CLARIDAD

En 2016, Emmalind García y Rafael Ortiz Carrión fueron nombrados miembros alternos del Panel del Fiscal Especial Independiente (PFEI). El historial académico y profesional de ambos designados era similar. Recién terminaban sus términos como jueces del Tribunal de Apelaciones y, previo a formar parte de la judicatura puertorriqueña, se habían destacado como profesores en la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana. Se trataba, como vemos, de dos auténticos juristas. Compartían, además, otra característica importante: a ninguno se le podía señalar vínculos con algún partido político y estaban más que cualificados para evaluar de forma desapasionada y profesional cualquier referido al Panel. Sus cualidades encajaban perfectamente con la descripción del cargo contenido en la ley que creó el PFEI, la número 2 de 1988.

¿Qué pasó con esos nombramientos? Según dispone la ley debían ser confirmados por Cámara y Senado y en este último, que entonces presidía Eduardo Bathia, no hubo ninguna dificultad. En la Cámara, sin embargo, varios miembros de la mayoría del PPD se abstuvieron junto a toda la delegación del PNP, confirmándose finalmente cada uno de los nombramientos con 24 votos a favor y numerosas abstenciones.

En 2017, como sabemos, el PNP retomó el control del gobierno incluyendo al Legislatura. Desde 2009, gracias al “banquete total” de De Castro Font, también controlaban el Tribunal Supremo. Tan pronto comenzó el cuatrienio, dos representantes de la mayoría penepeísta -Lourdes Ramos y el nuevo presidente del cuerpo Jonny Méndez- acudieron al tribunal a impugnar los nombramientos de García y Ortiz Carrión con el argumento de que, en la confirmación en la Cámara, debido a las abstenciones, la mayoría que los confirmó era relativa y no absoluta. Aunque inicialmente el Tribunal de Primera Instancia les falló en contra, finalmente prevalecieron ante el Supremo y ambos juristas independientes quedaron fuera del PFEI.

¿Quiénes componen el PFEI ahora y desde cuándo? Debido a esta maniobra y a enmiendas oportunas a la ley original, el Panel está integrado desde hace más de una década por tres personas históricamente identificadas con el PNP: Nydia Cotto Vives, quien lo preside, Ygrí Rivera Sánchez y Rubén Vélez Torres. Los dos cargos de miembros alternos siguen vacantes. Cotto Vives lleva 13 años, (desde 2010), Vélez Torres 12 y Rivera Sánchez también supera la década si le sumamos el tiempo que fue alterna. Como miembro en propiedad lleva 5 años.

¿Por qué han podido perpetuarse? La ley original aprobada en 1988 establecía un término de 3 años para los integrantes del Panel. De esa forma, en cada cuatrienio cada gobernador tendría la oportunidad de hacer designaciones, evitando el control a largo plazo. En 2012, cuando finalizaba el cuatrienio de Luis Fortuño y se auguraba una futura derrota del PNP, cambiaron la ley para extender los nombramientos a 10 años. La enmienda disponía, además, que los diez años comenzaban a trascurrir a partir de ese momento y, algo más importante, que los integrantes del Panel se mantendrían en el cargo hasta que su sucesor sea nombrado y confirmado. Los términos de Cotto Vives y Vélez Torres expiraron hace tiempo, pero ambos permanecen en el cargo por tiempo indefinido gracias a esa cláusula de la ley de 2012. Sólo con un cambio de gobierno completo, incluyendo gobernación y Legislatura, podrían salir de sus cargos. Esa manipulación de términos mediante enmiendas a la ley antes de dejar el poder la ha utilizado el PNP para controlar agencias de importancia política o investigativa (procuradurías, Ética, etc.).

