CLARIDAD
No es cierto que se necesiten de $20 a $30 millones para la rehabilitación de las instalaciones del Parque de las Cavernas de Camuy, como alega el Gobierno, denunció a CLARIDAD el exdirector ejecutivo de la Compañía de Parques Nacionales (CPN), licenciado Samuel González.
“No sé quién en el Gobierno tiene ese número. Fue el mismo que dieron para el zoológico de Mayagüez y son los mimos números que siguen dando para todos lados”, declaró.
La intención del gobierno de Pedro Pierluisi de establecer una alianza público privada para la administración el Parque Nacional de las Cuevas de Camuy fue declarada por el director de la Autoridad para las Alianzas Público Privada (AAPP), Fermín Fontánez, durante una vista pública de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes. Según Fontánez, este es uno de los proyectos prioritarios de la AAPP, y fue el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) quien hizo la petición.
El exdirector de CPN, cuando la agencia todavía no estaba subordinada al DRNA, indicó que la administración del parque de Camuy era una de las instalaciones que mayores ingresos le generaba a la compañía: más de $1.2 millones al año. El parque tenía la particularidad de que la mayoría de los trabajadores eran del área de los pueblos cercanos Camuy, Lares y Hatillo.
“Muchos corrieron de niños por esas facilidades que representaban un activo económico para la región. Eso se evidencia en la carretera 129, los restaurantes y comercios que se desarrollaron en los alrededores. Había como un triangulo turístico con el observatorio de Arecibo, el monte de Utuado y las cuevas”. González destacó también el trabajo y colaboración que hizo la Sociedad Espeleológica en el parque. El sistema de las cuevas de Camuy es uno de los primeros tres sistemas de cuevas subterráneas en el mundo.
Respecto a la suma que alega la secretaria del DRNA, Anaís Rodríguez, se requiere para la rehabilitación del parque, González señaló que, la pregunta que hay que hacer es cuál es el estatus de la reclamación del DRNA con relación a los seguros y qué le ha reclamado a FEMA por los daños ocasionados por el huracán María en el 2017. Recordó que el 24 de marzo del 2021, el parque fue reabierto y, según se informó a la Prensa, lo que se gastó fue medio millón. Esta cifra se repartió entre $125 mil de Foundation for Puerto Rico, $60 mil de la Compañía de Turismo y $125 mil del propio DRNA. Incluso, en su reapertura, el mismo gobernador Pierluisi hizo declaraciones de que las pérdidas por María fueron de $ 5 millones y que FEMA en ese momento todavía no había desembolsado el dinero.
González afirmó que lo que ocurre es que el DRNA entró en un proceso de desmantelamiento y quiebra del parque a propósito, para un proceso de privatización. “Es lo mismo que estamos viendo en Humacao después de María, en las villas que se destruyeron en el Centro Vacacional de Boquerón, que generaba $3 millones o más. Cuando María, las 100 villas nuevas lo que sufrieron fue poco. No hubo ningún interés en reparar ese parque y terminó prácticamente cayéndose todos los techos. Lo mismo acontece con el balneario de Luquillo”.
Resumió que la cifra de $30 millones es para asustar a la gente, y que tanto ese argumento como el abandono de las facilidades tienen como propósito la privatización.
El Gobierno no quiere asumir responsabilidad
En entrevista por separado, Arturo Massol Deyá, de la organización Casa Pueblo de Adjuntas, reaccionó: “Si el Gobierno no puede, es incapaz o si no quiere asumir la responsabilidad, de seguro tienen que existir comunidades organizadas y sectores comprometidos con las cuevas de Camuy que no tienen el afán de lucro ni de la explotación de la naturaleza, que podrían hacer el trabajo veinte veces mejor que ellos”.
El director asociado de Casa Pueblo, organización que maneja un bosque comunitario en Adjuntas, fue enfático en señalar que en lugar de estar buscando una APP, el DRNA debería invitar a hacer un acuerdo comunitario. “Eso es lo que deberían estar persiguiendo para que la tierra y todo quede en manos del país de una forma u otra; que ya hay ejemplos de comanejo, que miren esa oportunidad, Que dejen el gobierno si no quieren gobernar, que no gobiernen, eso es lo que parece”, expresó respecto a la política de privatización.
Un bien público
Otro que se expresó categórico en contra de una APP fue el experto en Derecho Ambiental, profesor Pedro Sadeé Lloréns. Aunque reconoció que el Estado tiene la facultad de otorgar concesiones para uso y disfrute, el que sea un bien de dominio público hace que se deba considerar de manera cuidadosa cualquier concesión.
“No es que sea ilegal per se, pero es para hacerlo más delicado todavía. En este caso no hay ninguna razón para entregarle la explotación de ese parque a una empresa privada. Independiente del asunto legal, este es un caudal de tanta importancia, que ha demostrado que es económicamente viable, que no hay justificación económica en términos operacionales”.
Nunca vamos a estar a favor en privatizar un bien común.
Esa es también la postura de la organización Sierra Club, capítulo de Puerto Rico (SCPR), expresó la organizadora de Justicia Ambiental Hernaliz Vázquez Torres. La activista ambiental hizo referencia a que en el 2020, junto a una coalición de organizaciones, han desarrollado la campaña Acción Climática ahora. La campaña tiene 10 puntos mínimos para una gobernanza que atienda la crisis climática. Dentro de esos diez puntos está el tema de la protección de los bienes comunes para poder detener la crisis climática.
“Es decir, ver y detener la cosa antes, no después que pasó el desastre. Dentro de eso es necesario dejar de mirar los recursos naturales como unos recursos de enriquecimiento y de venta para beneficiar a unas terceras partes que no ponen en prioridad las comunidades que son vulnerables, las primeras líneas de defensa. Esa siempre va a ser nuestra postura con los bienes comunes. No creemos en la privatización”.
Añadió que aunque en estos momentos el trabajo de SCPR está más dirigido al tema energético y de desperdicios sólidos, todas las luchas se tienen que dar a la vez. Esto quiere decir que no se puede estar hablando de cambiar el sistema energético, de atender los desperdicios y por otro lado estar privatizando los bienes comunes. “Hemos tenido un montón de historias de que esa no es la solución. Al contrario, empeora y le quita a la gente unos bienes que son necesarios: culturales, ambientales; entiéndase, todos ellos”.
Una medida que el SCPR está tratando de impulsar es el proyecto de la Cámara, PC 474, Legitimación Activa Ambiental, añadió. La medida fue presentada por la delegación del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC).
Vázquez Torres, expuso que la lógica del Derecho es que las personas tienen que demostrar un daño real, económico y físico, para poder intervenir en los procesos que tienen que ver con permisos y otros aspectos ambientales, por lo que es necesario tener esta legitimación activa para que todas las personas puedan ir a defender los bienes comunes. “Esto podría darnos una herramienta esencial para detener la privatización y otros desastres y la corrupción ambiental que se están dando en el país”.
