CLARIDAD

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Si algo quedó demostrado en la vista pública conjunta de la Comisión de Transportación, Infraestructura y Obras públicas y la Comisión de Desarrollo y Fiscalización de Fondos Públicos de la Ciudad Capital, ambas de la Cámara de Representantes, respecto a la venta del conocido como el Parquecito del Condado, es la poca transparencia que hubo en la transacción por parte del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP).

Tras las protestas y denuncias de la comunidad por la venta del parque público, el envenenamiento de los árboles y conocerse el precio de venta de apenas $145 mil por un predio de terreno frente al mar, por parte de Krug Property han elevado las suspicacias e indignación por parte de la opinión pública en general. A ello se abona la defensa que ha hecho el gobernador Pedro Pedro Pierluisi Urrutia de que la venta es irreversible.

En la vista pública efectuada el pasado jueves siete de julio, en plena avenida Condado, frente al lote de terreno y a pleno sol, asistieron el director de la Administración de Propiedades del DTOP, la sub secretaria de la Oficina de Gerencia y Permisos (OGP), la secretaria del Departamento de Recursos Ambientales y Naturales (DRNA) y el director de Obras Públicas y Ornato, del Municipio de San Juan. También estuvo presente un nutrido grupo de vecinos de la comunidad que se mantuvieron atentos a las contestaciones de los funcionarios e incluso en ocasiones hicieron expresiones desmintiéndolos.

Comenzando con el director de la Administración de propiedades de DTOP, José Torres Aponte, no pudo dar nombre del tasador de la propiedad, cómo se justificó el precio, si hubo comparativas y otros pormenores. Torres Aponte confirmó que el DTOP procedió a inscribir la propiedad a su nombre a petición de compra por parte de Krug Property, que el terreno no estaba incluido en la lista de bienes inmuebles del gobierno para la venta, que en el DTOP no verificaron si el terreno estaba en uso, ni quién le daba mantenimiento.

El presidente de la Comisión Cameral que presidió la vista pública, Luis Raúl Torres le solicitó al DOPT un informe completo del caso, incluyendo la solicitud formal de compra del proponente. Se le concedieron cinco días a partir de la vista para entregar el informe.

OGP, ‘no otorgó ningún permiso’

Mientras la sub secretaria de la OGP, arquitecta Maria Reina Cintrón, se escudó con que el caso -se refiere al permiso de construcción- está en evaluación en el municipio de San Juan que es el que tiene jurisdicción por ser un municipio autónomo. Según explicó a la plataforma de OGP “todo el mundo” radica a través de la plataforma y los casos que le corresponde a los municipios autónomos le llegan directamente a los municipios para que ellos lo evalúen. “No tengo la evidencia de que este parque estaba en desuso o en uso, eso entonces tendríamos que revisarlo con un poco más de detenimiento porque no tenemos ese detalle”.

El Municipio le daba o no mantenimiento

En tanto el director de ornato del municipio de San Juan, Raúl García, entró en contradicción de si el municipio le daba o no mantenimiento al parque. A pregunta del legislador primero dijo que el municipio no le daba mantenimiento al parque, lo que levantó expresiones airadas en contra de los vecinos presentes, a lo que el funcionario entonces dijo que esa era una zona que las brigadas del municipio siempre estaban trabajando. Al funcionario también se le pidió un informe de todas las veces en que el municipio le ha dado mantenimiento al lugar.

No se sabe quién envenenó los árboles.

Por su parte la secretaria interina del DRNA, Anaís Rodriguez Vega, dijo que esa agencia no incide en permisos de corta y poda de arboles en obras incidentales de construcción. Sí dijo que había una investigación por el envenenamiento de los arboles, que no ha concluido, aunque en un momento hubo una querella que no prosperó. Aclaró que el DRNA no da permisos para envenenar árboles ni tampoco hay ninguna otra agencia que de permiso para ello. Al igual que a los otras agencias, al DRNA se le pidió que entregara copia de su informe sobre el envenenamiento de los árboles, en cuanto esté concluido.

En un aparte con CLARIDAD, el arquitecto y planificador Pedro Cardona Roig, quien asistió como parte del público a la vista, señaló respecto a la transacción: “Una vez más estamos viendo aquí a unos funcionarios de las agencias que actúan en representación del interés privado y no para proteger el interés publico que están llamados a atender. En este caso estaban bregando con un activo de mucha importancia y también valor y lo trataron con descuido”.

En particular reprobó la tasación de $145 mil aceptada por el DTOP. “Fue una de las cosas que más me llamó la atención en una mera búsqueda pudimos encontrar que a dos cuadras de aquí se había vendido una propiedad a $2 mil dólares el metro cuadrado, pero la propiedad colindante con esta -se refiere al parque- que es de la parte interesada que compra también este predio se había vendido por casi el doble, tenemos todos esos factores que tenían que haber entrado en consideración y no entraron”.

Otro aspecto que trajo a la atención es que cuando se va a vender una propiedad de esta naturaleza se tiene que desafectar dado a que es una propiedad de uso público. Eso conlleva que tiene que haber una notificación a los colindantes -y sobre todo si es un parque a la comunidad colindante- para que sepan se que va a vender o está en consideración la posible venta de algo que es un activo comunitario. Reiteró que el predio en cuestión es un activo que “le pertenece no al DTOP sino al pueblo de Puerto Rico y ellos son custodios de ese activo comunitario, cuando se fuera a vender tenían que darle igualdad de participación y posibilidad a los colindantes y aquí solo se consideró un colindante”.

