CLARIDAD
La organización de derechos humanos Kilómetro Cero refutó las acusaciones lanzadas por el comisionado de la Policía, Antonio López Figueroa, contra su directora ejecutiva, Mari Mari Narváez, de supuestamente hablar “con verdades a medias”.
Las acusaciones se produjeron en una conferencia de Prensa en La Fortaleza este lunes, 31 de octubre, en la cual de López Figueroa defendió la manera en que la Policía atiende los casos de violencia de género que involucran a sus miembros.
“Mari Mari Narváez trabaja con verdades a medias, y yo no voy con eso. La realidad de la Policía de Puerto Rico es, número uno, que aquí hay un sistema de justicia criminal, ¿Qué sucede? Tiene dos vertientes: si cometió el delito o no. Es tan importante el que es incurso en el delito como el que no”, declaró a la Prensa a López Figueroa. Las expresiones del comisionado contra la directora ejecutiva de Kilómetro 0 han circulado por las redes.
Según López Figueroa, el 99 % de los casos de violencia de género que involucran a policías son esclarecidos. Lo que no dijo es cuántos de estos casos terminaron en los tribunales.
La discusión pública de cómo la Policía atiende los casos de violencia de género que implica a sus miembros volvió a tener relevancia ante recientes acontecimientos. Para el 27 de octubre, el presidente del Frente Unido de Policías Organizados (FUPO) asesinó a una mujer con la cual mantenía relaciones y luego se suicidó. El pasado fin de semana se divulgó en los periódicos del país que el teniente coronel Roberto Salva, de la comandancia de Ponce, protagonizó un incidente de violencia doméstica durante una fiesta de despedida a un grupo de policías del estado de Nueva Jersey.
En comunicado de prensa, Kilómetro 0 afirmó que cuando denuncian que dentro de la Policía de Puerto Rico existe un sistema de impunidad en relación con los casos de violencia doméstica perpetrados por agentes, lo han hecho citando los informes del exmonitor de la Policía, Arnaldo Claudio. En su séptimo informe de junio del 2018, página 27, se estableció que en el año 2017, con 99 querellas por violencia doméstica contra policías estatales, ninguno de los casos resultó en convicción, mientras que el 14 % de las denuncias de violencia doméstica en la población general resultaron en condenas.
Además, en enero de 2022, la directora de la División de Violencia Doméstica de la Policía, teniente Aymeé Alvarado, aceptó que «son muy pocos los casos radicados contra miembros de la Uniformada que terminan en una convicción”.
Estas declaraciones fueron vertidas en el periódico El Vocero. Según esa misma nota, se establece que: «Aunque la política pública del Negociado de la Policía es de cero tolerancia a la violencia doméstica, en la práctica, este manifiesto se quedó corto en 2021, ya que de las 78 instancias en las que agentes fueron imputados de este delito, ningún caso prosperó en corte».
Kilómetro 0 reveló que aunque el actual monitor, John Romero, no ha actualizado las cifras de convicciones, en sus últimos dos informes advierte que el Negociado de la Policía está en amplio incumplimiento de sus responsabilidades en las áreas de violencia de género y agresiones sexuales, tanto en los casos generales como en aquellos donde hay agentes involucrados.
Además, en su sexto informe de de junio de 2022 (pág. 94 en adelante), el monitor Romero da cuenta del incumplimiento en el área de violencia doméstica. Entre otros varios incumplimientos relacionados, revela que, de una muestra analizada por la oficina del Monitor, ni uno solo de los oficiales había recibido adiestramientos en violencia doméstica que involucra a personal policial. La Policía también está en incumplimiento, porque los adiestramientos generales de violencia doméstica y crímenes sexuales no son consistentes con las políticas aprobadas.
La organización subrayó que estos son solo dos ejemplos de una lista más larga de incumplimientos en las áreas de violencia doméstica y crímenes sexuales dentro del Acuerdo para una Reforma Sostenible de la Policía.
