Por Cándida Cotto
Lo que a las comunidades del G-8 que bordean al Caño de Martín les tomó casi 20 años, a los intereses del negocio de combustibles fósiles apenas les ha tomado un par de años. Han logrado que el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos (USCI, siglas en inglés) apruebe y se disponga a ampliar el canal de navegación de la Bahía de San Juan para permitir la entrada de cargueros de gas natural licuado de gran tamaño.
Por entender que el dragado afianza la dependencia en los combustibles fósiles y perjudica las comunidades y la fauna silvestre, grupos ambientales y comunitarios presentaron el 17 de agosto una demanda en el Tribunal Federal, distrito de Washington DC, contra el USCI. En la demanda sometida por El Puente, CORALations y el Centro para la Diversidad Biológica, las organizaciones cuestionan que el Cuerpo de Ingenieros no haya preparado una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) que analice los efectos que tendrían en las comunidades, los corales y la vida silvestre los buques cisterna y una nueva terminal de gas natural licuado (GNL).
En entrevista con CLARIDAD, el director de El Puente, Federico Cintrón Moscoso, indicó que, por ley, antes de presentar la demanda, los grupos hicieron una notificación de intención de demanda para dar oportunidad de que el USCI conteste. Esto, para evitar ir a los tribunales. Es evidente que USCI no contestó.
Narró que las organizaciones se enteraron del dragado por la Prensa cuando empezó a salir información hace poco más de un año de que se habían iniciado los permisos para el dragado. Aunque señaló que los dragados de la bahía son normales, aclaró que este dragado en particular, para permitir que barcos de gas licuado entren a San Juan, viene anunciado por la comisionada residente, Jeniffer González. “Así que uno puede pensar que es del Gobierno quien lo está peticionando”.
Agregó que el proyecto se llevaba en mente antes del huracán María y que ya había un borrador de propuesta. En 2018, el USCI pidió comentarios públicos; pero solo para el área este, que es el área del Viejo San Juan. Sin embargo, no lo hizo para el área oeste, donde están las comunidades que se verían más afectadas, que son las de Cataño y Guaynabo, que a su vez son de las más pobres de ambos municipios.
“Las vistas no tuvieron mucha publicidad, y es uno de los reclamos de los grupos. Desde esa fecha ya se estaba pensando hacer el dragado. Lo próximo es lo que salió en las noticias, de que ya tienen los permisos aprobados para contratar a las compañías que van a hacerlo”.
En lugar de hacer una DIA, el USCI lo que hizo fue una Evaluación Ambiental acelerada, la cual concluyó que el proyecto de dragado no tendría efectos ambientales significativos. Esta es una de las acciones que se están impugnando.
Cintrón Moscoso destacó que un aspecto que les sorprenden grandemente a las organizaciones es la diferencia de tiempo que se ha tomado la aprobación del dragado de la Bahía de San Juan frente al dragado del Caño Martín Peña.
“A las comunidades del Caño les ha tomado veintipico de años para que se ponga el dinero; sin embargo, el impulso con que han hecho este es uno de fast track. Es importante destacar que este dragado de la bahía tiene unos objetivos bien diferentes. De hecho, uno de los reclamos que han hecho algunos científicos es que el dragado de la bahía no está tomando en cuenta el impacto que va a tener en el dragado de Martín Peña, porque si se limpian esos canales, la distribución del agua, la distribución del sedimento, todo eso va a cambiar el ecosistema, y el ecosistema conecta la bahía y las lagunas con todo el estuario de San Juan hasta Carolina”.
El pasado mes de marzo estuvo en Puerto Rico una delegación del USCI, liderada por el subsecretario de obras civiles, Michael Connor, la cual inspeccionó el área del dragado de la bahía de San Juan y el Caño de Martín Peña. En la visita a la bahía estuvo presente el director ejecutivo de la Autoridad de Puertos, Joel Pizá.
El proyecto de dragado permitiría que un buque cisterna de GNL transporte 34.3 millones de galones en lugar de 5.2 millones de galones, y aunque no se especifica para quién, el único terminal para el recibo de GNL que hay en el puerto de San Juan es el de la empresa New Fortress Energy (NFE). “Hay que presumir que esos son los únicos beneficiarios de que entre más gas. Por otro lado, no está claro que NFE tenga capacidad, y, de hecho, los permisos de New Fortress dicen que la cantidad que van a manejar no es la que el dragado va a permitir que llegue. Así que entendemos que NF tendría que cambiar sus permisos si fuese a hacer algún cambio a su planta para poder recibir todo ese gas nuevo, casi cuatro veces más de lo que recibe ahora”.
Las pretensiones de aumentar el uso de combustible fósiles van en contra de la política pública, tanto la de Puerto Rico como la de Estados Unidos, en donde el Congreso recién aprobó una ley que va a poner límite a la expansión y producción de combustibles fósiles.
En tanto, Catherine Kilduff, abogada principal del Centro para la Diversidad Biológica, denunció que: “Al profundizar el canal de navegación para las importaciones de combustibles fósiles, este proyecto también profundiza la crisis climática”. Describió que el plan del Cuerpo de Ingenieros para dragar la Bahía de San Juan es un desastre para los corales y la vida silvestre que habitan el sensible estuario y para los planes de Puerto Rico de transición a la energía renovable.
Mary Ann Lucking, directora de CORALations, reveló que el SUCI se comprometió a elaborar un análisis exhaustivo, y no lo ha hecho, ignorando incluso las graves preocupaciones presentadas por otras agencias federales y los intereses petroleros.
“Los múltiples usos de esta bahía han supuesto una carga cada vez mayor para las comunidades residenciales durante décadas; pero ahora esta ampliación del área dragada introduce un nuevo uso que por sí solo presenta riesgos aún mayores para los residentes, al hospital cercano, la capital de San Juan, una planta eléctrica, la navegación recreativa, de rescate y la cadena de suministro comercial, además de suponer riesgos significativos para el patrimonio natural e histórico del pueblo de Puerto Rico”, expresó.
Los demandantes reiteraron que en la determinación de hacer el dragado no se tuvo en cuenta a las miles de personas que residen al oeste de las principales zonas de dragado ni se les notificó debidamente del proyecto; tampoco se evaluaron los considerables riesgos para esas comunidades. El proyecto de dragado también podría dañar importantes recursos culturales.
Las organizaciones advirtieron de que el dragado amenaza con asfixiar a los corales y succionar a las tortugas marinas en peligro de extinción y que un dragado similar en las costas de Miami mató a medio millón de corales. También censuraron el plan de depositar el material dragado en la reserva natural de la Laguna del Condado, que es el hábitat de pastos marinos, manatíes y corales.
“Esta demanda acercará la justicia a las comunidades de Justicia Ambiental ubicadas en la parte suroeste de la Bahía de San Juan. Estas comunidades de Cataño y Guaynabo han luchado y lidiado por años con la instalación sistemática de plantas eléctricas y terminales de combustible a sus alrededores, lo que supone una carga desproporcionada para estas comunidades desfavorecidas, cuya población está compuesta principalmente por comunidades pobres”, dijo Federico Cintrón Moscoso, director de El Puente.
“Rechazamos este proyecto porque agravará la situación y las circunstancias ya agudas con las que se encuentran estas comunidades día a día”, concluyó Cintrón Moscoso.
