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Editorial -Triunfo de Lula, victoria de América Latina

 

 

El triunfo electoral de Luiz Inácio Lula Da Silva el pasado domingo, en la segunda vuelta de la elección presidencial en Brasil, significa un giro importante hacia el regreso de la democracia popular,  y un detente al rumbo político, económico y de turbulencia social que la incumbencia del derechista Jair Bolsonaro ha marcado para la nación suramericana. Con el regreso de Lula al poder, se respiran también nuevos aires de victoria en América Latina, que ha vivido en tiempos recientes triunfos similares en Colombia, Perú, Chile y Honduras, representando una nueva coyuntura de equidad de oportunidades para las clases populares en nuestro hemisferio.

Fue una lucha reñida y un triunfo limpio para Lula Da Silva,  el ex dirigente sindical y ex presidente y su Partido de los Trabajadores (PT) que, en alianza con otros sectores de la democracia brasilera, se lanzaron al rescate del país de las manos de los intereses del gran capital, y de las fuerzas más retrógradas y extremistas de la derecha política, las cuales han generado inestabilidad, confrontación y pugnas entre bandos políticos, y han profundizado la desigualdad y la pobreza a través de todo Brasil.

Pero, para entender en toda su dimensión la importancia del triunfo de Lula, repasemos su trayectoria. Nació hijo de familia muy pobre. Comenzó de jovencito a trabajar en la industria metalúrgica y durante la dictadura militar fue el líder de huelgas muy álgidas que enseñaron a los trabajadores a luchar por mejorar sus salarios y condiciones de trabajo. Luchó contra la dictadura y fundó una organización para promover la democracia electoral. Fue fundador del PT, y su candidato a presidente en tres ocasiones (1989, 1994 y 1998), en todas las cuales fue derrotado. En la cuarta vez que se postuló ganó y gobernó Brasil, y luego revalidó para un segundo término consecutivo (años 2000-2010). Los logros de su incumbencia fueron históricos. Los programas sociales Bolsa Familia y Cero Hambre lideraron la salida de Brasil del mapa del hambre de la Organización de Naciones Unidas. En sus dos términos llevó a cabo reformas radicales que lograron el crecimiento de la economía y la reducción de la deuda pública de Brasil, y sentaron las bases de oportunidad para que más de 20 millones de brasileros y brasileras salieran de la pobreza. Aparte del gran avance en la reducción de la pobreza, decrecieron también la desigualdad, el analfabetismo, la mortalidad infantil, el desempleo y la explotación laboral infantil, y hubo aumentos notables en el salario mínimo y el ingreso personal y familiar. También, se expandió el acceso a la escuela, a la universidad y a servicios de salud.

Además de  ganar popularidad entre su pueblo, ganó estatura como líder mundial, pero su hoja de logros levantó el odio de sus enemigos de siempre: la oligarquía y demás sectores del gran capital que vieron su gobierno  como una amenaza al estatus quo y a sus privilegios de poder y de ganancias. Por eso, se elaboró un plan para evitar que concluidos sus términos, Lula pudiese regresar a la presidencia de Brasil. Lo acusaron falsamente de lavado de dinero y corrupción, utilizaron prueba trucada y consiguieron encarcelarlo por 580 días, tiempo suficiente para que no cualificara como candidato a las elecciones de 2018. Así se impidió su candidatura y se abrió la puerta al triunfo de Bolsonaro, un político de estilo pendenciero y bravucón, y respaldado por las fuerzas más extremas y conservadoras de la derecha autoritaria.

Los cargos contra Lula fueron eventualmente desestimados porque eran falsos, y fue excarcelado. Así pudo  presentarse a esta elección, en la cual siempre estuvo al frente en las encuestas de intención del voto, finalmente obteniendo el endoso de 60 millones de votantes, dos millones más que su contrincante. Un Lula, totalmente reivindicado, aceptó con humildad su triunfo, mientras su opositor tardó tres días en decir públicamente que respetaría la constitución, y autorizaría la transición de gobierno.

