Corresponsal CLARIDAD

 La Habana, Cuba-¿Está usted de acuerdo con el Código de las Familias? Esa es la pregunta que deberán responder los cubanos y cubanas el próximo 25 de septiembre cuando se lleve a referendo nacional el nuevo proyecto de Ley que regirá los derechos y las responsabilidades de las familias en el país.

El nuevo código, aprobado el pasado 22 de julio por los diputados de la Asamblea Nacional de Cuba, requiere finalmente del voto popular para su validación y su inclusión en la Carta Magna.

“Quedará en manos del soberano la última decisión. Estamos convencidos de que en su momento, mayoritariamente, el pueblo cubano hará suyo este código revolucionario, inclusivo y democrático”, aseveró Homero Acosta, secretario de la Asamblea.

El código se considerará aprobado si recibe más del 50% de los votos válidos depositados en las urnas, y en el referendo podrán votar todos los ciudadanos mayores de 16 años, tal y como establece la Constitución de la isla. En el exterior podrán votar colaboradores de las misiones cubanas, así como miembros de las delegaciones diplomáticas; otros ciudadanos cubanos residentes fuera del país necesitarán viajar a la isla para participar en el referendo en la fecha establecida.

Según las autoridades del Consejo Electoral Nacional (CEN), órgano que rige los procesos electorales en la nación caribeña, ya se han habilitado más de 21.000 colegios a lo largo de todo el país y se trabaja en la capacitación de los funcionarios que prestarán servicio en la consulta. También se brinda especial atención a los casi 40.000 nuevos votantes –jóvenes mayores de 16 años– que estarán habilitados para votar por primera vez al momento del referendo.

De ser aprobado por la población cubana, el nuevo código reemplazará al actual, vigente desde 1975, en su momento considerado uno de los más avanzados de la región. Hoy la realidad del país caribeño es otra y ante los cambios sociales que atraviesa la isla las autoridades han afirmado que la legislación “necesita atemperarse a los tiempos” y a las “nuevas formas” de las familias cubanas.

El Código de las Familias aprobado por la Asamblea Nacional –y previamente analizado y discutido en amplios debates populares en todo el país– contiene más de 400 artículos que abordan disimiles aspectos de las familias cubanas, desde el reconocimiento de la unión entre parejas del mismo sexo, los derechos de las personas mayores de edad, hasta la igualdad de género en el seno familiar.

De manera general, el código busca reconocer y proteger a los sectores vulnerables de la sociedad, abordar y prevenir la discriminación y la violencia en el espacio familiar, reconocer los derechos de las personas adultas mayores, incorporar la posibilidad de la gestación solidaria, transformar el sistema de uno de patria potestad a uno de responsabilidad en las relaciones entre padres e hijos –es este uno de los artículos más polémicos–, garantizar el derecho de todas las personas a fundar una familia y contraer matrimonio y reconocer cono carácter oficial a la figura de los cuidadores familiares; entre otras tantas cuestiones.

La población cubana tendrá ahora poco más de dos meses para volver a leer y estudiar el proyecto y decidir si votará SÍ o NO a la pregunta del referendo. El proyecto en sí mismo, no obstante, no le es ajeno a los cubanos y cubanas; antes de su aprobación en el Parlamento, se efectuaron en toda Cuba más de 79.000 reuniones en los barrios, en las que participó el 75% de la población, durante los meses de febrero a mayo. Fue precisamente de esos encuentros de donde emanaron las dudas, incomodidades y propuestas que finalmente fueron tomadas en consideración para la redacción última del actual proyecto en cuestión.

En palabras de la activista y directora del Centro Nacional de Educación Sexual de Cuba (Cenesex), Mariela Castro, se trató de “un proceso impecable de participación popular, de ejercicio democrático” el que dio como resultado el documento que hoy está en consideración del pueblo.

“Había quienes no creían que este código iba a ser posible […] a este paso se ha llegado cuidadosamente, en diálogo permanente. Gracias a la Revolución, que dio posibilidades de avanzar en todos los elementos que vamos colocando en nuestra vida colectiva, superando prejuicios”, expresó Castro durante las sesiones de aprobación del código.

