Es triste  despedir a cualquiera, pero si esa persona ha trabajado en un sitio como CLARIDAD, donde usted entra pero nunca se va del todo para los y las que le sobrevivimos, el golpe es muy duro. El compañero Pablo García Padilla falleció el pasado viernes y nos enteramos, como últimamente una se entera de todo, a través de las redes sociales.

Pablo trabajó en CLARIDAD para la época de los 90 bajo la dirección de Manolo Coss y si mi memoria no me falla Graciela Rodríguez Martinó era la directora del En Rojo. Era uno de los artistas gráficos junto a Celia Marina Romano y Milagros Reyes. Se distinguía por ser inteligente, callado, sencillo, talentoso y culto. De casta le viene al galgo dice un refrán, sus padres, Pablo García, su madre, Nieves Padilla dos intelectuales reconocidos de nuestra Patria. En la época de su incursión en CLARIDAD todavía quedaban rezagos de las persecuciones y carpeteos. Creo que a él esas cosas le traían sin cuidado. En el semanario hacía de todo un poco, como  los y las que pasan por aquí, buscaba fotos, ilustraba las noticias, sugería textos etc.

Como señalé a inicios de la nota despedir a uno de la casa nunca es fácil. La Junta Directiva y el colectivo de CLARIDAD les envía a sus familiares un abrazo grande y apretao, en especial a sus hermanas, Maruja, Maruca, Amalia y a su hermano Juan Carlos.

¡Hasta siempre Pablo!

CLARIDAD

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“Desde el 2019 venimos batallando contra esa instalación”, expresó aliviada la reverenda Sary Rosario. El Tribunal de Apelaciones del Circuito del Distrito de Columbia (TADC) determinó que la compañía New Fortress Energy (NFE) construyó en forma ilegal el Terminal de Gas Natural en San Juan, por lo que  tendrá que someterse a las regulaciones de la Comisión Reglamentadora de Energía Federal (FERC, en inglés).

La determinación del TADC emitida este 14 de junio da la oportunidad a las comunidades cercanas, a los grupos ambientales y otros interesados de presentar sus argumentos contra la ubicación del terminal, por el riesgo que representa en caso de explosión y por la contaminación del aire del gas metano.

Rosario, integrante de la Hermandad Religiosa de Puerto Nuevo y activista de El Puente, trajo a la atención los esfuerzos que tanto la comunidad como las organizaciones ambientales llevaron a cabo antes de acudir a FERC. El Tribunal de Primera Instancia así como el Tribunal Apelativo (TA) de Puerto Rico habían desestimado una demanda presentada contra New Fortress por  las irregularidades con que comenzó a operar la planta de gas metano, sin consulta de ubicación, declaración de impacto ambiental (DIA) ni el  permiso de Energía Federal.

“No encontramos justicia en nuestro sistema local, pero continuamos luchando por la ecojusticia de diversas maneras. En el Tribunal Federal del Distrito de Columbia, donde tres jueces evaluaron la evidencia presentada y determinaron que New Fortress sí tiene que someterse al proceso del permiso de FERC, al fin vimos esperanza en que aún hay sensatez en el sistema judicial aunque no sea a nivel local. Es lamentable que tanto comunidades como organizaciones ambientales tengamos que recurrir a nivel federal porque el tribunal local ni siquiera vio el caso en sus méritos”.

Incluso antes de acudir a FERC dirigieron sus esfuerzos a la Legislatura de Puerto Rico y, aunque se llegó a aprobar la resolución PC 170, para investigar el proceso de permiso y hubo dos vistas públicas,  todo indica que la resolución fue engavetada. En una primera vista pública que se suponía era ocular, la empresa no dejó entrar a los representantes. En una segunda vista ocular solo entraron los miembros de la Comisión y se les negó el paso a los líderes comunitarios y ambientales. Luego, en julio del 2021, la Comisión de Recursos Naturales y Ambientales quedó en que en agosto iba a entrevistar a una persona de  NFE.  “Eso fue otra frustración, eso nunca pasó. Este año voy a tener que comprar un bizcocho y llevárselo a la Comisión”, expresó Rosario en tono irónico.

Fue entonces que los grupos decidieron escribir y presentar la situación a FERC, la cual determinó que la instalación de NFE era ilegal y que tenía que someterse al proceso de permiso de dicha agencia. NFE, por su parte, impugnó la determinación ante el TA, con el resultado ya indicado.