Con la próxima juramentación de Lula y su equipo de trabajo apenas comienza la lucha por nuevamente poner a Brasil sobre sus pies. No será tarea fácil.  Hay diferencias ideológicas profundas que dividen al país en dos grandes polos. Pero, sobre todo, está la amenaza latente a los derechos democráticos alcanzados por el pueblo por parte de las fuerzas recalcitrantes del autoritarismo,  y de la discriminación, la exclusión y la represión contra los disidentes.  Habrá que  luchar también para que se profundicen las reformas económicas y sociales que encaminaron a Brasil hacia una sociedad más igualitaria  y con mayores oportunidades para todos y todas. Neurálgica es también la lucha por la preservación y supervivencia de la región del Amazonas- el pulmón de nuestra América-  ahora mismo en absoluto riesgo no solo por el cambio climático y la deforestación, sino por la codicia y las estrategias de depredación y exterminio de quienes quieren saquear sus recursos y eliminar a sus habitantes. Sin duda, Brasil se encuentra hoy ante un panorama incierto que requiere la mano firme y compasiva de un liderato político maduro, competente y comprometido, como la alianza que encabeza un estadista de calibre mundial, como Luiz Inácio Lula Da Silva.

Ley de Transparencia: poco consistente el cumplimiento

 

CLARIDAD

ccotto@claridadpuertorico.com

A más de dos años de la aprobación de la Ley de Transparencia y Procedimiento Expedito para el Acceso a la Información Pública, el rendimiento y cumplimiento del Gobierno de Puerto Rico con esa ley es uno  deficiente e inconsistente.

“El Gobierno hace muy poco para mejorar el estado de la transparencia en el país y no le ha dado seguimiento continuo, apenas una carta oficial. No hay nadie a cargo para impulsar de manera afirmativa y  consistente el cumplimiento de esta política pública”, indicó el licenciado Carlos Francisco Ramos Hernández, quien dirigió una investigación sobre el cumplimiento de la Ley de Transparencia para el Centro de Periodismo Investigativo (CPI) con la colaboración  de estudiantes del Programa de Pro Bono de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana. Los resultados de la investigación recogidos en el informe  La transparencia en Puerto Rico: Informe sobre el (in)cumplimiento del Gobierno en la implementación de la Ley 141 de 2019 fueron presentados en días recientes en la citada Facultad.

La Ley de Transparencia dispone que cada agencia del Ejecutivo y de los municipios identifique al menos a tres servidores públicos entre sus empleados existentes, de éstos, dos deberán ser de carrera, los cuales serán designados como oficiales de información. Esta designación se supone que no conlleve la contratación de personal nuevo, con lo que se asume que no requiere más gastos del erario; es decir, que debe ser un funcionario que ya está en la nómina de la agencia  o municipio. Hay que aclarar que no se trata de un empleado que va a realizar funciones de un  oficial de prensa. La función del oficial de información es recibir las solicitudes de información, tramitarlas y facilitar el acceso a documentos.

Hallazgos principales

 Entre los hallazgos principales, la investigación reveló que:

Si bien el 98 % de los oficiales de información fueron designados en la Rama Ejecutiva, solo el 39 % de las agencias tiene disponible en sus páginas web —como manda la ley—  la información de contacto (nombre, correo electrónico y número de teléfono) del funcionario.

Por parte de los municipios, el 76 % tiene designados a sus oficiales de información, solo dos de ellos tienen disponibles en sus páginas web la información de contacto.

Resalta que el 25 % de los Oficiales de información en la Rama Ejecutiva y el 68 % en los municipios fueron designados después y en respuesta a la solicitud de información cursada por el CPI.

En el caso de la Fortaleza y la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), tampoco tienen disponible en sus páginas web un directorio centralizado con la información de contacto de los OI, como exige la ley.

De una muestra de 22 agencias, solo 13 habían ofrecido a sus OI los adiestramientos educativos que requiere la ley.

Desde que la ley entró en vigor, solo el 26 % de las agencias han rendido al menos uno de los informes estadísticos mensuales requeridos que recoge el número de solicitudes de información recibidas, el tipo de información solicitada y el estatus de estas. Solo el 18 % tiene disponible estos informes en sus páginas web.

