La crisis actual, la fragmentación del país y el peligro de la dictadura de la Junta de Control Fiscal

Especial para CLARIDAD

 

Pensar la crisis abarcadora que vive la sociedad puertorriqueña en todos sus niveles – económico, político, educativo, ético, etc. – requiere mucha concentración y trabajo colectivo. El nivel que más llamó la atención inicialmente, su manifestación fiscal, a pesar de su importancia, no es el más profundo. Pero cuando el gobierno de García Padilla adoptó la posición de que la deuda pública no se podía pagar, las dos piezas del bipartidismo local aceptaron la imposición de la Ley PROMESA por parte del Congreso estadounidense. Con esta Ley se le impuso a Puerto Rico la Junta de Control Fiscal (JCF). La frágil democracia de la colonia entró inevitablemente en una crisis mucho peor que la crisis fiscal que venía a atender.

La Ley PROMESA fue impuesta dos décadas después de otra medida del Congreso que acentuó de forma dramática la crisis de la colonia desde su base material económica: la eliminación en 1996 de la Sección 936 con el buen visto y patrocinio activo del gobierno de Pedro Rosselló y Carlos Romero Barceló. Como resultado de la eliminación de la Sección 936 en diciembre de 2005, al vencerse los diez años de transición otorgados para su desaparición definitiva, la sociedad puertorriqueña experimentó la desaparición de prácticamente la mitad del empleo industrial del sector privado. No deja de ser una ironía el hecho de que el gobierno neoliberal agresivo de Pedro Rosselló, con una política de reducción del sector público, apoyara con vigor la eliminación de la Sección 936 y propiciara un colapso del empleo industrial privado nunca antes conocido en nuestra isla.

Cualquier país que en una década y media pierda la mitad de su cuerpo laboral industrial entraría en una crisis de proporciones enormes. En Puerto Rico esta crisis fue amortiguada, en gran medida, mediante el incremento de fondos federales, por un lado, y la emisión irresponsable de deuda pública, por otro lado. Si pensamos que el poder para eliminar la Sección 936 le pertenecía al Congreso, sin descontar la responsabilidad del gobierno de Puerto Rico que apoyó la eliminación sin trabajar y negociar una alternativa económica, entonces se puede concluir que la quiebra fiscal del gobierno local fue también parte de un proceso cuya responsabilidad no le era ajena al Congreso estadounidense. No hace falta mucha sabiduría para entender que la crisis actual de la relación colonial, en la que está inmerso el país, coloca el poder decisional en el lado imperial. Sin negar la responsabilidad local en el balance de la crisis existente, es imprescindible reconocer dónde reside el poder decisivo.

Una vez reconocemos, aunque sea de forma limitada, el fundamento económico de la crisis actual, podemos focalizar en otro aspecto que vino acompañando la política neoliberal local e imperial: el desmantelamiento de la supuesta soberanía del Estado Libre Asociado y la inexistencia de un pacto histórico. Las tres ramas del poder en Estados Unidos han desnudado el ELA, exponiendo abiertamente su miseria colonial. Claro, al hacerlo, el imperio se quitó la careta con que se disfrazó desde la década del cincuenta. Al haber afectado severamente la base económica de su colonia, con la eliminación de la Sección 936, y luego despojar al ELA de su falsa vestimenta de soberanía jurídica, el imperialismo bobo de que una vez habló Muñoz Marín, le asestó un golpe decisivo al Partido Popular Democrático. Desde entonces, este partido baila sin rumbo al ritmo del neoliberalismo colonial como si fuera un hermano gemelo del Partido Nuevo Progresista.

