Disminuye el Índice de confianza del Empresario Puertorriqueño en el futuro por la proyección de una peor la situación económica en los próximos 12 meses,  el costo energético, la escasez de empleados y la carga de impuestos.

Estos son parte de los resultados que produjo la encuesta El Índice de Confianza del Empresario Puertorriqueño, realizada por Estudios Técnicos, Inc. (ETI) para la Cámara de Comercio de Puerto Rico y dada a conocer recientemente en comunicado de prensa. Según la encuesta, la confianza  del empresario puertorriqueño  disminuyó 4.5 puntos en este primer semestre de 2022 (55.2) en comparación con 59.7 del anterior.

“Estas son señales de preocupación, ya que la encuesta refleja que la economía está entrando en una fase de ralentización. Van a continuar los aumentos en ventas, pero a un ritmo más lento, y las empresas serán más prudentes con respecto a contratación de nuevo personal y a los planes de expansión”, expresó Cristina Vargas, directora de la División de Estrategias de Mercado de ETI.

En cuanto a la pandemia, se indicó que el impacto de las restricciones de la pandemia es un aspecto que afecta a los empresarios. Su efecto se redujo a un 8.9 % en mayo de este año, respecto al 10.3 % en noviembre del 2021. Solo un 12.9 % de las empresas ha tenido que cerrar en los últimos meses, comparado con un 15.4 % en el 2021. Este año, un 75.8 % de los empresarios reveló que ellos o sus empleados contrajeron COVID-19, versus un 52.2 % en el 2021.

Entre los problemas mayores que enfrentan las empresas con más de 20 empleados están: costo energético (64 %), escasez de empleados (59 %) y carga de impuestos (45 %). Entre las empresas de menos de 20 empleados los problemas principales son: carga de impuestos (47 %), escasez de empleados (37 %) y costo energético (35 %), Otros problemas graves señalados fueron: la situación económica, la burocracia gubernamental, los costos de transporte y una demanda insuficiente.

Mientras, hubo un aumento notable de un 71 % este año de empresas que ofrecen sus productos y/o servicios por internet, versus 65.4 % que lo hacía el pasado año.

Se encontraron diferencias significativas por el tamaño de las empresas en las preguntas sobre las ventas y el nivel de empleo. Las ventas en las empresas con más de 20 empleados aumentaron más que las pequeñas (47 % versus 17 %). El nivel de empleo en las empresas con más de 20 empleados aumentó en mayor proporción que las más pequeñas.

En cuanto a la situación económica actual, son menos los que creen que Puerto Rico está en recesión, un 57.3 %. El año pasado, en noviembre de 2021 un 62.5 % sí creía que enfrentamos una recesión y en mayo de 2021 lo opinaba una mayoría de 80.8 %.

Sobre cómo miran al futuro, el Índice de expectativas de las empresas también se redujo notablemente a 63.5 con respecto al 71.9 en noviembre de 2021. Esto incluye que un 32.5 % cree que la situación económica en Puerto Rico será peor en los próximos 12 meses (solo 22.1 % opinaba así en el 2021) y solo un 22 % cree que será mejor. El 45.5 % cree que será igual (41.9 % creía eso el año pasado).

Esa visión negativa incluye al 11.3 % que espera menos ventas en los próximos seis meses (solo el 6.6 % esperaba esto el año pasado), el 14 % disminuirá las órdenes de compras a los suplidores y el 8.9 % espera reducir empleados.

Para los próximos seis meses, el 57.3 % espera que sus ventas aumenten, aunque no con el mismo optimismo de noviembre de 2021.  Confían que las órdenes continuarán aumentando (51.6 %) y no se esperan cambios en la contratación de empleados (47.6 %).

Desde el 2019, la Cámara de Comercio le encomendó a ETI preparar este índice de confianza centrado en sus socios y los de asociaciones afiliadas a la Cámara. Participaron en esta ocasión 124 empresas, un 93.5 % de estas son empresas puertorriqueñas, con un promedio de 26 años de establecidas.

La encuesta completada entre marzo y mayo de 2022 revela que la anticipación de una situación económica peor en los próximos 12 meses, causada por  factores como el costo energético, la escasez de empleados y la carga de impuestos, ha hecho que baje la confianza del empresario puertorriqueño.