La vinculación de los actuales miembros del Panel con el PNP es ampliamente conocida y en ocasiones peleas internas dentro del partido la ha hecho más evidente. Cuando en 2020 se produjo un referido al PFEI contra Wanda Vázquez, gobernadora en funciones, los abogados de esta denunciaron que Vélez Torres estaba vinculado a Pedro Pierluisi, entonces su contrincante en primarias. También dijeron que su hija participaba en la campaña como ayudante del alcalde PNP de Arecibo. Salió a relucir, además, que la hija de Ygrí Rivera, con nombramiento de fiscal, estaba pendiente a ser ascendida por la gobernadora y que por esa razón no habían convocado a su madre una reunión del Panel. En cuanto a Cotto Vives, estamos ante un cuadro partidista con largo historial, desde que formara parte del gabinete de Pedro Rosselló. También en su caso se ha denunciado su parcialización, no sólo contra personas de la oposición, sino dentro del propio PNP como resultado de las luchas de poder dentro del partido.

Esas personas llevan controlando el Panel por más de una década, asegurándose que nunca se procese a una figura importante del PNP y utilizándolo contra la oposición o en batallas al interior del partido. En 2023 aún tenemos el PFEI que diseñaron Luis Fortuño y Thomas Rivera Schatz.

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ccotto@claridadpuertorico.com

El anuncio de que el Gobierno iniciará un proceso para la descentralización del Departamento de Educación (DE) no es otra cosa que la federalización del sistema de educación pública, denunciaron líderes magisteriales. y así se desprende de la Orden Ejecutiva (OE-2023-014).

La orden ejecutiva fue firmada por el gobernador en la conferencia de prensa en la que participaron el secretario de Educación de Estados Unidos, Miguel Cardona, y el secretario del DE de Puerto Rico,  Eliezer Ramos Parés.  La conferencia fue llevada a cabo el lunes, 22 de mayo , en la Escuela Elemental Villa Marina, en Gurabo. En ella se informó que el proceso tendrá la colaboración directa del DE de EE. UU.

El secretario Cardona precisó que el DE de Puerto Rico es el sexto distrito escolar más grande de Estados Unidos  y que en la actualidad  opera como un sistema de educación unitario. “Esto significa que el DE  sirve como la Agencia de Educación Estatal (SEA) y Agencia de Educación Local (LEA). Pocas otras jurisdicciones en Estados Unidos operan sus sistemas escolares bajo esa estructura, específicamente, Hawái, Guam, Islas Marianas del Norte y Samoa Americana, y todas ellas tienen poblaciones significativamente más pequeñas”.

En el comunicado de prensa circulado por el DE de EE. UU. se precisa que en  tan solo meses de asumir el cargo, en junio de 2021, Cardona formó el Equipo de Sostenibilidad de la Educación en Puerto Rico (PRES) en el Departamento de Educación de Estados Unidos para ayudar a Puerto Rico a administrar los $3 billones en fondos sin precedentes proporcionados por los $130 billones para la educación K-12 del Plan de Rescate Estadounidense (ARP). Adicional a eso, cada año fiscal el Departamento le otorga unos $600 millones o más en subvenciones.

Para diseñar la transición, la OE crea un Comité Ejecutivo que incluye a la secretaria de la Gobernación, los secretarios de Educación y Hacienda,  el director ejecutivo de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP),  un representante del secretario del DE federal y un representante de la comunidad escolar. Este último será seleccionado por el gobernador. Según la OE, el comité tendrá 90 días para entregar al gobernador y al secretario del DE un plan detallado de metas a corto y largo plazo para la descentralización. La descentralización tiene el propósito de adoptar el modelo del sistema educativo de Estados Unidos de las Agencias Locales de Educación,  LEA, en inglés.

 Reacciona el liderato magisterial

 En  entrevista con este semanario, la presidenta de la Federación de Maestros (FMPR), Mercedes Martínez Padilla, fue enfática en  afirmar que lo que se pretende es establecer el  modelo que tiene Estados Unidos y rechazó que esa sea la descentralización que requiere el DE. “Es evidente que al Departamento  le hace falta descentralizarse, de eso no cabe duda. Sin embargo, no hay, no puede  haber descentralización si no hay una despolitización de la agencia, y para que eso ocurra tenemos que iniciar por la Ley 85, del 2018, la mal llamada Ley de Reforma Educativa, que priva a las comunidades escolares de tener verdadera autonomía”.

Punto seguido denunció que de lo que se está hablando es de que quieren dar autonomía a las regiones, pero a las escuelas las dejan a ciegas, sin ningún tipo de autonomía. Dio como prueba el que hace dos semanas a las escuelas les llegó una carta en la que les informan que las organizaciones escolares se van a establecer en todas las escuelas públicas desde las Oficinas Regionales de Educación (ORE).

