CLARIDAD
El gobernador Pedro Pierluisi utilizó varios argumentos para tratar de distanciarse de sus primos Walter y Eduardo cuando estos se declararon culpables de haber hurtado cerca de $4 millones de los fondos para vivienda pública que administra su gobierno. La más comentada de sus expresiones, tal vez porque es tan torpe que provoca risa, fue la que redujo el parentesco a “primos terceros”. Sin embargo, hubo otro argumento que a diferencia de este último sigue repitiendo, que resulta ser muy revelador. Me refiero al que intenta desligarse de toda responsabilidad por el contrato de sus parientes alegando que se otorgó hace “cerca de treinta años”, cuando él lleva menos de tres como gobernador.
El contrato en cuestión era para administrar complejos de vivienda pública o “caseríos”, labor que antes realizaba la Corporación de Renovación Urbana y Vivienda (CRUV). En la década del ´80 esa labor fue privatizada y la CRUV fue eliminada. Los fondos que se utilizaban para administración de estos residenciales, mayormente de origen federal, se distribuyeron entre contratistas privados seleccionados y supervisados por el Departamento de Vivienda de Puerto Rico. La primera ola privatizadora ocurrió durante el último cuatrienio de la administración de Rafael Hernández Colón que terminó en 1992. No hay que hacer mucho análisis para saber que casi todos los agraciados de aquellos contratos fueron personas vinculadas al Partido Popular. Hubo casos de exlegisladores populares que organizaron corporaciones a toda prisa para aprovechar el nuevo guiso, una práctica que desde entonces se repite cada vez que comienza una nueva administración en la colonia.
Los contratos en cuestión eran altamente lucrativos y por tanto muy deseados. La reglamentación vigente, la de aquí y la federal, garantiza una tasa de ganancia luego de cubrir todos los gastos de administración. Si en cada caso se manejan millones de dólares, la ganancia asegurada siempre será saludable. Solo personas muy cercanas al gobierno de entonces fueron seleccionadas.
La repartición de aquellos contratos entre allegados al PPD, todo de manera muy “legal”, lógicamente irritó a los del otro lado del bipartidismo, los del PNP. Cuando en 1993 se inició la gobernación de Pedro Rosselló varios contratos fueron cancelados o no renovados, para ser trasladados a fieles novoprogresistas, lo que produjo una cadena de litigios. Gracias a esos litigios varios contratistas vinculados al PPD pudieron retener sus guisos y hasta recibieron compensaciones (que tuvo que pagar el gobierno). De todas maneras, cuando los contratos expiraron, un nuevo grupo de contratistas fue seleccionado, esta vez desde las tiendas color azul.
Si como dice el gobernador Pierluisi la empresa que organizaron sus primos entró en escena hace “cerca de 30 años”, fue una de las agraciadas durante la administración del primer Rosselló en la década del ´90. ¿Por qué obtuvieron esos contratos tan lucrativos? Nótese que el mayor de esos primos, Walter, era entonces apenas un abogado bisoño, criado en lujoso ambiente capitalino, que tal vez nunca había pisado un caserío y que mucho menos sabía cómo administrarlo. Pero entonces, ni ahora, esa ausencia de cualificaciones importaba. Lo que pesaba y pesa a la hora de ser seleccionado para algún lucrativo contrato gubernamental es la cercanía al poder, ya fuere porque trabajó en la campaña del ganador y ayudó a financiarla, o porque tiene algún pariente bien ubicado.
Cuando sus primos obtuvieron el lucrativo contrato hace “cerca de treinta años”, Pedro Pierluisi era secretario de Justicia y su padre había dirigido el Departamento de Vivienda en la administración anterior del PNP, la de Romero Barceló, por lo que obviamente el apellido ayudó. Se trataba, además, de una familia estrechamente vinculada al PNP lo que los convierte en favoritos para beneficiarse de contratos.
Cualquiera me dirá que lo que ocurrió durante las administraciones de Hernández Colón y Pedro Rosselló que, a su vez, es lo mismo que ha seguido ocurriendo desde entonces, nos es “ilegal”. Eso mismo piensa el gobernador Pierluisi cuando recurre al argumento de que el contrato de sus primos se otorgó “hace cerca de 30 años”. Todos esos tumbes son “legales”, pero no dejan de ser tumbes porque los contratos se otorgan por identificación política o familiar, o porque se trata de alguien que contribuyó en la última campaña movilizando votos o aportando dinero. Así se ha operado siempre en el Puerto Rico del bipartidismo y también así se opera en Estados Unidos, donde la cercanía a los Republicanos y Demócratas es lo que cuenta y no la idoneidad profesional.
Los primos del gobernador van para la cárcel no por el contrato que gracias al apellido o las conexiones partidistas obtuvieron hace cerca de 30 años, sino porque convencidos de su impunidad se dispusieron a robar más. Por el tumbe “legal” nadie los iba a acusar y, de no haber sucumbido a la avaricia extrema hubiesen seguido beneficiándose por 30 años adicionales.
Lo mismo sucede con tantos más. Edwin Mundo, el principal director de los traqueteos electorales del PNP, gana millones en contratos con el gobierno directamente o a nombre de corporaciones y está por ahí de lo más orondo. Durante el reciente juicio contra el exalcalde de Guaynabo su sobornador, Oscar Santamaría, decía con mucha seguridad que otros contratos municipales eran “limpios”. queriendo decir que por ellos no había pagado sobornos. Pero sí había hecho contribuciones de campaña para poder obtenerlos o tenía vínculos políticos con el alcalde en cuestión.
Esa “legalidad” es la fuente de todos los males. Los fondos públicos se reparten entre correligionarios y familiares, no porque sean los más idóneos para el trabajo, sino por la conexión.
