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Somos rehenes de LUMA

 

La coalición Queremos Sol hizo la advertencia de que LUMA Energy pretende usar al pueblo de Puerto Rico como rehén para extraer más fondos públicos en plena temporada de huracanes y exigió que se cancele el contrato.

La denuncia de Queremos Sol surge ante la revelación por la misma LUMA Energy de que cancelaba los contratos de manejo de vegetación, lo que se conoce como la poda de árboles, por no disponer de fondos para lo que resta del año 2022-2023.

Queremos Sol fue enfática en censurar las alegaciones de LUMA de que los $121.7 millones de fondos públicos que recibirá hasta el 30 de junio no le alcanzan para cumplir la gestión con la que se comprometió. El conjunto de organizaciones emplazó al Gobierno a dar por terminado el contrato que puso en manos de la compañía la administración de infraestructura vital para el país.

“La historia se repite, y lo advertimos. Este contrato amañado desde el comienzo solo ha redundado en un peor servicio con más interrupciones, fluctuaciones de voltaje constantes, aumentos en contrataciones, falta de transparencia, politización y alzas en costos. LUMA  claramente no tiene la capacidad ni para administrar ni para operar el sistema y el Gobierno tiene el deber de ponerle fin a este contrato”, dijo la ingeniera Ingrid M. Vila Biaggi, presidenta y cofundadora de CAMBIO, una de las organizaciones proponentes de Queremos Sol. “Desde el primer día, el pueblo de Puerto Rico ha estado perdiendo con la privatización”, añadió.

Por su parte, el doctor Agustín Irizarry, miembro de la coalición, recordó que “Puerto Rico ya vivió esta experiencia del privatizador que a poco tiempo pide más dinero, cuando se le cedió a Ondeo la administración de la Autoridad Acueductos y Alcantarillados en el 2002. A poco más de un año de iniciar, la empresa también exigió más dinero para realizar la labor a que se habían comprometido. El Gobierno rechazó el reclamo y canceló el contrato en el 2003, regresando la operación al sector público. La fórmula no cambia, porque la expectativa es generarle ganancias al privatizador a costa de reducirle servicios indispensables a la ciudadanía”.

Apenas cuatro meses después de que se le extendiera a LUMA el contrato suplementario vigente hasta noviembre de 2022, en una carta a la Autoridad de Alianzas Público-Privadas (P3), la privatizadora adujo, el pasado 27 de marzo de 2023, que su capacidad para operar el sistema estaría comprometida porque el presupuesto proyectado para el próximo año fiscal no le es suficiente. En la misiva, pide extender la fecha límite para la entrega del presupuesto anual del año fiscal 2024. Previamente, trascendió que la empresa ordenó a compañías subcontratadas a detener los servicios de limpieza de vegetación en las líneas de transmisión de 115 y 230 kilovatios porque ya agotó los $50 millones que presupuestó para ello.

“Estamos a poco menos de dos meses de que comience la temporada de huracanes. Paralizar las labores de manejo de vegetación en las líneas de transmisión por deficiencias administrativas, sea intencional o por incapacidad, atenta contra la seguridad y el bienestar de los puertorriqueños. Era previsible que el dinero no le iba a dar si, habiendo destinado $50 millones a esas labores, contrató los servicios por $70 millones. Es claro que lo que la empresa pretende representar dista de sus acciones. La intención es evidente: agotar los recursos asignados para que le asignen más fondos. Son insaciables”, expresó la abogada Ruth Santiago, miembro de la coalición.

La suspensión del manejo de vegetación hasta que entre en vigor el próximo año fiscal repercute, además, en la estabilidad laboral de entre los 500 a 600 obreros de las empresas subcontratadas para hacer el trabajo que antes realizaban los empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica.

En tanto, Josué Mitjá, actual presidente de la  Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (UTIER),  afirmó: “Aquí también se repite la historia, como advertimos desde el principio. Están dispuestos a sacrificar el pan que llega a la mesa de cientos de familias de esos trabajadores con tal de no hacer ajustes que reduzcan las ganancias de los dueños y ejecutivos de LUMA. Necesitamos recuperar el sistema eléctrico de Puerto Rico para que esté en manos públicas bajo un modelo de gobernanza que saque del medio las influencias económicas y partidistas”.

