Especial para CLARIDAD

En días recientes tomé conocimiento y pude ver el video del discurso que pronunció el 13 de junio de 2017 la entonces congresista española Irene Montero en el debate de la Moción de Censura al presidente Mariano Rajoy. El partido Unidos Podemos le imputaba Rajoy alta incompetencia y directa participación en múltiples actos de corrupción en la gestión pública. En el discurso de más de dos horas, Irene Montero, quien actualmente se desempeña como Ministra de La Igualdad en el gobierno español, le recriminaba a Rajoy y a su Partido Popular que “Ustedes han convertido la corrupción en una forma de gobierno”. Indicaba Montero que, contrario a la argumentación como defensa que se hace cuando se imputa a un funcionario electo o designado que la falta responde a un problema moral del individuo imputado, es decir, el concepto de “la manzana podrida”, la corrupción es más bien un problema estructural de los partidos y que se entroniza en lo que ella llamó “Una Trama Corrupta”. Planteaba a Rajoy y a su Partido Popular que “Ustedes han convertido la corrupción en una forma de gobierno” y “nos han hecho llegar a una situación de emergencia democrática, han parasitado las instituciones”. Ese valioso discurso, que recomiendo vean y analicen (buscar el discurso de Irene Montero en YouTube), contiene planteamientos sustantivos que aplican y describen la realidad de la gestión gubernamental y el comportamiento corrupto de los partidos coloniales de nuestro País.

Llevamos décadas escuchando denuncias y acusaciones continuas de esquemas corruptos de financiación ilegal de las campañas electorales de los partidos políticos coloniales (PNP y PPD) y de acusaciones y convicciones de funcionarios electos o designados de esos partidos por malversación o apropiación de fondos públicos, por recibir sobornos para favorecer con contratos a individuos y corporaciones privadas siempre vinculadas a los gobiernos de turno, tanto a nivel nacional como a nivel municipal, así como sobornos para favorecer la expedita autorización ilegal o improcedente de proyectos públicos y privados que resultan en  perjuicio del interés y la seguridad pública. Y tal como se denunciaba en España, la proyección pública que hacen los representantes de los partidos políticos a través de los medios de comunicación es que se trata de problemas de descomposición moral de los individuos imputados. Ciertamente todas estas actuaciones son producto de una trama estructuralmente corrupta por individuos y corporaciones parásitas que controlan a estos partidos coloniales que genera y sostiene la ineficiencia gubernamental, la crisis fiscal, social y ambiental que empobrece nuestro País y, casi por diseño, perpetuando el régimen y el sistema colonial que nos abruma.

Según comunicaba la hoy ministra Montero, la “trama corrupta” del Partido Popular español era una cuestión estructural pues, para poder llevar a cabo la diversidad de actos corruptos, se necesita que estén presentes y a la vez articulados varios factores operacionales. Primero, de una red de individuos y corporaciones que se relacionan con el gobierno, es decir, que le dan servicios a, o realizan proyectos de construcción o acciones sociales financiadas por el Estado (recuérdese el grupo que se denominaba “Empresarios con Rosselló”). Segundo, esa red de individuos que aportan financieramente a las campañas eleccionarias, al igual que los directivos y funcionarios dentro de los partidos, están vinculados por relaciones consanguíneas, por amistad, por relaciones de experiencias de formación académica y profesional o por vinculaciones ideológicas y militancias en los cuadros directivos de los partidos políticos. Tercero, los funcionarios y directivos de los partidos así como los individuos y corporaciones que invierten en el financiamiento de los procesos electorales mantienen relaciones interpersonales y corporativas con empresas que realizan funciones de relaciones públicas y de comunicaciones en apoyo a los candidatos, o para promover su imagen y gestión pública, o para mitigar los daños de percepción de reputación cuando se le imputa negligencia o ineficiencia en el cumplimiento del deber gubernamental (recuérdese las imputaciones al convicto Sixto George). Cuarto, el gobernador electo y los presidentes de las cámaras legislativas son responsables de designar y confirmar funcionarios ejecutivos a cargo de Departamentos, Agencias, Corporaciones Públicas que a su vez están alineados ideológicamente y con la fortaleza o debilidad de moral pública de quienes lo designan y lo confirman. Estos funcionarios ejecutivos designados, una vez confirmados, organizan sus respectivas instituciones colocando en puestos claves a personas que también estén alineados con la visión ideológica del gobernante electo resultando de especial prioridad y cuidado la selección de Secretarios Auxiliares, Directores de Oficina, como las de Compras, Finanzas, Recursos Humanos y Asesoría Legal, todos los cuales inciden en la toma de decisiones en la contratación de proyectos de construcción y de adquisición de bienes y servicios. Quinto, el gobernador electo y los presidentes de los cuerpos legislativos inciden en el nombramiento de funcionarios claves de dirección de entes reguladores de la gestión pública (Jueces, Fiscales, Contralor, Ética Gubernamental, Fiscal Especial Independiente, Procuradurías, entre otras). Ordinariamente estos funcionarios con responsabilidad reguladora tienen que estar alineados ideológicamente con la estructura del partido electo para gobernar los asuntos públicos y, ordinariamente exhiben la fortalezas o debilidades del carácter moral del gobernador electo.

