CLARIDAD
Una de las palabras que con mayor frecuencia escuchamos en Puerto Rico es “reconstrucción”. Tal vez no se repite tanto como “transparencia”, que sin duda alguna es la palabra más pronunciada (y más hueca), pero está cerca. Desde que el huracán María destrozó nuestro país el 20 de septiembre de 2017, todos los gobernantes, los de la colonia y los del imperio, atestiguan y juran su compromiso con la reconstrucción de la isla, pero poco se logra.
Las cifras que se prometen para lograr la reconstrucción anhelada rondan en decenas de miles de millones de dólares, y las áreas a ser “reconstruidas” incluyen las que cualquier país considera esenciales, a saber, viviendas, el sistema eléctrico, el de carreteras y el de agua potable. Sin embargo, ni el dinero se materializa ni las áreas esenciales resultan atendidas. Por ejemplo, el sistema eléctrico que se derrumbó en 2017, cuando un huracán categoría 5 arrasó todo el país, volvió a derrumbarse en 2022 cuando otro huracán de inferior potencia, apenas categoría 1, afectó solamente la parte suroeste.
¿Por qué se avanza tan poco en esa necesaria “reconstrucción”? Por dos razones. En primer lugar, porque no es posible reconstruir desde el desdén o desde el “desprecio colonial”. En segundo lugar, porque tampoco es posible reconstruir un país si quienes tienen la responsabilidad de hacerlo, ya fuere como dirigentes o ejecutores, están pensando, no tanto en la ganancia, sino en una palabra que todos los puertorriqueños conocen muy bien: el tumbe. Cuando el desdén o la desidia se juntan con el afán por el tumbe, poco se logra.
La palabra “desdén” y la frase “desprecio colonial” las utilizó Arcadio Díaz Quiñones en una entrevista reciente de José Delgado para El Nuevo Día, y nos sirven muy bien para explicar por qué la reconstrucción de Puerto Rico no avanza. Si le añadimos las frases “burocracia insensible” y “paternalismo colonial”, tenemos el círculo completo.
Cuando nos arrasó el huracán María la administración de Donald Trump apenas comenzaba en Estados Unidos. Por delante habría un largo periodo de tres años y tres meses en los que ese individuo y su claque controlarían parte del Congreso y toda la Rama Ejecutiva. Si algo caracterizó a ese grupo controlador, en cuanto a la actitud hacia Puerto Rico, es el desdén y el desprecio colonial, que menciona Díaz Quiñones. Y no me refiero a los rollos de papel que vino a lanzarle a un grupo de boricuas, sino a los actos que efectivamente impidieron que los fondos aprobados con mucha fanfarria en el Congreso se canalizaran en forma de programas de reconstrucción. Durante esos tres años sólo una porción muy pequeña de lo asignado pudo percolarse por el muro de contención trumpista. Ese bloqueo debió concluir en enero de 2021, cuando la nueva administración demócrata tomó posesión, pero la densa burocracia federal y el paternalismo colonial de los nuevos administradores siguió impidiendo que la ayuda tan promocionada pudiera llegar.
Pero, aún con dinero disponible, tampoco es posible reconstruir un país si lo que prevalece es la mentalidad del tumbe. Ante esta afirmación, seguramente muchos estarán pensando en la jauría de buscones -primos terceros, amigos y correligionarios- que durante décadas han controlado el gobierno puertorriqueño. Obviamente estoy pensando en eso, pero también en el grupo cada vez más grande de empresarios que, como los míticos “carpetbaggers” de la reconstrucción sureña, llegan desde Estados Unidos a chuparse los fondos de reconstrucción.
Tal vez el mejor ejemplo de ese tumbe empresarial es el grupo de empresas contratadas para trabajar con el sistema eléctrico luego del huracán de 2017. De aquellas se recuerdan muy bien los nombres de Cobra y Whitefish, sobre todo la primera, que se chupó alrededor de dos mil millones de dólares luego de que FEMA y el Cuerpo de Ingenieros la contrataran en 2017 para la reconstrucción del sistema eléctrico. La facturación fue millonaria (billonaria en el caso de Cobra) dejando tan solo la chapucería que luego quedaría evidenciada. A esas dos empresas le siguió Luma, que es el mismo tumbe con otro nombre.
A los “carpetbaggers” del norte se unen los primos, amigos y correligionarios del PNP que obtienen los contratos para la rehabilitación y construcción de viviendas y otras estructuras. En muchos casos se trata de “empresas” creadas a la carrera, sin capacidad de ejecución, con solo el tumbe como norte. Ese festín desenfrenado provoca, a su vez, que desde agencias federales impongan mayores controles, creando un círculo vicioso que detiene la reconstrucción.
Ante ese cuadro, el Centro para la Nueva Economía (CNE) propuso la creación de un “task force”, integrado por funcionarios estadounidenses y puertorriqueños, que controle el proceso. Parece una buena idea, pero hasta ahora la única respuesta de la administración de Biden fue decir que su Secretaria de Energía, Jennifer Granholm, supervisaría la reconstrucción eléctrica. Luego del anuncio, la designada realizó una visita relámpago a Puerto Rico para dos o tres fotos. Mientras ella se paseaba con aires de actriz de Hollywood, los apagones se repartían por el país y el FBI se aprestaba a allanar a los “primos terceros” del gobernador Pierluisi que guisan en el Departamento de Vivienda.
Tal vez la propuesta del CNE produzca desarrollos positivos. Ojalá, pero todos sabemos que para lograr la verdadera reconstrucción infraestructural es necesario otra que logre acabar con el bipartidismo corrupto. Ese será un primer gran paso. Acabar con el “desprecio colonial” sería el otro.