La organización Earthjustice se unió al caso como amigo de la corte a favor de las comunidades.  Tras la decisión, Jordan Luebkemann, abogado de Earthjustice, en comunicado de prensa resaltó: “Estamos reivindicados por la orden del Circuito de D.C., que rechazó los continuos intentos de New Fortress de dejar a un lado a los más amenazados por sus operaciones y proteger los derechos de nuestros clientes y las comunidades que representan. Continuaremos exigiendo una declaración de impacto ambiental y de seguridad pública rigurosa de conformidad con la Ley de Política Ambiental para responsabilizar a New Fortress por las amenazas climáticas, ambientales y de seguridad pública de sus operaciones”.

Por su parte, Pedro Saadé Lloréns, también asesor ambiental de las organizaciones en Puerto Rico, señaló que mientras NFE estaba litigando en el tribunal, simultáneamente estaba solicitando el permiso. “Esto confirma que ese trámite tiene que continuar, que se supone que haya un análisis ambiental y un aspecto participativo de parte de la comunidad y grupos ambientales y de la sociedad en general”.

Respecto a la participación que puedan tener las agencias del Gobierno de Puerto Rico en el proceso señaló que si bien tienen también un espacio, debido a que  la jurisdicción final de autorizar o no las instalaciones de recibo de gas  también le competen, sucede que estas agencias no tienen credibilidad. En específico, la Oficina de Gerencia de Permisos (OGP), que  fue la que permitió la construcción del  terminal sin consulta de ubicación, participación y sin evaluación ambiental. Saadé Lloréns se cuestiona el que aunque tengan el derecho las agencias vayan a usarlo de manera apropiada.

Todavía no se tiene información de dónde serían las vistas, ya que  primero FERC tiene que decidir el vehículo específico de análisis ambiental que va a utilizar. Indicó que las organizaciones están insistiendo en que tiene que ser una Declaración de Impacto Ambiental (DIA),  que es un documento más extenso. Un aspecto  relevante que trajo a la atención y que dijo es uno de los  más importantes del proceso es el de la seguridad de la gente es que hasta ahora FERC no ha querido hacer público una representación  geográfica que hizo sobre hasta dónde llegarían las consecuencias de un accidente: “Sabemos que es un análisis incompleto, pero aún ese no lo ha querido hacer público. Un aspecto importante va a ser que la FERC haga público ese análisis”.

Una parte sobresaliente de la decisión del TA es que reconoció la legitimación activa de las organizaciones y comunidades de participar en el examen del proceso de permiso, derecho  que negaron los tribunales en Puerto Rico.

El dragado del Puerto de San Juan

Otro asunto que viene por la trastienda de la instalación de NFE es las pretensiones del  Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos (CI) y del Gobierno de Puerto Rico de dragar la bahía de San Juan. El licenciado Saadé Lloréns indicó que se podría decir que el origen básico de ambas situaciones —la de NFE y el dragado— es el problema de cómo es que se va a generar la energía en el país, si por combustibles fósiles, sucios y contaminantes, con consecuencias adversas de todo tipo.

Dio a conocer que lo que proponen el Gobierno de Puerto Rico y el CI  no es un dragado ordinario de mantenimiento, el cual se hace periódicamente, sino un  dragado mayor, de tipo capital, para ensanchar y profundizar los canales de acceso de la Bahía de San Juan para poder traer buques de gran escala con el llamado gas natural.

Aunque reconoció que hasta  ahora no hay certeza, indicó que lo lógico es pensar que quien está impulsando y a quien le convendría que puedan llegar barcos a gran escala sería a NFE porque la compañía tiene un contrato de 20 años para los muelles más cercanos a la planta de San  Juan. Afirmó que ese es uno de los otros aspectos que ha estado latente alrededor de NFE.

Saadé observó que esto abona más a la necesidad de que FERC entre en el proceso de regulación de NFE. Aunque NFE pudiera apelar la decisión del TA, al examinar los detalles de la decisión en esas circunstancias, es difícil que el Tribunal Supremo, si es que  decide apelar,  revoque esa decisión.

En cuanto al dragado para el cual el Cuerpo de Ingenieros tampoco  hizo una  Declaración de Impacto Ambiental, sino el documento inferior de Evaluación Ambiental (EA),  reveló que según calculado, el dragado va a generar más de 2 millones de yardas cúbicas de material. El CI está proponiendo que parte de este material se deposite en la Laguna del Condado.