Por parte de los municipios, ninguno ha rendido sus informes mensuales.

A la luz de los hallazgos, Ramos Hernández apuntó que de no  haber sido por las comunicaciones cursadas por CPI, la situación sería peor. “De poco sirve la designación en prácticamente todas las agencias y  municipios si estos oficiales no saben que han sido nombrados, no conocen  las responsabilidades de la ley ni han entendido las decisiones judiciales que ha habido del Tribunal Supremo sobre este asunto”. Debido a que la  mayoría de las agencias no han rendido sus informes estadísticos, tampoco hay datos confidenciales que  permitan ver el cumplimiento de la ley y promover el cambio de política pública de manera informada con datos confiables.

En el caso de la Rama Ejecutiva, no fue hasta julio del 2021 que la secretaria de la Gobernación, Noelia García Bardales, emitió una carta circular (Núm. OSG-2021-015) a las agencias de gobierno para que en o antes del 16 de julio designaran y certificaran a sus tres funcionarios como OI.

Aun cuando la ley requiere que los OI sean adiestrados sobre el contenido, la reglamentación, los procedimientos aplicables, sus obligaciones jurídicas e incluso adiestramiento sobre la jurisprudencia establecida por el Tribunal Supremo en materia de acceso a la información pública, esta no dice qué entidad gubernamental debe coordinar e impartir estas capacitaciones.

La investigación reveló que la falta de esta designación de tener un adiestramiento uniforme ha dado margen para que cada agencia o municipio haga lo que quiera. El licenciado Ramos Hernández  narró que solicitaron información a la Oficina del Gobernador sobre quién había adiestrado  a sus OI y la respuesta fue  que no habían provisto adiestramiento a sus propios oficiales porque la ley no es clara. Según dijo, la oficina del gobernador había subsanado esa falta designando a unos abogados como oficiales de información para que de manera informal adiestrara a sus oficiales.

“Hemos visto de todo, personal de abogados de las mismas agencias, contratación de bufetes, pero la realidad es que no hay una persona encargada para dar los adiestramientos y cada cual está haciendo lo que quiere. Eso tiene un efecto adicional. Una práctica que hemos visto es que algunas agencias están añadiendo  formularios, reglamentos, cosas que la ley no pide”.  Algunos de estos reglamentos y requerimiento son contrarios a la ley y el derecho constitucional de acceso a la información pública. Una de estas agencias que tiene disposiciones contrarias a la ley es el Instituto de Cultura Puertorriqueña (ICP).

En el caso de los municipios, se encontró que la  mayoría dijeron desconocer la ley y otros dieron de excusa que no pudieron cumplir a tiempo debido a la pandemia del covid.  Pero según la fecha de aprobación, y dispuesto en la ley, los nombramientos, se supone que debieron haber ocurrido antes de que llegara la pandemia.  El 45 % de los municipios ha  sido demandado desde que la ley entró en vigor. En los municipios también se encontró que tampoco hay un criterio de quién tiene que ser un oficial de información. “Eso varía. Hemos visto de todo, abogados, CPA, choferes, asistentes administrativos que son oficiales de información. Sabemos que los nombran por decir que cumplieron y salir del paso, no necesariamente porque entiendan el alcance de las funciones que conlleva”, explicó Hernández.

El periodista, fundador del CPI y codirector de su Programa de Transparencia,Oscar Serrano, resaltó la importancia de la  fiscalización de los municipios, dado a que  los alcaldes recurrentemente están buscando más poder para sus municipios, buscando descentralizar funciones del Estado, lo que conlleva que se les traspase dinero de manera directa y más responsabilidad, lo que exige más fiscalización.

“Cada agencia está desarrollando sus propios reglamentos y formularios de forma fragmentada y errática, que obstaculizan en vez de facilitar el acceso a la información y la rendición de cuentas”, señaló el abogado de interés público de Equal Justice Works en el CPI.