Queremos Sol es una coalición de organizaciones comunitarias, ambientales y sindicales agrupadas para la transformación hacia la energía renovable del modelo energético de Puerto Rico. La propuesta Queremos Sol plantea que los fondos federales disponibles se deben utilizar para invertir en sistemas de energía solar en techos residenciales y comerciales y almacenamiento de batería. Esta solución innovadora, reclama la coalición, es la alternativa a un sistema de gran escala que perpetúa la dependencia en los combustibles fósiles, contaminantes a la salud y el ambiente, los cuales, además, someten a la isla a la volatilidad de los precios de gas y petróleo.

 

 

 

Editorial- Estados Unidos: la mentira como arma de política exterior

 

Como colonia de Estados Unidos, Puerto Rico no tiene “standing” internacional propio, ni tampoco cuenta con una política de relaciones con otros países derivada de nuestra realidad e intereses nacionales. Somos, más bien, el apéndice de una política exterior donde nuestra opinión no cuenta, pero sí nos cuestan las mentiras y errores de la metrópolis.  Bastan las cifras de cientos y miles de muertos y mutilados puertorriqueños en las guerras y conflictos de Estados Unidos en el mundo para reflejar el costo enorme de dichas decisiones sobre nuestra población.  Sobre todo, porque como vuelve a demostrar el más reciente incidente de la filtración de documentos secretos del Pentágono en redes sociales, se trata de decisiones de política exterior basadas en la mentira, el engaño y la manipulación de la población estadounidense y de decenas de otros países en el mundo.

Los documentos secretos filtrados pintan un cuadro de la realidad de la guerra en Ucrania completamente distinto del que se le ha querido hacer ver a la población estadounidense, y por consiguiente, también a nosotros, en los llamados “territorios” o colonias. La información, filtrada y resumida por la prensa de Estados Unidos, incluye un cuadro muy pesimista para Ucrania sobre las perspectivas de la guerra en su territorio. Peor aún, destaca la inminente posibilidad de que la guerra  derive en una situación de agotamiento de fuerzas y estancamiento, similar a la que dio base a los fracasos militares de Estados Unidos en Iraq y Afganistán.

A pesar de que luego del arresto del alegado “filtrador” han cesado los pronunciamientos oficiales, y de que la prensa del “establishment” le haya bajado el tono al tema, estamos ante la repetición  del mismo patrón de mentiras sobre los errores y cálculos fallidos de las anteriores aventuras guerreristas de Estados Unidos en distintas regiones del mundo. Aunque esta sea una guerra por “delegación”, queda claro que es desde el Pentágono, la CIA, y el Departamento de Estado de Estados Unidos- a través de sus contratistas especializados y de las “fuerzas” europeas que integran la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN)-  que llegan a Ucrania los apoyos principales de efectivos, armamentos, asesores, fuerzas especiales, logística e inteligencia.

Al joven miembro de la Guardia Nacional Aérea del estado de Massachusetts, que fue arrestado y acusado por la susodicha filtración, le aguardan tiempos difíciles como chivo expiatorio de la comedia de errores de política exterior  de Estados Unidos. Seguramente lo enjuiciarán por traición y lo encarcelarán por largo tiempo para impedir que se sepa la verdad completa detrás de esta gran falla de la inteligencia militar, cuyos signos apuntan más a la negligencia incompetente de los custodios de dichos documentos, que a una operación calculada de enemigos de Estados Unidos. Según la prensa estadounidense, los documentos se publicaron desde diciembre pasado en una red social utilizada por jovencitos aficionados a los juegos de video con temas de guerra, de la cual el joven acusado era el aparente líder. Ninguna de las dependencias de inteligencia y seguridad nacional de Estados Unidos se percató de la filtración hasta la semana pasada cuando el diario The New York Times advirtió lo ocurrido y lo hizo público. Se sabe también por la prensa que, en días recientes, oficiales de la administración Biden han enfrentado los duros cuestionamientos de países aliados sobre lo sucedido. También tuvieron que explicarles a sus aliados europeos y al gobierno de Ucrania qué medidas tomarán para restringir la diseminación de información secreta sobre una guerra que parece cada vez más una causa perdida.