“Así que es una forma de seguir controlando a las escuelas desde la ORE y es una falsa impresión de autonomía que no llega al salón de clases y no llega a donde debe llegar: a los docentes que son los expertos para saber cuál es el currículo que necesita su escuela, cuáles  son los recursos fiscales que necesita su escuela. Todo  está en manos de los directores y dejan fuera a los maestros, padres y estudiantes”.

Además de reprobar el concepto de descentralización anunciado, la líder magisterial tronó contra la manera en que se va a nombrar el representante de la comunidad escolar en el comité que se supone diseñe la descentralización. “Cómo es posible que sea el gobernador  quien nombre al que va a representar a las comunidades escolares y que sea un solo miembro cuando la comunidad escolar está compuesta de muchos sectores: el personal docente, el no docente, administrativos, madres, padres, encargados, estudiantes, la comunidad aledaña. Por lo tanto, una persona a nombre de la comunidades escolares es una cifra que no representa a las comunidades escolares de entrada y, segundo, que cuando lo nombre el gobernador sabemos que no necesariamente va a representar los intereses de la comunidad escolar”.

En entrevista por separado, el secretario general de UNETE, Emilio Nieves, se expresó en sentido similar. “Para empezar, lo de la descentralización. Este país completo sabe que eso ha sido una reclamo de las organizaciones magisteriales y del pueblo. Pero aquí chocamos contra ese principio de descentralización, porque la descentralización, para el magisterio y el pueblo, es que cada escuela tome sus decisiones”.

La descentralización de la que habla el Gobierno,  por el contrario, es  la centralización de las siete regiones educativas que existen. “Lo que ellos hablaron es de una centralización en las siete regiones educativas que, de hecho, ni siquiera mencionaron que son siete las regiones educativas. Todo el país sabe que los que están nombrados en esas regiones educativas son nombrados por el criterio político partidista, y en vez de tener una persona nada más tomando decisiones, que es político partidista también, ahora va a tener siete personas con poder político y económico porque esto les permite a esos directores pedir fondos federales directamente”. Nieves señaló que esta descentralización lo que hace es centralizar el poder en la región y condicionar su poca autonomía.

El maestro expuso que la descentralización no es un concepto nuevo, realmente ese concepto hace cinco años que está en la ley que el Gobierno llama Reforma Educativa, la Ley 85 del 2018. Esta ley dice que la autonomía pasa a las regiones educativas, pero ya han pasado cinco años y el Gobierno no la ha ejecutado.  A juicio de Nieves, “parece que tuvieron un regaño del gobierno, del federal, y les dijo que ustedes no están haciendo las cosas como nosotros entendemos que deben hacerlas, ni como ustedes mismos aprobaron en la ley”.

Expresó que era obvio que por parte del magisterio objetan ese principio de autonomía que está en la ley. Reparó en que la Ley 85  lo que hizo fue derogar la autonomía que sí había en la ley anterior, la Ley 149 de 1999. Esa ley establecía las escuelas de la comunidad con autonomía fiscal, administrativa y docente. Lo que pasa es que los gobiernos nunca quisieron permitir que se ejecutara esa autonomía y, cuando se comenzó a ejecutar, lo que hicieron fue controlarla.

Al igual que la presidenta de la FMPR, el secretario general de UNETE criticó la composición del comité que preparará la transición, el que haya una sola representación de la comunidad escolar, más aun, seleccionada por el gobernador, y advirtió que la presencia de un representante del DE de Estados Unidos evidencia que no confían en el Departamento de Puerto Rico.

“Vamos a reclamarle a este comité que tiene que abrir el proceso a vistas públicas, que tiene que haber participación real. Y a la Legislatura, que entendemos que esta es la oportunidad de no darle paso a este concepto de descentralización, a este concepto de descentralización que quieren impulsar”.

Similar a Martínez Padilla, Nieves expresó que la autonomía escolar que realmente necesita el sistema educativo del país es la autonomía fiscal docente y educativa que emane de las escuelas, de su consejo escolar.

