Ante la certificación del Plan Fiscal  2023 por la Junta de Control Fiscal (JCF), la Asociación de Alcaldes de Puerto Rico (AAPR) alertó sobre las consecuencias que tendrá para los ciudadanos otra reducción en el Fondo de Equiparación que sirve como complemento de ingresos para costear los servicios a la ciudadanía a los municipios más pequeños.

La certificación por la JCF del Plan Fiscal 2023 se dio a conocer el pasado 4 de abril. En comunicado de prensa de La Fortaleza, el gobernador informó: “El Plan Fiscal para el Gobierno de Puerto Rico es un documento vivo que comprende muchas de las áreas de reformas y responsabilidad fiscal en las que estamos trabajando. En el día de ayer recibimos el documento final que fue certificado por los miembros de la Junta de Supervisión y Administración Financiera y nuestro equipo está en el proceso de analizarlo”.

Por su parte, el presidente de la Asociación de Alcaldes, Luis Javier Hernández Ortiz, junto a una representación de su matrícula advirtió en conferencia de prensa este lunes, 10 de abril, que de mantenerse dicho esquema, decenas de municipios tendrían que eliminar a partir del 1.⁰  julio (inicio del año fiscal 2023-2024) servicios como recogido de basura, seguridad pública, manejo de emergencias e iniciativas deportivas, culturales y de salud.

“El país entero debe estar claro de que el gobernador, Pedro Pierluisi, le faltó a su promesa de mantener la asignación del Fondo de Equiparación y la creación del Fondo de Servicios Esenciales, así como no pagar ni un centavo a la tarjeta de salud, debido al incremento en la asignación de Medicare. Esto representa cerca de $500 millones. Le solicitamos al gobernador que cumpla con su palabra con relación a ASESS, así como la asignación $1 millón para todos los municipios, a los fines de continuar los trabajos de recuperación post huracán Fiona”, señaló el también alcalde de Villalba. Los alcaldes han solicitado formalmente una reunión con carácter de urgencia al gobernador.

Hernández Ortiz reclamó que además de los $300 millones del Plan Fiscal aprobado, que no han sido asignados, que se separen $150 millones prometidos para garantizar servicios esenciales por los próximos 5 años, de manera que se les permita a los municipios realizar los cambios estructurales y la creación de nuevas alternativas de recaudo que sustituyan los $350 millones que ya le han quitado a los 78 municipios.

“Recordemos que  el Gobierno Estatal estuvo sin pagar sus deudas y de ahí llegó la Ley PROMESA. Mientras todo esto sucedía, los Municipios estuvimos pagando a los bonistas, con un año de adelanto. Esa es una realidad que no todos conocen. Sumado a esto, los municipios hemos hecho grandes ajustes en todos los sectores”, reclamó.

La matrícula de la AAPR planteó además la importancia de que se apruebe el proyecto de la Cámara PC 1618, que asigna recursos a los cuerpos de la Policía Municipal para aportar soluciones a la crisis de seguridad que existe en Puerto Rico. “Nosotros no nos hemos detenido en ofrecer soluciones realistas y bien pensadas. A la Junta de Supervisión Fiscal le señalamos que debe atender la propuesta del Plan de Reestructuración Municipal, incluyendo la propuesta de usar el Fondo de Consorcios para resolver la crisis en bienestar animal y reciclaje”.

La matrícula de los alcaldes asociados insistió además en que se comience a descentralizar el Gobierno comenzando con Educación, Emergencias Médicas y Carreteras, por ejemplo. “Es aceptado por todos en Puerto Rico que los Municipios somos la primera línea de servicio a la población, no solo en tiempos de emergencia, sino todo el año. Sin embargo, durante años y años, tanto el Gobierno Estatal como la Junta de Supervisión Fiscal nos han ido recortando fondos de muchas partidas. Ya superan los $350 millones en recortes, y con este nuevo año fiscal, lo que pretenden es cerrar municipios y eliminar servicios a la ciudadanía”, detalló Hernández Ortiz.

Los ejecutivos municipales exigieron que ya eliminado el Fondo de Equiparación, se atienda la propuesta que fue presentada a la JCF  por ambas organizaciones, la Federación de Alcaldes, que agrupa a los alcaldes del PNP, y la Asociación de Alcaldes, que agrupa a los alcaldes del PPD.

“Nos quitan los recursos estatales, y quienes padecen son los ciudadanos que tienen necesidades especiales”, finalizó Hernández Ortiz.

CLARIDAD

Noticia de Semana Santa: A “Misión Cristiana Fuente de Agua Viva, Inc.”, organizada según la Ley de Corporaciones vigente, le asignaron $32.5 millones para la construcción de un templo religioso. El dinero proviene del fondo aprobado por el Congreso de Estados para la reconstrucción de Puerto Rico luego del huracán María de 2017, que controla el gobierno federal por conducto de la agencia para la atención de desastres conocida como FEMA. El anuncio lo hizo muy complacido el gobernador Pedro Pierluisi acompañado de Otoniel Font, identificado como “pastor”, de legisladores del PNP y del exgobernador del PPD Alejandro García Padilla. Durante la ceremonia, Font dijo que fue García Padilla quien le informó de la disponibilidad de fondos. Aun cuando la fuente del dinero es federal, todo indica que el liderato puertorriqueño del bipartidismo tradicional, representado allí por sus principales dirigentes, promovieron la asignación del dinero o, al menos, están muy contentos con ello.

