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No es fácil matar una nacionalidad

 

CLARIDAD

Bilbao, la hermosa ciudad vasca, está rodeada de colinas. En la cima de una de estas hay un pequeño parque al que se accede con rapidez gracias a un funicular. Entre los turistas que nos extasiábamos disfrutando la vista, que incluía a corta distancia el icónico edificio del Museo Guggenheim, muchos niños y niñas disfrutaban de un pasadía escolar. Era el momento de la merienda, la que disfrutaban sentados en pequeños círculos en amena charla, supervisados a distancia por dos maestras. Algo llamó particularmente nuestra atención: los niños y niñas, de entre cinco y seis años, hablaban entre ellos en euskera, el ancestral idioma del pueblo vasco.

Los abuelos de aquella tropa infantil crecieron durante la larga dictadura de Francisco Franco que hizo todo lo posible por borrar a la fuerza la nacionalidad vasca, entre otras cosas, prohibiendo la enseñanza del euskera y reprimiendo su uso. Sus padres, aunque tal vez nacieron luego de la muerte del dictador, difícilmente tendrán algo más que un conocimiento rudimentario, aprendido en el entorno familiar. Sin embargo, la generación que crece en el nuevo siglo rescata el idioma, demostrando la fuerza de una nacionalidad que ha sido capaz de superar el peor de los asedios. Porque el fascismo franquista fue un régimen totalitario, avasallador, que pretendió españolizar al trágala toda la península, borrando las nacionalidades bajo el lema “España, una”. En los niños del parque de Bilbao encontré un testimonio muy vivo de su fracaso.

Matar una nacionalidad no es tarea fácil, y en España, vascos y catalanes son los mejores ejemplos de esa capacidad de resistencia. Hace siglos que están allí, encuadrados dentro del estado español, enfrentando periódicos esfuerzos dirigidos a “españolizarlos” a la buena o a las malas. El más reciente, y uno de los más violentos, fue el del franquismo, que por más de cuarenta años trató de imponer la homogeneidad a la fuerza. Cuando, tras la muerte del dictador el asedio aminoró, las nacionalidades estaban golpeadas, pero seguían vivas.  Desde 1978, cuando se aprobó la constitución que todavía rige, mantienen una relación con el gobierno central muy similar a la de los estados de Estados Unidos y, desde ese marco legal, aprovechan cada resquicio de poder para afianzar su particularidad.

Bilbao es la ciudad más grande del País Vasco y por todos lados allí se respira europeísmo y diversidad (junto a una riquísima oferta cultural), pero no hay más que acudir una noche a los pequeños bares del “casco viejo”, donde se reúne gente joven un poco alejados de los turistas, para ver la proclamación de los símbolos nacionales junto a murales que recuerdan a los luchadores independentistas todavía prisioneros en distintas cárceles de España. También allí se escucha el sonido del euskera.

Sin embargo, como sucede en todos los países, es en los pequeños poblados donde se siente con mayor calidez la nacionalidad vasca, aun en los de la costa del mar Cantábrico que, por su belleza escénica, atraen una permanente legión de turistas. En las callejuelas que dan al puerto en Bermeo, Lekeitio y Getaria –tres pueblos que hasta hace poco tiempo vivían exclusivamente de la pesca- además del sonido del euskera, una gran cantidad de balcones exhiben banderas reclamando, en su idioma, que los luchadores encarcelados de ETA “vuelvan a casa”.

Mención aparte merece un pueblo que desde hace casi un siglo es un símbolo mundial de la barbarie de la guerra: Guernica. Lo que allí sucedió es ampliamente conocido, tanto por la enorme brutalidad del hecho mismo, como por el lienzo homónimo que días después pintó Pablo Picasso, considerado por muchos como su obra maestra. El 26 de abril de 1937, un lunes que antes era y sigue siendo día de mercado, cuando el pueblo de aproximadamente 16 mil habitantes se llena con visitantes de la comarca, Guernica fue arrasada por la aviación nazi actuando al servicio de Franco.

Todavía es difícil encontrar una explicación para aquel acto que no sea la maldad y el deseo de ensayar armas y tácticas de bombardeo, luego utilizadas en guerra que poco tiempo después azoló a Europa. Guernica es una pequeña ciudad de la campiña vasca, muy vinculada a la actividad agrícola del área. El único posible “objetivo militar” era una fábrica de armamentos que estaba a las afueras del pueblo y que, durante el intenso bombardeo que duró cuatro horas, nunca fue atacada, quedando intacta. La saña se centró sobre la pequeña ciudad y sus habitantes, primero con bombas dirigidas a demoler estructuras y luego con incendiarias.