CLARIDAD

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La Junta de Control Fiscal (JCF) continúa presionando para que se cambie el Sistema de Retiro de beneficio definido de la Universidad de Puerto Rico (UPR) por uno de contribución definida, el llamado sistema 401K. La amenaza continua vigente, esta vez con el chantaje de parte de la JCF de otorgar $40 millones más al presupuesto de $500 millones a la UPR si la Legislatura y Ejecutivo ceden a que se cambie el sistema aun cuando el actual se encuentra en su mejor momento.

La “petición” de la JCF fue confirmada por el presidente de la Junta de Retiro, Luis Vicenty Santini, y la presidenta de la Hermandad de Empleados Exentos No Docentes (HEEND), Jannell Santana Andino. La exigencia de la JCF está plasmada en una carta enviada al gobernador, Pedro Pierluisi, y al presidente interino de la Junta de Gobierno de la UPR, Ricardo Dalmau, con fecha del 9 de junio.

“El Ejecutivo, como se ha dicho todo el tiempo, es un cabildero más de la JCF”, denunció Santana Andino, respecto a que en el presupuesto presentado por el Ejecutivo a la Legislatura está contenida la petición de la Junta.

A pesar de un intenso cabildeo en la Cámara, en donde  representantes de las organizaciones de trabajadores universitarios lograron que se presentara una enmienda para eliminar esa “píldora venenosa”, como la describió Vicenty Santini, con la cual el presidente de la Comisión de Presupuesto del Senado expresó concurrir, para el presidente de la Junta de Retiro la amenaza sigue vigente.

“Esa transformación la lleva pidiendo la JCF desde el 2017. De una manera u otra se ha evitado. Esta vez la estrategia es atar esa cantidad de dinero del presupuesto de la UPR a que se diera el cambio”.

El  intento de atentar contra el sistema de retiro data desde el 2009, bajo la administración del entonces gobernador, Luis Fortuño. Con la llegada de la JCF, continuaron tratando de eliminar el plan. Vicenty Santini narró que en el 2018, en una reunión con la entonces directora ejecutiva de la JCF, Natalie Jaresko, y el presidente de la JG de la UPR, doctor Eduardo Berríos, la presidenta de la JCF les dijo que ni la Universidad ni Puerto Rico podían tener sistemas de beneficios definidos porque no tenían la capacidad para pagar ese tipo de beneficio.

A la pregunta directa de Vicenty Santini, de si en ese momento, en que el sistema tenía 47 centavos de cada dólar, lo llevaban a tener 100 centavos de cada dólar, es decir, 100 % de fondos, ella dejaría que el sistema continuara, su respuesta fue: “No, no lo dejaría que continuara porque la JCF tiene como meta bajar la aportación del Estado a la UPR solo a $200 millones”.

Ante esta intención, el presidente de la Junta de Retiro puso en perspectiva de la JCF que el presupuesto de la UPR, por fórmula de la Ley 1 de 1966, establece que el 9.6 % del presupuesto del Fondo General debe ir dirigido a la UPR. Durante toda la primera década del 2000 eso era equivalente a más de $900 millones; en otro momento, a $800 millones, y, si se aplica al tamaño del presupuesto del país al presente, eso equivaldría a $1mil millones por año. “Eso quiere decir que el dinero lo hay”, pero la JCF ha impuesto la reducción del presupuesto a $500 millones.

Vicenty Santini narró que, durante los años 2017 a 2019, la JCF junto a la administración de la UPR agenció desfondar el sistema de retiro, violando la ley PROMESA, al aprobar aportaciones al sistema con cantidades por debajo de las recomendadas por el actuario. La ley  PROMESA dice que para los sistemas de retiro la JCF  tiene que aprobar el debido financiamiento, y quien establece cuál es el debido financiamiento no es la Junta, sino el actuario. Así que los Universitarios se proponen llevar ese asunto en algún momento al tribunal.

Lo que no se esperaba la JCF

En el 2019, la JCF “se da cuenta de que está metiendo las patas con el retiro y le dice a la UPR que había que aumentar la aportación a $160 millones. La aportación anterior requerida por el actuario no pasaba de $80 millones, así que la Junta utiliza eso para meterle presión económica a la Universidad, a la cual ya le había achicado el 51 % de su presupuesto”, expuso Vicenty Santini.