CLARIDAD

Carlos Contreras fue Secretario de Trasportación y Obras Públicas durante el cuatrienio que terminó el 31 de diciembre de 2020. A pesar de los cambios en la jefatura del gobierno que hubo en esos cuatro años, se mantuvo en el cargo más por su inocuidad que por su competencia. No molestaba a nadie y, aunque hizo muy poco para mejorar el estado calamitoso de las carreteras luego del huracán de 2017, consumió su término hasta el último día.

Ahora sabemos que, a pesar de su irrelevancia en cuanto a las labores de su cargo, Contreras fue efectivo ayudando a algunos amigos de su partido político y de sus jefes. En los últimos días al frente del DTOP tuvo tiempo para certificar que un terreno del Condado que los vecinos del barrio utilizaban como parque, carecía de “utilidad pública” y, por tanto, era susceptible de ser trasferido a un desarrollador para que le diera “utilidad”. El terreno “inútil”, según Contreras, resulta ser sumamente valioso para el empresario dueño de un solar contiguo que ya está solicitando los permisos para construir un edificio.

Los eventos que condujeron a la enajenación de ese parque reflejan una conspiración que, como todas, se ocultó a los posibles afectados. Debió estar maquinándose por bastante tiempo, pero quienes utilizaban el pequeño parque se enteraron cuando el nuevo dueño les cerró el acceso y comenzó a destruir los árboles que les daban sombra.

El terreno en cuestión no estaba inscrito a nombre de titular alguno en el Registro de la Propiedad, algo que debieron averiguar los interesados. No podían apropiarse del solar porque la ley no los amparaba y, además, sabían que la comunidad lo utilizaba. Entonces se movieron hacia el gobierno que sí podía reclamarlo para el Estado, como sucede con muchos pedazos de terreno que quedaron como remanentes luego de una obra pública. Ese fue el primer acto conspirativo, ejecutado en el gobierno a petición de empresarios que siempre dan oportunas aportaciones a campañas políticas.

Para poder transferir el parque a los promotores del esquema era necesario la participación de otros conspiradores. En primer lugar, se requería que el DTOP, por conducto de su secretario, “certificara” lo que sería una mentira evidente: que el terreno no tenía “utilidad pública”. En segundo lugar, que un tasador, seguramente gestionado por los promotores, le pusiera un valor “manejable”. En tercer lugar, que el comité creado en 2017 para disponer de propiedades del Estado ordenara la venta directa a los interesados. Ese proceso conspirativo tomó meses y el empresario beneficiado es dueño registral del terreno desde hace más de un año, pero los vecinos se enteraron cuando les cerraron el paso.

El abuso de poder, y las maquinaciones para beneficiar a un ente privado, parecen evidentes. Es difícil imaginar que alguien pueda honestamente creer que un pedazo de terreno en la avenida Ashford carezca de utilidad pública. Además, con sólo mirar el lugar podían concluir que eso no era cierto. Ahora, a pesar de la protesta ciudadana que se ha desatado, nada indica que el gobierno esté dispuesto a buscar la manera de revertir el despojo. Todo lo contrario, el gobernador Pedro Pierlusi tartamudea, pero se reafirma en las acciones del gobierno.

No es la primera vez que una entidad gubernamental despoja a una comunidad del uso de una instalación pública para entregarla a un empresario. En la mayoría de los casos el despojo se materializa y queda impune. En otros, los menos, la movilización comunitaria logra revertir lo ocurrido, ya fuere por su fuerza o recurriendo a la vía judicial. Desafortunadamente, esta última vía no siempre está disponible y, además, requiere recursos que las comunidades de ordinario no tienen.

En nuestra jurisprudencia hay un caso donde una comunidad prevaleció tras una lucha que tomó años: Dorado del Mar v. Departamento de Recreación, KLAN2016 0123. Se trata de una instalación deportiva construida por el desarrollador de una urbanización, pero inscrita a nombre del gobierno en el Registro de la Propiedad como es el caso de la inmensa mayoría de las que existen en el País. El DRD entendía que esa titularidad registral le daba derecho a disponer de la instalación como le plazca y, mediante un contrato, se le entregó a una empresa de eventos deportivos. Como en el Condado, la comunidad se enteró cuando se toparon con los candados. La entrega la hizo el gobierno de Luis Fortuño en 2012, pero el de García Padilla que le siguió la ratificó y el Departamento de Justicia utilizó todos sus recursos para defender el derecho a “pleno dominio” del Estado sobre un parque comunitario.

Ante el tribunal la comunidad alegó que la instalación se construyó para su beneficio en cumplimiento de reglamentos que lo requerían, que en última instancia pagaron por ella al comprar sus casas y que, por tanto, el Estado no podía quitársela sin su consentimiento. El Tribunal de Primera Instancia de Bayamón falló a favor de los residentes, decretando la nulidad del contrato y ordenando que toda contratación futura debía contar con la anuencia de la asociación comunitaria para poder ser válida. Luego el Tribunal de Apelaciones ratificó. A pesar de esas dos sentencias, Justicia acudió al Supremo donde recibió un “no ha lugar”.

El caso del parque en la avenida Ashford tiene hechos distintos, pero en su esencia es el mismo. Igual que en Dorado, se le está quitando un área a una comunidad para entregarla a un uso privado. Es probable que también el asunto desemboque en un procedimiento judicial, pero será la movilización comunitaria frente al abuso lo que puede hacer la diferencia. En Dorado la lucha tomó cuatro años, pero nunca desistieron.