LA CAMPAÑA EN CONTRA

El nuevo Código de las Familias que podría entrar en funcionamiento antes de que acabe el verano de este año no ha estado, por supuesto, exento de críticas ni objeciones por parte de la población –como es normal en toda sociedad democrática–, y mucho menos le han faltado las campañas de manipulación y mentiras –la mayoría de ellas operadas desde las redes sociales– por parte de quienes han tomado el proyecto como bandera política para atacar a la Revolución.

Por ejemplo, en grupos de venta de Facebook o Telegram –muy populares en Cuba y con miles de seguidores– se comparten a diario Fakenews en las que se alega que el nuevo código quitará a los padres la patria potestad de sus hijos; en otros casos se realizan supuestas encuestas con preguntas viciadas para medir la “opinión” del pueblo cubano con respecto a las nuevas concepciones de familia incluidas en la Ley.

Tales campañas han llegado al punto de apelar, desde una visión fundamentalista y ultraconservadora, a los “derechos” de los menores de edad, afirmando que la medida pretende “obligar los niños a ser educados en un entorno de homosexualidad”, haciendo alusirón a las parejas del mismo sexo que tengan o decidan tener hijos.

“Sabemos que al debate popular de ese código, a ese ejercicio de aprobación popular, el enemigo le tiene puestos los cañones, porque quiere fracturar nuestra unidad en el debate”, sentenciaba en ese sentido hace unos meses el presidente Miguel Díaz-Canel.

Y es precisamente en esta esfera de la información donde radica el mayor reto de Cuba para que se pueda aprobar el Código de las Familias. El ejercicio democrático de la consulta popular no es para nada nuevo entre los cubanos y cubanas. Desde el triunfo de la Revolución, se ha hecho principio básico consultar al pueblo, antes de su adopción, aquellas medidas o leyes de impacto trascendental.

Ocurrió así en 1976 cuando se sometió a discusión pública el entonces anteproyecto de la Constitución de la República; en 2013 cuando se llevó a consulta el Anteproyecto de Ley del nuevo Código del Trabajo; o más recientemente, en 2018, cuando se pidió la opinión del pueblo sobre el proyecto para una nueva Constitución de la República –adoptada finalmente en referendo nacional el 2019.

Lo que sí es nuevo, sin embargo, es el nivel de información (y desinformación) que inunda hoy los espacios de comunicación y al que el país se ha visto expuesto desde que comenzara a abrir su acceso al Internet de forma masiva hace apenas un lustro. El Estado cubano ha sido proactivo en organizar –además de los debates en los barrios– múltiples y variados espacios de información a la población sobre el contenido del código, pero en tiempos de redes sociales, combatir las fakenews y su propagación se hace cada vez más difícil.

Por las próximas semanas, a las autoridades cubanas, y al pueblo en general, le resta seguir agotando todos los mecanismos disponibles para informarse sobre un proyecto que se dibuja trascendental y cuya relevancia se hace cada vez más pertinente. “Tenemos que seguir con la argumentación –dijo en Twitter hace poco el presidente cubano– el esclarecimiento y la concientización de la importancia del voto en el referendo: qué ganamos votando a favor del Código de las Familias o qué perdemos si votamos en contra del Código”.

Para un país que todavía arrastra fuertes expresiones de machismo y homofobia entre su población y en medio de un proceso que bien sirve para saldar deudas aún vigentes del proceso revolucionario, un código como el que hoy se ofrece se hace vital; por lo avanzado y justo de su contenido.

En palabras de Israel Rojas, cantante del dúo Buena Fe, se trata de “un proyecto de este siglo” con garantías de derecho y responsabilidades.

