Universidad de Puerto Rico: la quieren pequeña

Desde que la Junta de Control Fiscal (JCF) tomó las riendas de Puerto Rico en 2016, tras la aprobación por el Congreso de Estados Unidos de la Ley PROMESA, uno de sus principales objetivos ha sido transformar a la Universidad de Puerto Rico (UPR) al modelo de las universidades estatales en Estados Unidos. Si el modelo es aplicable o no en nuestro país, para ellos no es importante. Lo importante es el resultado: que la universidad pública sea pequeña, tecnocrática y alineada con las necesidades de mano de obra de las grandes empresas, y con finanzas autónomas que no dependan del subsidio gubernamental. La llegada de la JCF coincidió en el tiempo con la elección de Ricardo Rosselló y su gobierno del Partido Nuevo Progresista (PNP), que a su vez fue sucedido por Wanda Vázquez y su gobierno del PNP, que a su vez fue sucedido por Pedro Pierluisi y su gobierno, también del PNP.

En conjunto, las medidas aplicadas a la UPR por la JCF y los tres gobiernos del PNP entre 2017 y 2022 han precipitado una tormenta perfecta en el sistema universitario público de nuestro país, con consecuencias catastróficas para la institución, tanto en su estabilidad económica, como en la calidad y cantidad de su oferta académica y de servicios, su gobernanza, y lo que es peor, el balance de conocimiento y experiencia de su facultad y administración. Sin duda, dichas medidas obedecen a una estrategia de matices ideológicos, especialmente diseñada para “voltear patas arriba” nuestro tradicional modelo universitario público.

Para los ideólogos del capitalismo neoliberal, dueños del gobierno de Washington y mayoritarios en la JCF, la receta aplicada es la misma que se aplica en otros países y ciudades del mundo con problemas de deuda pública multimillonaria como la nuestra. Se trata de una fórmula ganadora para el capital y perdedora para las poblaciones de dichos países, sobre todo para sus sectores más desventajados: control extremo del gasto público, contracción del aparato gubernamental, encarecimiento y racionamiento de los servicios esenciales, y privatización de todo bien público que tenga valor de cambio y sea atractivo para el gran capital. Por su parte, para los ideólogos anti puertorriqueños y anexionistas de los gobiernos del PNP, la JCF les puso la oportunidad “en bandeja de plata.” Por décadas había sido su objetivo controlar la Junta de Gobierno y la administración central de la UPR, no solo para convertirla en una agencia de empleo particular para los protegidos de su partido político sino también para “limpiarla” de su esencia de universidad puertorriqueña y latinoamericana, y transformarla en un espacio silente y removido de los problemas y la realidad del País, donde no haya terreno fértil para el pensamiento, la creación, y el debate de ideas, tan necesarios en las sociedades dinámicas con proyectos de futuro. Para los líderes del anexionismo, el proyecto de futuro para Puerto Rico es que se hunda cada vez más en la  dependencia extrema de fondos y programas del gobierno de Estados Unidos, y para eso no se necesita una universidad como la UPR.

Por todo lo anterior, la propuesta del presidente de la UPR, doctor Luis Ferrao Delgado, de eliminar la prueba del College Board como uno de los requisitos para admitir un estudiante a la universidad luce más como una distracción que como un esfuerzo serio para buscar soluciones reales y fundamentadas a la merma en la cantidad de estudiantes que solicitan ingreso de primer año a la UPR. Este año académico 2022-2023, la cifra de estudiantes admitidos fue 11% menor que la del año pasado. No sabemos si la propuesta del doctor Ferrao se basa en evidencia empírica de que el requisito de la prueba de College Board es un factor preponderante en la decisión de un estudiante de solicitar o no admisión a la UPR. Tampoco sabemos cuántos de los estudiantes solicitantes fueron rechazados por sus resultados en las pruebas de College Board.

Lo que sí sabemos,  porque ha sido objeto de un amplio debate dentro de la propia universidad, y en medios de prensa, radio y televisión, es que los recortes al presupuesto y las medidas de austeridad impuestos por la JCF a la UPR, han provocado alzas irrazonables en los costos de matrícula, la reducción de ofrecimientos académicos y otros servicios a los estudiantes, la congelación de plazas de profesores y el reclutamiento masivo de profesores sin plaza, factores todos que afectan directamente la calidad y el funcionamiento de importantes programas académicos, comprometiendo el cumplimiento y la acreditación de los mismos.

La UPR no necesita más experimentos fallidos que sigan comprometiendo su viabilidad futura. Por el contrario necesita ser protegida, defendida y fortalecida, no solo para que pueda enfrentar con éxito los retos que le presentan la emigración y la reducción poblacional, sino también para que pueda prevalecer ante la feroz ofensiva de sus enemigos. Necesita ser despolitizada para que ningún partido político pueda utilizarla con fines anti universitarios. El resultado de la gestión de la UPR, en su trayectoria de más de un siglo, se evidencia en las decenas de miles de sus egresados- profesionales, educados y laboriosos- que conforman un sector principal de la creación y la productividad en Puerto Rico. Nuestro país no puede permitir que venzan en la UPR las fuerzas que la quieren empequeñecer.

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