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Miguel Hernández (1910-1942). Poeta de la República Española y de siempre

Jesús Delgado Burgos

Existen poetas que una vez te acercas a su obra, aunque sea leyendo por primera vez uno de sus poemas, te capturan para siempre. Son bastantes los poetas y poetisas de diferentes épocas históricas que han causado ese efecto en mí. Hoy quiero comentar de uno de ellos, Miguel Hernández, de quien tuve oportunidad de conocer algunos de sus poemas a principios de la década de 1970, siendo ya estudiante universitario. Del conjunto de su vida y obra en versos o prosa muy poco había leído.

En esa etapa, mi interés académico-profesional era el estudio de la historia y la pedagogía. Mi acercamiento a la literatura y las artes, al igual que otros campos del saber, resultaban ser algo así como complementarios al estudio de la historia, pero más vinculado a ciertas contradicciones subyacentes en mi modo de pensar que, siendo asiduo lector y defensor de la teoría sociológica marxista y el materialismo histórico, cierta noción del existencialismo  a partir de varias lecturas que hiciera de Kiekergarard, asignadas por el profesor Manfred Kerkhoff, para un curso de filosofía en el que estaba matriculado,  con cuyas nociones acerca de la existencia del ser, sus paradigmas éticos, la vida y el ser humano, me identificaba y reafirmaban mi forma de ser y pensar.

Interpretando esa aparente contradicción entre considerarse marxista y, en la intimidad del ser, pensar y escribir desde la propia reivindicación de la utopía poética, no es otra cosa que manifestación de la complejidad y existencia del ser humano, porque lo otro sería ser simple autómata de un conjunto de ideas o dogmas a partir del cual el acto de creación científica, estética o artística se cosificaría. Por eso, lo mismo podía redactar un boletín o artículo para para su distribución a estudiantes universitarios, que escribir un poema desde la vertiente de la poesía social y de compromiso o en la tradición de la exaltación del amor, que solo mostraba tímidamente a amigos y amigas que compartían mi interés por la poesía (Erick Landrón, Vilma Dones, Jazmina, Linda Ramos, Raquel y Elizabeth Brailoswky y a mis hijos). Y sigo siendo así porque para mí esa contradicción no es tal, sino expresión de la misma esencia del ser.

En ese mar de complejidades existenciales fui conociendo y leyendo parte de la obra poética de Miguel Hernández, como tuve mis primeros acercamientos a Pablo Neruda, César Vallejo, Clara Lair, Vladimir Mayakovski, Vicente Huidobro, Charles Baudelaire, García Lorca, Vicente Alexandre, Hugo Margenat, Julia de Burgos, otros tantos poetas nacionales y de otros países. Todos me cautivaron. Unos más que otros.

A ese poeta español de formación autodidacta, Miguel Hernández, que en este 28 de marzo se cumple otro año más de su muerte, escasamente había leído uno o dos poemas.

Nacido en 1910 en Orihuela, cuyos campos, cabras y lecturas de varios de los poetas clásicos de la literatura española como Calderón de la Barca, Luis de Góngora y Garcilaso de la Vega, quedaron como raíces profundas en sus poemas juveniles; la voz literaria más precisa y comprometida con la República Española, condenado a pena de muerte por su compromiso y lealtad a la República, la cual es conmutada, muerto de tuberculosis en la cárcel de Alicante un 28 de marzo de 1942, pero con sus ojos profundamente abiertos, cuyos poemas mantienen la frescura y el calor humano del mismo instante en que fueron escritos y cuyos versos también crean estupor, rencor odio en aquellos que todavía añoran un pasado de fusilamientos, barbarie y terror franco-falangista…

Su imagen y palabra poética llegó a mí por pura casualidad a través de la música y la voz de Joan Manuel Serrat el día en que compré, en la desaparecida Librería la Tertulia, su disco de larga duración en que se musicalizan 10 de sus poemas (c. 1973) y a partir de entonces comencé a leer sobre su vida y obra con sumo interés.