“Aprobar ese código de las familias dota a los que no han nacido de unas oportunidades de derecho, mucho más libres, con mayores oportunidades de desarrollar su felicidad plena […] y también dota a algunos, que retrógradamente no lo entienden, de la oportunidad de ser adultos mayores mejor cuidados”, aseguraba el intérprete en una entrevista reciente con el canal de Youtube, A Buen Entendedor

De llegarse a aprobar, el Código de las Familias de Cuba sería uno de los más avanzados de la región, en materia de extensión legal y la amplitud de su cobertura social. Para algunos, incluso, existe la duda de si una Ley tan adelantada cuenta con las estructuras necesarias para su implementación.

 “Uno de los temores –subrayó el también abogado– que me da es que las estructuras sociales quizás no estén todo lo preparada para poder implementar todo lo que dice el código, pero ese será otro cantar, en su momento”.

Por Michel E. Torres Corona

Si tenemos a la equidad como una variable insoslayable en ese empeño, tendremos mayores probabilidades de éxito en esa imprescindible lucha contra la pobreza.Educación, Salud

Hay muchas variables a la hora de hablar sobre la pobreza. Es imposible hacer un examen serio sobre este fenómeno sin abordar su carácter multidimensional, que va más allá de lo estrictamente financiero: no se puede medir la pobreza exclusivamente por cuánto dinero se tiene (o no). Hay condiciones de vida, oportunidades de superación, posibilidades de acceso a la cultura o a la recreación que complementan el análisis. También está, por supuesto, el contexto: no es lo mismo «ser pobre» en Europa que en América Latina.

En Cuba, tras el triunfo revolucionario, hubo un parteaguas en lo que a lucha por la erradicación de la pobreza se refiere. Cientos de miles de personas que vivían en la más absoluta miseria tuvieron por primera vez la oportunidad de vencer el analfabetismo, estudiar una carrera universitaria, asistir con carácter regular a espectáculos artísticos y deportivos. Muchos mejoraron sus condiciones de vida, aunque la guerra económica contra el país, los lógicos errores cometidos en el inexplorado camino socialista y los vaivenes de la economía global impidieron que ese bienestar material estuviera a la altura de lo que en un momento se pensó para el país.

Sin embargo, las precariedades que conspiraban contra la sociedad en pleno (dígase apagones, desabastecimiento, etc.) no erosionaban la moral pública de forma ostensible, en tanto existía una igualdad social en la que la inmensa mayoría gozaba y sufría, respectivamente, con los mismos beneficios y pesares. El equitativo reparto de la riqueza era un estandarte para la lucha ideológica a favor del proyecto socialista: puede que no nos sobre el pan, pero hay justicia social.

Contra la pobreza se ensayan muchos métodos y estratagemas: quebrar la transferencia intergeneracional de las condiciones precarias de vida con mecanismos de «discriminación positiva», sobrepasar el asistencialismo estatal para acudir a mecanismos de inclusión financiera, buscar en las comunidades la creación de alianzas para el apoyo a individuos en estado de vulnerabilidad. Pero si algo a veces suele soslayarse en el análisis de la pobreza es que, para que exista gente pobre, tiene que haber gente rica: la distribución más o menos injusta de la «prosperidad» es su condicionante dialéctica, en la lógica de la «unidad y lucha de contrarios».

En Cuba hoy existe pobreza, eso es algo que no puede negarse. Y en los últimos años, luego del periodo especial, y con la moderada liberalización de la economía, se ha ido profundizando un proceso de estratificación social: existe un grupo de personas que ha acumulado sumas de dinero para nada despreciables, mientras cada vez más personas pasan trabajo para llegar a fin de mes.

Esa desigualdad creciente no solo es el principal problema socioeconómico del país, sino también un reto político e ideológico. La equidad, para el socialismo cubano, no solo es una meta, es un necesario punto de partida para cualquier decisión.

Una restauración capitalista no resolverá ninguno de esos problemas, como suelen proponer nuestros adversarios. En todo caso, puede que los acreciente. La única salida es más socialismo, la única solución para Cuba es más Revolución. Si tenemos la equidad como una variable insoslayable en ese empeño, tendremos mayores probabilidades de éxito en esa imprescindible lucha contra la pobreza, que tiene que ser, necesariamente, también una lucha contra la desigualdad como valor incompatible con los principios de justicia social y soberanía popular que han regido nuestra historia patria.