Hasta el momento, el gobierno de Estados Unidos no sabe con certeza la cantidad de documentos secretos que circularon por las redes, ni cuántos más puedan estar comprometidos. Sí sellaron la información sobre cómo el joven accedió a los documentos, quiénes eran sus jefes, y la línea de mando en la base militar, y cuál fue su declaración tras el arresto, datos que tardarán años en conocerse, probablemente cuando ya sea tarde para adjudicar las culpas y castigos que correspondan, más allá del joven acusado. Como sea, los documentos publicados reafirman lo que ya es parte de la cínica historia de mentiras de Estados Unidos en política exterior, y sobre sus estrategias y objetivos de dominio político, militar y financiero en el mundo.  El conflicto en Ucrania va por el mismo camino pantanoso de ruina, destrucción y guerra permanente que le ha costado tanto a las poblaciones de Iraq y Afganistán, como antes le costó a los países del Golfo Pérsico,  Kosovo y  Vietnam. Una política exterior desprovista de principios y matizada por la incompetencia y  dejadez de un imperio en franca decadencia.

 

 

 

 

Expertos analizan el Plan Fiscal

CLARIDAD

ccottto@claridadpuertorico.com

Desde el 2017 hasta la fecha, la Junta de Control Fiscal (JCF) ha gastado la suma de $1,200,096,572.55 millones (más de $1billón,en inglés) en servicios profesionales. Esto representa más del 126.8 % del dinero público, mientras los gastos en nómina del Gobierno para el mismo periodo llegan a menos del 51.7 %.

El 46 % de esta cifra está concentrado en tres compañías: Proskauer Rose LLP, $228,219,775.63; McKinsey & Company, $200,987,030 y Ernst & Young LLC, $200,987,030. A esta última se unió  la exdirectora ejecutiva de la JCF, Natalie Jaresko, se dio a conocer el pasado mes de marzo. Los gastos se refieren a consultores de la JCF, consultores del Proceso de Título III (proceso de quiebra) y el oficial Examinador.

Los datos  fueron presentados por el economista de la organización Espacios Abiertos (EA), Daniel Santamaría Ots, y el economista y exministro de finanzas de Argentina, Martín Guzmán, en un conversatorio con miembros de la prensa sobre el  análisis del Plan Fiscal 2023 (PF), teniendo en contexto los anteriores ocho planes  preparados por la Junta de Control Fiscal. Santamaría Ots explicó que el actual PF, por primera vez, es un poco distinto a los anteriores, ya que tiene tres volúmenes. El primer volumen hace un resumen de lo que según la JCF son los logros de la Ley PROMESA. El segundo se centra más en proyecciones financieras y económicas de la JCF para los próximos años. El tercero son las  reformas que la JCF está proponiendo en sus planes y en qué nivel de implementación se encuentran. También detalla con bastante profundidad cómo se están ejecutando estas políticas por parte del Gobierno de Puerto Rico.

Santamaría Ots concentró su análisis en el pilar dos y tres: las reformas del servicio público en Puerto Rico  y lo que la JCF denomina como la inversión en crecimiento, que  no es otra cosa que las medidas fiscales. Vale mencionar que inversión en crecimiento es el eufemismo que utiliza la Junta para las medidas de austeridad.

Al respecto de las reformas en el servicio público, frente al gasto de manera exponencial en servicios profesionales de la JCF, el economista de EA señaló que “estamos viendo una preocupación genuina de la erosión del aparato público y la capacidad  que de ahora en adelante pueda tener Puerto Rico  para proveer  servicios de calidad a los ciudadanos”. Este hizo la observación de que “llevamos $1,200 millones gastados en los procesos de   restructuración. Los datos no son fáciles de conseguir. Hay unos que la Junta publica en sus informes mensuales y anuales, pero hay otros que están en la corte”.

Añadió que esta es la primera vez que la JCF revela cómo se distribuyen los gastos de consultoría y cuáles son las compañías principales. El economista alertó de la preocupación que supone la  transferencia de conocimiento de instituciones públicas de Puerto Rico hacia el sector privado y la forma tímida en que la JCF propone dar marcha atrás esta tendencia.