El triunfo electoral de Luiz Inácio Lula Da Silva el pasado domingo, en la segunda vuelta de la elección presidencial en Brasil, significa un giro importante hacia el regreso de la democracia popular, y un detente al rumbo político, económico y de turbulencia social que la incumbencia del derechista Jair Bolsonaro ha marcado para la nación suramericana. Con el regreso de Lula al poder, se respiran también nuevos aires de victoria en América Latina, que ha vivido en tiempos recientes triunfos similares en Colombia, Perú, Chile y Honduras, representando una nueva coyuntura de equidad de oportunidades para las clases populares en nuestro hemisferio.
Fue una lucha reñida y un triunfo limpio para Lula Da Silva, el ex dirigente sindical y ex presidente y su Partido de los Trabajadores (PT) que, en alianza con otros sectores de la democracia brasilera, se lanzaron al rescate del país de las manos de los intereses del gran capital, y de las fuerzas más retrógradas y extremistas de la derecha política, las cuales han generado inestabilidad, confrontación y pugnas entre bandos políticos, y han profundizado la desigualdad y la pobreza a través de todo Brasil.
Pero, para entender en toda su dimensión la importancia del triunfo de Lula, repasemos su trayectoria. Nació hijo de familia muy pobre. Comenzó de jovencito a trabajar en la industria metalúrgica y durante la dictadura militar fue el líder de huelgas muy álgidas que enseñaron a los trabajadores a luchar por mejorar sus salarios y condiciones de trabajo. Luchó contra la dictadura y fundó una organización para promover la democracia electoral. Fue fundador del PT, y su candidato a presidente en tres ocasiones (1989, 1994 y 1998), en todas las cuales fue derrotado. En la cuarta vez que se postuló ganó y gobernó Brasil, y luego revalidó para un segundo término consecutivo (años 2000-2010). Los logros de su incumbencia fueron históricos. Los programas sociales Bolsa Familia y Cero Hambre lideraron la salida de Brasil del mapa del hambre de la Organización de Naciones Unidas. En sus dos términos llevó a cabo reformas radicales que lograron el crecimiento de la economía y la reducción de la deuda pública de Brasil, y sentaron las bases de oportunidad para que más de 20 millones de brasileros y brasileras salieran de la pobreza. Aparte del gran avance en la reducción de la pobreza, decrecieron también la desigualdad, el analfabetismo, la mortalidad infantil, el desempleo y la explotación laboral infantil, y hubo aumentos notables en el salario mínimo y el ingreso personal y familiar. También, se expandió el acceso a la escuela, a la universidad y a servicios de salud.
Además de ganar popularidad entre su pueblo, ganó estatura como líder mundial, pero su hoja de logros levantó el odio de sus enemigos de siempre: la oligarquía y demás sectores del gran capital que vieron su gobierno como una amenaza al estatus quo y a sus privilegios de poder y de ganancias. Por eso, se elaboró un plan para evitar que concluidos sus términos, Lula pudiese regresar a la presidencia de Brasil. Lo acusaron falsamente de lavado de dinero y corrupción, utilizaron prueba trucada y consiguieron encarcelarlo por 580 días, tiempo suficiente para que no cualificara como candidato a las elecciones de 2018. Así se impidió su candidatura y se abrió la puerta al triunfo de Bolsonaro, un político de estilo pendenciero y bravucón, y respaldado por las fuerzas más extremas y conservadoras de la derecha autoritaria.
Los cargos contra Lula fueron eventualmente desestimados porque eran falsos, y fue excarcelado. Así pudo presentarse a esta elección, en la cual siempre estuvo al frente en las encuestas de intención del voto, finalmente obteniendo el endoso de 60 millones de votantes, dos millones más que su contrincante. Un Lula, totalmente reivindicado, aceptó con humildad su triunfo, mientras su opositor tardó tres días en decir públicamente que respetaría la constitución, y autorizaría la transición de gobierno.