Por Alvaro Verzi Rangel

CLAE

Un río de hierro de armas ilegales fluye de EE.UU. a México, América Central y todo el hemisferio, lo que ayuda a convertir a las Américas en la región más homicida del orbe, con 47 de las 50 ciudades más asesinas del mundo.

Miles huyen de la violencia en el Triángulo Norte de América Central (Honduras, El Salvador y Guatemala) y buscan asilo en EE.UU., lo que aumenta la presión de los inmigrantes indocumentados.

Mientras los migrantes viajan hacia el norte, las armas de origen estadounidense fluyen hacia el sur. Los centroamericanos se dirigen al norte para huir de la violencia ocasionado en parte por las armas de origen estadounidense. La estrategia de Washington pasa por abordar las causas fundamentales de la migración procedente de América Central y ordena a las agencias estadounidenses que aborden la violencia, el crimen y la seguridad en la región, sin ir al fondo de la problemática.

El tráfico de armas es realizado por grupos criminales tradicionales y redes criminales transnacionales, las cuales tienen otras actividades ilegales como drogas o tráfico de personas. Es esta amplia variedad de delitos ligados al tráfico de armas lo que hace tan difícil contrarrestarlo.

Mientras un importante porcentaje de armas es ilegalmente adquirido en Estados Unidos y después traficado a través de la frontera con México, existen otras rutas más complejas hacia el Caribe y América del Sur, las cuales reciben menos atención, como  las vías marítimas:. Las armas se esconden en embarcaciones, desmontadas y mezcladas con mercancía legal. Son casi imposibles de detectar debido al gran tamaño de los contenedores y la cantidad de mercancía que pasa por los puertos.

Entre 2007 y 2019, más de 179.000 armas de fuego fueron capturadas en México y cinco países centroamericanos y rastreadas hasta armerías y fábricas de armas en Estados Unidos. La Secretaría de Relaciones Exteriores de México cree que esto es la punta del iceberg y estima que más de dos millones de armas cruzaron el Río Grande en la última década.

Los cuatro países centroamericanos -Belice, El Salvador, Guatemala y Honduras- tienen altas tasas de violencia, incluido el homicidio. Según datos del departamento de delincuencia extranjera estadounidense, la mayoría de los homicidios en esos países se cometen con armas de fuego importadas legal o ilegalmente de otros países, en especial de EEUU. La violencia y la inseguridad en los países centroamericanos son factores contribuyentes en la migración hacia la frontera sur de Estados Unidos.

No se pueden entender las dinámicas de este tráfico sin primero resaltar rol de Estados Unidos tanto en el comercio legal como ilegal de armas. Armas fabricadas en Estados Unidos alimentan la violencia en varias regiones . Algunos datos son elocuentes: En Haití y las Bahamas 98 % de las armas ilegales provienen de Estados Unidos; en México esta cifra alcanzó 70% en la última década y en los siete países de América Central,  50 % de las armas ilegales llegaron de Estados Unidos.

En Estados Unidos una persona es asesinada con un arma cada 14 minutos; y hay un tiroteo masivo cada 25 horas (entre 2013 y 2018 se han registrado 400 tiroteos en escuelas); 76 000 personas resultan heridas con un arma cada año; y ocurre un disparo involuntario cada 18 horas.

Drogas, armas, poder

El académico Eugenio Weigened, coautor de Tráfico de armas y violencia: De la red global al reto de seguridad local, señala que “Hay que monitorear a los grupos de cabildeo y de interés que empujan por más armas, y su influencia en la legislación sobre políticas de armas y políticas de seguridad en general. Estados Unidos es un caso claro de lo influyentes que son. Hay intereses que protegen a la industria de las armas y no a los intereses o las demandas de la ciudadanía”.