El autor de Perito en Lunas, Elegía (a Ramón Sijé), Vientos del Pueblo, El Hombre Acecha, Cancionero y Romancero de Ausencias, Nanas de la Cebolla; el poeta por excelencia y voz del pueblo durante la República Española me cautivó para siempre. Corría el año de 1975 y habiendo leído un poco más acerca de su vida, su obra, su compromiso con la República Española y su martirio carcelario, escribí una oda dedicada a Miguel Hernández, que comparto en este momento con motivo del 79 aniversario de su muerte:

 

Niño pastor de lunas

 

A Miguel Hernández,

Poeta de la República Española y de siempre

 

Caminando va el poeta

por esas calles de España,

tierra que arrancó a la muerte

una postrera mirada

como aquel niño pastor de lunas,

hortelano de sangre, vida,

barro, pueblo, muertes, cabras,

palabra viva del hombre

que a la España

quijotesca,

gongorina, juglaresca

libertaria y pasionaria consagrada

con la ternura del amor en sus pupilas

y la más eterna sencillez de su mirada.

 

Decir Miguel Hernández es decir poesía, ternura, amor, conciencia y compromiso. La fuerza de su voz y su palabra ha tratado de ser invisibilizada, pero su ejemplo y su creación poética que es universal, ha logrado trascender tiempo y espacio.

28 de marzo de 2021.

 

 

Cuba ratifica en elecciones nacionales a sus diputados parlamentarios

Ilustración Adan Iglesias Tomado de Juventud Rebelde

Corresponsal de CLARIDAD

 

 La Habana, Cuba-El pueblo cubano volvió a las urnas el pasado 26 de marzo para ratificar en elecciones nacionales a los 470 nominados a diputados a la Asamblea Nacional, que conformarán la nueva legislatura del máximo órgano legislativo del país y cuya primera responsabilidad será la de elegir al Presidente y Vicepresidente de la República.

Más de seis millones de ciudadanos, de unos 8,1 millones que estaban habilitados en el padrón electoral, dieron su voto, alcanzando una participación electoral del 75.92%, según datos del Consejo Electoral Nacional, una cifra alta si se compara con igual tipo de comicios en otros países de la región donde el voto, al igual que en Cuba, no es obligatorio.

Esta votación es la continuación de un proceso electoral que arrancó en noviembre del año pasado con las elecciones de los delegados de circunscripción, que conforman las Asambleas Municipales, o sea, los órganos locales de gobierno en cada provincia.

Estas son además las primeras elecciones legislativas que se celebran en el país desde la aprobación de la nueva Constitución en 2019. Los nuevos diputados ocuparán su cargo por un período de cinco años y estarán a cargo, entre otras tareas, de la discusión y aprobación de nuevas leyes, la aprobación del presupuesto del Estado y el monitoreo del buen cumplimiento de las diversas áreas del Gobierno.

Si bien la jornada electoral transcurrió con normalidad –como suele ser habitual en el país– la celebración de estas nuevas elecciones en Cuba no ha estado exenta de polémica. Desde hace semanas, sectores de cubanos en el exterior llamaban a boicotear los comicios en un intento por provocar una alta abstención del electorado. En su cuenta en twitter, la Embajada de Estados Unidos en La Habana, así como funcionarios estadounidenses también criticaron el proceso, tildándolo de “antidemocrático”, acusaciones que provocaron una dura respuesta del gobierno cubano.

En declaraciones a la prensa, el presidente Miguel Díaz-Canel, quien ejerció su voto en la ciudad de Santa Clara –su ciudad natal y donde fue nominado a candidato–, rechazó las expresiones injerencistas de la Embajada estadounidense y criticó el que, según él, “los Estados Unidos y su gobierno siempre tienen una narrativa hostil hacia Cuba, no podemos esperar otra cosa”.

A una pregunta concreta de CLARIDAD sobre los comentarios de funcionarios estadounidenses, Díaz-Canel sostuvo que “nosotros no vivimos pendiente de esa narrativa hostil, imaginaria, calumniosa, virtual, provocadora y mentirosa.”

“Si lo fuéramos a decir en buen cubano: nos resbalan las opiniones irrespetuosas del gobierno de los Estados Unidos.”, sentenció el jefe de Estado cubano.

Desde el exterior, los medios corporativos han centrado sus cañones de luz sobre la presunta baja participación en estas elecciones legislativas. Para Cuba, acostumbrada, por décadas, a cifras que superaban el 90%, no es menos cierto que el número de votantes en el más reciente proceso pudiera ser visto como una cifra relativamente baja. Sin embargo, la mayor de las Antillas sigue teniendo una de las participaciones más altas para unos comicios parlamentarios de entre todos los países de la región cuyo voto no es obligatorio.

