CLARIDAD

El gobernador Pedro Pierluisi utilizó varios argumentos para tratar de distanciarse de sus primos Walter y Eduardo cuando estos se declararon culpables de haber hurtado cerca de $4 millones de los fondos para vivienda pública que administra su gobierno. La más comentada de sus expresiones, tal vez porque es tan torpe que provoca risa, fue la que redujo el parentesco a “primos terceros”. Sin embargo, hubo otro argumento que a diferencia de este último sigue repitiendo, que resulta ser muy revelador. Me refiero al que intenta desligarse de toda responsabilidad por el contrato de sus parientes alegando que se otorgó hace “cerca de treinta años”, cuando él lleva menos de tres como gobernador.

El contrato en cuestión era para administrar complejos de vivienda pública o “caseríos”, labor que antes realizaba la Corporación de Renovación Urbana y Vivienda (CRUV). En la década del ´80 esa labor fue privatizada y la CRUV fue eliminada. Los fondos que se utilizaban para administración de estos residenciales, mayormente de origen federal, se distribuyeron entre contratistas privados seleccionados y supervisados por el Departamento de Vivienda de Puerto Rico. La primera ola privatizadora ocurrió durante el último cuatrienio de la administración de Rafael Hernández Colón que terminó en 1992. No hay que hacer mucho análisis para saber que casi todos los agraciados de aquellos contratos fueron personas vinculadas al Partido Popular. Hubo casos de exlegisladores populares que organizaron corporaciones a toda prisa para aprovechar el nuevo guiso, una práctica que desde entonces se repite cada vez que comienza una nueva administración en la colonia.

Los contratos en cuestión eran altamente lucrativos y por tanto muy deseados. La reglamentación vigente, la de aquí y la federal, garantiza una tasa de ganancia luego de cubrir todos los gastos de administración. Si en cada caso se manejan millones de dólares, la ganancia asegurada siempre será saludable. Solo personas muy cercanas al gobierno de entonces fueron seleccionadas.

La repartición de aquellos contratos entre allegados al PPD, todo de manera muy “legal”, lógicamente irritó a los del otro lado del bipartidismo, los del PNP. Cuando en 1993 se inició la gobernación de Pedro Rosselló varios contratos fueron cancelados o no renovados, para ser trasladados a fieles novoprogresistas, lo que produjo una cadena de litigios. Gracias a esos litigios varios contratistas vinculados al PPD pudieron retener sus guisos y hasta recibieron compensaciones (que tuvo que pagar el gobierno). De todas maneras, cuando los contratos expiraron, un nuevo grupo de contratistas fue seleccionado, esta vez desde las tiendas color azul.

Si como dice el gobernador Pierluisi la empresa que organizaron sus primos entró en escena hace “cerca de 30 años”, fue una de las agraciadas durante la administración del primer Rosselló en la década del ´90. ¿Por qué obtuvieron esos contratos tan lucrativos? Nótese que el mayor de esos primos, Walter, era entonces apenas un abogado bisoño, criado en lujoso ambiente capitalino, que tal vez nunca había pisado un caserío y que mucho menos sabía cómo administrarlo. Pero entonces, ni ahora, esa ausencia de cualificaciones importaba. Lo que pesaba y pesa a la hora de ser seleccionado para algún lucrativo contrato gubernamental es la cercanía al poder, ya fuere porque trabajó en la campaña del ganador y ayudó a financiarla, o porque tiene algún pariente bien ubicado.

Cuando sus primos obtuvieron el lucrativo contrato hace “cerca de treinta años”, Pedro Pierluisi era secretario de Justicia y su padre había dirigido el Departamento de Vivienda en la administración anterior del PNP, la de Romero Barceló, por lo que obviamente el apellido ayudó. Se trataba, además, de una familia estrechamente vinculada al PNP lo que los convierte en favoritos para beneficiarse de contratos.