Con la quiebra del ELA, desmontado con las propias manos imperiales, inmerso el país en una crisis económica nunca antes vista, podría pensarse, como han hecho algunos estadistas de cartón y careta, que el camino hacia la anexión se encuentra expedito. Esta versión idílica puede padecer de cierto estrabismo ante lo que ocurre en el escenario actual.  El jueves 13 de abril, los hermanos Walter y Eduardo Pierluisi Isern se declararon culpables ante la juez federal, Camille Vélez Rivé, por el robo de alrededor de cuatro millones de fondos federales. El acontecimiento podría parecer algo rutinario en Puerto Rico después de la estela de arrestos por corrupción protagonizados por las autoridades federales desde los últimos meses de 2021. Claro, con el pique adicional de que se trata de dos primos del gobernador Pedro Piertluisi. Pero la cosa es mucho más compleja. Walter Pierluisi fue director político en la campaña electoral del PNP en 2020, mientras Eduardo se empleó como director de avanzada. No debe olvidarse que Caridad Piertluisi, hermana del entonces candidato a gobernador, fue la directora de la campaña.

No se trata, como puede verse, de un arresto de dos individuos cuyos apellidos coinciden con el que lleva el gobernador. El caso es mucho más complejo y apunta directamente a la estructura electoral del PNP. Además, no estamos ante un acontecimiento aislado. El pasado 4 de mayo de 2022, se declaró culpable Joseph Fuentes, un buen amigo de muchos años de Pedro Pierluisi, quien presidía un súper comité de acción política (Super PAC) con el nombre de Salvemos a Puerto Rico. El objetivo del comité era recaudar dinero para apoyar la elección de Pedro Pierluisi. Aunque este tipo de organización está permitido por la ley federal, debe informar quiénes son sus contribuyentes. Al ocultar la identidad de los donantes, mediante la creación de fundaciones fantasmas, violaron la ley. La relación de los arrestos del año pasado y los actuales, sin mencionar el caso complicado de Wanda Vázquez, es suficiente para ver los hilos de una red muy compleja. Si a este panorama le añadimos la convicción reciente, también en la corte federal, de Sixto George, un conocido publicista vinculado al PNP, se puede observar que las gestiones investigativas de las agencias federales tienen una amplitud que supera lo individual.

Nadie puede negar el alcance de la corrupción en la sociedad puertorriqueña. Sin embargo, todavía hay quienes se rehúsan a vincular un fenómeno de tanta envergadura con la crisis estructural de la economía colonial y sus dos partidos íntimamente vinculados con esa economía en crisis. La corrupción, como resultado coherente del neoliberalismo colonial, hoy bajo la dictadura de la Junta de Control Fiscal, puede servirle al poder imperial para dejar caer la fuerza maciza de su poder sobre el movimiento estadista organizado en el PNP, cada vez más caricaturesco y debilitado. ¿Qué se puede esperar de un proceso confuso como el de la crisis actual, con un ELA golpeado y desacreditado, destrozado internamente el partido que lo defiende (PPD), y ahora con el asedio severo del deformado anexionismo, acorralado por la corrupción? Debe preocuparnos el estado un país fraccionado, profundamente fragmentado, sin voluntad colectiva organizada para repudiar efectivamente la dictadura escandalosa y vergonzosa de la JCF.

El estado descrito acentúa la urgencia de tejer la unidad del país ante la fuerza disolvente de la corrupción como producto de una relación colonial en severa crisis. Sobre todo porque en el contexto de una quiebra fiscal, mal negociada por falta de voluntad gubernamental, puede estar cobrando nueva vida un viejo reto amenazante: la posibilidad de un nuevo proyecto de explotación minera como forma de adelantar la re-estructuración económica del coloniaje. Hay señales claras del peligro. El United States Geological Survey (USGS) actualmente lleva a cabo lo que se denomina un MRI del cuerpo terrestre y de las costas de Puerto Rico en búsqueda de la existencia de minerales o metales estratégicos. Los continuos vuelos de aviones cercanos a la tierra confirman los estudios en proceso. No es posible discutir ahora las consecuencias del escenario que puede surgir de estas investigaciones. Por ahora basta destacar el contexto de crisis en que vive el país, sin olvidar que estamos bajo la dictadura directa de la Junta de Control Fiscal. Una agenda de convergencia debe ir dirigida a derrotar y sacar del país esa dictadura.

 

 

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