“Ahora mismo, de lo que deberíamos estar hablando es del currículo que hay que adaptar, de cómo  enfrentarnos a esa inteligencia artificial, de la tecnología y de cómo atender el rezago académico de los estudiantes. Hay que escuchar de cómo los maestros pueden enfrentar esos rezagos. Por eso, toda reforma educativa que excluya esa discusión es una reforma política de cómo mantener el poder político y económico”.

Por su parte, el presidente de la Asociación de Maestros (AMPR),  Víctor Bonilla Sánchez, quien también estuvo presente en la conferencia, dio a conocer en comunicado de prensa que se reunió con el secretario Cardona. La AMPR es la sindical reconocida por el DE. Según Bonilla Sánchez, en la reunión le manifestó a Cardona que si bien es cierto que cualquier esfuerzo para lograr que los fondos lleguen a donde tienen que llegar de forma ágil y rápida debe ser bienvenido, la AMPR se opone “firme e inequívocamente a la privatización del sistema educativo público, a las escuelas alianzas y a los vales educativos, por estos atentar contra los mejores intereses de nuestro sistema de enseñanza público”.

Por su parte, el secretario Cardona le aseguró que nada de lo que haga como parte de cualquier plan u esfuerzo que en la eventualidad sea promovido será utilizado para minar los esfuerzos obtenidos por la AMPR, dijo el presidente de la AMPR.

Especial para CLARIDAD

El secretario general del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Juan Dalmau, aseguró que en todas las reuniones que sostuvo la pasada semana con congresistas y funcionarios congresionales estos estaban “plenamente conscientes” de la fuerza electoral de los partidos alternativos, particularmente, el PIP y el Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), y de sus posibilidades de constituir gobierno.

“El que hubiese un espacio para darme reuniones con funcionarios electos del Gobierno federal de Estados Unidos es porque estaban conscientes de que no se trataba meramente de una reunión con una minoría, sino con un proyecto político que en las últimas elecciones logró un enorme apoyo electoral, hasta la posibilidad de ser gobierno junto a un esfuerzo con Victoria Ciudadana”, señaló Dalmau a su regreso de Washington.

Las reuniones que sostuvo el líder independista se dieron en el contexto del más reciente proyecto de ley sobre el estatus político de Puerto Rico (H.R. 2757) presentado los congresistas Raúl Grijalva (D-NM), Nydia Velázquez (D-NY), Alexandria Ocasio (D-NY) y la comisionada residente, Jenniffer González, entre otros. Dicho proyecto sentaría las bases para “permitir que el pueblo de Puerto Rico elija un estatus político permanente, no territorial y totalmente autónomo para Puerto Rico y disponer la transición y la implementación de ese estatus político permanente, no territorial y totalmente autónomo, y para otros propósitos”.

Dalmau reconoció que, aunque “es cuesta arriba” el que este proyecto de estatus pueda llegar a aprobarse en el actual Congreso dominado por los Republicanos, es importante establecer vías de comunicación continua con quienes en Estados Unidos hacen la política pública sobre el territorio. El secretario general del PIP aseguró que el reto delante de la mayoría republicana es que “siendo Puerto Rico una nacionalidad distinta… en el fondo de este asunto, lo que está planteado es si somos puertorriqueños o americanos”.

En lo específico, Dalmau señaló como un problema significativo el lenguaje de autoejecutabilidad que incluye el proyecto para las alternativas de estatus, particularmente para la estadidad. “El tema de la autoejecutabilidad es una píldora venenosa para los congresistas… Ningún congresista va a rendir facultades constitucionales del Congreso antes de que se lleve a cabo una votación”, recalcó.

Durante sus reuniones en Washington, el líder independentista advirtió a congresistas y funcionarios que, de no atenderse en estos momentos el asunto del estatus político, según avance el empobrecimiento de la isla debido al colapso del modelo colonial y aumente la dependencia económica, es de esperar un aumento en el apoyo a la estadidad, no por razones patrióticas norteamericanas, sino por razones de una transacción económica y fiscal.

“De lo que se trata es de que esos que hacen política pública sobre los asuntos de Puerto Rico tengan la oportunidad de considerar una visión distinta de lo que son las relaciones entre Puerto Rico y Estados Unidos”, subrayó.