Cualquiera me dirá que lo que ocurrió durante las administraciones de Hernández Colón y Pedro Rosselló que, a su vez, es lo mismo que ha seguido ocurriendo desde entonces, nos es “ilegal”. Eso mismo piensa el gobernador Pierluisi cuando recurre al argumento de que el contrato de sus primos se otorgó “hace cerca de 30 años”. Todos esos tumbes son “legales”, pero no dejan de ser tumbes porque los contratos se otorgan por identificación política o familiar, o porque se trata de alguien que contribuyó en la última campaña movilizando votos o aportando dinero. Así se ha operado siempre en el Puerto Rico del bipartidismo y también así se opera en Estados Unidos, donde la cercanía a los Republicanos y Demócratas es lo que cuenta y no la idoneidad profesional.

Los primos del gobernador van para la cárcel no por el contrato que gracias al apellido o las conexiones partidistas obtuvieron hace cerca de 30 años, sino porque convencidos de su impunidad se dispusieron a robar más. Por el tumbe “legal” nadie los iba a acusar y, de no haber sucumbido a la avaricia extrema hubiesen seguido beneficiándose por 30 años adicionales.

Lo mismo sucede con tantos más. Edwin Mundo, el principal director de los traqueteos electorales del PNP, gana millones en contratos con el gobierno directamente o a nombre de corporaciones y está por ahí de lo más orondo. Durante el reciente juicio contra el exalcalde de Guaynabo su sobornador, Oscar Santamaría, decía con mucha seguridad que otros contratos municipales eran “limpios”. queriendo decir que por ellos no había pagado sobornos. Pero sí había hecho contribuciones de campaña para poder obtenerlos o tenía vínculos políticos con el alcalde en cuestión.

Esa “legalidad” es la fuente de todos los males. Los fondos públicos se reparten entre correligionarios y familiares, no porque sean los más idóneos para el trabajo, sino por la conexión.

CLARIDAD

ccotto@claridadpuertorico.com

No hay tal cosa como una emergencia por la erosión costera. La erosión costera es un proceso que data de décadas, y atenderlo debe ser una tarea constante del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA). En esta apreciación coincidieron tres entrevistados por  CLARIDAD respecto a la Orden Ejecutiva (OE 2023-009) emitida el 11 de abril por el gobernador, Pedro Pierluisi, en la que le ordena  al DRNA  “ejecutar un plan de acción puntual con el apoyo de agencias estatales y federales”.

La orden incluye la asignación de $5 millones del Plan de Rescate Americano (ARPA, siglas en inglés) y la asignación  de 100 millones por parte del Departamento de la Vivienda, del Programa de Mitigación en la Infraestructura del Programa de Subvención en Bloque para el Desarrollo Comunitario-Mitigación (CDBG-MIT).

Para la directora ejecutiva de la organización Amigos del Mar, Vanessa Uriarte, la orden trata de poner un parcho a un problema que se ha venido agrandando por años y que se ha convertido en una de las luchas más significativas para el país por su constancia. “La orden no atiende el verdadero problema, que es que no tenemos una ley de costas, una nueva ley de zona costanera que ponga en perspectiva que estamos en el Caribe y que los parámetros que estamos aplicando no corresponden a nuestra realidad geográfica ni a las proyecciones por el cambio climático”.

La OE ordena a la Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura (AFI) y al DRNA a “evaluar e implementar el deslinde de bienes de dominio público en la zona marítimo terrestre (ZMT) conforme a la legislación aplicable”; es decir, la ley vigente. La orden faculta la adquisición por cualquier vía legal, incluida la expropiación forzosa de ser necesario, de propiedades no habitadas o abandonadas en la zona costanera y la demolición y remoción de estructuras en ruina o abandonadas, así como escombros y estructuras duras que sean estorbos públicos o que ya no estén cumpliendo con su función de protección o mitigación de riesgo en la zona costanera.

La activista ambiental acreditó que la orden reconoce por palabras que hay una crisis en las costas, pero objetó que la manera de solucionarla sea poniendo parchos y acelerando o liberalizando los procesos de permisos a través de órdenes ejecutivas de emergencia. Además, señaló que uno de los grandes ausentes en la orden son los protagonistas, las comunidades afectados por la erosión. No hay indicios  de  cómo se  va a implementar la participación ciudadana en ese proceso. Uriarte censuró la creación de un nuevo comité (el Comité de Acción para la Adaptación y Resiliencia ante la Erosión Costera), “cuando todavía es la hora en que el Comité de Cambio Climático no ha podido desarrollar un reglamento porque el DRNA no lo ha hecho. Sin embargo, se crea un nuevo comité para atender esta declaración de emergencia donde el DRNA es vocal”.