Con el propósito de buscar remediar este incumplimiento, el CPI presentó acciones judiciales contra el Departamento de Educación, Departamento de Seguridad Pública y Departamento de la Vivienda. Asímismo, se presentó una acción legal en contra de 16 municipios: Añasco, Arroyo, Camuy, Fajardo, Florida, Guayanilla, Jayuya, Lajas, Maunabo, Río Grande, Santa Isabel, Toa Baja, Trujillo Alto, Utuado, Yabucoa y Yauco.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un trumpista menos

 

CLARIDAD

Tan pronto la autoridad electoral de Brasil reconoció a Lula da Silva como presidente electo, desde Washington, Paris, Madrid, Ottawa y desde muchas otras capitales del llamado Occidente se emitieron declaraciones oficiales felicitando al ganador. En Europa ya era de madrugada, pero ninguno de sus principales jefes de gobierno quiso esperar a la mañana, aun cuando en algunos casos, como Francia, las cercanías ideológicas de su presidente, Emmanuel Macron, no coincidieran con las de Lula. A pesar de la hora y de las diferencias políticas las felicitaciones fluyeron.

Esa prisa por felicitar al ganador habla mucho no solo de la importancia de Brasil como país, sino también de la enorme preocupación que la contienda electoral brasileña generaba en el testo del mundo. Con sus 215 millones de habitantes y la magnitud de su economía, además de su enormidad territorial, Brasil es uno de los gigantes del planeta y cualquier jamaqueón repercute mucho más allá de sus fronteras. A esa importancia material se suma la gran similitud ideológica entre el ahora derrotado Bolsonaro y los movimientos políticos que en estos momentos avanzan en Europa y el que puede estar a punto de regresar al poder en Estados Unidos.

Jair Bolsonaro, Donald Trump, la nueva gobernante italiana Giorgia Meloni y la casi ganadora francesa Marine Le Pen, están en el mismo encasillado. Junto a ellos está, además, el Vox español que ahora mismo cogobierna en algunas regiones y que aspira a formar parte de una próxima coalición que asuma el poder en España. Se trata de un movimiento de amplias ramificaciones, que conforman algo parecido a una nueva “internacional de extrema derecha”, muy similar al nazi-fascismo que hace exactamente un siglo comenzó a crecer en Europa. (Causa escalofríos recordar que la “marcha sobre Roma”, que catapultó al poder a Benito Mussolini en Italia, trascurrió del 27 al 29 de octubre de 1922. Aquel sería el primer gran triunfo del fascismo. Nadie debe olvidar que tanto Mossolini como Hitler asumieron el poder aprovechando el sistema electoral que luego reprimieron. Ambos llegaron al mando aceptando las reglas de un juego que luego alteraron, primero minando y desprestigiando el sistema desde adentro y posteriormente acudiendo a la peor de las represiones.)

Bolsonaro y Trump se parecen mucho, y no solo por sus gritos, sus gestos y desplantes. Ambos postulan el retroceso social y la consolidación de las elites, eliminando los avances de los grupos marginados. Ninguno de los dos cree en el sistema político que les permitió llegar a la presidencia y desde esas instancias poderosas han tratado de dinamitarlo. No es casualidad que, igual que el estadounidense, desde antes de la votación Bolsonaro estuviera hablando de “fraude”, estimulando a los grupos de choques que los apoyan.

Tras los recientes desarrollos en Europa, en particular, tras el ascenso al poder de la ultraderecha italiana, y con las elecciones de medio término de Estados Unidos programadas para el próximo 8 de noviembre, la contienda entre Bolsonaro y Lula en Brasil tenía importancia estratégica. Si esa misma ultraderecha se consolidaba en Brasil, la sensación de “ola imparable” estuviera ahora mismo recorriendo el mundo, afectando de alguna manera la contienda estadounidense y aún más los procesos políticos europeos.

Afortunadamente la ola que aumenta es otra. Tras el triunfo de Gabriel Boric en Chile y, más recientemente, el de Gustavo Petro en Colombia, casi toda América del Sur tiene gobiernos identificados con la izquierda y comprometidos con su pueblo. Ecuador, Paraguay y Uruguay son las excepciones, pero en el enorme mapa suramericano son pequeñas islas.