Dalmau llegó a proponer en dichas reuniones que si el H.R. 2757 no fuera el proyecto que estuvieran dispuestos a llevar a vistas públicas, podrían llevar a cabo oversight hearings
(audiencias de supervisión) sobre el tema de las relaciones políticas entre Puerto Rico y Estados Unidos.

“Lo que no puede ser una opción es continuar dándole de largas al asunto, porque mientras eso ocurre, nosotros continuamos en la precariedad, en la pobreza, en medio de la corrupción…”, denunció.

La alianza con el MVC

Según Dalmau, en las reuniones que sostuvo en la capital federal con congresistas y funcionarios, estos estaban al tanto del pasado resultado electoral y de la posibilidad de que el PIP y el MVC puedan constituir una fuerza mayor capaz de conformar gobierno,

Sobre el curso que habrá de tomar la proyectada alianza entre ambas formaciones políticas, explicó que las conversaciones y las acciones se han manejado de manera “estratégica”. Dalmau relató que primero se intentó eliminar la prohibición de coaligación allí dispuesta por vía de enmiendas legislativas al Código Electoral. “Obviamente, no hubo el espacio para lograr eso porque el Partido Popular y el PNP no quieren darle oportunidad al país de tener otra opción”, señaló.

Como segunda alternativa para eliminar la prohibición de las alianzas políticas y las candidaturas coaligadas, ambos partidos políticos presentaron la semana pasada una demanda ante el Tribunal de San Juan para que dicha disposición sea declarada inconstitucional. Al momento de presentar la demanda, Dalmau caracterizó el enmendado Código Electoral como un intento de “entronizar el bipartidismo tradicional” del PPD y el PNP, que impide que fuerzas políticas alternas puedan llegar a entendidos electorales.

“Pero yo no soy ingenuo… y sé que la composición del Tribunal Supremo responde al bipartidismo. Entonces, la idea de abrir a la posibilidad de que los electores tengan más opciones para superar ese bipartidismo es cuesta arriba”.

El líder pipiolo adelantó sobre la elaboración de entendidos políticos entre el PIP y el MVC como una tercera fase en la estrategia política de ambos partidos. Parte de dichos entendidos abren la posibilidad de llegar a acuerdos en torno a candidaturas puntuales. “Se trata de alcanzar apoyos mutuos, en donde se pueda hacer un esfuerzo común a favor de determinados candidatos sin dividir fuerzas”, explicó.

“Hasta dónde llegará eso… [dependerá] de las conversaciones que tenemos que tener. No obstante, yo creo que es extraordinariamente esperanzador que tanto el licenciado Manuel Natal, como este servidor, han desarrollado una gran apertura durante estas conversaciones. Ambos estamos conscientes de la responsabilidad histórica y del nuevo contexto político que enfrenta Puerto Rico después de las pasadas elecciones”, añadió Dalmau.

Sobre la posibilidad de que dichos entendidos no lleguen a materializarse, específicamente debido a las posturas asumidas por el MVC en torno a las acusaciones en contra de la Representante Mariana Nogales, este aseguró que ese proceso es “una cosa totalmente distinta” a las conversaciones que se sostienen en torno a posibles apoyos mutuos. Nogales enfrenta cargos criminales por violaciones a la Ley de Contribuciones y por perjurio tras una investigación de la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (OPFEI).

“En ese asunto les corresponderá a Victoria Ciudadana y a ella manejar ese tema. En cuanto a lo que son las conversaciones con el licenciado Natal, las mismas continúan en pie. De hecho, después de iniciado ese proceso, llevamos el pleito conjunto [en contra del Código Electoral] y continuaremos con las conversaciones”, recalcó Dalmau, quien adjudicó los pronósticos de fracaso de dichas conversaciones al “pánico” de sectores en el PPD y el PNP ante la posibilidad de acabar con el bipartidismo.

“Hoy el país se ve azotado por la pobreza, la quiebra, la corrupción, el colonialismo… Eso ha llevado a personas que históricamente no votaban por candidatos fuera de su visión de estatus a votar por nuevas alternativas”, concluyó Dalmau.