Corresponsal de CLARIDAD

 La Habana, Cuba –En septiembre del año 2020, en plena carrera electoral por la presidencia, el entonces candidato Demócrata Joe Biden respondía así a una pregunta de la prensa acerca de la relación de Estados Unidos con Cuba: trataré de revertir las políticas fallidas de Trump que han infligido daño a los cubanos y sus familias.

Con esa y otras tantas promesas, el líder del partido del burro tricolor ganó la silla principal de la Casa Blanca. Pero lejos de abocarse a la tarea de cumplir los acuerdos programáticos que tenía en su “Cuba: To Do List”, el nuevo presidente cedió rápidamente a las presiones del lobby cubano-americano de la Florida y a las recomendaciones de sus asesores que le sugerían, sí, acercarse al país caribeño, pero sin pasar de Miami.

“Nuestra política hacia Cuba está guiada por dos principios. Primero, el apoyo a la democracia y los derechos humanos. El segundo es que los cubano-estadounidenses, son los mejores embajadores de la libertad en Cuba. Así que revisaremos las políticas de la Administración Trump”, decía en enero de 2021 Jen Psaki, a la sazón secretaria de prensa de la Casa Blanca.

Dos meses después aclaraba la portavoz que “un cambio en la política hacia Cuba no se encuentra entre las principales prioridades de la política exterior del presidente de Estados Unidos”. Había que seguir “revisando” .

Todo su primer año de mandato –y un poco más– le tomó a la administración Biden revisar las políticas implementadas por su antecesor Donald Trump, mientras, desde la isla veían esfumarse las esperanzas de que el nuevo mandatario atendiera con premura el asunto. “Biden no es Obama”, se escuchaba decir a menudo entre los cubanos como una forma de aterrizar los sueños.

No fue hasta el 16 de mayo de este año que un cambio en la postura de Washington con respecto a La Habana pareció dar los primeros pasos hacia su consumación. En un comunicado que lleva por título “Administración Biden amplía apoyo al pueblo cubano” –dosis justa de cinismo incluida, por supuesto–, el Departamento de Estado anunció que dejaba sin efecto un conjunto de medidas, impuestas por el anterior gobierno Republicano, destinadas a apretar el nudo alrededor del cuello de la economía cubana.

Entre las medidas anunciadas están el restablecimiento de vuelos comerciales a todas las provincias de Cuba, que ahora solo se permitían a La Habana; la suspensión del límite de 1.000 dólares por trimestre a las remesas enviadas a la isla; el restablecimiento del programa de reunificación familiar, suspendido desde hace años; y el aumento de los servicios consulares y el procesamiento de visas. Se informó además que se facilitará el que familias cubanas visiten a sus parientes en Cuba y que viajeros estadounidenses autorizados se relacionen con el pueblo cubano, bajo el programa ‘pueblo a pueblo’.

Con el propósito de alentar “el crecimiento del sector privado”, dice el comunicado, también se permitirá su acceso al comercio electrónico estadounidense.

Si bien los anuncios, que fueron portada a nivel mundial, parecen haber tomado por sorpresa a muchos, la génesis de su concreción hay que buscarla un mes antes en la capital estadounidense.

El 21 de abril, delegaciones de ambos gobiernos se reunían en Washington para una ronda de conversaciones sobre la implementación de los Acuerdos Migratorios. Fue la primera vez que funcionarios estadounidenses y cubanos coincidían en un mismo espacio desde la llegada de Biden a la presidencia –en gran parte debido a la negativa previa de su gobierno a reunirse con La Habana.

Por la parte cubana han reiterado su preocupación en que las añejas sanciones de Estados Unidos –junto a las medidas adicionales impuestas durante la era Trump– “estimulan la migración, impiden la migración legal y ordenada, y generan las condiciones socioeconómicas que incitan a la emigración”. La Habana insiste también en la obligación de Washington de cumplir con su compromiso de otorgar “no menos de 20.000 visas anuales a cubanos”, un acuerdo que se viene incumpliendo desde 2017.