En el libro se afirma que una de las principales causas del incremento de la violencia en la región es la guerra contra las drogas, lo que ha significado el retorno de los militares en misiones de seguridad interna, lo que a su vez implica la adquisición de armas por parte de actores estatales y no estatales en toda la región. Para los editores del libro, el problema que enfrenta Latinoamérica no es la droga misma, sino el tráfico de armas.

“Dejemos de hacerle la guerra a las drogas y hagamos la guerra a las armas”. “Si queremos reducir la violencia dejemos de hablar de drogas y pongamos a las víctimas y a las armas que las hacen víctimas al centro. Necesitamos que la academia hable más del tema. Necesitamos que ese sea el centro del debate”, señala el académico Carlos Pérez.

Según la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF), entre  2015 y 2019 (los datos más recientes disponibles) de unas  27.000 armas de fuego incautadas en delitos y sometidas a su rastreo de antecedentes, el 40 por ciento procedía de EEUU. y el resto de otros 39 países. Los datos de la ATF muestran que la mayoría de las armas de fuego enviadas para su rastreo eran pistolas, pero también eran de origen estadounidense  algunos rifles y una cantidad de ametralladoras, alrededor del 1,7 % del total.

Las pistolas son la elección preferida de las bandas callejeras como las maras salvadoreñas MS-13 y la Calle 18, que cometen asesinatos y extorsiones en zonas urbanas de los países centroamericanos. Los rifles son más populares entre los traficantes de drogas, que usan armas estilo AR-15 o AK-47 para proteger los cargamentos de drogas, señaló el organismo de control del Congreso.

Las armas se originan en el mercado legal de armas de Estados Unidos, el más grande del mundo con diferencia, con 393 millones de armas de fuego en manos de civiles. Luego cruzan a un mercado negro paralelo a través de cuatro métodos principales: una escapatoria de venta privada; testaferros (personas con antecedentes penales pagados para comprar armas); robo en armerías; y la venta de piezas para fabricar armas no serializadas, o “pistolas fantasma”.

Los traficantes llevan estas armas de estados con leyes menos estrictas, como Virginia y Georgia, a ciudades con leyes más estrictas, como Washington y Nueva York, que están sufriendo un fuerte aumento de la violencia armada. También los pasan de contrabando al sur de México , a través de la frontera de 3,000 quilómetros, escondidos en autos y camiones.

Un reciente informe del centro Woodrow Wilson alerta de la transcendencia de este tránsito hacia el denominado Triángulo de la Muerte -Honduras, El Salvador y Guatemala-, una de las zonas con la mayor tasa de homicidios por armas del planeta, fortalecida por el narcotráfico y la corrupción y la fa,lta de atencón del gobierno de Washington a esta realidad.El Salvador y Guatemala tienen arsenal suficiente para surtir a cada uno de sus soldados con siete armas, de acuerdo con Naciones Unidas

Recomendaciones

Más que concentrar esfuerzos en perseguir a quienes poseen armas, la recomendación de los expertos es perseguir y controlar la producción, importación y comercialización ilegal y legal de armas. Otra recomendación importante es la separación de las burocracias que regulan y documentan las armas y aquellas que las utilizan, con la creación de una institución mixta, bajo control civil y militar y, con un claro sistema de pesos y contrapesos.

En la mayoría de los países de América Latina, la producción, comercialización, regulación, y uso de armas de fuego está bajo control de una sola entidad, usualmente el ejército, como es el caso de Colombia, México, Chile, Paraguay y Honduras, o el Ministerio del Interior/Justicia como es el caso de Argentina, Perú, Costa Rica y Brasil.

Este control institucional ha facilitado la corrupción, abuso de poder y falta de transparencia respecto a la compra, administración y distribución de armas. Pero nada de todo eso servirá, si Estados Unidos sigue alentando el uso –y la compra- de armas para sus ciudadanos y para la exportación (o contrabando) a naciones vecinas.

Reproducido de www.rebelion.org

*El autor es sociólogo venezolano, Codirector del Observatorio en Comunicación y Democracia y analista senior del Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)