CLARIDAD

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El movimiento de rechazo al plan de ajuste de la deuda (PAD) de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) preparado por la Junta de Control Fiscal (JCF) va subiendo en intensidad entre la sociedad puertorriqueña. El amplio junte multisectorial que va desde organizaciones religiosas, comunitarias, ambientales, pensionados, comerciantes, industriales, sindicales, educativas entre otras convocó al pueblo a una marcha el miércoles 28 de junio para reclamar a que no se confirme el PAD el cual aumentara la factura del servicio de energía eléctrica y recortara las pensiones de los jubilados de la AEE por los próximos 50 años.

La marcha está convocada para salir del lado norte del Capitolio a las 4:00 de la tarde para marchar hasta la Fortaleza. En conferencia de prensa -celebrada en la Iglesia Discípulos de Cristo, en la urbanización University Gardens, en Río Piedras, a la cual asistieron más de un centenar de miembros de las diversas organizaciones. Los portavoces se expresaron con indignación y advirtieron de las consecuencias tanto a las familias, comercios, en los servicios de salud, en las instituciones universitarias, en los jóvenes para todo Puerto Rico y su futuro.

La Obispa Idalia Negrón de la Iglesia Evangélica Luterana. Obispa, apuntó que los aumentos propuestos por la JCF pondrán una carga financiera insostenible sobre los ciudadanos, especialmente sobre aquellos más vulnerables, “nuestros viejos, personas con condiciones crónicas de salud y personas que viven solas. También nuestras iglesias y servicios que brindamos a estos grupos se pueden ver afectados. Es importante que el sector religioso nos movilicemos frente a esta gran injusticia».

Como testimonio Luis Alwin Amoros Álvarez, de 81 años de edad, reconoció de entrada que a quien se le ocurrió la idea de que los ciudadanos presentaran y fueran al tribunal a presentar sus mociones por derecho propio ha sido un gran acierto. Dijo que presentó su moción al tribunal explicando su situación y el efecto que el PAD y los aumentos tendrían en la salud de los adultos mayores. En su caso él y su esposa dijo pagan casi mil dólares mensuales en medicamentos, por lo que los aumentos van a tener impacto grave en personas que viven con ingresos fijos y ya enfrentan costos médicos altos, además de un sistema eléctrico poco confiable. “Exhorto a que todos puedan estar presentes con sus familias el 28 de junio vayan a la marcha”.

Mientras la vicepresidenta del Centro Unido de detallistas (CUD), Edna Díaz, manifestó que en el sector comercial están muy preocupados por los aumentos debido a que estos van a representar un 15 a 25% de cierres de negocios pequeñas y medianas empresas, los cuales son el motor del país. Esta pérdida a su vez puede conllevar de 20 a 40 mil pérdidas de empleo. “O sea esto realmente pone en peligro la estabilidad de nuestro país. Al exhortar a las personas a que asistan a la marcha Díaz fue enfática en defender el reclamo no es uno nada mas de comerciantes, “es un reclamo de todos los que vivimos en este país, realmente esto es un asunto de justicia social que nos concierne a todos y todas. Tenemos que hacer acto de presencia allí”.

Una vez más los trabajadores jubilados y no jubilados de la AEE estuvieron presentes con la Alianza Energética. “Vamos a estar presentes en esta actividad hace dos años que estamos en la calle protestando porque nos quieren dejar sin pensión. Esa es la realidad vamos a marchar con todos los sectores porque nosotros entendemos que esto afecta a todo el pueblo”, indicó Jhonny Rodríguez, también presidente de la Asociación de Jubilados de la AEE.

La convocatoria contó con la presencia de la presidenta de la Asociación de Titulares de Condominio, licenciada Marimar Pérez Riera. “A todos los titulares de condominio que están escuchando nosotros nos tenemos que unir a esta manifestación lo hemos hecho anteriormente como pueblo y lo hemos logrado y en esta ocasión lo tenemos que hacer”, expresó en tono enérgico.

En esa línea detalló que en Puerto Rico se estima entre 500 mil y un millón los titulares de condominios. Eso significa que entre un 20 a 30% de la población vive en condominios a lo que enfocó que los titulares tienen que entender el efecto que los aumentos de la electricidad pueden causar no solo en lo personal, sino en los gastos del condominio ya que el titular no tiene control sobre los gastos en las áreas comunales. “No solo no tiene control, sino que muchos de los equipos en los condominios sencillamente no se pueden apagar. Esto no es cuestión de dormir un poquito caluroso y apagar el aire, no se puede, son las bombas de agua, los portones son las luces, o es que ahora pretende el gobierno que apaguemos las luces y entonces queremos cinco mil condominios a la oscura y creemos otro problema de seguridad”. Observó que los que residen en condominios no tiene la opción de paneles solares.