“Estas medidas, entre ellas las asociadas al reforzamiento extremo del bloqueo económico, provocan pérdidas de vidas y la comisión de delitos de tráfico ilícito de migrantes, fraude migratorio y trata de personas, situación que afecta a los dos países y la región”, expresó hace poco en un comunicado la Cancillería de Cuba.

NUEVO “DESHIELO”: ¿CONVENIENCIA POLÍTICA DE WASHINGTON?

 Por supuesto, la movida de la Casa Blanca ha sido tomada con esperanza entre aquellos –que no son pocos– que apuestan por un nuevo acercamiento entre ambos países y ven en la reciente postura de Biden, ¡al fin!, un atisbo de sensatez.

“Las medidas me parecen muy buenas. Es poquito, pero dentro de todo… y ojalá que sea el camino para quitar el bloqueo, que es lo que nos hace mucha falta”, expresaba hace unos días una mujer en La Habana a los micrófonos de la televisora TeleSUR.

En el ambiente, empero, también se respira cierto escepticismo.

“Pienso que debe de pensar un poco más ese presidente porque engañó a todo el mundo; engañó a su pueblo y a nuestro pueblo también, porque él quedó que iba a mejorar las cosas que [Barack] Obama ya había hecho, pero él no hizo nada”, afirmaba otra cubana a la cadena internacional.

 Y es que aunque para algunos la decisión pudiera ser el primer paso para un nuevo “deshielo”, la realidad es que se trata apenas de un gesto minúsculo del actual presidente. De hecho, por la naturaleza de las medidas, se pueden identificar algunas de las promesas de campaña que hiciera el propio Biden para poder llegar al poder. Entonces, ¿por qué ahora?

La respuesta se encuentra en el panorama político, interno y externo, que enfrenta hoy el líder norteamericano, su gobierno y su Partido.

Su decisión de “suavizar” –como lo han puesto varios medios internacionales– su política hacia la mayor de las Antillas coincide en tiempo y espacio con el aislamiento al que se ha visto sometido en la región por su insistencia en excluir a Cuba, Venezuela y Nicaragua de la venidera Cumbre de las Américas. Los presidentes de México, Bolivia y Honduras, así como los 15 estados miembro de la Comunidad del Caribe (CARICOM) han expresado su enérgico rechazo a las pretensiones de Washington y han dicho que no asistirán al evento, a celebrarse el 6 de junio en la ciudad de Los Ángeles, a menos que no se invite a todos los países de la región.

Otros como Argentina, Panamá y Guatemala, se han unido también al coro de voces latinoamericanas que exigen el fin de la exclusión impulsada por las políticas unilaterales e imperialistas de Estados Unidos.

Un dato no menor, la popularidad del mandatario Demócrata ha caído a mínimos históricos. En marzo pasado, el índice de aprobación de su gestión se desplomó hasta un 40%, según la encuestadora Ipsos –casualmente, el mismo número con el que Trump culminó su gobierno. Otro sondeo realizado por The Associated Press-NORC, encontró que, “en general, 8 de cada 10 adultos aseguran que Estados Unidos va en la dirección incorrecta o que la economía no está bien”. A ojos vista, un panorama poco alentador de cara a las elecciones de medio término que se aproximan en ese país y en las que a todas luces parece ser que el Partido Demócrata caerá derrotado estrepitosamente.

Es en este punto precisamente donde se ensarta y cobra mayor relevancia el tema migratorio y los esfuerzos del círculo de Joe Biden por atajar lo que se ha convertido para su gobierno en un verdadero dolor de cabeza. Ni el ultimátum de la vicepresidenta Kamala Harris diciéndole el año pasado a los migrantes centroamericanos “no vengan a Estados Unidos”, ni las inversiones multimillonarias anunciadas por la Casa Blanca en meses recientes para “promover el desarrollo económico” en países con los mayores problemas de migración, han logrado contener el flujo de viajeros que siguen poniendo su vida en riesgo con la esperanza de cruzar al otro lado del río Bravo. Para quienes veían en la figura de Biden una posible solución al problema de la migración latinoamericana, la decepción ha sido el plato fuerte.