El nuevo comité estará adscrito al DRNA e  integrado por la secretaria del Departamento, un representante del Comité de Cambio Climático y un representante de La Fortaleza. Estos dos últimos serán seleccionados por el gobernador. La activista ambiental cuya organización, Amigos del Mar, desarrolla en la actualidad la herramienta digital de un Mapa de Costas de PR, mediante el cual las comunidades costeras exponen sus situaciones, denunció que Recursos Naturales no es consecuente con los  deslindes que hace de la ZMT.   “Hemos visto que el Departamento no es  consecuente tirando unos puntos  en comunidades ricas y comunidades pobres. ¿Qué es lo público y qué es lo privado? En la orden no se hace ninguna mención a lo privado, solo a lo público. Pero en síntesis, no se puede construir en lo público, no hace mucha diferencia, porque eso es lo que debería estar pasando siempre. Así que no es nada extraordinario”. La capacidad del DRNA de cumplir con los deslindes también está en duda debido a que la agencia cuenta solo con un agrimensor.

A Amigos del Mar les preocupa que la orden es muy ambigua y abre la puerta a la liberación de lo que se cree es un proceso expedito de permisos para ciertos  proyectos críticos del Cuerpo de Ingenieros (US Army Corps of  Ingeneers), los cuales está tratando de ejecutar hace años.  Aun cuando  reconocen que en la OE no se menciona ningún proyecto en particular, les  consta que existen, que han tenido mucha oposición comunitaria y que no se han podido aprobar precisamente porque los procesos de permisos son rigurosos debido a  la magnitud de los proyectos.

En esa línea expresó igual preocupación por las comunidades que están amenazadas por proyectos privados, el acaparamiento de terrenos, tanto por extranjeros como por puertorriqueños de alto poder adquisitivo, y porque tampoco se ve en la orden la participación de los municipios.

“Es pertinente que se aprueben los proyectos presentados de una nueva ley de costas, porque la geografía y el clima han cambiado. Nuestra meta es que tiene que haber un cambio en la legislación, que corresponda a la realidad geográfica y cambio climático. Aquí no hay espacio para improvisar. Nos va la vida en ello. La solución correcta es poner al frente a las comunidades, articulado mediante el diálogo y la participación ciudadana. No pueden ser parchos”, manifestó.

Entrevistado también por CLARIDAD, Pedro Sadeé Llorés, veterano de luchas ambientales, dio crédito a que la orden tiene unas medidas relacionadas con la erosión costera que pueden catalogarse como apropiadas, como el enfrentar la erosión costera con dunas, proteger zonas de corales y la siembra de mangle.

No obstante, destacó: “El problema con la OE es que no atiende uno de los grandes problemas que explica las consecuencias de la erosión costera, que son las construcciones privadas. Brilla por su ausencia unos controles sobre eso. Sí incluye restricciones a algunas construcciones futuras de  infraestructura pública en la zona costera, pero no hay ninguna directriz sobre las cosas que debe contener el Reglamento Conjunto y que ha señalado el propio Comité de Expertos del Cambio Climático”.

Otro problema que mencionó es que cuando se emite una OE creando una emergencia, que invoca la Ley 76 (la ley de Procedimiento para situaciones o eventos de emergencia del 2000),  lo que implica es que algunas o todas las obras que se hagan van a ser tramitadas por vía de los trámites de emergencia, mediante  análisis cortos y  consideraciones ambientales deficientes.  “Eso  puede ser bien problemático con una serie de medidas que hay, como lo son las llamadas medidas duras”.  Las medidas duras pueden ser: construcciones de espigones, rompeolas, embarcaderos y  otras estructuras similares. El licenciado Sadeé Lloréns comentó que ya en Puerto Rico se han levantado unas cuantas de estas medidas y han fracasado o  están abandonadas. El Cuerpo de Ingenieros ha propuesto algunas de estas medidas para ciertos lugares, las cuales fueron objetadas por el Gobierno de Puerto Rico en su momento.