Falsos los ahorros proyectados por la JCF

 En cuanto a las medidas de crecimiento económico, el análisis de EA deja al descubierto lo falso y equivocadas de estas. Según la JCF, sus dos pilares para el crecimiento económico son las medidas de austeridad (las medidas fiscales) y las reformas estructurales (reformas del servicio público).  Santamaría Ots expuso que desde el 2017, la JCF siempre proyectaba en sus planes fiscales una contracción del producto nacional bruto (PNB) real durante los tres y cinco años siguientes de la implementación de esas medidas.  A la vez de ese efecto negativo a muy corto plazo, decía que esas medidas que se estaban implementando en el medio y largo plazo iban a tener unos ahorros, que iban a  impactar la económica. Por el contrario, lo que se observa es que desde el segundo PF certificado en el 2018 hasta el último en el año 2023, las proyecciones del impacto de las reformas van hacia una baja consecutiva de los ahorros proyectados.

Espacios Abiertos sostiene que la Junta misma reconoce que quizás estaban siendo demasiado optimistas en sus proyecciones y que van corrigiendo a la baja. En otras palabras, sus reformas no provocaron el crecimiento económico en el PNB que alegaba o esperaba. Sus evaluaciones iban conduciendo a la baja. Los ahorros proyectados por la JCF bajaron, en billones, de $193.90 en el 2018 a $119.40 en el 2019; luego, a $85.40 en el 2020; a $84.10 en el 2021 y a $49.70 en el 2022.

En cuanto al PF actual, la JCF no proyecta de manera explícita, lo que hace es cuantificar los potenciales ahorros de las medidas fiscales para los próximos 30 años. “En el plan no aparecen. Entendemos que no están cuantificadas. Si entienden que ya no van a generar esos ahorros, mercería una explicación pública más profunda, porque esto mueve la aguja en lo que es el déficit para futuro”.

Santamaría Ots resaltó que el año pasado, cuando se cerró el PF 2022 aun bajo la dirección de Natalie Jaresko, justo antes de la reestructuración de la deuda se proyectaba un déficit para el año 2044. El tener unas proyecciones de ahorros optimistas genera una potencial mayor de la capacidad de pago de la reestructuración de la deuda y puede estar llevando a una reestructuración con una supuesta capacidad de pago que realmente no se tiene, acotó.

“Una vez uno ha leído el plan salen más preguntas que las respuestas que el documento ofrece. Lo primero que nos llama la atención es que el déficit ahora mismo, según el plan, se adelanta del año 2044 al año 2027”, denunció.

Una importante consideración ante ese dato es que la Junta incorporó una interpretación de los fondos de Medicaid (que no tenía rango de ley) que dice que con toda probabilidad Puerto Rico va a tener garantizado durante las próximas décadas el financiamiento de Medicaid de $3 millones al año. El analista de Política Pública de EA considera preocupante el escenario que presenta la JCF del déficit al 2028, aun si el Congreso de EE. UU. aprueba un financiamiento anual del Medicaid que sea equivalente al promedio otorgado a Puerto Rico entre el 2022 y 2022.

Aun suponiendo que lo concediera y estuviese basado en el promedio de los años 2011-2022,  habrá un déficit en el 2028. “Así que este es el principal hallazgo fundamental de la lectura del PF. Es importante, queda mucho trabajo por hacer. Todo lo que nosotros vemos del trabajo de sus consultores son presentaciones de  PowerPoint o el PF.  Detrás de eso hay unos modelos que no se hacen públicos”, denunció sobre la secretividad del trabajo de los consultores de la JCF y de la misma Junta. Comentó que  los economistas y los académicos suelen compartir y hacer públicos sus trabajos para que la sociedad civil, otros académicos y políticos puedan debatirlo. “Eso en la actualidad, lamentablemente, no está disponible con el grado de profundidad que se necesita. Necesitamos que esos modelos se hagan públicos”.

Más aun, censuró el que haya falta de rendición de cuentas por parte de la JCF en cuanto a que las reformas estructurales no están teniendo los efectos que deberían a causa de que el Gobierno no las está implementando. Reconoció que si bien es cierto que este no está implementado esas reformas, también considera justo señalar que por parte de la Junta tampoco hay una evolución de lo que se proyectaba iban a ser los ahorros.