Esa ola progresista contrasta con la tendencia que se anuncia en Estados Unidos donde, a una semana de las elecciones, las encuestas predicen que el “trumpismo”, que domina el tradicional Partido Republicano, ganaría el control del Congreso el próximo 8 de noviembre. El efecto que el desenlace brasileño pudiera tener en Estados Unidos no sería mucho por el distanciamiento del público estadounidense hacia los latinoamericanos, pero ojalá escuchen.

PC 474-Proyecto para dar participación a comunidades y grupos ambientales

Lucha en Rincón Foto Alina Luciano.

CLARIDAD

ccotto@claridadpuertorico.com

La persistente aplicación de los tribunales y agencias de gobierno de la doctrina de “legitimación activa”, con la cual le niegan  participación en los procesos administrativos y ambientales a  comunidades, grupos ambientales y cualquier otro grupo que pretenda protegerse de una construcción ilegal o que represente un peligro inminente a la salud y seguridad, de un desarrollo que  impacte de manera negativa algún recurso natural o privilegie su disfrute motivó a  diversas organizaciones a reclamar que se presentara un proyecto que  reconociera ese derecho de legitimación activa y que se apruebe la medida.

El proyecto PC 474, Ley de Legitimación Activa Ambiental,  presentado por los representantes del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), Mariana Nogales y José Bernardo Márquez, fue aprobado hace un año en la Cámara y referido a la Comisión de lo Jurídico del Senado. Aun cuando la comisión emitió un informe positivo recomendando su aprobación, en el Senado no se deciden bajarlo para su aprobación final. Las organizaciones interesadas han tenido que reforzar sus gestiones para que la medida sea bajada a votación.

Llama la atención que entre las agencias que se han expresado en contra de la medida está el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA). En entrevista el profesor de Derecho Ambiental, Pedro Sadeé Lloréns, confirmó  que  la posición del DRNA del entonces secretario Rafael Machargo no ha sido modificada. “No hemos visto una postura distinta de esta Secretaria. Creo que es un proyecto de ley que requiere un cambio de postura de esta secretaria, ese es otro aspecto preocupante”, indicó respecto a la gestión de la secretaria interina Anaís Rodriguez Vega, quien está pendiente de confirmación.

El veterano en controversias ambientales expuso que el proyecto es muy importarte, ya que le otorga el derecho a comunidades y  grupos ambientales a que se escuchen sus reclamos en los méritos en los tribunales y en las agencias. “Ese derecho a que se atienda en sus méritos esos reclamos es bien importarte en estos momentos de cambio climático. Y la forma en que se están haciendo los análisis  ambientales como parte de los trámites de permisos inclinados a favor del solicitante es uno secreto, que no se notifica a los vecinos, a la comunidad”.

Una de las cosas que busca el proyecto, agregó, es  remediar el prejuicio y el abuso que ha habido contra grupos ambientales y comunidades, que cuando presentan una reclamación ante agencias y tribunales se les desestima sin siquiera tener la oportunidad de que se analice en qué consiste el reclamo. Sadeé reparó en que el proyecto presentado ni siquiera dice que  hay que resolver a favor de lo que alegan los reclamantes. Lo que se quiere es que se examine y se resuelva en sus méritos. Trajo como experiencias lo  sucedido en el caso de la planta de News Fortres Energy (NFE) y de la piscina de Rincón, en donde los tribunales negaron la intervención ciudadana  alegando que no hay legitimación activa.

La aplicación de esa doctrina de ‘falta de legitimación activa’ ha resultado en múltiples abusos en que las agencias y empresas han desarrollado una campaña discriminatoria. El  PC 474  plantea una política pública general de mayor participación de legitimación activa estatutaria. Además, a partir de esa filosofía, se reconoce la intervención ante los procesos administrativos y de tribunales de permisos ilegales otorgados o actuaciones sin permiso.

El mayor problema, observó Sadeé Lloréns, suele ser el de permisos sin análisis ambientales adecuados. En estos momentos el proyecto está pendiente de que baje a votación en el Senado en la Comisión de Reglas y Reglamentos, que preside Aponte Dalmau.