En síntesis, este entramado de actores, esta red de interventores del servicio e interés público está directamente sensible a las intervenciones y caprichos vinculados a los intereses particulares de lucro de los individuos y corporaciones donantes de las campañas políticas de los partidos coloniales y, en particular, de los comités de recaudación y financiación de los procesos electorales. Este grupo de interventores del proceso electoral ordinariamente están estrechamente relacionados con individuos que se desempeñan como directores de campaña de elección de los gobernantes, individuos que luego, de resultar electo, incidirán en el poder decisional para el nombramiento de funcionarios ejecutivos designados, para acceder a contratos monetariamente cuantiosos o para conseguir permisos y autorizaciones para proyectos de construcción o mal llamados proyectos de ‘desarrollo’ de uso de terrenos. En algunas instancias estos influyentes externos inciden en los procesos electorales para, eventualmente, conseguir dispensas en la responsabilidad del pago de contribuciones sobre ingresos o ganancias de sus negocios o empresas, para dispensar o reducir deudas fiscales con el estado o para conseguir privilegios de exenciones contributivas o de requisitos procesales en los trámites de permisos. En toda esta tramoya de intervención y corrupción en los procesos de gestión pública resaltan nombres de individuos que en los últimos años han ocupado la atención del escrutinio público: Anaudi Hernández, Elías Sánchez, Oscar Santamaría y otros que en sus intervenciones fraudulentas o inmorales han propiciado la acusación y convicción de numerosos alcaldes, algunos funcionarios electos y otros tantos designados.

Reflexionando con el tema que nos ocupa en este artículo, repasé el libro que publicó Antonio Quiñones Calderón en el 2014 con el título “Corrupción e Impunidad en Puerto Rico”. En ese libro Calderón reseña una cantidad abrumadora de situaciones de corrupción que han estremecido la opinión pública de forma dramática. Veamos algunos:

• “Entre 1986 y 1996, el 40 por ciento de los legisladores puertorriqueños cometió faltas e incurrió en irregularidades en sus planillas de contribución sobre ingreso, incluyendo su radicación hasta tres años de tardanza” (énfasis suplido)
• “Durante los años de 1993 a 2000, la corrupción gubernamental– extorsiones, malversaciones y despilfarro en proyectos de gobierno- le costó al Pueblo de Puerto Rico la cantidad de $3,339 millones, es decir, más de $417 millones por año.”
• Relativo a la administración pública, “el historial más abundante de corrupción… corresponde a las dos administraciones del gobernador Pedro Rosselló (1993-2000). Durante el período fueron convictos 25 funcionarios de su administración…”. “Las figuras de prominencia acusadas y convictas por corrupción durante los dos cuatrienios del gobernador Rosselló incluyeron: un secretario de gabinete, cinco jefes y un subjefe de agencia, dos ex secretarios de la gobernación, una ayudante ejecutiva de La Fortaleza, nueve legisladores y tres alcaldes novoprogresistas y 3 políticos directamente relacionados con las campañas del gobernador.”
• “Ese mismo año (2005) el entonces fiscal federal en Puerto Rico, H. S. Bert García, advirtió que la isla se estaba ganando la “reputación” de ser la jurisdicción estadounidense número uno del lavado de dinero …”
• “Las 130 convicciones por corrupción gubernamental registradas en Puerto Rico en 2011 marcaron el total más alto en ese renglón en un distrito de la fiscalía federal de todo Estados Unidos durante cualquier año de la década anterior.”
• “Cerca de 2,750 servidores públicos en todos los escalafones del organigrama gubernamental han sido acusados y/o convictos por actos de corrupción desde la década de los 1990 a los 2000, …”
• El 7 de octubre (de 2010), “fueron arrestados por las autoridades federales 61 policías estatales, 16 municipales …, 12 oficiales de Corrección, tres miembros de la Guardia Nacional, dos oficiales del Ejército de los Estados Unidos, siete ex policías y 32 civiles (133 en total). Se les acusaba de participar en 125 transacciones de drogas grabadas en audio y video en las que se veían a 89 oficiales de ley y orden ofreciendo seguridad con sus armas de reglamento en compras y ventas de 5 kilos de cocaína. También de asesinatos y enterramiento de los cadáveres en cal y venta de escopetas a sicarios del bajo mundo.”