Cuando en el 2020 la UPR comienza aportar esos $160 millones que tenía que aportar hasta el día de hoy, de  momento en el 2021, el retiro tiene un retorno de inversiones sin precedentes  que  le  posiciona en quinto lugar en retorno de inversiones en todo Estados Unidos  y sus territorios. El sistema gana más de  $700 millones de cantazo en menos de 12 meses, lo cual eleva la capacidad de financiamiento del sistema a $1.8 billones en sus fondos y a tener más de 50 % en su fondo contra la deuda actuarial a futuro. “Estamos ahora en el mejor punto en la historia. Nunca antes se había tenido un retorno de inversión en un solo año y, además de eso, con posibilidad de mejorar la capacidad del fondo de pagar pensiones a futuro”.

El presidente de la Junta del Sistema de Retiro denunció que luego de ganarle en el tribunal a la JCF el caso de a quién le pertenece la fiducia del sistema, el pasado año la JCF comenzó una campaña por Twiter diciendo que el fondo del retiro iba a durar solo hasta el 2030.

Vicenty Santini alertó de que hay que estar pendientes y entender que aunque la Asamblea Legislativa pudiera aprobar el presupuesto sin el cambio que pide  la JCF y el Gobernador, saben que con el poder que tiene, la JCF pudiera cambiarlo y vetarlo. Pero hizo la observación de que la JCF  tiene un problema, que es que no puede violentar su propia ley PROMESA ni puede violentar leyes federales, como la ley federal de fideicomiso que le prohíbe entrar a trastocar un fideicomiso. Entre otros aspectos, destacó que hay una opinión del actuario que dice que abrir un sistema 401k bajo la situación que tiene la UPR pudiera ponerle en riesgo de no cumplir con el pago de la aportación patronal al sistema, cosa que ya pasó el año pasado, por lo cual el gobernador le tuvo que aprobar una asignación aparte de $40 millones. Crear ese nuevo sistema de retiro implicaría más de $30 millones adicionales para unas carteras de inversión privadas.

A su juicio, la  controversia  que tiene la JCF con la UPR y su sistema de retiro es un asunto ideológico: “Como diría don Eluterio ‘Así nunca va a llegar la estadidá’  porque no puedes tener una Universidad sin investigación, y la están destrozando. Cortar la Universidad es cortar las posibilidades de la movilidad social de las personas en Puerto Rico”.

El segundo chantaje

 La presidenta de la HEEND dio a conocer que  la JCF también condiciona los $40 millones a que se  implemente el plan piloto de servicios compartidos. “Todavía lo desconocemos, a pesar de haber hecho las gestiones con la administración para que nos  presenten el plan. Es tan, y tan hermético el concepto del plan piloto que ni los mismos recintos saben cuál es el plan que se supone que comience el 1.⁰ de julio”.

De lo que han podido ver, dijo, el plan violenta el convenio colectivo, dado que contempla dar  plazas a unos empleados sin pasar por el proceso de convocatoria y traslados. Hasta el momento, los intentos por hablar con el presidente de la Junta de Gobierno y el nombrado de la UPR no han dado resultados, lamentó.

CLARIDAD

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Una píldora venenosa, un proyecto destinado al fracaso y un ejercicio más de distracción son las descripciones y proyecciones que ha recibido el anteproyecto sobre estatus de Puerto Rico que el Comité de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes de Estados Unidos presentó este pasado fin de semana en la isla.

El presidente del Comité, Raúl Grijalba, las congresistas Nydia Velázquez y Alexandra Ocasio Cortés y  la comisionada residente, Jennifer González, se reunieron con líderes de los diversos partidos políticos de Puerto Rico y en una maratónica vista pública en la que participaron otros portavoces de las diversas corrientes políticas y de asuntos cardinales que afectan al país. Además, otros congresistas enviaron asistentes a quienes se les vio tomando notas.

La píldora venenosa

Por parte del sector independentista, el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) sostuvo una reunión con los miembros del comité en la que participaron su presidente, Rubén Berríos Martínez; el secretario general, Juan Dalmau; la vicepresidenta y senadora, María de Lourdes Santiago, y el constitucionalista Carlos Iván Gorrín Peralta.

Tras la reunión, el liderato del PIP declaró a la prensa que  mientras el proyecto mantenga el lenguaje de que la opción de la estadidad es autoejecutable, va a fracasar, ya que este lenguaje lo que constituye es la proverbial píldora venenosa: “El Pueblo de Puerto Rico tiene el derecho inalienable a la libre determinación e independencia y los Estados Unidos, la obligación de descargar su responsabilidad descolonizadora. Debe ser tarea impostergable para ambos países ponerle fin al régimen colonial tal y como acertadamente reconoce el borrador del proyecto”.