Sobre el proceso de dragado denunció, además, que la EA fue publicada semanas antes del huracán  María y “solo se dieron 45 días. En el medio de las consecuencias del huracán no hubo participación pública, tampoco se notificó a los vecinos que van a estar afectados, que son los del lado oeste y este. Es una  realidad que debido a que se originó cerca de María la opinión pública no está enterada”.

La reverenda Rosario confirmó que de parte de las organizaciones enviarán una carta a FERC informando sobre el dragado. Estas rechazan las alegaciones del Gobierno y del CI de que sea para los cruceros: “El propósito del dragado es para que puedan entrar barcazas cargadas de gas natural. Todo esto está conectado con estos grandes intereses que detiene que nos movamos a energía renovable”.

CLARIDAD

El “problema escocés”, el mismito que David Cameron y los tories creyeron haber resuelto en 2014, está de vuelta en la agenda del Reino Unido y con más fuerza que hace 8 años. Todo indica, además, que las repercusiones de este asunto en el resto de Europa, después del “Brexit” británico, serán muy diferentes. También será muy distinto el impacto que los nuevos eventos en Escocia tendrán en otros procesos similares, particularmente el que se da entre España y Cataluña.

En 2014 Escocia votó en un referéndum autorizado por el parlamento del Reino Unido, promovido por el entonces primer ministro David Cameron, quien esperaba ganarlo y, de esa manera, congelar el tema escocés por, al menos, una generación. La jugada el salió bien al líder conservador porque el apoyo a la independencia se quedó en 44.7%. Dos años después se jugó la misma carta convocando otro referéndum para decidir sobre la permanencia británica en la Unión Europea, esperando un resultado similar, pero, como sabemos, fue muy distinto. Esa segunda votación, y los serios efectos que el Brexit ha representado para los escoceses, ha echado por la borda la calma que los tories creyeron haber conseguido en 2014. Ahora el reclamo de independencia es mayor y un nuevo referéndum está sobre el tapete.

Uno de los temas que copó el debate previo al referéndum de 2014 fue, precisamente, la permanencia en la Unión Europea. En la campaña a favor del No, el gobierno británico insistió en todo momento que, si Escocia se separaba del Reino Unido, automáticamente quedaría fuera de la UE, sin ninguna posibilidad de entrar luego como un gobierno independiente. El liderato de la Unión apoyó la posición británica, advirtiéndole a los escoceses que si separaban quedarían marginados de Europa. Todas las encuestas señalaron que ese tema tuvo un peso enorme a la hora de decidir cómo votar en el referéndum.

Dos años después, quienes habían metido miedo con la salida de la UE optaron por salirse de ella llevándose a Escocia en la ida. En el referéndum del Brexit el 62% de los escoceses votó por la permanencia, pero el voto de los ingleses por la salida (53.4%) inclinó la balanza. Quedó en evidencia entonces, que Escocia no controla su destino y que, igual como ha sido desde hace muchos siglos, los ingleses siguen determinándolo, poniendo siempre en primer lugar sus deseos e intereses.

Ahora, cuando ya es una realidad la salida del Reino Unido de la UE, quedan pocos argumentos en contra de la independencia y su apoyo supera con creces el 50 por ciento. Sin embargo, el problema es lograr que el parlamento británico acepte un referéndum como el celebrado en 2014, que de antemano los obligaba a honrar el resultado. Distinto a entonces, la probabilidad de que se imponga el Sí a la independencia es muy alta y el partido de Boris Johnson, que controla el Parlamento, se niega a facilitar una nueva votación.

Lo que se debate actualmente en Escocia es si, amparándose en su derecho a la libre determinación, y ante la negativa del gobierno central, convocan de forma unilateral un nuevo referéndum para decidir su separación del Reino Unido. El resultado de la última elección, celebrada el pasado mes de mayo de 2022, aumentó a 453 los escaños del Partido Nacional Escocés (SNP) en el parlamento local, dejándolo muy cerca de la mayoría absoluta, la que completan con los 35 diputados que obtuvo el Partido Verde. Sin embargo, aun cuando cuentan con los votos para aprobar el nuevo referéndum, buscando evitar una confrontación judicial con Londres consideran aprobar una ley que no decrete la separación inmediata en caso de triunfar. El estatuto dispondría que, de ganar el Sí, se estaría autorizando un proceso de negociación con el gobierno del Reino Unido hacia una eventual independencia.

