CLARIDAD

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La actual presidenta de la Unión de Empleados de la Corporación del Fondo del Seguro del Estado, Lizbeth Mercado Cordero, catalogó como un saqueo la posible transferencia de hasta $225 millones de las arcas de la Corporación del Fondo del Seguro del Estado (CFSE) a la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y a la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) para mitigar el aumentos en las facturas, que entró en vigor el pasado 1 de julio.

Aunque, como se ha informado públicamente, de realizarse la transferencia de fondos, el dinero se obtendrá de los ahorros logradas por la CFSE durante los pasados seis años, “nosotros estamos preocupados y a la misma vez molestos con ese saqueo que quieren hacer, que inicialmente decían que sería de $165 millones y ahora puede ser de $225 millones. Estamos en contra”, dijo en entrevista con CLARIDAD la unionada.

También llamó “irresponsable” al gobernador y a los legisladores que apoyen el Proyecto del Senado 931 para crear la Ley para Mitigar el Aumento en el Precio de la Energía. Esta pieza legislativa establece la transferencia de $145 millones de la CFSE a la AEE y de $20 millones a la AAA para mitigar o evitar aumentos en los servicios. Ese total podría elevarse a $225 millones de concretarse una enmienda que presentaría la delegación del Partido Nuevo Progresista (PNP) en el Senado.

“Ese dinero se debe quedar en la Corporación para mejorar servicios a los pensionados, contratar médicos y especialistas y a más personal, para comprar materiales y equipos, arreglar estructuras que están desmejoradas. Y más cuando los empleados de la Corporación damos la milla extra para ofrecer los servicios”, dijo la presidenta de la unión que integra unos 1,620 empleados.

Durante todo este proceso, los titulares del Negociado de Energía, la AEE y de la CFSE han favorecieron la medida. Según Mercado Cordero, “ellos siempre han indicado públicamente que los fondos están disponibles, pero nosotros como quiera nos estamos oponiendo tajantemente a que ese dinero se utilice en otro sitio que no sea la misma Corporación”.

Esta semana han continuado las vistas públicas en la Cámara Alta para discutir el PS 931. Desde que comenzó a discutirse la medida, el liderato legislativo no ha querido darle paso. La ficha de tranque está, según el portavoz del Partido Popular Democrático (PPD) en el Senado, Javier Aponte Dalmau, en que el componente fiscal del gobierno no ha podido certificar una fuente de repago de los fondos que se le pretenden retirar a la Corporación. Aponte Dalmau no pudo precisar si la medida, en efecto, se llevará a votación y si ello podría ocurrir este martes 19 en la continuación de la sesión extraordinaria convocada por el gobernador.

Mercado Cordero aseguró que “el primer Proyecto de la Cámara, el 1387, que fue derrotado el 24 de junio, establecía una fuente para reembolsarle el dinero a la CFSE en 24 meses. Eso era ficticio porque decía que se utilizaría el dinero del fondo general para reponer el préstamo de la Corporación cuando sabemos que ahora mismo ese fondo no tiene dinero”.

Ante la mención de esa posibilidad, el senador Juan Zaragoza Gómez ha dicho públicamente que si se llegara a enmendar la medida para que el repago a la CFSE salga del fondo general, entonces se tendría que enmendar el plan fiscal y entraría a la ecuación la Junta de Control Fiscal.

No es la primera vez que ocurre este tipo de transferencias. Desde la década de 1990, el gobierno central ha retirado miles de millones de dólares de las arcas de la CFSE, una de las pocas corporaciones públicas autosuficientes. “Nosotros somos la ATH del gobierno central. Cuando tiene problemas alguna agencia que no ha hecho buen uso del dinero o no ha administrado bien, miran para la Corporación”, dijo sobre este particular Mercado Cordero.

LUMA tiene una reserva de dinero

A juicio de la entrevistada, “a quien tienen que quitarle ese dinero es al mismo LUMA que tiene $750 millones para trabajar con eso”.

En su más reciente columna para CLARIDAD, el senador Rafael Bernabe dijo: “Si el gobernador busca fondos para un alivio inmediato debe empezar por renegociar aspectos del contrato de LUMA. Ese contrato establece un fondo de reserva de más de $750 millones, de los cuales se pueden sacar fondos para el alivio temporero que pretende realizar con fondos de la CFSE. En todo caso, lo que hace tiempo de debió hacer es cancelar el contrato de LUMA”.

A esto le añadió la entrevistada: “Eso es un parcho, una falta de respeto de parte del gobernador que insiste en eso. Eso es por tres meses y después cogerán el fondo de otra agencia o volverán sobre el de nosotros”.

“Estamos en contra en todo momento de este saqueo y de los que puedan venir porque entendemos que eso va en detrimento del servicio de excelencia que se merecen los trabajadores lesionados que necesiten los servicios de la CFSE”, continúo Mercado Cordero.

El provocar inseguridad financiera en la CFSE y la insistencia del gobernador en “desvestir un santo para vestir otro” levanta la bandera roja de la posible intención de privatizar la agencia pública. “Por años siempre ha sonado ese monstruo”, confirmó la presidenta.