La portavoz en Bayamón de la campaña, No mas aumentos a la luz, Wilma Deliz, describió que la asistencia a la conferencia de prensa presenta un cuadro real de la importancia que representa que el pueblo de Puerto Rico se una a la marcha convocada. “Como es posible que nosotros le vamos a dejar a estos hijos y los por nacer esa responsabilidad de pagar una deuda por los próximos 50 años que no es de ellos por eso estamos invitando al pueblo en general de cada esquina de nuestro país que esté en contra de estos ausetanos en la factura por décadas a darse cita el 28 con sus familias, vecinos compañeros de trabajo esto nos afecta severamente a todos en cada rincón de nuestra isla hay que enviar un mensaje claro y contundente de que el pueblo entero está en contra de stos aumentos para pagarle a unos buitres que nada les importa la calidad de vida del pueblo o el futuro de nuestros hijos”.

Hablan los jóvenes

El estudiante Alejandro Sáez Conde de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras (UPR-RP) apuntó a que los tres aumentos propuestos para los próximos 50 años van a afectar a los jóvenes de ahora y hasta a los que no han nacido. “Eso va afectar a mis hijos, van a afectar a mis sobrinos, y quizás hasta mis nietos”. El joven cuestionó la falta de una auditoria de la deuda de la AEE e invitó a todos los sectores desde el sector mas conservador hasta el mas liberal “porque este aumento no distingue ideologías, no distingue creencia, no distingue nada, distingue que todos nos vamos a empobrecer tanto que vamos a llegar a un punto donde la salud, la seguridad, la educación y ahora la luz que es algo básico para todo, la luz puede llegar a ser mortal. Yo hago esta exhortación no pensemos en ideologías que no tengan que ver con estos aumentos de la luz porque estos aumentos van para todo el mundo”.

En tanto Hakim Delgado, estudiante de EDP University, destacó que el aumento va a afectar a los estudiantes. A sus 25 años dijo que ha visto como ha aumentado la matricula. “El aumento de la luz nos aumenta en el precio de las clases, nos aumenta la luz de nuestro hogar, el transporte publico en fin nosotros los estudiantes somos los primeros que nos vamos a ir de Puerto Rico si las cosas siguen aumentando porque nos vamos a empobrecer a tal nivel ya hoy en día la mayoría de la población en Puerto Rico son personas mayores la mayoría de la juventud se está yendo para buscar una vida mejor, porque igual que nos aumentan los sueldos aumenta todo lo que pagamos al igual que mis campaneros los invito a ser parte de este movimiento”.

Sobre el por qué llevar la manifestación ante la Fortaleza, Sáez Conde, planteo el que la JCF Junta le responde a los bonistas, no le responde al pueblo porque esta no es electa, “Quienes le tienen que responder al pueblo son los representantes, senadores, los alcaldes, el gobernador que son los electos por el pueblo son los que tiene que elevar la voz a la JCF y ponerle límite, así que por eso mismo es este llamado multisectorial de que los representantes de nosotros ante la Junta debe poner los límites y decir que estos tres aumentos para los próximos 50 años hay que ponerles un freno.

A pregunta de CLARIDAD ambos jóvenes expresaron su intención de permanecer en el país, y aunque dieron el margen de la duda tampoco rechazaron de plano que las intenciones de la JCF con los aumentos y sus medidas sea sacarlos del país. “Yo por mi parte diría que la juventud debe quedarse en el país tratar de ayudar al país porque si la juventud se va con qué se queda el país”.

Por su parte Sáez Conde observó, “cuando el sistema de salud está secuestrado por ataduras que hay dentro de la burocracia, cuando siguen los aumentos en la luz, en la comida, en el agua, lo que sigue pasando que imposibilita que los jóvenes se queden en la isla así que hasta cierto punto de vista podría decir que si”.

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Como un error y absolutamente innecesario, denunció la Central Puertorriqueña de Trabajadores (CPT) junto a los empleados unionados de la Compañía de Fomento Industrial (PRIDCO, siglas en inglés) la privatización de dicha corporación pública que tiene a su haber un inventario de 1,492 unidades y terrenos en los 78 municipios que promedian 4,500 cuerdas.