Con la próxima juramentación de Lula y su equipo de trabajo apenas comienza la lucha por nuevamente poner a Brasil sobre sus pies. No será tarea fácil. Hay diferencias ideológicas profundas que dividen al país en dos grandes polos. Pero, sobre todo, está la amenaza latente a los derechos democráticos alcanzados por el pueblo por parte de las fuerzas recalcitrantes del autoritarismo, y de la discriminación, la exclusión y la represión contra los disidentes. Habrá que luchar también para que se profundicen las reformas económicas y sociales que encaminaron a Brasil hacia una sociedad más igualitaria y con mayores oportunidades para todos y todas. Neurálgica es también la lucha por la preservación y supervivencia de la región del Amazonas- el pulmón de nuestra América- ahora mismo en absoluto riesgo no solo por el cambio climático y la deforestación, sino por la codicia y las estrategias de depredación y exterminio de quienes quieren saquear sus recursos y eliminar a sus habitantes. Sin duda, Brasil se encuentra hoy ante un panorama incierto que requiere la mano firme y compasiva de un liderato político maduro, competente y comprometido, como la alianza que encabeza un estadista de calibre mundial, como Luiz Inácio Lula Da Silva.
CLARIDAD
A más de dos años de la aprobación de la Ley de Transparencia y Procedimiento Expedito para el Acceso a la Información Pública, el rendimiento y cumplimiento del Gobierno de Puerto Rico con esa ley es uno deficiente e inconsistente.
“El Gobierno hace muy poco para mejorar el estado de la transparencia en el país y no le ha dado seguimiento continuo, apenas una carta oficial. No hay nadie a cargo para impulsar de manera afirmativa y consistente el cumplimiento de esta política pública”, indicó el licenciado Carlos Francisco Ramos Hernández, quien dirigió una investigación sobre el cumplimiento de la Ley de Transparencia para el Centro de Periodismo Investigativo (CPI) con la colaboración de estudiantes del Programa de Pro Bono de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana. Los resultados de la investigación recogidos en el informe La transparencia en Puerto Rico: Informe sobre el (in)cumplimiento del Gobierno en la implementación de la Ley 141 de 2019 fueron presentados en días recientes en la citada Facultad.
La Ley de Transparencia dispone que cada agencia del Ejecutivo y de los municipios identifique al menos a tres servidores públicos entre sus empleados existentes, de éstos, dos deberán ser de carrera, los cuales serán designados como oficiales de información. Esta designación se supone que no conlleve la contratación de personal nuevo, con lo que se asume que no requiere más gastos del erario; es decir, que debe ser un funcionario que ya está en la nómina de la agencia o municipio. Hay que aclarar que no se trata de un empleado que va a realizar funciones de un oficial de prensa. La función del oficial de información es recibir las solicitudes de información, tramitarlas y facilitar el acceso a documentos.
Hallazgos principales
Entre los hallazgos principales, la investigación reveló que:
Si bien el 98 % de los oficiales de información fueron designados en la Rama Ejecutiva, solo el 39 % de las agencias tiene disponible en sus páginas web —como manda la ley— la información de contacto (nombre, correo electrónico y número de teléfono) del funcionario.
Por parte de los municipios, el 76 % tiene designados a sus oficiales de información, solo dos de ellos tienen disponibles en sus páginas web la información de contacto.
Resalta que el 25 % de los Oficiales de información en la Rama Ejecutiva y el 68 % en los municipios fueron designados después y en respuesta a la solicitud de información cursada por el CPI.
En el caso de la Fortaleza y la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), tampoco tienen disponible en sus páginas web un directorio centralizado con la información de contacto de los OI, como exige la ley.
De una muestra de 22 agencias, solo 13 habían ofrecido a sus OI los adiestramientos educativos que requiere la ley.
Desde que la ley entró en vigor, solo el 26 % de las agencias han rendido al menos uno de los informes estadísticos mensuales requeridos que recoge el número de solicitudes de información recibidas, el tipo de información solicitada y el estatus de estas. Solo el 18 % tiene disponible estos informes en sus páginas web.
Por parte de los municipios, ninguno ha rendido sus informes mensuales.