Ante todo esto, la unión de empleados de la Corporación y los demás líderes de otros sindicatos de la agencia “estarán haciendo lo propio y las acciones sindicales necesarias para que ese saqueo no se dé”, concluyó la entrevistada al tiempo que dijo que como gremio evalúan la posibilidad de unirse a la convocatoria de la manifestación contra LUMA que habrá el próximo miércoles 20 de julio.

CLARIDAD

Eran las once de la mañana del viernes 15 de julio, y aunque se suponía que fuera un día normal de trabajo, el estacionamiento de un edificio de oficinas de Río Piedras estaba vacío. Los profesionales que desde allí trabajan habían tenido que cerrar porque el área amaneció sin energía eléctrica. El enésimo apagón. Como son tan frecuentes, ya nadie se sorprende ni se molesta en llamar a reportar “la avería”. Solo tratan de “resolver”. Las oficinas tuvieron que cerrar y el personal se fue a trabajar “a distancia”.

Esa es la realidad que vive Puerto Rico desde se privatizó el sistema que distribuye la energía eléctrica entregándola a un consorcio nuevo, creado por grandes inversionistas extranjeros. Antes el servicio era deficiente, pero desde que fue privatizado ha ido empeorando de manera constante. Prácticamente, cada familia o negocio experimenta, al menos, un apagón semanal con efectos serios sobre la economía personal y la calidad de vida. Ya el generador de emergencia es tan necesario como la nevera, aumentando el gasto familiar y de operación comercial.

Los continuos apagones reverberan sobre otros servicios. El fin de semana pasado decenas de miles de hogares que se suplen del Acueducto del Norte estuvieron sin agua por una falla eléctrica. Igual que sucede con los hogares, la autoridad que provee agua ha tenido que invertir enormes sumas en generadores de emergencia. Cuando este no existe, como en el caso del Súper Acueducto, la gente se queda a secas.

¿Quién responde por esto? La decisión de privatizar la distribución de energía fue del gobierno, que entonces dirigía Ricardo Rosselló, y de la Junta de Control Fiscal que controlaba las decisiones sobre la AEE bajo la ley PROMESA. Motivados por la visión neoliberal que estigmatiza lo público y privilegia lo privado, tomaron dos decisiones que resultaron fatales. La primera fue desmantelar todo el sistema de distribución energético, construido a lo largo de setenta años, reduciéndolo a cero, para entonces crear uno nuevo. La experiencia acumulada por miles de trabajadores e ingenieros, que conocían el sistema y sabían operarlo, fue descartada de un plumazo porque se tomó la decisión de que el nuevo operador traería su gente.

Esa acción, cuya fatalidad ahora es evidente, fue producto de la visión anti obrera y neoliberal que buscaba darle un golpe mortal a uno de los sindicatos más militantes de lo últimos cincuenta años, la UTIER. Desde hacía tiempo la propaganda oficial vinculaba los problemas con el sistema eléctrico al sindicato, preparando el camino para el golpe.

Lo lógico hubiese sido que el nuevo operador utilizara la experiencia y el conocimiento acumulado por la fuerza laboral, pero eso implicaba necesariamente mantener al sindicato que los representaba. Buscando acabar con la UTIER dejaron el sistema desnudo y a la intemperie un primero de junio, precisamente el día en que comenzaba una temporada de huracanes. Fue una decisión temeraria e irresponsable cuyos efectos nocivos los sufrimos todo.

La segunda decisión fatal fue entregarle el sistema a un operador que carecía absolutamente de experiencia y tenía cero personal. Luma Energy no existía antes asumir la difícil tarea de dirigir la distribución de electricidad en Puerto Rico, sino que fue creada desde cero por dos consorcios extranjeros, la estadounidense Quantas y la canadiense ATCO. Ni los gerentes ni mucho menos los empleados que comenzaron a reclutar conocían el sistema que había en Puerto Rico, y la mayoría de ellos ni siquiera había trabajado con estructuras parecidas. Y como querían destruir a la UTIER y alejar lo más posibles a los trabajadores que llevaban años operando el sistema, optaron por contratar gente sin experiencia.

No había que ser experto para predecir el caos si se descartaba toda la masa de trabajadores y técnicos que dirigía el sistema eléctrico, sustituyéndolo de un día para otro por personal nuevo, sin experiencia con la estructura que debían operar. En cualquier lugar donde eso ocurre es lógico esperar, al menos, un difícil período de ajuste. Pero si el sistema a operar es uno catalogado de “frágil”, que recientemente había sufrido la destrucción de un huracán categoría 5, en lugar de un “período de ajuste” tendríamos la debacle que ahora tenemos.

No sé si dentro de cinco años, tras la inversión de miles de millones de dólares adicionales, Luma Energy advenga a ser mínimamente eficiente. La realidad es que ahora no lo es y el país no puede esperar por esa hipotética mejoría.

La táctica del gobierno de Pedro Pierluisi es tratar de desligarse del problema diciendo que se trata de una empresa privada, como las que proveen telefonía o internet. En primer lugar, no se trata de un servicio como esos que, aunque importante, no resulta esencial y, además, es ofrecido por más de una empresa. En segundo lugar, la crisis fue creada por el gobierno y sus supervisores y son ellos los que tienen que resolverla. No es un problema entre un proveedor privado y su cliente, sino el de un servicio esencial que estaba en nuestras manos y que el gobierno y la Junta que lo supervisa nos lo quitó. Ellos crearon el caos y son los llamados a resolverlo.