“Pero esa es una de las preocupaciones, si esta OE es una manera de facilitar algunas de esas medidas.  Cuando se crea un procedimiento de emergencia por vía de OE, lo que se supone que sea para solucionar un problema, puede terminar agravándolo o no atendiéndolo como debe ser”.

Otra preocupación que trajo a la atención es que en la OE hay mucho dinero envuelto; crea un comité interno en el DRNA que va a regular las medidas que el mismo Departamento va a implementar. Sadeé también cuestiona qué funciones puede tener un comité que no está creado por ley.

“Un problema de erosión costera que lleva décadas desarrollándose y se percibe de muchos años más no se presta para una declaración de emergencia, fuera de instancias que deben atenderse rápidamente”. Un ejemplo de una situación de erosión costera que debe atenderse sobre un procedimiento rápido es Loíza, pero “una estructura montada sobre un procedimiento rápido de declaración de emergencia no me parece bien”, insistió. Este coincidió con los otros entrevistados en que atender la erosión costera debe ser  un trabajo consistente del DRNA.

Otra observación de Sadeé es el asunto de cómo se va a distribuir el dinero asignado al DRNA desde el punto de vista de equidad. Este expresó reservas en que se vaya a beneficiar a algunos sectores más que a otros.   Además recordó que mediante una orden ejecutiva de emergencia fue que se trató de construir el gasoducto y que ya hay otra orden para los llamados proyectos críticos.

“En  fin, lidiar con el problema de la erosión de costas con una OE es crear excepciones con algo que no debe  ser tratado por vía de excepción”, concluyó.

La corrupción es la emergencia

 “En realidad no hay una emergencia de erosión de costas. Esto lleva ocurriendo décadas, es totalmente innecesario,  no ha ocurrido nada que no haya estado ahí en las últimas décadas. Esa idea de emergencia que está afectado a las costas no la hay. El problema de emergencia que debe declarar el Gobierno es la emergencia contra la corrupción”, declaró a CLARIDAD el experto en geomorfología, doctor José Molinelli Freytes.  

 Al respecto denunció que la  magnitud de la corrupción que está ocurriendo en el país, entre otras cosas, responde precisamente a las asignaciones de millones sin precedentes y la evidencia de falta de previsión sobre cómo emplear ese dinero, que sirva de base para crear un país de siglo XXI. A su juicio, declarar estados de emergencia en Puerto Rico implica la eliminación de restricciones y procesos de permisos, “para entrar en procesos de contratación que ya están corriendo, dar contrato a quien quieran, por la cantidad que quieran sin entrar en detalles para no entrar en ninguna trampa”, expresó.

Al igual que los otros entrevistados, el doctor Molinelli Freytes cuestionó la creación del comité por la OE, en el que dos de sus tres miembros serán escogidos por el gobernador. Hizo la observación de que la  secretaria de Recursos Naturales es abogada, no viene del campo de las ciencias, no es experta en elementos de sistemas costeros y es una representante de Fortaleza que, naturalmente, se presupone será un agente político que se ajuste a los deseos del gobernador. Aun cuando una persona establezca un planteamiento razonable, “comoquiera serán dos contra uno”.

El geomorfólogo puntualizó que la disposición de la OE de alimentar las playas con arena, “es una pluma abierta de dinero”. Relató que en Estados Unidos hay estados que tienen ese tipo de proyecto, que se convierten en un círculo: con una draga sacan arena de un lugar cercano para tirar en la playa, la tiran, el mar la saca y la vuelven a tirar.  “Pero  aquí no va a ser con escollos por arena. Hay muchas canteras preparándose para remover arena. Hay gente que se va a beneficiar, que pueden estar conectados”. Recalcó que eso no es un manejo de la zona costera.

Al insistir en que no hay ninguna emergencia de erosión costera, Molinelli Freytes denunció que la Junta de Planificación y la Oficina de Gerencia de Permisos quieren liberalizar un sistema de permisos para seguir construyendo en áreas de alto riesgo.