Empero, si se quiere explicar el fenómeno de la baja participación, razones disímiles hay.

Cuba atraviesa hoy su peor contexto económico desde el llamado “Período Especial”. La isla ha debido enfrentar nuevas y más violentas sanciones sobrepuestas por el gobierno de Estados Unidos al ya conocido bloqueo económico, financiero y comercial, que se mantiene vigente desde hace más de seis décadas. Ahunado a esto, están los consabidos problemas de desabastecimiento de ciertos productos y un aumento considerable del costo de vida en el país en los últimos dos años. Factores que han generado cierto malestar en la población.

Por otro lado, de las anteriores circunstancias ha derivado el mayor éxodo migratorio que ha sufrido el país caribeño en los últimos 20 años, con una importante pérdida de jóvenes y de fuerza laboral, que emigran en busca de mejores condiciones económicas.

Precisamente, sobre esta problemática, el mandatario cubano expresó que “sí, nos preocupa [porque] se va fuerza de trabajo calificada, se nos van jóvenes”, pero dijo tener esperanza en que “al final, una parte importante [de quienes emigran] siempre regresará porque esta es su Patria”.

Ante un escenario como este, lo sorprendente realmente es que la abstención en las elecciones no hubiese sido mayor, lo que demostraría que, en medio de las adversidades, el pueblo cubano sigue apostando por la unidad de su proceso revolucionario. Desde el gobierno de La Habana han asegurado que “Cuba ganó” con estos comicios al lograr movilizar a un alto porciento de la población a votar, a pesar de las situaciones adversas que aquejan al país.

La nueva legislatura deberá quedar oficialmente conformada el próximo 19 de abril en su primera sesión, donde votará por los nominados a Presidente y Vicepresidente. Para esa votación, no se prevé sorpresa y se espera que el actual mandatario sea ratificado en su cargo. Una vez ocupado estos escaños, el Presidente propondrá las figuras de Gobernadores de las provincias, que irán entonces a votación en sus territorios, dando por completado el marco electoral para este período gubernamental que arranca en 2023.

 

 

 

 

 

 

 

 

Retrasado el anuncio de Carmen Yulín

 

CLARIDAD

¿Qué impacto tendrá la salida de Carmen Yulín Cruz del Partido Popular Democrático (PPD)? Esta pregunta ha aparecido en algunos medios de prensa luego de que la exalcaldesa de San Juan anunciara en conferencia de prensa su desafiliación del partido por el cual intentó aspirar al cargo de gobernadora en 2020. En la primaria de ese año obtuvo el 13% de los votos, quedando en tercer lugar. En dos ocasiones previas, 2012 y 2016, fue electa alcaldesa de San Juan, posición que siempre se ha visto como el segundo cargo político más importante del país.

A pesar de ese historial a todas luces importante, mi contestación a esa pregunta sería que el impacto de la desafiliación dentro del partido que abandona en estos momentos será limitado. Esta apreciación no responde a una visión desvalorada de la exalcaldesa, sino a la realidad del PPD actual o, más bien, a lo que es ese partido desde antes de aquella primaria en la que pretendió ser aceptada como candidata a la gobernación.

A mediados de 2020, cuando se celebró la primaria, ya el PPD era un partido disminuido, bastante más débil del que gracias al apoyo de otros sectores había ganado la gobernación, la Legislatura y la alcaldía de San Juan en 2012. Su proyecto político basado en la ficción del ¨estado libre asociado¨ se había derrumbado tras las acciones unilaterales del Congreso de Estados Unidos en 2016, que hizo volar en pedazos toda la ¨autonomía¨ que el partido reclamaba. La imposición de la ley PROMESA y el grupo de sentencias del Tribunal Supremo estadounidense reafirmando la aplicación sin límites de la llamada ¨cláusula territorial¨ de su constitución, hicieron desaparecer la burbuja que los fundadores del ¨ela¨ habían creado desde 1952.