En años más recientes han proliferado las intervenciones del departamento de justicia federal a funcionarios electos, tanto legislativos como ejecutivos municipales. Al momento que escribimos estas notas está pendiente la adjudicación en el tribunal federal las imputaciones de serios delitos que involucran soborno de la ex gobernadora Wanda Vázquez Garced, un ejecutivo de un banco internacional en Puerto Rico y un ex agente del FBI. La acusación alude a intervenciones relacionadas con la financiación de la campaña electoral plebiscitaria que en el año 2020 llevó a cabo el PNP para la candidatura a la gobernación. En otro caso separado se acusó y admitió culpabilidad un amigo muy cercano al gobernador Pierluisi por prácticas ilegales para la financiación de su campaña electoral del año 2020. Y muy recientemente, dos familiares del gobernador de apellido Pierluisi se declararon culpables de delitos de desfalco de fondos públicos asignados para la administración de complejos de vivienda pública. Estos casos se añaden a las convicciones recientes de los alcaldes de Cataño, Humacao, Trujillo Alto, Aguas Buenas, Guayama y Guaynabo. Se especula que están en proceso investigaciones que pueden culminar en otras convicciones de alcaldes y funcionarios electos de ambos partidos coloniales. Resalta la atención y la inconformidad del País el hecho de que prácticamente todas las intervenciones judiciales relacionadas a la corrupción gubernamental las lleva a cabo las instituciones de investigación, procesamiento y condena del gobierno federal de los EE.UU.. Poca o ninguna resultan de iniciativas de procesos de investigación y acusación del instrumental policial-jurídico de Puerto Rico, entiéndase policía, fiscalía y tribunales. ¿Será que la inacción criolla responde a que “el cabro está cuidando las lechugas” y no se va a comprometer con cumplir con su deber ministerial?

Es posible relacionar la alta incidencia de corrupción de funcionarios públicos a la abundancia relativa de fondos disponibles para inversión en infraestructura pública y en otros servicios del gobierno. En el pasado reciente, en especial durante la administración del gobernador Pedro Rosselló, esa abundancia relativa resultaba de la emisión de deuda pública mediante bonos que accedían las corporaciones públicas en el mercado financiero de los EE.UU.. La práctica de tomar dinero prestado mediante emisiones de deuda para invertir en infraestructura la continuaron los gobernadores Calderón, Acevedo Vilá hasta Fortuño. Esa monumental deuda pública es en parte responsable de la quiebra fiscal del gobierno que eventualmente justificó la aprobación de la ley PROMESA y la instalación, desde el 2016, de Junta de Control Fiscal. Se podría argumentar que la crisis fiscal del País y la espuria intervención colonial que supone PROMESA es en parte atribuible a la estructura de corrupción e ineficiencia de los partidos coloniales que han administrado durante décadas el patrimonio y la riqueza del Pueblo de Puerto Rico. A partir del 2017, con el impacto de los huracanes Irma y María y los terremotos del 2020, se han asignado decenas de miles de millones de dólares para la reconstrucción de todos los componentes de infraestructura averiados o destruidos, para proyectos de control de inundaciones que, en principio, no hacen falta y para el desarrollo del sistema eléctrico a base de energía renovable y de proyectos para incrementar la oferta de agua potable. Esa cuantiosa suma de dinero está siendo administrada y manejada por una estructura de gobierno influenciada directamente por la red de interventores en decisiones gubernamentales producto de la visión de corrupción que arriba hemos descrito. Así planteado, existen las condiciones objetivas para que seamos testigos de nuevas imputaciones de malversación de fondos o de apropiación ilegal de los mismos pues hay mucho dinero accesible a individuos y corporaciones que no tienen como prioridad el servicio e interés público, sino que están organizados por un espíritu de avaricia casi patológica para intervenir y apropiarse del buen uso de ese dinero, si se orienta a las necesidades prioritaria del País.

En los próximos días se celebra un proceso de primarias internas de uno de los partidos coloniales para seleccionar la persona que presidirá esa organización la cual predeciblemente aspirará a competir como candidato a la gobernación de Puerto Rico en el proceso electoral del 2024. Hasta donde he escuchado y leído, las personas compitiendo en ese proceso no se les ha cuestionado sobre su entendimiento y propuesta para prevenir o combatir la corrupción gubernamental. El issue tampoco es un asunto que se comunique desde el interior de los partidos coloniales. Así las cosas, en el año 2024 estaremos inmersos en proceso electoral donde dos partidos coloniales primarios compiten para que los electores validen su propuesta de gestión gubernamental sumida y controlada por la perversa red de corrupción que, como un cáncer, debilita y compromete la viabilidad existencial de Puerto Rico como una sociedad viable que entiende y es capaz de resolver las amenazas y los profundos problemas sociales, económicos y ambientales presentes y proyectados a futuro. Esto convencido que los partidos coloniales intervenidos por la corrupción son parte del problema y no pueden promoverse como instrumentos de solución a la gravedad existencial que abruma al País. La corrupción no es un problema de “manzanas podridas”, es un problema estructural del sistema político colonial que regenta a Puerto Rico. Tengo la esperanza de que la articulación de un nuevo movimiento político concertado para ofrecer una propuesta de administración y gestión gubernamental, sin el lastre y perjuicio de las mentes corruptas, sea parte de la oferta electoral a la que el Pueblo de Puerto Rico pueda optar en los próximos comicios programada para noviembre de 2024. Si esa oferta electoral se hace en estos términos, consideraría nuevamente participar como elector en ese proceso posible. Aspiremos a que superar la “Trama de Corrupción” que nos agobia, se plantee como objetivo estratégico de la gestión de servicio público en Puerto Rico.