En ese nuevo debate, los llamados “unionistas” no tendrán disponible la bandera del miedo de la posible salida de la UE. Por el contrario, sólo con la independencia los escoceses podrían volver a integrarse a la comunidad europea, como quería el 62% de los que votaron en 2016.

No escapa a la vista el impacto que estos nuevos desarrollos en Escocia tendrían en el resto de Europa, ya fuere dentro del propio Reino Unido o en otros países, en particular, en España. Dentro del RU, definitivamente impactaría en Irlanda del Norte donde Sinn Fein, el partido que postula la independencia y eventual unión con la República de Irlanda, obtuvo recientemente una mayoría relativa en el parlamento local.

En España, por su parte, el impacto sería aún mayor porque la situación de Cataluña se parece mucho a lo que ahora se plantea en Escocia. Tras la votación escocesa de 2014, los catalanes redoblaron sus esfuerzos para que el congreso español autorizara un referéndum similar, pero el rechazo fue total. Ante esa negativa optaron por convocarlo mediante una ley debatida y aprobada en su parlamento. Las autoridades madrileñas no solo advirtieron que no reconocían esa votación, sino que enviaron tropas policiales a reprimir a los votantes el día de la consulta. Las cargas policiales de aquel 1ro de octubre de 2017 contra personas que solo querían votar recordaban lo peor del periodo franquista. Posteriormente, el liderato independentista catalán fue procesado por “sedición” y enviados a la cárcel. Desde la UE se mantuvo un silencio cómplice ante la represión que desplegaba el gobierno español.

Ahora en Escocia se debate un proceso muy parecido al que trataron de llevar los catalanes en 2017 y está por verse cuál será la respuesta de Londres y de la UE, donde la primera ahora no está. En España, obviamente, el nerviosismo crece.

La moraleja de todo esto es la que hemos apuntado muchas veces: el destino natural de las naciones es la independencia. Mientras las nacionalidades existan siempre caminarán en esa dirección, como los ríos que buscan su salida al mar.

CLARIDAD

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Aun cuando el llamado proyecto Reforma Laboral (PC 1244) no es para nada una reforma laboral y apenas repara a medias tres aspectos de las leyes laborales, la Junta de Control Fiscal le advirtió al gobernador Pedro Pierluisi Urrutia que no firme el proyecto.

En carta enviada el 13 de junio a Pierluisi Urrutia, la JCF le advierte que si firma el proyecto, una vez firmado deberá presentar en siete días un análisis de la totalidad de su  impacto económico, incluida la participación de la fuerza laboral y sus ingresos. Otra  vez, la Junta acude al argumento de que la medida “no cumple con el Plan Fiscal Certificado y con los propósitos de PROMESA”.

Esta es la tercera ocasión  en que la JCF interfiere con legislación laboral o aspectos que solo corresponden al sector laboral privado. En la primera, el intento por que se elimine la Ley 80, intervino en el conflicto obrero patronal de los camioneros, y ahora interviene con la llamada ‘reforma laboral’.

José Rodríguez Vélez, portavoz de Movimiento Sindical Solidario (MSS), expresó a CLARIDAD que pese a que el  proyecto no es el que se merece la clase trabajadora del sector privado, sí tiene unos avances: “No es lo que teníamos en la Ley 4 del 2017, pero sí hay unas mejoras”.  En cuanto a la postura de la JCF, dijo que aunque le  sorprendió, sabe que “la Junta va hacer todo lo posible para no darle beneficios a la clase trabajadora del sector privado. Igual, la carta que envían al gobernador es muy débil. En sus argumentos dice que está en contra en algunos de los temas del 1244, pero no dicen en qué específicamente”.

El líder sindical explicó que en  estos momentos estaban bien pendientes a la posición que vaya asumir el gobernador y a lo que suceda con la medida, si es que este la firma, y pase  lo mismo que con la ley de retiro digno que la JCF la impugnó en el tribunal. “Pero entendemos que el gobernador tiene que hacerle frente porque aquí la Junta no puede determinar cuántos días de vacaciones le tiene que dar un patrón privado a un trabajador, no se puede meter en eso. Esto es una decisión entre los patronos y trabajadores, no puede ser lo que la Junta diga”.