Además de quedarse desnudo ante el colonialismo, el PPD acentuó su viaje hacia la derecha aumentando su parecido con el PNP e intentando ocupar el espacio del fundamentalismo religioso. Cuando anunció sus aspiraciones a la gobernación por el PPD, dijimos en CLARIDAD que en ese partido una mujer como Carmen Yulín, que mantenía posiciones progresistas y soberanistas, no tenía posibilidad alguna de ser seleccionada como su dirigente principal, y así ocurrió.

Todos los que se habían acercado al PPD en 2012, permitiéndole los triunfos electorales de ese año, lo habían abandonado cuando se celebró la primaria. Tras la elección de 2020 se fueron los que habían insistido en quedarse tal vez atraídos por figuras como la alcaldesa de San Juan. En el 15% de votos que obtuvo el Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) en 2020, y hasta en el 14% que votó por el Partido Independentista (PIP), están los integrantes del sector que hasta las elecciones de 2016 todavía pensaba que el PPD tenía redención.

Desde entonces, es lógico suponer que la sangría interna que ya se manifestaba en el PPD ha continuado acentuándose. Su camino hacia la derecha y la identificación con el fundamentalismo religioso es ahora más evidente, mientras su insistencia en la existencia del ¨ela autónomo¨, después de PROMESA y las reiteraciones del Tribunal Supremo, algunos las toman con pena y otros con risa. A lo anterior se añade que el liderato que quedó a cargo del partido a partir de 2020, además de creer en esas posiciones, proyecta torpeza y debilidad. Como si lo anterior fuera poco, los casos descubiertos de corrupción han golpeado de forma abrumadora a las administraciones municipales, el área donde el PPD mantenía preeminencia.

Obviamente, una persona como la exalcaldesa de San Juan, que tras dejar el cargo en 2021 seguía proyectándose como progresista y feminista, carecía de espacio en ese partido, por lo que su salida no deja ningún vacío. Además, el sector del PPD al que ella apelaba o que se identificaban con sus posiciones progresistas, ya había abandonado el partido cuando ella finalmente anunció su desafiliación. La mayoría de esas personas votó por el MVC en 2020 o se ha acercado a ese movimiento desde entonces. Todo indica que el anuncio de desafiliación llega un poco retrasado. Por eso decía al principio de este artículo que la noticia tendrá muy poco impacto en el PPD, porque allí queda muy poca gente capaz de identificarse con sus enfoques. Sale, además, de una colectividad tambaleante, desprovista de proyecto político, que en 2020 vio reducir su apoyo a un 30% y que desde entonces ha continuado jalda abajo.

Sin embargo, el hecho de que Carmen Yulín no llegue a su nueva etapa de expopular arrastrando una masa de seguidores porque estos se le adelantaron, no la deja sin futuro político. Sigue siendo una figura importante dentro de la política isleña, por lo que quienes trabajan en la construcción de un nuevo proyecto político-electoral que sea capaz de acabar con el bipartidismo corrupto, deben encontrar la manera de incorporarla. Ese proyecto tiene el reto permanente de sumar, nunca restar.

La olla de grillos

 

 

Especial para CLARIDAD

Con la culminación del reciente juicio en contra del ex alcalde de Guaynabo, Ángel Pérez Otero, se destapó la olla de grillos que hace muchos años se conoce que existe en el país, aunque no al nivel en que se reveló por dos delincuentes confesos cuyos testimonios fueron parte del proceso. Estos individuos, uno de ellos exalcalde y otro abogado y empresario, aprovechando sus respectivas ocupaciones, disfrutaron del producto de sus fechorías, a costa del tesoro municipal.  Ambos individuos, militantes del PNP, escalaron posiciones dentro de ese partido para lograr acceso a figuras de poder dentro de esa colectividad, quienes les abrieron paso hasta alcanzar sus aspiraciones de enriquecerse, desmedidamente, con dinero público. El abogado, Oscar Santamaría, quien inició su carrera como asesor legislativo de diversos legisladores del PNP fue, astutamente, acomodándose en los círculos controlados por ese partido, desde donde comenzó a extender sus tentáculos a los municipios. Hoy se conoce, que Santamaria participaba de reuniones del comité directivo del PNP y de la Federación de alcaldes que agrupa a los alcaldes de ese partido. Santamaría, bajo diversos frentes corporativos y valiéndose del sistema de financiamiento de campañas políticas que impera en el país, ideó un esquema mediante el cual comenzó a sobornar a alcaldes inescrupulosos dispuestos a malversar dinero público a cambio de lucro personal.