 

 

Mirada al País-El fracaso y la quiebra del bipartidismo neoliberal

 

Especial para CLARIDAD

El neoliberalismo se convirtió en la política oficial del gobierno de Puerto Rico en 1988 durante la administración de Rafael Hernández Colón. A comienzos de 1987, el Secretario de Hacienda, Juan Agosto Alicea, le dejó saber a la prensa que se había organizado un Comité Económico Asesor con el objetivo de organizar la nueva política pública del gobierno. El nuevo organismo preparó un importante documento titulado Estrategia para el desarrollo económico de Puerto Rico: hacia la segunda transformación económica. La nueva política neoliberal, como puede verse, se concibió con la capacidad de poner en marcha una renovación económica comparable con la transformación urbano-industrial de Puerto Rico posterior a la Segunda Guerra Mundial.

El Partido Popular Democrático no tuvo el aliento para echar adelante semejante estrategia. Fue derrotado en las elecciones de noviembre de 1992. Sin embargo, el nuevo gobierno de Pedro Rosselló seguiría el curso de la nueva política oficial con su propuesta de privatizaciones y desregulaciones. Atacó con furor el supuesto gigantismo gubernamental y propuso un gobierno más pequeño y facilitador capaz de estimular el sector privado. Su concepción neoliberal quedó plasmada en un Importante documento publicado en 1994: Nuevo modelo de desarrollo económico. Si el documento elaborado por el gobierno de Hernández Colón contenía, desde su título, una retórica de lo grandioso, con la intención de lograr una segunda transformación de Puerto Rico, el documento del gobierno de Pedro Rosselló no se quedaba atrás. Con el nuevo modelo económico Puerto Rico podría alcanzar y mantener “niveles de bienestar económico comparables a los de Estados Unidos”.

El neoliberalismo, por consiguiente, se adoptó como política oficial del gobierno con una retórica de grandiosidad. Vino sostenida por gobiernos sucesivos, unos PPD y otros PNP, con ideas de grandes transformaciones económico-sociales y con el propósito de “alcanzar un nivel de vida similar al de nuestros conciudadanos en los estados de la nación”, según afirmaba el gobierno de Pedro Rosselló. Los dos documentos citados pueden considerarse como la matriz de toda la política neoliberal adoptada desde entonces por los dos partidos de gobierno. Ninguno de los dos partidos ha producido documentos con mayor claridad de propósitos. Ambos documentos contienen el programa neoliberal como expresión de un nuevo modelo económico de país. No obstante, resulta sorprendente oír a economistas, como Gustavo Vélez, por dar un ejemplo, referirse continuamente a la urgencia de elaborar un nuevo proyecto económico mientras siguen postulando, como salida a la crisis, la misma política neoliberal. No hay tal cosa como una ausencia de modelo económico. Desde 1988 se han impuesto dos variantes de un mismo modelo neoliberal. Pedro Rosselló utilizó el término abiertamente: nuevo modelo económico. Si la economía de Puerto Rico ha entrado en una profunda depresión, si se ha reducido, si el empleo industrial ha colapsado, si la crisis llevó al gobierno a la bancarrota y si ha tenido que emigrar una enorme cantidad de la población, toda esa trayectoria es coherente con el nuevo modelo económico neoliberal.