Solo unos cambios mínimos

Sobre ese aspecto, el portavoz del MSS denunció que solo un puñado de trabajadores y trabajadoras logran rescatar los días de vacaciones y enfermedad, ya que  el proyecto los divide entre los patronos que tienen 12 empleados o más y los que tienen menos de 12 empleados. Trabajadores cuyos patronos tienen 12 empleados o menos, se mantienen con los 6 días de vacaciones.

“Es inaceptable que en esta época un trabajador o trabajadora solo tenga 6 días de vacaciones al año. Aquí se mantiene bien viva la desastrosa Reforma laboral de 2017 mientras sigue aumentando la precarización  en el sector privado”.

Otro aspecto crítico del proyecto aprobado es que dispone que las enfermeras,  guardias de seguridad y croupier solo tienen  20 minutos de periodo de almuerzo en una jornada de trabajo. “Aquí se hicieron unas vistas pro forma donde no tomaron en consideración ninguna de las propuestas de los sindicatos que defienden a la clase obrera en el sector privado. Expresamos claramente que entre los turnos tenía que haber un periodo de descanso de 12 horas, sin embargo, ni siquiera lo consideraron, ahora usted sale a las 9: p. m. y el patrono lo puede obligar a entrar a las 5: a. m., algo absurdo que en nada aporta al periodo de descanso que se merece esa persona” manifestó el líder sindical.

Las pocas mejoras que dijo tiene el proyecto son: redujo el periodo probatorio de 9 meses a 6, bajó las horas para el  bono de Navidad  de 1350 al año a 900, o  hasta 750 horas, según la cantidad de empleadas y empleados que tenga el patrono. “Hay algunos adelantos, sí, pero no los suficientes que mejoren la calidad de vida y trabajo de las personas”.

En entrevista por separado, el abogado y experto en Derecho Laboral, Carlos Quirós, acotó que lo aprobado sigue siendo malo, dado a que no atiende realmente todas las preocupaciones que se habían planteado, como por ejemplo, el tiempo mínimo de descanso.  “En términos de las intenciones la JCF, nos concentramos en que viene a cobrar la deuda; pero ellos representan un sistema capitalista que está fundamentado en mayores ganancias. Según ellos,  todo lo que se ha desarrollado en Puerto Rico sobre  vacaciones y bono de Navidad,  es una cosa inaceptable porque eso afecta el margen de ganancia de las empresas del sector que representan”.

Añadió que si bien, técnicamente, la JCF no tiene ninguna potestad para oponerse al proyecto, como el Tribunal Federal  le ha dado tanta potestad, no le sorprendería que les diera la razón si es que el ente acude al tribunal. No obstante, el licenciado Quirós dio crédito a que la medida adelanta algunos aspectos, por lo que considera que por circunstancias y las relaciones de poder que hay en Puerto Rico hay que aceptarlo.

La ‘consistencia’ de la Junta

 Para la senadora por el Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), licenciada Ana Irma Rivera Lassén, presidenta de la Comisión de Asuntos Laborales,  “la Junta ha sido consistente en oponerse a mejorar las condiciones de empleo de las y los trabajadores, al aumento a los maestros, al retiro digno, a todo lo que tenga que ver con  condiciones de empleo dignas y adecuadas”.

Resaltó que aun cuando el proyecto es una  reforma que habla del sector privado, “para la Junta todo tiene que ver con tocar los intereses de los empresarios. Por ahí es que va la cosa. Creen que el desarrollo de Puerto Rico se da protegiendo los intereses de los grandes”. A preguntas de CLARIDAD, no descartó que fuera posible que los patronos se hubieran reunido con el ente fiscal, debido a que  la Junta está diciendo lo mismo que dice ASORE (Asociación de Restaurantes de Puerto Rico). Recalcó que el proyecto no es una reforma laboral, sino unos cambios puntuales a la ley 4 del 2017.

“No se le puede llamar una reforma laboral así que también es sorprendente que la Junta se ponga en esa posición cuando esto son cuestiones bien mínimas”.

La senadora Rivera Lassén dijo que mucho de lo que está en el proyecto, si no todo, responde a lo que el gobernador habló con la Cámara. Lo que hizo el Senado fue trabajar que la medida  tuviese coherencia, “pero básicamente no le hicimos ningún cambio, porque es tan mínimo lo que tiene, que queríamos garantizar que lo poco que tiene fuera firmado”.

En esa línea, dijo creer que el gobernador sí  va a firmar el proyecto porque, si no, sería una muestra de lo que él dice que va a enfrentar a la Junta. “No creo que la enfrente mucho, pero realmente tiene todos los argumentos para decirle que no se meta en esto porque esto no son fondos públicos, así que tiene todos los argumentos para decirle que no a la Junta”.

