Mirada Cooperativista

Por Mildred Santiago Ortiz

Especial para CLARIDAD

En Puerto Rico, cuando se menciona el cooperativismo lo primero que viene a la mente de muchas personas son las cooperativas de ahorro y crédito. No es para menos, en 76 de los 78 municipios hay una cooperativa o sucursal de estas ofreciendo servicios de excelencia. Además, fomentan el ahorro y resuelven necesidades al sector de la población que más lo necesita.  Todo lo anterior con un impacto en el quehacer social, cultural y deportivo de las comunidades de su entorno. Después del huracán María fueron más los que ingresaron al sistema pues pudieron palpar en primera línea el compromiso del cooperativismo con el pueblo. Las cooperativas respondieron con prontitud, solidaridad y empeño.

Dicho eso, es preciso señalar que el cooperativismo ha experimentado un importante desarrollo en otras áreas de nuestra economía y nuestro quehacer social. La gestación de cooperativas de tipo diverso ha potenciado la creación de empleos, ha originado productos nativos y ha estimulado diversas iniciativas empresariales.

Las cooperativas son entidades autónomas y privadas organizadas por las personas de forma voluntaria y alrededor de intereses y necesidades comunes. Se rigen por valores y principios cooperativos en un entorno de participación democrática. Las de ahorro y crédito se rigen por la Ley Núm. 255, Ley de Sociedades Cooperativas de Ahorro y Crédito de 2002. Las de Tipos Diversos se organizan bajo las disposiciones de la Ley 239, Ley General de Sociedades Cooperativas de Puerto Rico de 2004. En ambas leyes están las disposiciones principales para el funcionamiento de estas organizaciones. Es importante señalar que en su función de promoción del modelo el gobierno debe procurar políticas públicas que limiten la intervención del Estado. En la actualidad el regulador de todas las cooperativas de Puerto Rico es la Corporación para la Supervisión y Seguir de Cooperativas, COSSEC.

En las cooperativas de ahorro y crédito se puede entender fácilmente la función de regulación que emana del interés del Estado y de la ciudadanía en la transparencia en las operaciones. El mundo financiero es complejo y altamente regulado mundialmente. En el caso de las cooperativas de tipos diversos la práctica en muchos países, incluso en Estados Unidos, es que son reguladas por entidades relacionadas con la industria en la cual operan. Es decir, si es una cafetería cooperativa tiene que cumplir con disposiciones del Departamento del Trabajo, de Salud, Hacienda, Bomberos, entre otros. Además de lo anterior bajo el modelo cooperativo y por disposiciones de ley deben rendir informes financieros y de labor realizada ante sus socios reunidos anualmente en asambleas. El modelo cooperativo tiene la estructura del Comité de Supervisión que tiene la función de examinar las operaciones y rendir informe ante la asamblea anualmente.

A tenor con esta tendencia, hace varios meses que el liderato cooperativo viene haciendo el reclamo de que se flexibilicen los procesos regulatorios del sector de tipos diversos, como un elemento para propiciar un resurgimiento del modelo cooperativo para paliar las necesidades y carencias que afectan nuestra economía y sociedad.  El país necesita más cooperativas de vivienda, agrícolas, de salud, de trabajo asociado, de energía, de usuarios y productores, en fin, de tipos diversos. El modelo cooperativo posee unas ventajas por su estructura participativa y genera riqueza que es distribuida entre todos los participantes. El marco de acción definido por sus valores y principios es su mayor fortaleza. Su trayectoria histórica y desarrollo es otra de sus fortalezas que le han ganado la confianza del pueblo.