Por otro lado, el recrudecido bloqueo estadounidense –incluyendo las 243 medidas adicionales firmadas por Trump– destinado a debilitar la economía cubana, unido a los problemas internos y los estragos causados por la pandemia, han provocado que un número creciente de cubanos opte por intentar llegar a Estados Unidos de manera ilegal.

Desde el inicio del año fiscal 2022, en octubre pasado, cerca de 80.000 cubanos –más de 32.000 solo en el mes de marzo– han llegado a la frontera entre Estados Unidos y México, según cifras de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos. En el mismo periodo, la Guardia Costera ha interceptado en alta mar a unos 2.000 ciudadanos cubanos que intentaban llegar a suelo estadounidense por vía marítima.

En medio de este escenario, Washington lleva años incumpliendo los acuerdos firmados con la isla para permitir la migración regular. Funcionarios de La Habana han denunciado en reiteradas ocasiones que el gobierno estadounidense falta a su compromiso legal de otorgar no menos de 20.000 visas anuales para cubanos que desean entrar a Estados Unidos –bien sea para visitar a familiares, participar de eventos culturales o deportivos o simplemente de paseo. Encima de esto, las autoridades norteamericanas llevan meses presionando a gobiernos de la región para que exijan visa de tránsito a migrantes y viajeros cubanos, entorpeciendo aún más las posibilidades que tienen los cubanos y las cubanas de viajar al exterior. Falta no hace mencionar la carga brutal que representa para la isla el bloqueo comercial, económico y financiero, vigente desde hace más de 60 años.

Ahora hay quienes en el gobierno de Washington temen que el asunto migratorio se vuelva un problema mayúsculo que pueda alejar –todavía más– las enjutas probabilidades de ganar las elecciones de noviembre. Pero mientras Estados Unidos propone multimillonarias inversiones en países como México y Guatemala, en un intento desesperado por contener la migración, en el caso de Cuba, por supuesto, esta no es una opción, ni de lejos. El sector cubanoamericano más reaccionario de Miami, con el que Biden ha coqueteado desde su llegada a la Casa Blanca, no le perdonaría un gesto similar con la isla. De ahí que la opción que le ha quedado al presidente sea revertir en un mínimo algunas de las políticas impuestas por Trump y que para él no representan demasiado compromiso.

Ahora bien, aunque ciertamente lo anunciado el pasado 16 de mayo es un avance en las relaciones bilaterales de ambos países, está lejos de ser una solución sustancial a los problemas de los cubanos. Restan muchos anuncios por delante antes de que el pueblo cubano pueda ver cómo se afloja el nudo en su garganta.

El canciller cubano, Bruno Rodríguez, ha catalogado la movida de “paso limitado en la dirección correcta”, pero ha dejado en claro que “la decisión no modifica el bloqueo, la inclusión fraudulenta [de Cuba] en la lista de países patrocinadores del terrorismo, ni la mayoría de medidas coercitivas de máxima presión de Trump que aún afectan al pueblo cubano”.

“Para conocer –explicó el funcionario– el alcance real de este anuncio, deberá esperarse por la publicación de las regulaciones que las implementen”.

En política exterior rara vez algo es casualidad y cuando se trata de la política exterior de Estados Unidos, mucho menos. Son claros los indicios que dan a entender que, lejos de tratarse de un acto de buena voluntad, la actual administración Demócrata busca ganar tiempo y rédito político cumpliendo una ínfima parte de las promesas que se hicieran en un pasado no muy remoto.

Claro está, el beneficio de la duda lo tiene el presidente Biden, ¡faltaba más!, pero ahora le resta demostrar que los recientes anuncios no fueron meras jugadas políticas y que realmente apuesta a un nuevo “deshielo” con Cuba. Y si lo que quiere realmente es descongelar las relaciones debería aprovechar el verano que llega, antes que pasen los dos años y medio que le quedan y una posible nueva victoria de los Republicanos traiga de nuevo el invierno.

Especial para CLARIDAD

 No te vistas, que no vas. Mi mensaje es distinto al de la columna anual en un diario de Puerto Rico cuando se asoman las vistas sobre nuestro caso colonial en las Naciones Unidas.