Un apoyo crítico

Otro que subrayó que lo aprobado no es una reforma laboral y que sí cree que el gobernador  va a firmar la medida es el también  el abogado laboral, Jorge Farinacci Fernós. Este planteó que lo ocurrido en el país en el 2017 fue una desarticulación de lo que era la legislación del trabajo en el sector privado. Recordó que el sector público tuvo un proceso similar bajo la excusa de la falta de recursos económicos.

En el caso del sector laboral privado, se planteó que la reforma mantendría y haría a Puerto Rico más  competitivo, pero lo que ha hecho es llevar al país en una carrera para abajo. “Ni siquiera en el 2017, ni siquiera antes de la reforma, la legislación en el país era idónea. No es que hubiéramos estado en el 100 % y la reforma nos quitara cosas y ahora estemos intentando regresar al estado vigente del 2017.  Antes había muchos asuntos que había que atender. En el 2017 esa reducción masiva  tuvo un efecto inmediato de que ahora las y los trabajadores iban a trabajar más por menos. La explotación se convirtió en el modelo de incentivo económico de Puerto Rico”, manifestó.

Como abogado laboral y estudioso, Farinacci señaló que  regresar al 2017 no es el punto final. Su apreciación de las discusiones que hubo sobre la medida, en particular en el Senado, se notaba mucha resistencia de parte del PPD a desafiar al Ejecutivo y a que el PNP aceptara que había cometido un error en el 2017.  El resultado fue que se aprobó un proyecto que lo que hace es que restituye parte de los derechos que existían en el 2017, pero no añade derechos. Las y los trabajadores estamos en una etapa restaurativa.

El licenciado Farinacci Fernós argumentó que en un análisis intelectual honesto hay que reconocer que el proyecto afecta la vida de las personas que trabajan. Su conclusión es  que lo que se está proponiendo vale la pena apoyarlo críticamente, desde la perspectiva de los trabajadores de que este es un paso hacia otras reconquistas y nuevas conquistas. “Si fuese legislador, hubiera votado a favor”.

Respecto a la postura de la JCF censuró que es una ideológica, igual que su empeño en derogar la Ley 80, pero por definición ninguna de las dos aplica al Estado ni tienen que ver con las arcas del gobierno.

“No sé por qué confío en que el gobernador tiene que reconocer que su propia base social ha cogido muchos cantazos y están muy molestos con este asunto, que tiene que tener esa presión. No puede verse como constantemente subordinarse a la JCF en un asunto que no tiene que ver con la Junta”.

Olvidados las y los meseros

 Por otra parte,  las Comisiones de Asuntos Laborales en ambos cuerpos no dieron paso a  los proyectos reclamados por el Movimiento Justicia Salarial (MJS) de las y los trabajadores de restaurantes, meseros, bartenders, para que se  elimine el subsalario de $2.13 la hora y reciban un salario como el resto de los trabajadores, de $8.50 la hora.

Randiel José Negrón Torres, portavoz del MJS nos confirmó que los proyectos fueron  engavetados en ambas comisiones: “Lamentablemente, la Comisión de la Cámara le bajó un informe negativo y no bajó a votación. El PC 1133 llegó a tener vistas públicas en las cuales ASORE y MIDA llevaron la bandera. Hasta el Departamento del Trabajo tuvo una posición de unas veces sí y otras no”, dio a conocer.

A la luz del resultado  de las medidas sobre sus salarios, y ahora de la postura de la JCF respecto a la reforma laboral, Negrón Torres, afirmó que Justicia Salarial siempre se expresó a favor de que se enmienden las leyes laborales: “Entendemos que el proyecto que se aprobó no es justicia salarial, pero apoyamos su aprobación. Ahora mismo está en el escritorio del gobernador, que no quiere firmarla. Yo creo que queda claro que si la JCF no quiere que se apruebe esa reforma laboral podemos deducir que también está en contra de que se aprueben proyectos como el PC 1133 y PS 758”.

La senadora Rivera Lassén, a preguntas de CLARIDAD  sobre este aspecto de la medida, reconoció que esta es una de las áreas que hay que darle prioridad. Indicó que una vez se nombre la Comisión de Salario que creó la ley que aumentó el salario mínimo, esa comisión tendría la facultad de hacerle justicia a ese sector.