“Por último, pienso que no ha habido ninguna rueda de prensa del PF que se sacó en Semana Santa. De un punto tan importante, que es el contexto internacional muy distinto a enero 2022, es razonable esperar que en cada plan la Junta incorpore información de elementos externos que puedan variar el plan fiscal”.

 

 

 

Albizu Campos desde lejos y con cariño

Pedro Albizu Campos por Jorge Manach.

Especial para CLARIDAD

Sorprende los pocos años de vida pública que pudo disfrutar Pedro Albizu Campos como líder máximo del movimiento Nacionalista. Poco menos de siete años en la década de 1930, siendo arrestado en 1937 y trasladado a una cárcel en Estados Unidos. De vuelta en 1948, fue arrestado y encarcelado de nuevo en 1950. Indultado en 1953 y arrestado y encarcelado nuevamente el primero de marzo de 1954 tras el ataque al Congreso protagonizado por los héroes Nacionalistas Lolita Lebrón, Rafael Cancel Miranda, Irving Flores y Andrés Figueroa Cordero.

Tengo entendido que nunca vio a sus nietos. Y desde la cárcel –como es de esperarse– es muy poco lo que pudo tener de “vida pública”.

Es increíble que un hombre con tan poco acceso al pueblo puertorriqueño haya sido consagrado por ese mismo pueblo como una figura, como un referente fundamental en su historia política y cultural. Añado esta dimensión “cultural” pues su figura ha servido de inspiración innumerables veces tanto en el campo de la pintura, el grabado, la gráfica y la escultura, como en la poesía, la canción y la investigación histórica.

Quizá sea porque Albizu Campos dramatiza nuestras más dolorosas carencias: pocas voces han hablado tan alto y tan consecuentemente de la Libertad como él.

Quizá eso explique también cómo un líder obrero de la estatura de Pedro Grant, el de más alcance popular y el más respetado en la segunda parte del siglo XX, haya dicho con la mayor candidez, en el contexto de un seminario de teoría hacia la fundación del Partido Socialista Puertorriqueño (PSP), algo así: “A Marx lo entiendo, Albizu me emociona”.

Sorprende que haya despertado tanta admiración también entre figuras importantes del mundo, entre ellos escritores de renombre y políticos de leyenda como el Che Guevara, que difícilmente dejan pasar gato por liebre.

Sobre este tema, precisamente, J. Benjamín Torres, pionero por excelencia de la biografía de Albizu Campos, dejó en el tintero un proyecto que tuviera hoy una trascendencia extraordinaria. Benjamín se había propuesto recopilar documentos y declaraciones de figuras del exterior en torno a Albizu Campos. Nos dejó, por suerte y gracia de sus incansables esfuerzos, una pequeña obra que lleva el título HABLAN SOBRE ALBIZU CAMPOS, publicado por la Editorial Jelofe en 1979, en la que se incluyen fragmentos de artículos o discursos de destacadas personas del exterior entre un buen número de puertorriqueños como Juan Antonio Corretjer, Vicente Geigel Polanco, Enrique Laguerre, Gilberto Concepción de Gracia, César Andreu Iglesias y Juan Mari Brás.

Allí leemos al Che Guevara: “Albizu campos es un símbolo de la América todavía irredenta, pero indómita. Años y años de prisiones, presiones casi insoportables en la cárcel, torturas mentales, la soledad, el aislamiento total de su pueblo y de su familia, la insolencia del conquistador y de sus lacayos en la tierra que lo vio nacer, nada dobló su voluntad. La Delegación de Cuba rinde, en nombre de su pueblo, homenaje de admiración y gratitud a un patriota que dignifica a nuestra América”.

Allí leemos a Gabriela Mistral (Premio Nobel de Literatura): “Fui expresamente a Atlanta para ver a nuestro Albizu. La cárcel me contestó por teléfono que no se recibían otras visitas que las de miembros de su familia. ¡Y me quedé sin verlo! Solo miré –¡con que tristeza!– la masa de aquella cárcel donde tenemos al primer puertorriqueño, y a lo mejor, al primer hispanoamericano”.