La postura del PIP es que si el Congreso no enfrenta las complejidades de fondo que para Estados Unidos entraña el tema de la estadidad, el proyecto de ley no tiene futuro. El Congreso no aprobará un proyecto que disponga, como lo hace el anteproyecto, que si la estadidad obtuviera la mitad más uno de los votos, el Presidente deberá, sin más, proclamar la admisión de Puerto Rico como estado dentro del año de la votación.

Agregó que, más aun, el anteproyecto no hace referencia a los requisitos mínimos tradicionales de anexión; a saber: el uso generalizado del inglés y la adopción del mismo como el idioma de las instituciones públicas y de gobierno, no constituir una carga económica para el erario federal y el necesario consenso de los habitantes del territorio. Tampoco toma en consideración un asunto de aun mayor trascendencia, y es que Puerto Rico tiene una identidad nacional propia profundamente arraigada y diferente a la de los Estados Unidos, nación que a su vez no aspira a convertirse en un país multinacional.

La exclusión del ELA

El profesor de Derecho Constitucional Carlos Ramos González señaló que lo verdaderamente novel del anteproyecto, al dejar de lado las demás consideraciones, incluso consideraciones técnicas, es que es la primera vez que se presenta una medida sobre el estatus de Puerto Rico, que no incluye la alternativa territorial colonial del estado libre asociado (ELA). Dijo creer que el  anteproyecto no se va a aprobar por diferentes razones. Entre ellas está el contenido de ‘la píldora venenosa’ de la estadidad, por las quejas de los que se sientan excluidos, como el mismo Washington DC. El hecho de que se haya presentado sin la alternativa colonial le parece de suma importancia.

Expuso que este hecho tiene  muchas implicaciones políticas, y que una de ellas es que fuerza a los defensores de la territorialidad colonial, que  todavía domina al PPD, a ser más claros en su defensa abierta del coloniaje. “Es importante para un proceso de descolonización que abiertamente admitan que son un territorio por consentimiento. El que digan eso los convierte en delincuentes internacionales confesos. Una cosa es que niegues el territorio colonial y otra que la admitas”.

Este considera que la reunión más importante que tuvieron los congresistas en Puerto Rico fue con los líderes del PPD, debido a que al planteamiento de los congresistas de cuál era su propuesta jurídica de un ELA fuera de la cláusula territorial, el PPD no pudo responder.

Desde esa perspectiva, una de las lecturas que pueden darse del proceso es forzar a ese sector colonialista, que es lo que representa el problema, a que se defina. Si los EE. UU., —entiéndase los intereses económicos, sobre todo— no tuviese un interlocutor en Puerto Rico, como lo ha sido históricamente el PPD, se le haría más difícil la gobernanza territorial.

Un segundo aspecto que  provoca la discusión del anteproyecto es la independencia. A juicio de Ramos González, este presenta una oportunidad para que todos esos trabajos que se han hecho con relación a cómo se tiene que dar esa transición hacia la independencia se retomen y se expliquen al detalle. La medida presenta las áreas especificas que se van a acordar por Estados Unidos en un periodo 25 años de transición. Resaltó que este es el momento, que el independentismo no debe seguir hablando en contra de la estadidad, sino tomar la delantera, porque en el proyecto la primera alternativa que discute es la independencia, después la libre asociación y último la estadidad. En Puerto Rico los proyectos siempre empiezan al revés, observó.

El tercer aspecto que resaltó fue la importancia que ha tomado la diáspora en el proceso, dado a que hay estudios en todos los órdenes, históricos, políticos, que hablan sobre el futuro de la nación. Un ejemplo de ello es el mismo anteproyecto que fue trabajado por las congresistas Nydia Velázquez y Alexandra Ocasio. “No hay duda de que el pensamiento de esas dos congresista ha sido determinante en todo este proceso. Si Nydia Velázquez no presenta su proyecto, el de Jenniffer no hubiese llegado a ningún lado”.

Elementos importantes

Por otra parte, el presidente de la Comisión para el Estudio Constitucional del Colegio de Abogados  y Abogadas de Puerto Rico (CAPR), Alejandro Torres Rivera, indicó a CLARIDAD que aunque   la posición histórica e institucional del Colegio desde el 1944 ha sido que la relación de Puerto Rico con Estados Unidos era una basada en consideraciones injustas, por lo que  reclamaba el derecho a la libre determinación.  Más adelante fue madurando un mecanismo procesal, y la posición que sigue teniendo es que el mecanismo procesal debe ser el de asamblea constitucional de estatus. En ese sentido, la posición del CAPR es más cercana a lo que fue el proyecto radicado por las congresistas del Partido Demócrata Nydia Velázquez y Alexandra Ocasio en el Congreso en el 2021.