Uno de estos alcaldes inescrupulosos resultó ser Félix “El Cano” Delgado, exalcalde del municipio de Cataño y hoy convicto por actos de corrupción, quien se inició en la faena política de la mano de la representante del PNP, Maria Milagros Charbonier, acusada actualmente por corrupción en la esfera federal por, entre otras cosas, obtener “kickbacks” de sus empleados. Cegado por el poder, la fama y el dinero, “El Cano”, se convirtió en presa fácil de Santamaría, quien obtuvo contratos del municipio de Cataño para tres de sus empresas: Waste Collection, VIP Healthcare e Island Builders. La ostentación que hacía “El Cano” Delgado de la ropa, joyas y autos que adquiría con dinero sucio llamó la atención de las autoridades federales quienes, tras investigarlo, lo usaron de señuelo para revelar el esquema que llevó, posteriormente, al arresto de contratistas, alcaldes y otros funcionarios municipales del PNP y del PPD.

Como parte del acuerdo de cooperación con las autoridades federales, “El Cano” Delgado grabó a Santamaria mientras le entregaba dinero al exalcalde. Esas imágenes le fueron divulgadas al contratista, quien viéndose arrinconado por sus actos criminales, decidió cooperar también para beneficiarse en la sentencia que en su día se le impondría. La prensa revela que dieciséis días después de decidir que cooperaría, hizo su primera grabación a Pérez Otero.

La cooperación de Santamaría destapó la magnitud del esquema mafioso que había puesto en marcha y con el que se involucraron tanto alcaldes del PNP como del PPD. Sus primeros contratos los obtuvo con los municipios de Aguas Buenas, bajo Luis Arroyo Chiqués del PPD y de Cidra, bajo Javier Carrasquillo del PNP, lo que le permitió comenzar a amasar una considerable fortuna. En Cidra comenzó como asesor legal del municipio y, mientras se desempeñaba en esa capacidad, creó una compañía de recogido de desperdicios sólidos, a la cual Carrasquillo le otorgó un contrato, sin que fuera sometido a subasta y sin la aprobación de la legislatura municipal. Santamaría logró obtener contratos con 16 municipios. Luego de abandonar la alcaldía, Arroyo Chiqués fue procesado por los federales por estar recibiendo sobornos de parte de Santamaria ascendentes a $5,000.00 mensuales. Tras perder las elecciones del año 2020 a la alcaldía de Cidra, el gobernador Pierluisi cobijó a Carrasquillo, nombrándolo asesor de asuntos municipales en la Fortaleza, puesto al que renunció el pasado año una vez se anunció el nombramiento de un FEI para investigarlo.

Poco después de que cayera Santamaría, se dieron los arrestos de otros alcaldes y funcionarios municipales que participaron de los esquemas de soborno. Entre ellos, fueron arrestados el alcalde de Guayama, Eduardo Cintrón, el alcalde de Trujillo Alto, José Luis Cruz, ambos del PPD, el alcalde de Humacao, Reynaldo Vargas y el alcalde de Aguas Buenas, Javier García Pérez, ambos del PNP, lo que puso de manifiesto un bipartidismo carcomido por la corrupción. Funcionarios públicos de ambos partidos cedieron ante la tentación de obtener dinero mal habido, defraudando la confianza de los constituyentes de sus respectivos municipios, a quienes despojaron de los recursos económicos necesarios para garantizarles los servicios básicos a los que tienen derecho. De todos estos funcionarios, solo Pérez Otero decidió enfrentar juicio, habiendo sido declarado culpable por un jurado, por los tres cargos que le fueron imputados.

Como si ello fuera poco, Santamaria confesó haber realizado donativos ilegales a las campañas políticas de varios funcionarios públicos entre ellos, el alcalde de San Juan, Miguel Romero y el senador por Bayamón, Carmelo Ríos. Este último, se dice, está siendo investigado por las autoridades federales, mientras que el alcalde de San Juan fue señalado, junto a los legisladores, Georgie Navarro, Juan Oscar Morales y Víctor Parés, todos del PNP, por recibir asfalto gratis en sus campañas de la compañía J. R. Asphalt, cuyos directivos fueron procesados y convictos por participar, igualmente, de esquemas de sobornos. Tanto el Departamento de Justicia como la Oficina del Panel del Fiscal Especial Independiente, rechazaron acusarlos por estos cargos.