La noticia levanta muchos interrogantes, al menos tres: ¿Por qué esa corporación cualifica para que le den dinero público? ¿Por qué se le asigna a la iglesia de Font y no a las otras que han sido afectadas por huracanes y terremotos? ¿Puede una entidad religiosa recibir dinero del Estado a pesar de que supuestamente existe separación entre ellos?

Otoniel Font no creó la entidad que ahora regentea más como dueño que como “pastor”, sino que la heredó de su padre quien también se proclamaba pastor y reverendo. Aunque se organiza como corporación sin fines de lucro realmente es un conglomerado muy lucrativo que incluye iglesia, escuela y otros negocios. Anteriormente también operó una llamada “torre de oración”, que realmente era una operación inmobiliaria, y hasta un parque de atracciones llamado “Museo de la Biblia”. Muchos de esos negocios quebraron hace varios años y en el proceso quedó expuesto el control de la familia Font y el afán de lucro.

Sin embargo, esa mezcla entre operación religiosa y comercial no es extraña ni en Estados Unidos ni en Puerto Rico. No es ni será el primer caso de un negocio disfrazado de iglesia que logra fondos federales bajo FEMA. Además, si algo ha sabido cultivar la familia Font, desde que operaban el emporio que hasta incluía una emisora de televisión, son las relaciones con los centros de poder, tanto en lo económico como en lo político. Esas vinculaciones facilitan que obtenga dinero público aun cuando a todas luces es un negocio privado.

Esa cercanía al poder también explica el favoritismo tanto de federales como de coloniales. Millares de boricuas sigue esperando por la reconstrucción de sus hogares sin que vean avances. Lo mismo sucede con otros grupos y entidades religiosos. En el área sur del país, donde tras los destrozos del huracán María llegaron los de los terremotos, muchas iglesias siguen operando bajo carpas. Obviamente tienen más necesidad que la que opera la familia Font, pero carecen del poder político de esta. La mano de FEMA no llega a ellos.

Finalmente llegamos a la tercera interrogante de las planteadas antes, la supuesta separación entre iglesia y estado. La república que nació en América del Norte a finales del siglo XVIII fue pionera de muchas maneras en un mundo que solo conocía de imperios y monarquías absolutas. Aun cuando a diferencia de las repúblicas latinoamericanas que nacieron unas décadas después mantuvo por casi un siglo el oprobioso sistema esclavista, adoptó de sus inicios formas de gobierno que representaron importantes avances para la humanidad.

Uno de esos desarrollos fue el principio que Thomas Jefferson llamó “separación de iglesia y estado”, aunque el texto constitucional de donde surge no emplea tales palabras. El texto en cuestión está al comienzo de la Primera Enmienda incorporada a la Constitución en 1791, que expresamente impide la aprobación alguna ley para el establecimiento de una religión o prohibiendo la libertad de culto. (“Congress shall make no law respecting an establishment of religion or prohibiting the free exercise thereof”.) Cuando ese principio se incorporó a la constitución estadounidense, aunque ya hacía dos años que en la Francia revolucionaria no sólo se habían separado iglesia y estado, sino que se habían confiscado los bienes de la iglesia católica para ayudar a financiar el nuevo orden, en el resto del mundo lo común era la existencia de una “religión oficial”.

Esa separación que Jefferson proclamó nunca ha sido total, pero se mantuvo con sus altas y sus bajas por dos siglos principalmente debido a oportunas decisiones del Tribunal Supremo. Últimamente, sin embargo, como muchas otras cosas el principio ha cedido en la medida en que el movimiento evangélico ha ido controlando el Partido Republicano. Bajo la presidencia del segundo de los Bush, las llamadas “organizaciones con base de fe” tuvieron un representante en Casa Blanca y bajo Donald Trump el avance fue mucho más marcado. Fue precisamente este último el que creó reglamentación para que las entidades religiosas accedan a los fondos que administra FEMA. También fue Trump el que logró que el Tribunal Supremo esté bajo el control de la extrema derecha. Nadie debe sorprenderse si en un futuro cercano aquella separación que Jefferson aplaudió en 1802 comience a desaparecer gracias a decisiones del actual tribunal trumpista.

Claro está, oportunistas como Font no tienen que esperar por esa futura intervención del Supremo estadounidense contra la separación de iglesia y Estado. Con la reglamentación que hay ahora les es suficiente gracias a su cercanía al poder de la colonia. En 2017 Ricardo Rosselló y Julia Keleher le regalaron un edificio para que ampliara su negocio educativo y ahora FEMA le regala $32.5 millones mientras en el resto del país siguen los toldos azules.