Sin embargo, reconoció como uno de consenso el anteproyecto que se ha presentado entre las congresistas y la comisionada residente. A pesar de que excluye la asamblea constitucional de estatus, incluye otros elementos que para el CAPR  son importantes.

Identificó como el primero la ausencia de la alternativa colonial del ELA. Esto es contrario a las posiciones históricas que  había mantenido  el Departamento de Justicia de EE. UU., de que en una consulta de estatus tenían que incluirse opciones constitucionales para ese país bajo su cláusula territorial, lo que es constitucional para ellos, que es el ELA como lo conocemos. En esta ocasión, esa alternativa se descarta y  por primera vez se siembra en un proyecto de ley una propuesta diferenciada de lo que es la libre asociación, qué en efecto lo es y qué es la independencia.

El segundo paso adelante que dijo se incorpora, que estaba presente en el proyecto original de las congresistas, es la creación de una comisión negociadora bilateral. Esto establece también un mecanismo procesal para no descartar lo que puedan ser formas no coloniales y no territoriales y los correspondientes procesos de transición. Este mecanismo hace posible que se hagan  precisiones mayores en lo que tiene que ver con la ciudadanía estadounidense, la nacionalidad, la emigración y los poderes y prerrogativas que tendría el país bajo cada una de las opciones, así como cuáles serían los derechos económicos adquiridos por los habitantes de Puerto Rico de cara a una transición, sobre todo a la fórmula de independencia  y la libre asociación. Otros aspectos que establece son cuáles serían las garantías personales de los ciudadanos, cuáles serían los aspectos del gobierno propio en el caso de la independencia y libre asociación; pero sobre todo, también garantías como las que tienen que ver con el Seguro Social, pensiones de los veteranos y muchos otras cuestiones de transferencias y de aspectos sociales.

Un asunto que trajo a la atención el portavoz del CAPR es que es la primera vez que en un proyecto de estatus hay la referencia específica a Puerto Rico como nación y no como territorio. “En ese sentido, es de mucha importancia, porque Estados Unidos en su historia política nunca ha anexado naciones, siempre ha anexado territorios poblados mayormente por americanos blancos”.

Para el licenciado Torres Rivera, en el marco del  proyecto, lo más positivo que tiene a corto plazo, dentro de lo inviable que posiblemente sea desde el punto de vista del Gobierno de EE. UU.,  es que abre unos espacios de discusión que nunca han estado puestos en un proyecto. Para Puerto Rico  esto puede significar ganancias “en la medida en que nosotros maduremos este proceso de discusión. Que podamos verlo en una perspectiva de desarrollo, no de inmediatez”.

CLARIDAD

Con mucha frecuencia en las redes sociales circula alguna foto hermosa del Cañón de San Cristóbal que, según Google, “es una “joya geográfica en el corazón de la Cordillera Central entre los pueblos de Barranquitas y Aibonito.” Por su extraordinaria belleza escénica las entidades que promueven a Puerto Rico como destino turístico lo destacan en sus publicaciones, mostrando la cascada y la exuberante vegetación que lo rodea. ¿Sabía usted que, por muchos años, ese paradisíaco lugar se utilizó como vertedero? Desde el tope de la montaña se lanzaba diariamente casi toda la basura que se producía en Barranquitas, destruyendo la vegetación y contaminando las aguas del río que discurre en el fondo.

Su utilización como vertedero tenía sanción “oficial” y a nadie en el gobierno central puertorriqueño ni federal, ni mucho menos municipal, le parecía una barbaridad cubrir con basura un lugar de tanto valor ecológico. Todo empezó a cambiar cuando organizaciones comunitarias de Barranquitas y Aibonito denunciaron el crimen ambiental y CLARIDAD, entonces un pujante semanario que los militantes del Movimiento Pro Independencia (MPI) distribuían por todo el país, destacó el problema en sus páginas. De manera muy gráfica, las fotos de CLARIDAD mostraban los camiones del municipio lanzando su carga maloliente desde el tope de la montaña.