El colapso del Estado Libre Asociado, junto a sus estructuras y modelo económico, cada vez hace más evidente que habrá un cambio en la relación de Puerto Rico y Estados Unidos. No es segura la profundidad de ese cambio ni cuánto tardará, pero la crisis del coloniaje que anticipó el independentismo, en particular el Partido Socialista Puertorriqueño (PSP), en los años de la década de los 70, ya es realidad.

Ciertamente, el imperialismo se preparó para ello tomando herramientas de sus variadas opciones, como son la represión, el trabajo de inteligencia, la persecución, el aumento de la dependencia y, más recientemente, luego de la previsible crisis de la deuda  que arrebata los recursos y poderes al pueblo de Puerto Rico a través de la funesta Junta de Control Fiscal.

La imposición de políticas fiscales que favorecen a los acreedores en detrimento del nivel de vida del pueblo de Puerto Rico y sus instituciones, en particular la Universidad de Puerto Rico, que es de las más importantes, empeoró la crisis, pero también hizo más urgente la solución al estatus colonial. Aunque las condiciones en que se da la crisis no son las que esperábamos, donde habría un movimiento independentista y socialista pujante, el nuevo fortalecimiento del independentismo surge de la crisis. Además, ahora hay unos movimientos sociales y políticos cada vez más vocales y conscientes de la necesidad de la descolonización para el logro de sus reivindicaciones, una juventud deseosa de oportunidades y cambio, unas nuevas posibilidades electorales y un mundo, que a pesar de sus peligros e incertidumbres, al presente es cada vez más multipolar y multilateral.

En las condiciones actuales, en que se asoma un cambio en la relación de Puerto Rico con Estados Unidos, es claro que lo más que le conviene a Estados Unidos es que el caso colonial de Puerto Rico pase bajo el radar de Naciones Unidas, los No Alineados, los organismos de nuestra propia región, como la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, y del Derecho Internacional, que durante tantos años hemos reclamado se aplique a nuestro caso. De esa manera, podemos esperar que la respuesta que le dé Estados Unidos a la relación colonial con nuestro país sea una solo según sus intereses y no según los intereses del pueblo de Puerto Rico. Por eso es importante la ONU y la comunidad internacional.

Pero tenemos que ir más allá de la lista de oradores(as) durante las vistas anuales sobre Puerto Rico del Comités de Descolonización. Tenemos que hacer cuestionar las opiniones legales de Naciones Unidas, que durante años han impedido llevar nuestro caso colonial más allá del Comité Descolonización a pesar de lo consecuente de nuestros países amigos y de lo abarcadoras y fuertes que son las resoluciones adoptadas.

Las opiniones legales de más de 40 años, y ya arcaicas, si antes carecían de validez, la carecen aún más ahora que ya las ramas judicial, ejecutiva y legislativa del Gobierno de Estados Unidos le han corrido el velo al estatus colonial de Puerto Rico y han pronunciado en distintas instancias y de distintas formas que es el Congreso de Estados Unidos quien posee poderes plenarios sobre Puerto Rico. En Washington hasta ya dicen que el estatus colonial de Puerto Rico se debe resolver.

Naciones Unidas sigue teniendo un papel que jugar; no olvidemos tampoco el objetivo de elevar el caso a la Asamblea General. Debemos inyectarle un nuevo ímpetu al trabajo en las Naciones Unidas al cumplirse 50 años desde su primera resolución sobre Puerto Rico en 1972. El trabajo no saldrá de ese comité. Vengo diciendo desde hace años, y mucho me ha costado hacerlo, que el trabajo en Naciones Unidas y a nivel internacional, en general, debe ampliarse. Tenemos que hacer análisis nuevos y tomar iniciativas nuevas. Para todo ello hay que abrirse y hablar. Hay que mantener organismos que nos han servido bien, como es el Comité de Puerto Rico en Naciones Unidas.

Tenemos que mencionar que últimamente en el trabajo ha sido un factor las condiciones que impuso la pandemia del COVID-19 en Naciones Unidas, pero no permitamos que otras condiciones nos desvíen del curso de Puerto Rico en Naciones Unidas y la aplicación del Derecho Internacional a nuestro caso colonial.