Por consiguiente, lo que tenemos ante nosotros es el fracaso más estruendoso de la política neoliberal. Si nuestra gente mira a su alrededor, si se mira a sí misma, ¿observa un gobierno más pequeño, facilitador, más eficiente en sus tareas y con capacidad para activar el sector privado? ¿Puerto Rico está mejor en 2022 que en 1988 o en 1994, con una economía más amplia, sólida, con mayor estabilidad y menor dependencia? La consigna repetida hasta la saciedad afirmando la superioridad de la privado frente a lo público, ¿ha desembocado en el crecimiento dinámico del sector privado? La trabajadora y el trabajador asalariado, el estudiantado, las comunidades, ¿viven en mejores condiciones de trabajo y remuneración, mejores condiciones de vida, y mejores condiciones de estudio? La contestación de la mayoría de la población a estas preguntas sencillas permiten evaluar el nivel del fracaso neoliberal. En Puerto Rico no hay una ausencia de modelo económico. Lo que hay es un modelo vigente fracasado. Cualquier intento de sacar a Puerto Rico de la crisis más terrible de su historia no puede transitar por el camino del fracaso. Si el modelo neoliberal responde a una política pública que se ha identificado estructuralmente con los dos partidos de gobierno, es urgente sacar del gobierno a esos dos partidos. Tiene sentido hablar del bipartidismo neoliberal por su vínculo con la crisis. Ninguno de esos dos partidos puede sacar a Puerto Rico del inmenso pantano de la crisis. A la crisis hemos llegado bajo su dirección y ambos insisten en continuar con la misma política.

No obstante, hay un aspecto de la crisis actual que debemos acentuar. El nuevo modelo neoliberal puso su énfasis en el mercado y en el sector privado. La aguda crisis vigente es resultado de la empresa privada y del mercado. No se pueden disociar de ella. El sector privado en Puerto Rico, como se ha constituido bajo la relación colonial, no puede dirigir un movimiento de salida de la crisis. Sencillamente no tiene la capacidad. Los empresarios que han arropado con mayor fervor el neoliberalismo, son los que se han lanzado sin pudor alguno sobre la riqueza pública para convertirla en propiedad privada y menoscabar los servicios esenciales. Son los que han penetrado el gobierno, en alianza con políticos-empresarios, para asaltar la riqueza pública en actos sostenidos de corrupción. Por tanto, solamente tiene sentido hablar de un nuevo proyecto de país si rompemos el bipartidismo neoliberal. Salir de la quiebra de Puerto Rico exige salir del bipartidismo. La recuperación del país requiere la quiebra del bipartidismo.

El proceso de salida de la política pública neoliberal comenzó a manifestarse con agudeza en las elecciones de noviembre de 2016. Hasta ese momento, los dos partidos de gobierno eran capaces de obtener entre 94-95 % del total de los votos emitidos. En 2016 la situación tomó un nuevo giro. Los dos candidatos a gobernador PPD-PNP juntos obtuvieron 80.6% de los votos emitidos. En 2012 habían obtenido 94.8% de los votos. Hubo un descenso de 14.2 puntos porcentuales. Otro descenso semejante al de 2016 ocurrió en noviembre de 2020. Entre 2016-2020 el bipartidismo neoliberal ha bajado dos escalones enormes en su camino hacia la bancarrota. Los mismos que llevaron la economía a la depresión y el gobierno a la quiebra, van con paso firme por el camino de la quiebra política, asomándose al abismo de su propia desaparición. Con la quiebra del gobierno nos condujeron a la recolonización directa con la Ley PROMESA y la Junta de Control Fiscal. Pero la quiebra del bipartidismo neoliberal no tendrá el equivalente de una Junta de Control Fiscal. La quiebra del bipartidismo neoliberal será procesada por dos fuerzas democráticas: las movilizaciones sociales y las movilizaciones electorales. Son dos fuerzas diferentes que tiene el mismo objetivo: sacar a Puerto Rico del corral de la corrupción bipartita, reconstruir su economía mediante la elaboración colectiva de un nuevo proyecto de país y provocar la descolonización en todos sus aspectos.

No hay otra salida a una crisis que tiene hoy una cara múltiple. Se manifiesta en el sistema de salud, en la educación, en la vivienda, en el fracaso de la privatización del sistema energético, en la violencia generalizada y en los crímenes crecientes contra las mujeres. No hay poro en nuestra sociedad por donde no respire la crisis. Para asestar otro golpe severo al bipartidismo colonial es urgente el diálogo multidireccional, la voluntad de entendimiento y la organización de la esperanza. La fuerza de los desposeídos y de los que tienen pequeñas o medianas propiedades está en su número. El diálogo es el instrumento de la fuerza de lo(a)s asalariado(a)s y las comunidades pobres si logramos convertir el número en una poderosa vivencia democrática.