A la luz de los hallazgos, Ramos Hernández apuntó que de no haber sido por las comunicaciones cursadas por CPI, la situación sería peor. “De poco sirve la designación en prácticamente todas las agencias y municipios si estos oficiales no saben que han sido nombrados, no conocen las responsabilidades de la ley ni han entendido las decisiones judiciales que ha habido del Tribunal Supremo sobre este asunto”. Debido a que la mayoría de las agencias no han rendido sus informes estadísticos, tampoco hay datos confidenciales que permitan ver el cumplimiento de la ley y promover el cambio de política pública de manera informada con datos confiables.
En el caso de la Rama Ejecutiva, no fue hasta julio del 2021 que la secretaria de la Gobernación, Noelia García Bardales, emitió una carta circular (Núm. OSG-2021-015) a las agencias de gobierno para que en o antes del 16 de julio designaran y certificaran a sus tres funcionarios como OI.
Aun cuando la ley requiere que los OI sean adiestrados sobre el contenido, la reglamentación, los procedimientos aplicables, sus obligaciones jurídicas e incluso adiestramiento sobre la jurisprudencia establecida por el Tribunal Supremo en materia de acceso a la información pública, esta no dice qué entidad gubernamental debe coordinar e impartir estas capacitaciones.
La investigación reveló que la falta de esta designación de tener un adiestramiento uniforme ha dado margen para que cada agencia o municipio haga lo que quiera. El licenciado Ramos Hernández narró que solicitaron información a la Oficina del Gobernador sobre quién había adiestrado a sus OI y la respuesta fue que no habían provisto adiestramiento a sus propios oficiales porque la ley no es clara. Según dijo, la oficina del gobernador había subsanado esa falta designando a unos abogados como oficiales de información para que de manera informal adiestrara a sus oficiales.
“Hemos visto de todo, personal de abogados de las mismas agencias, contratación de bufetes, pero la realidad es que no hay una persona encargada para dar los adiestramientos y cada cual está haciendo lo que quiere. Eso tiene un efecto adicional. Una práctica que hemos visto es que algunas agencias están añadiendo formularios, reglamentos, cosas que la ley no pide”. Algunos de estos reglamentos y requerimiento son contrarios a la ley y el derecho constitucional de acceso a la información pública. Una de estas agencias que tiene disposiciones contrarias a la ley es el Instituto de Cultura Puertorriqueña (ICP).
En el caso de los municipios, se encontró que la mayoría dijeron desconocer la ley y otros dieron de excusa que no pudieron cumplir a tiempo debido a la pandemia del covid. Pero según la fecha de aprobación, y dispuesto en la ley, los nombramientos, se supone que debieron haber ocurrido antes de que llegara la pandemia. El 45 % de los municipios ha sido demandado desde que la ley entró en vigor. En los municipios también se encontró que tampoco hay un criterio de quién tiene que ser un oficial de información. “Eso varía. Hemos visto de todo, abogados, CPA, choferes, asistentes administrativos que son oficiales de información. Sabemos que los nombran por decir que cumplieron y salir del paso, no necesariamente porque entiendan el alcance de las funciones que conlleva”, explicó Hernández.
El periodista, fundador del CPI y codirector de su Programa de Transparencia,Oscar Serrano, resaltó la importancia de la fiscalización de los municipios, dado a que los alcaldes recurrentemente están buscando más poder para sus municipios, buscando descentralizar funciones del Estado, lo que conlleva que se les traspase dinero de manera directa y más responsabilidad, lo que exige más fiscalización.
“Cada agencia está desarrollando sus propios reglamentos y formularios de forma fragmentada y errática, que obstaculizan en vez de facilitar el acceso a la información y la rendición de cuentas”, señaló el abogado de interés público de Equal Justice Works en el CPI.
Con el propósito de buscar remediar este incumplimiento, el CPI presentó acciones judiciales contra el Departamento de Educación, Departamento de Seguridad Pública y Departamento de la Vivienda. Asímismo, se presentó una acción legal en contra de 16 municipios: Añasco, Arroyo, Camuy, Fajardo, Florida, Guayanilla, Jayuya, Lajas, Maunabo, Río Grande, Santa Isabel, Toa Baja, Trujillo Alto, Utuado, Yabucoa y Yauco.
