Desde Europa hasta Estados Unidos, desde cada rincón del mundo hasta Puerto Rico, el tema económico más mentado es la inflación, definida como aumento generalizado en los precios. No hay que leer un libro de texto ni realizar una investigación exhaustiva para advertirla. El ciudadano común, el consumidor, la siente cada vez que hace una pequeña compra en el supermercado y nota que los pocos artículos en la canasta parecen muchos al momento de pagar. También se estremece cuando va a la estación de gasolina y advierte que el dinero con que antes llenaba el tanque de su carro ahora apenas le rinde para llegar a la mitad. Para colmo, los indicadores oficiales que miden la tasa de inflación no le inspiran confianza. Lucen modestos al comparársele con el menoscabo en su bolsillo: “el peso cada vez le rinde menos”.
En realidad, el amigo consumidor se siente acosado. Poco le falta para tornarse paranoico. Las estaciones de gasolina alteran constantemente los precios que aparecen en unas pizarras que se le antojan sádicas; los restaurantes que, por cierto, últimamente visita menos, reimprimen sus menús o los digitalizan pero, huelga decirlo, con alteraciones de precios; los taxis ajustan los taxímetros; las tiendas cambian las etiquetas de sus bienes para reflejar en sus precios el efecto inflacionario; y LUMA no se cansa de solicitar ajustes, siempre ascendentes, en la tarifa de la luz eléctrica. Como si todo esto no fuera suficiente, la imperial Junta de Supervisión (Control) Fiscal se ha empeñado en reducirle el presupuesto a la Universidad de Puerto Rico. Esto se traduce en aumentos en el costo por crédito lo que, a su vez, afecta al presupuesto familiar.
Naturalmente, el amigo consumidor está al tanto de toda una serie de causas – guerras, pandemia, tormentas severas y sequías – que alimentan tal espiral inflacionaria.¡Cómo no estarlo cuando todos los días lo bombardean con noticias sobre el particular! Sabe, por ejemplo, que la pandemia y las políticas para combatirla, como los cierres, han afectado el funcionamiento de las cadenas de suministros con las consecuentes carestías de ciertos bienes que resultan en aumentos de precios. También está informado de que el extraordinario gasto gubernamental – sobre todo en los países desarrollados – para ayudar a sobrellevar los efectos adversos provocados por la pandemia suscitó un gran poder de compra en un momento de restricción de oferta, disparidad clásica que ocasiona aumentos en precios. Tampoco ignora lo nociva que ha sido la absurda “guerra comercial” con China que iniciara la administración del presidente Trump, política que el presidente Biden no ha descontinuado. Mucho menos pasa por alto el extraordinario impacto económico de la guerra entre Rusia y Ucrania, particularmente en los mercados de alimentos y de combustibles.
Se dice y repite hasta la saciedad que se están experimentando tasas de inflación que no se veían desde hace 40 años. No se recalca con igual insistencia que los márgenes de ganancia de los grandes emporios corporativos – petroleras, farmacéuticas, distribuidoras – han alcanzado niveles que no se veían desde hace 70 años. Se destacan muchas causas para explicar la inflación que, huelga insistir en ello, no se deben ignorar. Pero otros factores institucionales en los que se anida la codicia y el ejercicio de poder de oligopolios y monopolios se mencionan – si es que se mencionan – con mucha más discreción. Se han estado acumulando ganancias masivas que en parte cobran la forma de exorbitantes bonos a los ejecutivos y dividendos a los accionistas. En correspondencia con esto, las compañías compran en el mercado sus propias acciones para elevar sus precios. Reina la especulación. No parece haberse aprendido nada con la crisis financiera de 2007-2009, lección olvidada resumida elocuentemente en un viejo refrán: “La codicia rompe el saco”.
En Puerto Rico no debe ignorarse el efecto de las leyes de cabotaje en los precios de los bienes importados. Tampoco cabe ignorar el efecto inflacionario de la ley 22 de 2012 (ahora recogida en la ley 60 de 2019) – la que concede incentivos tributarios para atraer nuevos residentes, en efecto la instalación de un privilegiado club de multimillonarios – en el mercado de bienes raíces. No son otra cosa que factores institucionales para facilitar la búsqueda del lucro y el ejercicio de poder. Y en grado desmedido y con incalculables costos para el pueblo de Puerto Rico.
En una dinámica inflacionaria unos ganan – países, regiones, clases sociales, empresas, personas – y otros pierden. Pero se trata de una ganancia injusta, sin mérito. La inflación hace aflorar el potencial anárquico del mercado: distorsiona los precios, altera las prioridades de la actividad productiva, redistribuye sin ningún sentido de justicia riqueza e ingresos entre las distintas clases y grupos sociales… Resulta elocuente que, aunque tímidamente, en algunos círculos en Europa y en Estados Unidos se esté haciendo referencia a la codicia inflacionaria. Ya era hora.