Por Mercedes López de San Miguel

Colombia ha sido un aliado estratégico de Estados Unidos en el continente durante décadas. Paz Colombia, Plan Colombia, bases militares y contratistas en seguridad son muestras de ese lazo estrecho. Sobre esa base estructural, la posible llegada de un primer gobierno progresista, de la mano de Gustavo Petro, podría significar un hito en la política de ese país y de Sudamérica.

Los gobiernos conservadores de un país que por décadas estuvo atravesado por el conflicto con las guerrillas, el paramilitarismo y el narcotráfico actuaron bajo la tutela del Norte. Recién en 2016, con la firma de los Acuerdos de Paz entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las Fuerzas Armadas de Colombia (FARC), Colombia dio un paso para suturar heridas y calmar la violencia. El entonces presidente estadounidense, Barack Obama, selló su respaldo a Santos con un paquete de ayuda económica de 450 millones de dólares que llamó Paz Colombia. El camino no ha sido fácil entre tironeos de poderes fácticos que no están dispuestos a ceder posiciones. Y las ejecuciones de campesinos y líderes sociales se siguen contando de a decenas por año.

La ligazón de Colombia con Estados Unidos es de larga data: la reunión fundacional de la Organización de Estados Americanos (OEA) se realizó en Bogotá el 30 de abril de 1948 y su primer secretario general fue el colombiano Alberto Lleras Camargo. Sucedió 20 días después del asesinato de Jorge Eliécer Gaitán, candidato del ala progresista del Partido Liberal. Nunca se supo quién mató a Gaitán, pero el sello de la CIA parece claro para muchos colombianos.

“La política exterior de Colombia desde principios del siglo XX se ajusta a la doctrina Monroe y no ha cambiado, es de sujeción fuerte”, señala a PáginaI12 Javier Calderón Castillo, coordinador del Grupo de Pensamiento Crítico Colombiano del Instituto de Estudios de América latina y el Caribe de la UBA. Y agrega: “El gran desafío del próximo gobierno es ajustar la política exterior hacia la multilateralidad, construir un entendimiento bilateral, un diálogo con el bipartidismo estadounidense”.

En esa línea, el también investigador de Celag sostiene que una clave radica en reencauzar el acuerdo de paz. “Sería retomar el camino de Santos con mayor soberanía, cambiar la doctrina punitiva de la lucha contra las drogas, alivianando el peso sobre el campesinado y sometiendo a los grupos narcotraficantes”.

Como parte del acuerdo de paz unas 99 mil familias firmaron el compromiso de abandonar el cultivo de coca (existen en Colombia 160 mil hectáreas de esa planta) y el Estado se comprometió a un programa de sustitución.

Sin embargo, el acuerdo sufrió un atraso enorme durante del gobierno del saliente Iván Duque, un heredero político de Álvaro Uribe. “Paralizó el programa de sustitución de cultivos ilícitos y perjudicó el funcionamiento de las instancias del acuerdo. Tampoco hemos tenido un solo avance en la reforma rural integral” dijo Sandra Ramírez a la Agencia Regional de Noticias, segunda vicepresidenta del Senado y ex miembro de las FARC.

Duque, respaldado por Donald Trump, retomó la lógica del Plan Colombia: asistencia económica y de entrenamiento en seguridad para la ofensiva militar contra el narcotráfico y la insurgencia. En esa líneas se incribe la postura de los candidatos de la derecha, más o menos light, Federico Fico Gutiérrez y Rodolfo Hernández. Este último, que enfrentará a Gustavo Petro en segunda vuelta, dijo que continuará el proceso con las FARC, aunque votó NO en el plebiscito por la paz en 2016.

En contraste, Petro, exguerrillero del M-19, planteó que cumplirá con los compromisos de paz y además buscará un acuerdo con el Ejército de Liberación Nacional, la otra guerrilla colombiana.

A todo esto, Joseph Biden ratificó el lunes pasado a Colombia como aliado principal extra OTAN. Lo hizo días después de suavizar sanciones a Venezuela. Podría verse como una manera de limitar los cambios de la relación o, también, de adaptarse a las nuevas circunstancias.

Reproducido de www.pagina12.com.ar