La privatización de PRIDCO fue anunciada por el gobernador Pedro Pierluisi Urrutia, quien dijo que la privatización es una exigencia de la Junta de Control Fiscal (JCF).

En conferencia de prensa los trabajadores de PRIDCO emplazaron tanto al gobernador, al director de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF) Omar Marrero, al secretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), Manuel Cidre y a la misma JCF a que reconozcan el éxito en la administración de propiedades industriales de Puerto Rico que se ha logrado gracias a los empleados de PRIDCO.

“La anunciada privatización es un error y absolutamente innecesario, los datos que hoy presentamos confirman que los trabajadores han logrado mantener una administración exitosa, solvente y autosuficiente a pesar de los enormes retos y las piedras que ha puesto en el camino la propia JCF. Es inaceptable que el gobernador la semana pasada haya hecho referencia a esta privatización y no haya levantado su voz para reconocer el trabajo de los empleados de PRICO y para oponerse a esta privatización”, señaló el presidente de la CPT, Emilio Nieves.

En esa dirección Nieves censuró la justificación que da el gobernador para que se privatice la Oficina de Administración de Propiedades de PRIDCO, a que lo diga el plan fiscal de la corporación “Lo que ha asumido el gobernador es una total sumisión a la junta. Eso no es justificación alguna si cuando evaluamos el plan fiscal nos damos cuenta que incluso la JCF tiene datos erróneos en la información y el análisis que hacen con respecto a esta corporación publica”.

El presidente de la CPT acusó al secretario del DEEC, Manuel Cidre, quien aún consciente de la labor de excelencia que realizan los trabajadores en la corporación tampoco ha tomado acción alguna para evitar que se haya contratado y a puerta cerrada a la compañía Jones Lang Lasalle de PR cuya matriz es Chicago, Illinois.

En tanto el presidente de la Unión de Trabajadores de PRIDCO, Fidel Cordobés Concepción, al cuestionar las motivaciones para la privatización, detalló que con los 53 empleados de PRIDCO tienen un recobro de renta de 100% para el año 2023, $58,748 millones en renta, se facturó $60 millones, lo que representa un 96% de eficiencia en los recaudos. “Eso quiere decir que si hay 53 trabajadores por cada trabajador cobró 1 millón y pico lo que representa un éxito de una corporación que nunca le ha fallado a este País”.

En tono enérgico Cordobés Concepción defendió que PRIDCO ha sido el promotor más grande desde el 1954 y hoy, ante toda la eventualidad que ha tenido Puerto Rico, han mantenido un recobro por lo que no hay explicación a la exigencia de la JCF de que hay que buscar un privatizador para hacer el trabajo. Destacó que de dejar que PRIDCO caiga en manos de un privatizador los pequeños comerciantes e industriales pueden verse afectados porque serían los que a última hora pudieran estar pagando un 18% más de renta, algo que el mismo gobernador reconoce porque está diciendo que si hacen unas mejoras hay que subir la renta.

“Es bochornoso que tengamos un gobierno que arrastre los pies ante esa decisión de decir que van a apoyar a un privatizador para que le puedan subir la renta a los pequeños comerciantes, empresarios, que tanto el mismo secretario dice que los quiere ayudar, pero por otro lado hace mutis”.

De paso atribuyó que también han hecho mutis la Asociación de Industriales, la Cámara de Comercio y los grandes intereses, a lo cual reparó “aquí estamos defendiendo primero a Puerto Rico, a los pequeños comerciantes y por último los trabajos de nosotros porque lo hacemos con mucho orgullo”.

Con 35 años en PRIDCO, Wanda Méndez, reclamó que aun con todo lo que ha  pasado en el país en estos dos últimos años “Fomento no ha dejado de luchar por Puerto Rico continuamos dando la mano a muchos empresarios, tenemos muchas propiedades que no sirven, nuestras propiedades no están abandonadas están vandalizadas, tenemos muchos recortes en el presupuesto que no nos permiten atemperar los edificios o cuando le entregamos el edificio al industrial no lo podemos hacer con la rapidez que amerita pero es por los recortes que ha habido”. Aun así, dijo que mantienen un 70% de ocupación, un 13% que está entre reservado para la venta, alquiler un 7% de ese 13 está vacante. El otro 17 % son propiedades que están para demoler, tienen problemas estructurales por lo que no se pueden ofrecer.