El modelo cooperativo requiere una asistencia y proceso de educación que varias organizaciones proveen. El Instituto de Cooperativismo de la Universidad de Puerto Rico tiene un proyecto de incubadora de cooperativas, el Fondo de Inversión y Desarrollo Cooperativo recién ha iniciado otro proyecto de asistencia para las cooperativas existentes, la Liga de Cooperativas de Puerto Rico ofrece orientaciones gratuitas y asistencia a grupos en gestación y la entidad gubernamental Comisión de Desarrollo Cooperativo tiene recursos para orientar a grupos interesados. Lo que resulta insostenible es que toda iniciativa de nueva formación, por disposición de las leyes y reglamentos vigentes, tiene que gestionar su inscripción y permiso de funcionamiento con la Comisión de Desarrollo Cooperativo y con la Corporación para la Supervisión y Seguro de Cooperativas.

Estos requerimientos estatales alejados de los aplicables a otros ordenamientos, lejos de fomentar el cooperativismo, dificultan la organización cooperativa. Cualquier persona o grupo que desea organizar un emprendimiento, bajo otros ordenamientos, lo puede hacer en días y hasta en línea. Sin embargo, si el grupo es cooperativo es otro cantar.

En días recientes se divulgaron los trabajos de los estudiantes de la maestría en Gestión Cooperativa y Organizaciones Solidarias del Instituto de Cooperativismo de la UPR que está haciendo una aportación extraordinaria con este programa que promueve la investigación en el sector cooperativo. La líder cooperativista Sonia González Serrano presentó su trabajo titulado: Análisis del proceso de registro e incorporación de cooperativas de tipos diversos en Puerto Rico. En este trabajo se realiza una investigación extraordinaria en la cual se llegan a conclusiones que deben ser tomadas en consideración si queremos fortalecer el cooperativismo en su gran diversidad. Se destaca la incongruencia entre los términos dispuestos en ley para lograr que un grupo llegue a operar. La ley vigente dispone un término de 45 días a la Comisión de Desarrollo Cooperativo para trabajar el proceso de examen de documentos constitutivos que antecede a la incorporación.

Según el trabajo realizado no hay constancia ni datos sobre la cantidad de días que toma el proceso desde la fecha de radicación de documentos hasta el momento de incorporación. En su gestión de investigación solicitó a esa agencia información y contestaron que el proceso no tiene tiempo específico y que todo depende del interés y las gestiones de los grupos interesados. Anticipando esa dejadez gubernamental la propia ley tiene una cláusula de silencio que dispone que, transcurridos 45 días, los grupos pueden radicar directamente la solicitud en el Departamento de Estado. La investigadora solicitó datos a esa agencia sobre el particular y no recibió contestación. A lo anterior, se suma que una vez es registrada oficialmente la cooperativa tiene que cumplir con el proceso dispuesto en COSSEC para emitir el permiso de operaciones. Este otro asunto puede tomar 79 días, según un informe interno de la corporación.  La disposición legal vigente establece que deben ser 30.

De otra parte, la estudiante y cooperativista Lyssette Estévez Martínez investigó y presentó otro trabajo magistral: Trasfondo y Análisis de la Eficacia de la Política Pública sobre el Fomento y la Supervisión de las Cooperativas de Tipos Diversos en Puerto Rico 2009-2020. Fue impresionante el hallazgo y la investigación que concluyó que actualmente una cooperativa de tipo diverso tiene que cumplir con 30 cartas circulares 18 Cartas Informativas y 12 reglamentos vigentes, entre estos el reglamento 7322-2007-OIC que dispone los requisitos para otorgarle el permiso de operaciones. Concluye, luego de su proceso de investigación, entre otras recomendaciones la necesidad de que se revise la función gubernamental de fomento y supervisión. Destaca que hay que revisar toda la regulación vigente sin menoscabar la autonomía de las cooperativas. En ese aspecto hace una recomendación que coincide con el reclamo del sistema cooperativo. Esta es que esas cooperativas deben ser reguladas por el sector o la industria a la cual pertenecen y que la promoción del modelo y supervisión deben estar a cargo a un organismo cooperativo en coordinación con un oficial asignado desde la Fortaleza.

