climático, ya que estamos en la década más crítica, que es del 2020 al 2030, y las acciones que no se tomen ahora nos pone en una posición mucho más vulnerable y precaria hacia el futuro. “Estamos ya en el 2022; es decir, nos quedan ocho años para los cambios que son necesarios, y esa responsabilidad le va a tocar a ella como secretaria. Si la moratoria no es cónsona, ¿cuál es su propuesta? El problema es que ni los secretarios, ni el Gobierno están planteando propuestas, están pasivos dirigiendo el Departamento. Necesitamos soluciones, acciones”.
En tanto, el experimentado profesor de Derecho Ambiental, Pedro Sadeé Lloréns, comentó que le preocupa la actitud de la secretaria ante las peticiones comunitarias. Dijo conocer que le consta de varias situaciones en las que la secretaria no ha respondido a peticiones de comunidades, específicamente, de una reunión sobre la situación de la Cueva del Indio. Se envió una carta bien documentada hace ya tres semanas, y ni siquiera ha habido respuesta. Igual, la posición ambigua respecto al Parque de las Cuevas de Camuy, de que cualquier cosa que se haga tiene que ser a tono con la preservación del recurso. Cuestionó qué va a hacer la secretaria si la APP decide por una privatización. A esa pregunta en el Senado, el Lcdo. Sadeé consideró que Rodríguez Vega debió contestar que se iba a retirar la solicitud.