En fin, la olla de grillos que se ha destapado con los testimonios de “El Cano” Delgado y Oscar Santamaría, ha develado la podredumbre que ha generado el inversionismo político y que enloda tanto al PPD como al PNP. Este es el mismo bipartidismo responsable del colosal endeudamiento del país, que ha traído un creciente empobrecimiento de nuestra gente y el deterioro acelerado de nuestra calidad de vida. Esta tétrica situación ha provocado que gran parte de nuestro pueblo haya perdido la fe en los políticos, en las instituciones, en que un cambio es posible. A quienes combatimos el bipartidismo vetusto, inservible y corrupto, nos toca reavivar la esperanza en estos compatriotas, de que nuestro país cuenta con mucha gente decente, comprometida y luchadora, dispuesta a trabajar por sanear la administración pública y construir el país que queremos y que nos merecemos.

 

 

 

 

 

 

 

La Junta de Control Fiscal sigue privilegiando a los bonistas

 

CLARIDAD

ccotto@claridadpuertorico.com

 

La decisión de la jueza Laura Taylor Swain, de que los bonistas de la Autoridad de Energía Eléctrica no tienen pago asegurado, si bien es un evento significativo, no supone que la Junta de Control Fiscal (JCF) vaya a retirar su plan de ajuste de deuda (PAD) presentado ante la citada jueza. La determinación de la jueza, que ve el caso de la quiebra del Gobierno de Puerto Rico y sus corporaciones públicas, fue emitida el miércoles 22 de marzo. En esta denuncia coincidieron dos conocedores del tema consultados por CLARIDAD: el licenciado Rolando Emmanuelli Jiménez y  la licenciada Eva Prados Rodríguez.

El licenciado Emmanuelli Jiménez, representante legal de la UTIER (Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (AEE), puntualizó que la decisión de la jueza en realidad lo que resuelve es el punto de derecho sobre la garantía de los bonos conforme al acuerdo (plan-agreement) que dio base a la emisión de los bonos. El derecho de los bonistas se limita a lo que está depositado en las cuentas especiales de la AEE, las cuales tienen entre $8 a $16 millones. Esta última cifra es lo más que podrían cobrar los bonistas.

La determinación de la juez Swain, acreditó Emmanuelli, es un evento bien significativo en la quiebra. Lo que se establece es que la JCF podría otorgarles cero pagos a los bonistas o llevar un recurso para darles solo los $16 millones. No obstante, el hecho es que el PAD preparado por la JCF ya establece que a los bonistas les van a pagar $5.4 mil millones.

El experto en la ley PROMESA indicó que no es correcto decir que la JCF quedaría en entredicho ante la jueza si quisiera presentar algo distinto y puntualizó que es la Junta  la que propone el plan. La jueza Swain  lo único que va a decidir es si el plan es confirmable o no es confirmable. La determinación de la jueza establece que, como cuestión de derecho, la deuda no se tiene que pagar porque la AEE está en el hueso, no tiene dinero para pagar. La decisión dice  además que primero se pagan los gastos operacionales de la  AEE, incluido el sistema de retiro, y, después, lo que sobre es lo que se asigna a los bonistas.

Emmanuelli considera que la  JCF le está dando prioridad a los bonistas cuando ya no tiene que hacerlo y  califica de absurda la situación de que a pesar de que la Junta ganó el caso que ella misma presentó, les esté ofreciendo a los bonistas una cantidad exorbitante a la cual no tienen derecho, a costa del retiro de los trabajadores y de los otros acreedores. “Si la Junta  estuviera trabajando para Puerto Rico, cambiaría el plan hoy mismo y diría sabes qué acreedores, de bonos te voy a dar cero. La Junta podría hacerlo porque al no ser asegurados puede proponer lo que les va a dar, y eso es lo que no va a pasar porque la Junta juega para el equipo de los bonistas, no para el pueblo de Puerto Rico”, manifestó.