Méndez reveló que la privatización sí habla de aumentos e incluso de un posible broker. Describió que cuando un industrial coge una fábrica de Fomento tiene que dar una cuota administrativa de $150 mas un 12% de un año de renta, si a eso se le va añadir que entrara un broker a trabajar, quién lo va a pagar, si Fomento o el industrial. En caso de que lo pague PRIDCO -cuestionó- a dónde se irá a pasar al gasto operacional, la cantidad que se cobre en el pietaje. Adelantó que esto le va a costar mucho a las pequeñas empresas que ya les da trabajo establecerse. “Los que estamos aquí creemos en un país autosuficiente en el programa de Fomento, creemos en lo que Fomento puede hacer para Puerto Rico las pequeñas y grandes industrias porque nosotros también tenemos compañías grandes. Cuando abrimos una fábrica que podemos alquilarla no tan solo le damos vida a esa fábrica, le damos vida a un pueblo, le damos vida a un empleado que le da calidad de vida a su familia”, reclamó.

Una corporación sin deuda

Mientras el presidente de la Asociación de Empleados Gerenciales (AEG) de PRIDCO, Iván Roche Morales, también presente en la conferencia de prensa objetó que PRIDCO se haya considerado como si tuviera la misma situación de otras corporaciones públicas, es decir problemas económicos. Afirmó que en el caso de PRIDCO siempre ha tenido la capacidad para pagar a los bonistas, fue la JCF en el 2017, quien metió a la corporación en el “clawback” (“recuperación”) que no es otra cosa que dejar de pagar la deuda.

“Pero la realidad es que PRIDCO siempre ha tenido la capacidad económica de pagar su deuda y cumplir con sus compromisos. Ahí hay alguien detrás de todo esto que está tratando de llevar a PRIDCO a que sea una compañía privada y no hay necesidad de hacerlo porque la operación estaba funcionando de los más bien hasta ese momento, si después se ha deteriorado es a propósito, con el fin de que se vea el deterioro y decir que hay que privatizar”.

El presidente de la CPT reiteró a pregunta de Claridad que en el plan fiscal no hay argumentos que justifiquen la privatización. Lo que dice el plan es que hay que mejorar tecnológicamente “el mismo discurso que se usa en todas las privatizaciones. Hay el dato de que en su análisis establecen que el pago directo de los arrendatarios es de un 54%, la realidad es que es un 95% el pago directo. Uno se da cuenta de los errores y falsedades del análisis de la JCF pero la justificación es totalmente superficial”.

Quién se queda con el dinero de PRIDCO

De los $60 millones que recauda en renta la oficina que administra las propiedades de PRIDCO, que incluye mantenimiento, físico como aspectos ambientales, tasaciones y mesura, entre otros, su presupuesto dispuesto por la JCF es de $4.9 mm (2023) aun cuando en el plan fiscal del 2024 subió a $5.6 los trabajadores denunciaron que en desyerbo nada más se gasta $1.5 millones al año. Hay otra asignación anotada en los libros de contabilidad de $5.6mm para mejoras capitales. El resto del dinero es para el DDEC.

Por concepto de venta de propiedades PRIDCO tuvo ingresos ascendentes a; $21,294,000.00 en el 2020-21; $1,965,160.13 en el 2021-22, lo que totaliza $76,734,000 para el año fiscal 2020-21 y $60,713,160 en el 2021-22.

Cordobés Concepción en tono de indignación advirtió que el privatizador ahora será quien va a cobrar todo ese dinero y PRIDCO prácticamente lo que va a tener será para mantenimiento y fiscalización. Adelantó que como pasa en todas las privatizaciones, el privatizador usará a los empleados para esperar a coger el piso “y después ellos asumen la responsabilidad para cobrar el dinero y desfalcar el país. No estamos hoy metiendo miedo a que los van a despedir, pero si ahorcan a la corporación los de PRIDCO y los que están dentro en el DDEC están en peligro”.

El inventario de PRIDCO

1,492 unidades para un total de 22,597,180.87 pies cuadrados

1,108 unidades ocupadas

180- vacantes

204-vacantes no disponibles

Pies cuadrados ocupados- 15,696,938.84

Pies cuadrados vacantes – 3,048,114.31

Vacantes disponibles para arrendar- 1,853,219.96 pies cuadrados

Vacantes no disponibles- 3,852,127.72 pies cuadrados