Ambos trabajos ponen al relieve la calidad de la maestría en Gestión Cooperativa y Organizaciones Solidarias que está desarrollando en Instituto de Cooperativismo de la UPR y deben ser lecturas obligadas de todos los que aspiramos a facilitar un desarrollo vigoroso del modelo en el país. La realidad es que así no se puede. Es urgente y necesario una revisión completa de estos procesos. Las cooperativas de tipos diversos no necesitan regulación excesiva e innecesaria. Necesitan asistencia, acompañamiento del sector cooperativo, respeto a su naturaleza autónoma y que la regulación sea ágil y que responda al desarrollo de modelo cooperativo. No hay tiempo que perder para darle fuerza y vida al cooperativismo.

Comentarios a: mildredkairo@gmail.com

Especial para CLARIDAD

En el año 2019 y bajo el gobierno de Ricardo Rosello, se aprobó la Ley de Política Publica Energética que tenía como objetivo, entre otros, la eliminación progresiva del uso de combustibles fósiles como fuente de generación de energía. Con este fin, se dispuso que, para establecer sistemas de energía renovables en el país, debía paulatinamente eliminarse el uso de combustibles fósiles, bajo el siguiente plan: eliminar 20 por ciento de combustibles fósiles al 2022; 40 por ciento al 2025; 60 por ciento al 2040; y un 100 por ciento para el año 2050. Esta legislación proponía, además, “…una reconstrucción, modernización y actualización rápida y efectiva de la red para desarrollar un sistema robusto, confiable, inteligente y flexible que pueda integrar nuevas tecnologías y mayor energía renovable. La nueva ley también establece la transferencia de la operación y el mantenimiento de la transmisión y distribución de energía a un concesionario mediante alianza público-privada (APP) en o antes del 31 de diciembre de este año”. (Microjuris al Dia, 12 de abril de 2019). Con ello comenzó la privatización del sistema de energía eléctrica en Puerto Rico, que hasta entonces había estado en manos de la corporación publica, Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).

Bajo procesos poco transparentes que fueron denunciados por la Unión de Trabajadores de la industria Eléctrica y Riego (UTIER), así como por el representante del interés público de la AEE, el Ing. Tomás Torres Placa, la entonces gobernadora, Wanda Vázquez, firmó el contrato que fue avalado por la Junta de Gobierno de la AEE, así como por la Junta de Control Fiscal (JCF), que rige los destinos del país. Tanto Vázquez como la JCF lo catalogaron como “lo mejor para Puerto Rico”. En una reunión que duró solo 43 minutos, la Junta de Gobierno de la AEE “discutió” y aprobó el contrato de 336 páginas. Dicho contrato cedió, a partir del 2021, la transmisión, distribución eléctrica y la administración del servicio al cliente a la empresa Luma Energy, LLC. (LUMA), un consorcio formado por ATCO Ltd., un operador canadiense de sistemas eléctricos y Quanta Services Inc., un proveedor de soluciones de infraestructura para la industria de energía eléctrica, con base en Texas. Según los términos del contrato negociado por la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas (AAPP), LUMA Energy se encargaría de la operación y mantenimiento del sistema de transmisión y distribución por un término de 15 años, a un costo para el pueblo de $1,500 millones. LUMA tendría la gerencia de áreas como servicio al cliente y facturación, oficinas comerciales, empleados, compra de combustible y suministro y el Centro de Operaciones de Energía de Monacillos.

Durante la campaña política del año 2020, el candidato Pedro Pierluisi, se comprometió a fiscalizar el contrato, a defender los empleos de los trabajadores de la AEE y a proteger sus pensiones. Pierluisi ofreció, además, no solo que no habría aumentos a la factura, sino que su costo bajaría. Como gobernador electo y ante los continuos cuestionamientos que se levantaron en torno al contrato, Pierluisi, nombró a Larry Seilhammer, secretario de Estado designado, para fiscalizar el contrato y para evaluar las enmiendas propuestas por la UTIER. Las enmiendas fueron desatendidas y las promesas hechas por Pierluisi, violentadas. Ante todas las polémicas surgidas, varios miembros de la Asamblea Legislativa le solicitaron a Pierluisi posponer la vigencia del contrato por seis meses, a lo que Pierluisi, tajantemente, se negó.