En esa línea, afirmó que solo la toma de las calles es lo que podría impugnar la negociación de la JCF. La JCF  acaba de ganar un caso crucial para que Puerto Rico no tenga que pagar un cargo híbrido, por lo que recalcó que el Gobierno, tanto el Ejecutivo como la Legislatura deberían exigir a la JCF que enmiende el plan y elimine el cargo híbrido. “Como cuestión de realidad, el cargo  híbrido es una imposición que no está justificada y es un regalo que le están haciendo a los bonistas; esa es la situación actual. La decisión de la jueza está muy bien fundada. Eso lo venimos diciendo desde hace años. El sistema de retiro tiene un pleito igual a este, y la jueza lo paralizó, y eso se sabe desde el  comienzo”.

Para Emmanuelli, el hecho de que todavía la JCF esté proponiendo el PAD con el cargo híbrido y la eliminación del plan de pensiones significa que no ha cambiado la versión del PAD divulgado. Se supone que la vista de confirmación del plan se ejecute en el mes de junio, pero la jueza no tiene  poder para modificarlo. Los criterios para basar su determinación de si el plan es confirmable o no están en la sección 3.14 de la Ley PROMESA.

Emmanuelli Jiménez atribuyó la insistencia de la JCF en pagar a los bonistas a que parte de  sus miembros juegan a las influencias entres sus grupos de interés: un quid pro quo. El ejemplo más reciente es el de la exdirectora ejecutiva, Natalie Jaresko, quien luego de renunciar a la JCF ahora trabaja con la firma Ernest Young, la cual es asesora de la propia JCF.

Por su parte, la directora ejecutiva de la Comisión Ciudadana para la Auditoría del Crédito Público (CCCP), licenciada Eva Prados Rodriguez,  igual considera que, en principio, la determinación de Swain es importante en términos de lo que están exigiendo los bonistas en tanto en cuanto todavía no existe un acuerdo entre estos y la JCF.

“Sí significa un golpe a los bonistas, porque ellos pretendían que la Junta les pagara más de lo que está proponiendo. Así que en ese sentido, confirma lo que ha sido nuestra argumentación de los sectores que nos hemos opuestos al PAD de la AEE, de que sus bonos no son asegurados, que no tienen la misma categoría ni derechos que quizás vimos en los bonistas de la deuda del Gobierno central o de la Autoridad de Carreteras”.

Incluso indicó que, además de confirmar que a lo único que los bonistas tienen derecho es a lo que la AEE tiene en las cuentas para pagar, establece que tampoco  tienen  garantía sobre los activos. “Eso significa una importante confirmación de lo que hemos estado reclamando en cómo resolver la deuda de la autoridad.  La realidad es que no tenemos con qué pagarles”.

No obstante, la licenciada Prado Rodríguez también resaltó que  tampoco esta decisión significa que por defecto la JCF vaya a retirar el cargo híbrido. Por eso le preocupa que haya personas de los medios de comunicación que hablan “disparates”, reclamando que ya no van a aumentar las facturas.

“Eso  no es una realidad, ni tampoco hay que defender a la Junta a capa y espada. Hay que ver el contexto, y ya ha ocurrido en el pasado. No es la primera vez que la Junta no tiene una vitoria judicial de este tipo, y aun así negoció un PAD de la Autoridad de Carreteras con aumentos”.  El PAD de la AC impuso aumento en los peajes, según el costo de vida, por los próximos 50 años y la privatización de todas las autopistas con peajes.

“No es real decir que ya resolvimos el problema del PAD. La Junta sigue con su propuesta a los bonistas con los aumentos ya discutidos. La realidad es que hay un problema con el pago de las pensiones y la Junta sigue proponiendo pagar a los bonistas”.

Prado Rodríguez recordó que la deuda de la AEE  aún no ha sido auditada y que informes preauditoría señalan irregularidades en esas emisiones, como deuda que fue emitida ilegalmente por la corporación y préstamos hechos para proyectos que nunca fueron construidos.

La licenciada expuso que el planteamiento de la Comisión Ciudadana es que ante la decisión de la jueza Swain, se está en un momento en que se puede  reducir el pago de la deuda, y que de  pagar algo, sea para el pago de las pensiones y que sea algo mínimo que no afecte la economía de Puerto Rico.

A juicio de la licenciada Prado Rodríguez, la estructura que está proponiendo la JCF es desastrosa para la economía del país y es criminal. “Esa exigencia que se le debe hacer a la Junta lo debe exigir el Gobierno; pero no estamos escuchando a los políticos hacer esa exigencia”.