Tras destacarlo CLARIDAD en 1973, otros medios de prensa recogieron la denuncia y las protestas comunales arreciaron. Algún tiempo después el gobierno se vio obligado a ceder y el abuso ambiental terminó. Desde entonces, poco a poco la propia naturaleza fue reparando el daño y hoy el Cañón San Cristóbal es otra vez el lugar paradisiaco que el gobierno -el mismo que ejecutó y amparó el crimen- utiliza en sus promociones turísticas.

De aquella experiencia ha pasado medio siglo y, aunque el cañón barranquiteño se salvó, los crímenes ambientales siguen manifestándose y el efecto acumulativo de estos es cada vez más grave. Hay, además, una realidad que no ha cambiado: descubrir el crimen y denunciarlo sigue siendo tarea casi exclusivamente de la ciudadanía, y las instituciones gubernamentales actúan -y cesan de encubrir a los culpables- sólo cuando la prensa divulga la denuncia y el tema se convierte en asunto público.

Esos tres pasos -denuncia ciudadana, resonancia en la prensa y acción oficial- se repiten continuamente, siempre en el mismo orden, pero en algunos casos el crimen ambiental es tan severo, y el daño acumulado tan grande, que cuando finalmente se produce la acción del gobierno, o el mandato judicial para que esta se produzca, revertir los efectos resulta casi imposible. Ese es el caso de lo que está ocurriendo en Bahía de Jobos en el municipio de Salinas.

No hay más que ver alguna fotografía o vídeo del estado actual de ese lugar para concluir que el problema lleva allí muchos años y que la indolencia y el contubernio gubernamental ha sido la norma siempre. Se supone que el lugar sea una “reserva protegida”, bajo administración del Departamento de Recursos Naturales (DRNA) y, sin embargo, fue poco a poco destrozada por individuos que construyeron estructuras y muelles a la vista de todo el mundo. En la explanada creada donde antes hubo manglares, se celebraban festivales financiados con fondos asignados por la Legislatura y los políticos del área montaban sus fiestas para recaudar fondos de campaña. Al menos cuatro gobernadores pasaron por Fortaleza, junto a otros tantos secretarios o secretarias de Recursos Naturales, sin que ninguno quisiera fijarse en lo que estaba ocurriendo. Tampoco se habían dado por enterado los federales, aun cuando varias de sus agencias tenían responsabilidad directa para intentar detener lo que estaba ocurriendo.

La atención se produjo cuando ocurrieron los dos eventos que he estado mencionando: denuncia púbica y resonancia en la prensa. En esta ocasión fue la representante del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), Mariana Nogales, quien hizo la denuncia y, ante la magnitud de lo denunciado, la resonancia fue grande. Ahora la nueva secretaria del DRNA, Anaís Rodríguez, parece dispuesta actuar (si la dejan, porque ya se rumora que la van a sacar) y hasta los federales se dignaron a visitar el área. No obstante, dado el tiempo trascurrido y el daño acumulado, el camino a recorrer será largo, repleto de pleitos, y no sabemos si, como ocurrió con el Cañón San Cristóbal, alguna vez pueda la naturaleza recuperar su espacio en Salinas.

Otro caso de mucha resonancia ocurrió en Rincón, donde los titulares de un condominio lograron permisos oficiales para apropiarse de una playa pública. Allí la militancia ciudadana no solo denunció el problema, sino que también se movilizó a intentar detener el crimen ambiental, enfrentándose a la Policía y al propio DRNA. El amparo finalmente vino del sistema judicial y aún se está a la espera de que el área pueda ser restaurada.

Comencé este artículo hablando del Cañón San Cristóbal de hace 50 años, pero antes hubo otro que, a no ser por la denuncia ciudadana, hubiese tenido consecuencias catastróficas para la región central del País. Me refiero a la explotación del cobre que subyace en nuestra Cordillera Central que, a mediados de la década del ‘60 iba a ser extraído, mediante minería a “cielo abierto” que arroparía a tres municipios del área. Una campaña intensa del MPI, que se mantuvo por muchos años, detuvo la amenaza. La campaña comenzó cuando ya se negociaban los contratos de explotación con empresas multinacionales de minería. Algo similar ocurrió la década siguiente, la del ’70, cuando el Gobierno intentó construir un súper puerto petrolero.

La moraleja de estas experiencias del pasado y del presente es clara: sólo la lucha del pueblo puede detener la barbarie ambiental. Así pasa con todo.