Las críticas al contrato de LUMA Energy, de parte de conocedores en la materia, no se hicieron esperar. La Cámara de Representantes liderada por el hoy legislador independiente, Luis Raúl Torres, inició vistas públicas para investigar y evaluar el contrato. El Centro para la Nueva Economía (CNE) recomendó renegociarlo y el ex director de la AEE, Ing. Héctor Rosario, cuestionó los alegados ahorros que el gobierno decía que produciría dicho contrato. Tom Sanzillo, director de análisis financiero del Instituto de Energía Económica y Análisis Financiero (IEEFA) por sus siglas en inglés) declaró, entre otras cosas, que el contrato no garantizaba adecuada supervisión de la operación del sistema de transmisión y distribución, había costos adicionales ocultos, los prometidos ahorros eran cuestionables, carecía de métricas en la ejecución y se haría mal uso de la fuerza laboral.

Entre los hallazgos de la investigación de la Cámara de Representantes están que Luma Energy no existía cuando la AAPP evaluó las calificaciones de las empresas interesadas en contratar la gerencia del sistema de transmisión y distribución y que nada en el contrato impedía que Luma adjudicara a sus subsidiarias o matrices, la reparación de la red eléctrica, utilizando las asignaciones federales asignados como resultado de los huracanes Irma y Maria. La implementación del contrato costaría al gobierno $894 millones, sin que se conociera la fuente de donde se obtendría ese dinero. A LUMA se le reembolsaría hasta por gastos de «entretenimiento» de sus ejecutivos.  La Cámara de Representantes le requirió a la gerencia de Luma Energy proveer una serie de documentos, los que estos se negaron a entregar. Ello provocó un arduo proceso judicial que culminó con la expedición de una orden de arresto por desacato contra el CEO de dicha empresa, Wayne Stensby, la cual nunca llegó a diligenciarse.

Ante la negativa de miles de trabajadores de la AEE de integrarse a LUMA Energy, estos fueron desplazados y enviados a diferentes agencias a realizar trabajos no relacionados con sus destrezas y peritaje, recurriendo LUMA a personal inexperto cuya falta de destrezas y desconocimiento del sistema de energía eléctrica ha ocasionado enormes fallas en la operación del sistema de transmisión y distribución. Ello ha conllevado que el pueblo esté recibiendo un servicio deficiente donde los apagones son la orden del día, su duración excede las métricas de los que se experimentaban con la AEE, los enseres eléctricos y los alimentos se dañan, la ciudadanía tiene que invertir en placas solares y generadores y los comerciantes ven afectadas sus operaciones, sufriendo enormes pérdidas económicas. La AAPP, que tiene dos representantes del interés público, el Negociado de Energía, así como el gobierno de Pierluisi, han abdicado su responsabilidad de fiscalizar al consorcio. Mientras, los ejecutivos del consorcio se llevan una gran tajada de dinero a sus bolsillos y se burlan del país.

A un año de la entrada de LUMA Energy en la operación del sistema de trasmisión y distribución de energía eléctrica, ha habido siete aumentos a la factura, todos autorizados por el Negociado de Energía y cerca de 8 explosiones en diversas subestaciones a lo largo y ancho del país. Comienzan a levantarse innumerables reclamos públicos de que el pueblo se lance a la calle y que se cancele el contrato suplementario que vence el próximo 30 de noviembre de 2022. Hasta la comisionada residente, Jennifer González, en un acto manifiestamente oportunista, se montó en la ola de la indignación popular y reclamó la cancelación del contrato. Ante esta coyuntura se avecinan tiempos difíciles para Pierluisi, quien ha sujetado la cancelación a un “incumplimiento sustancial”. El pueblo lanzó el reto: si no se cancela el contrato, veremos el otoño de 2022 y la segunda salida involuntaria de Pierluisi de la gobernación. Sin duda alguna, LUMA se convirtió en su Waterloo.

 La autora es la Presidenta  del Movimiento Unión Soberanista