Allí leemos a José Vasconcelos (Fundador del Ministerio de Educación de México conocido como ‘El maestro de la juventud de América’): “Pedro Albizu Campos me conquistó de primera intención y me ha seguido cautivando. Posee una preparación sólida. ¡No sé cuántos años en Harvard! Así es que conoce a fondo la cultura rival y nadie como él para exponer sus secretas debilidades y astutas maquinaciones. Pocos hombres me han enseñado tanto en un solo día como me enseñó Albizu Campos. Estoy seguro que algún día esta ingrata América nuestra lo conocerá y lo saludará como a uno de sus héroes. Vive de defensa de pobres, es decir, casi no vive. La tentación lo acecha a diario en la forma de comisiones y empleos que él rechaza porque es contrario a la doctrina de la colaboración con los invasores. (…) Vive como un santo, y, como nada malo se puede decir de su conducta, no faltó quien me dijese: ‘pero fíjese que es mulato’. Y eso me lo decía otro seudonacionalista. ¡Como si ser mulato no fuese la carta de ciudadanía más ilustre de América…!”.

Otros textos de voces del “extranjero” incluyen a Jorge Manach, cuyo dibujo reproducimos aquí; Juan Marinello y Sergio Carbó, intelectuales cubanos.

Los pueblos colonizados tienden a desvalorizarse y a considerarse menos que nadie. Por eso existen “guerreros de silicio”, seres humanos que despuntan cada cierto tiempo para recordarnos y guiarnos por el sendero de la libertad y la dignidad humana, incluida esta solidaridad latinoamericana y caribeña por la descolonización que nombra a Albizu Campos como uno de los grandes de la historia mundial del siglo XX.

[Se han conservado íntegros los textos y los signos del libro de J. Benjamín Torres. Para una cronología confiable, ver aquí “Pedro Albizu Campos y el Partido Nacionalista: síntesis cronológica”. Para leer una formidable colección de ensayos sobre “descolonización”, ver aquí a Margarita Aurora Vargas (2018), Guerrero de silicio: Ecos a la obra de Frantz Fanon; y ver aquí a Félix Valdés García (2017), Leer a Fanon medio siglo después. De Puerto Rico a Juan Manuel Carrión (2021), Nacionalismos Caribeños: Marcus Garvey y Pedro Albizu Campos; y la monumental obra de Pedro Apone Vázquez sobre Albizu Campos cuyas referencias se pueden encontrar aquí.]

18 de abril de 2023

La corrupción “legal” de los Pierluisi y de tantos

 

 

CLARIDAD

El gobernador Pedro Pierluisi utilizó varios argumentos para tratar de distanciarse de sus primos Walter y Eduardo cuando estos se declararon culpables de haber hurtado cerca de $4 millones de los fondos para vivienda pública que administra su gobierno. La más comentada de sus expresiones, tal vez porque es tan torpe que provoca risa, fue la que redujo el parentesco a “primos terceros”. Sin embargo, hubo otro argumento que a diferencia de este último sigue repitiendo, que resulta ser muy revelador. Me refiero al que intenta desligarse de toda responsabilidad por el contrato de sus parientes alegando que se otorgó hace “cerca de treinta años”, cuando él lleva menos de tres como gobernador.

El contrato en cuestión era para administrar complejos de vivienda pública o “caseríos”, labor que antes realizaba la Corporación de Renovación Urbana y Vivienda (CRUV). En la década del ´80 esa labor fue privatizada y la CRUV fue eliminada. Los fondos que se utilizaban para administración de estos residenciales, mayormente de origen federal, se distribuyeron entre contratistas privados seleccionados y supervisados por el Departamento de Vivienda de Puerto Rico. La primera ola privatizadora ocurrió durante el último cuatrienio de la administración de Rafael Hernández Colón que terminó en 1992. No hay que hacer mucho análisis para saber que casi todos los agraciados de aquellos contratos fueron personas vinculadas al Partido Popular. Hubo casos de exlegisladores populares que organizaron corporaciones a toda prisa para aprovechar el nuevo guiso, una práctica que desde entonces se repite cada vez que comienza una nueva administración en la colonia.