CLARIDAD
Tan pronto la autoridad electoral de Brasil reconoció a Lula da Silva como presidente electo, desde Washington, Paris, Madrid, Ottawa y desde muchas otras capitales del llamado Occidente se emitieron declaraciones oficiales felicitando al ganador. En Europa ya era de madrugada, pero ninguno de sus principales jefes de gobierno quiso esperar a la mañana, aun cuando en algunos casos, como Francia, las cercanías ideológicas de su presidente, Emmanuel Macron, no coincidieran con las de Lula. A pesar de la hora y de las diferencias políticas las felicitaciones fluyeron.
Esa prisa por felicitar al ganador habla mucho no solo de la importancia de Brasil como país, sino también de la enorme preocupación que la contienda electoral brasileña generaba en el testo del mundo. Con sus 215 millones de habitantes y la magnitud de su economía, además de su enormidad territorial, Brasil es uno de los gigantes del planeta y cualquier jamaqueón repercute mucho más allá de sus fronteras. A esa importancia material se suma la gran similitud ideológica entre el ahora derrotado Bolsonaro y los movimientos políticos que en estos momentos avanzan en Europa y el que puede estar a punto de regresar al poder en Estados Unidos.
Jair Bolsonaro, Donald Trump, la nueva gobernante italiana Giorgia Meloni y la casi ganadora francesa Marine Le Pen, están en el mismo encasillado. Junto a ellos está, además, el Vox español que ahora mismo cogobierna en algunas regiones y que aspira a formar parte de una próxima coalición que asuma el poder en España. Se trata de un movimiento de amplias ramificaciones, que conforman algo parecido a una nueva “internacional de extrema derecha”, muy similar al nazi-fascismo que hace exactamente un siglo comenzó a crecer en Europa. (Causa escalofríos recordar que la “marcha sobre Roma”, que catapultó al poder a Benito Mussolini en Italia, trascurrió del 27 al 29 de octubre de 1922. Aquel sería el primer gran triunfo del fascismo. Nadie debe olvidar que tanto Mossolini como Hitler asumieron el poder aprovechando el sistema electoral que luego reprimieron. Ambos llegaron al mando aceptando las reglas de un juego que luego alteraron, primero minando y desprestigiando el sistema desde adentro y posteriormente acudiendo a la peor de las represiones.)
Bolsonaro y Trump se parecen mucho, y no solo por sus gritos, sus gestos y desplantes. Ambos postulan el retroceso social y la consolidación de las elites, eliminando los avances de los grupos marginados. Ninguno de los dos cree en el sistema político que les permitió llegar a la presidencia y desde esas instancias poderosas han tratado de dinamitarlo. No es casualidad que, igual que el estadounidense, desde antes de la votación Bolsonaro estuviera hablando de “fraude”, estimulando a los grupos de choques que los apoyan.
Tras los recientes desarrollos en Europa, en particular, tras el ascenso al poder de la ultraderecha italiana, y con las elecciones de medio término de Estados Unidos programadas para el próximo 8 de noviembre, la contienda entre Bolsonaro y Lula en Brasil tenía importancia estratégica. Si esa misma ultraderecha se consolidaba en Brasil, la sensación de “ola imparable” estuviera ahora mismo recorriendo el mundo, afectando de alguna manera la contienda estadounidense y aún más los procesos políticos europeos.
Afortunadamente la ola que aumenta es otra. Tras el triunfo de Gabriel Boric en Chile y, más recientemente, el de Gustavo Petro en Colombia, casi toda América del Sur tiene gobiernos identificados con la izquierda y comprometidos con su pueblo. Ecuador, Paraguay y Uruguay son las excepciones, pero en el enorme mapa suramericano son pequeñas islas.
Esa ola progresista contrasta con la tendencia que se anuncia en Estados Unidos donde, a una semana de las elecciones, las encuestas predicen que el “trumpismo”, que domina el tradicional Partido Republicano, ganaría el control del Congreso el próximo 8 de noviembre. El efecto que el desenlace brasileño pudiera tener en Estados Unidos no sería mucho por el distanciamiento del público estadounidense hacia los latinoamericanos, pero ojalá escuchen.
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