Los contratos en cuestión eran altamente lucrativos y por tanto muy deseados. La reglamentación vigente, la de aquí y la federal, garantiza una tasa de ganancia luego de cubrir todos los gastos de administración. Si en cada caso se manejan millones de dólares, la ganancia asegurada siempre será saludable. Solo personas muy cercanas al gobierno de entonces fueron seleccionadas.

La repartición de aquellos contratos entre allegados al PPD, todo de manera muy “legal”, lógicamente irritó a los del otro lado del bipartidismo, los del PNP. Cuando en 1993 se inició la gobernación de Pedro Rosselló varios contratos fueron cancelados o no renovados, para ser trasladados a fieles novoprogresistas, lo que produjo una cadena de litigios. Gracias a esos litigios varios contratistas vinculados al PPD pudieron retener sus guisos y hasta recibieron compensaciones (que tuvo que pagar el gobierno). De todas maneras, cuando los contratos expiraron, un nuevo grupo de contratistas fue seleccionado, esta vez desde las tiendas color azul.

Si como dice el gobernador Pierluisi la empresa que organizaron sus primos entró en escena hace “cerca de 30 años”, fue una de las agraciadas durante la administración del primer Rosselló en la década del ´90. ¿Por qué obtuvieron esos contratos tan lucrativos? Nótese que el mayor de esos primos, Walter, era entonces apenas un abogado bisoño, criado en lujoso ambiente capitalino, que tal vez nunca había pisado un caserío y que mucho menos sabía cómo administrarlo. Pero entonces, ni ahora, esa ausencia de cualificaciones importaba. Lo que pesaba y pesa a la hora de ser seleccionado para algún lucrativo contrato gubernamental es la cercanía al poder, ya fuere porque trabajó en la campaña del ganador y ayudó a financiarla, o porque tiene algún pariente bien ubicado.

Cuando sus primos obtuvieron el lucrativo contrato hace “cerca de treinta años”, Pedro Pierluisi era secretario de Justicia y su padre había dirigido el Departamento de Vivienda en la administración anterior del PNP, la de Romero Barceló, por lo que obviamente el apellido ayudó. Se trataba, además, de una familia estrechamente vinculada al PNP lo que los convierte en favoritos para beneficiarse de contratos.

Cualquiera me dirá que lo que ocurrió durante las administraciones de Hernández Colón y Pedro Rosselló que, a su vez, es lo mismo que ha seguido ocurriendo desde entonces, nos es “ilegal”. Eso mismo piensa el gobernador Pierluisi cuando recurre al argumento de que el contrato de sus primos se otorgó “hace cerca de 30 años”. Todos esos tumbes son “legales”, pero no dejan de ser tumbes porque los contratos se otorgan por identificación política o familiar, o porque se trata de alguien que contribuyó en la última campaña movilizando votos o aportando dinero. Así se ha operado siempre en el Puerto Rico del bipartidismo y también así se opera en Estados Unidos, donde la cercanía a los Republicanos y Demócratas es lo que cuenta y no la idoneidad profesional.

Los primos del gobernador van para la cárcel no por el contrato que gracias al apellido o las conexiones partidistas obtuvieron hace cerca de 30 años, sino porque convencidos de su impunidad se dispusieron a robar más. Por el tumbe “legal” nadie los iba a acusar y, de no haber sucumbido a la avaricia extrema hubiesen seguido beneficiándose por 30 años adicionales.

Lo mismo sucede con tantos más. Edwin Mundo, el principal director de los traqueteos electorales del PNP, gana millones en contratos con el gobierno directamente o a nombre de corporaciones y está por ahí de lo más orondo. Durante el reciente juicio contra el exalcalde de Guaynabo su sobornador, Oscar Santamaría, decía con mucha seguridad que otros contratos municipales eran “limpios”. queriendo decir que por ellos no había pagado sobornos. Pero sí había hecho contribuciones de campaña para poder obtenerlos o tenía vínculos políticos con el alcalde en cuestión.

Esa “legalidad” es la fuente de todos los males. Los fondos públicos se reparten entre correligionarios y familiares, no porque sean los más idóneos para el trabajo, sino por la conexión.