Además de ensayar tácticas militares con seres humanos, Franco y sus aliados nazis tal vez buscaban dar un escarmiento a los vascos porque la pequeña ciudad era y es símbolo de su cultura. A lo largo de siglos, bajo el famoso “Árbol de Guernica”, un roble que se levanta frente a la Casa de las Juntas, los gobernantes vascos juran el cargo, incluyendo el actual “lehendakari”. Ese simbolismo, ejemplo de una nacionalidad muy viva y diferenciada, quería ser borrado.

Como fue arrasada y reconstruida, en Guernica no hay “casco viejo”, pero aún contiene una población alegre, trabajadora, que por las noches llena sus calles y plazas en ambiente de fiesta. Una de las calles que vi repleta de gente del pueblo un sábado en la noche lleva por nombre Picasso, en agradecimiento al maestro cuya obra es un permanente recuerdo de la barbarie.

Guernica es alegre, pero no olvida. Por toda la ciudad están los recuerdos de aquel evento, incluyendo un pequeño monumento al periodista británico George Steer quien, con sus crónicas sobre lo ocurrido publicadas en el Times de Londres, ayudó a derrotar la campaña de mentiras de Franco y los nazis para tratar de ocultar lo ocurrido. Desde 1998 opera el Museo de la Paz, que recuerda la tragedia. Visitarlo es una experiencia sobrecogedora. Su piso es de cristal y debajo del vidrio están los escombros que dejó el bombardeo. Mientras se avanza por cada sala, leyendo y viendo lo ocurrido aquel lunes 26 de abril de 1937, literalmente se camina sobre la ciudad destruida.

Mirada al País: Volvemos a afirmarlo, nosotras decidimos

Marcha sábado 28 de mayo. Foto por: Alina Luciano/CLARIDAD

 

Especial para CLARIDAD

 Cuando en enero de 2021 dio inicio la actual Legislatura, hubo alegría y esperanza entre los sectores que hacemos de la defensa por los derechos humanos una de nuestras principales banderas de vida.  El cerco del bipartidismo se rompió y tuvieron acceso a esa rama de gobierno compañeras y compañeros que comparten esa misma trinchera.  A las mujeres nos entusiasmó particularmente la elección de Ana Irma Rivera Lassén, Mariana Nogales y María de Lourdes Santiago, aliadas en las luchas constantes por la erradicación del discrimen, la violencia y las desigualdades que nos impactan.  Al mismo tiempo miramos con gran suspicacia y malos presagios la presencia en Cámara y Senado de las legisladoras del llamado partido “Dignidad” y no nos equivocamos.  Desde entonces y con la oportunista alianza de gente en los partidos de la política tradicional, no han cesado de promover proyectos para restarnos derechos, especialmente los relacionados con la salud sexual y reproductiva.

Ana Irma Rivera Lassén participa de la marcha Marea Verde. Foto Alina Luciano/ CLARIDAD

Hay cerca de una docena de propuestas que plantean la restricción del derecho a tomar decisiones sobre nuestros cuerpos, como es la terminación de un embarazo y otros relacionados.

Una de las medidas que más revuelo ha causado es el P. del S. 693 titulado “Ley para la Protección del Concebido en su Etapa de Viabilidad”.  Los socios de la propuesta de la Senadora Joan Rodríguez Veve son el presidente del Senado y del Partido Popular Democrático, José Luis Dalmau y el ex presidente del cuerpo y actual portavoz del Partido Nuevo Progresista, Thomas Rivera Schatz.  ¡Vaya trío!  A lo “sucusumuco” trataron de llevar al hemiciclo un informe positivo sobre la medida, sin la celebración de vistas públicas en la Comisión de Vida y Familia, comisión que Dalmau creó a la medida de la senadora para granjearse su respaldo a la presidencia del Senado.   La presión pública y la cobertura diaria de la prensa les obligaron a convocar las vistas.  Las organizaciones de mujeres, sectores defensores de los derechos humanos, así como entidades médicas y científicas impugnaron disposiciones del proyecto que responden a la arrogancia de la principal proponente de la medida.  Ella y quienes la secundan piensan que están por encima del derecho constitucional de las mujeres a su vida privada; que pueden sustituir el criterio científico y médico sobre la viabilidad de un feto fuera del vientre de la madre o persona gestante, sobre qué constituye una emergencia médica y cuál es el mejor procedimiento que debe utilizarse para terminar un embarazo.  De las vistas fueron excluidas entidades como el Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico, a pesar de que solicitaron participar.  El informe post vistas no ha sido presentado al pleno del Senado, pero es probable que obtenga los votos de mayoría en la nombrada Comisión de Vida y Familia.  El trato altanero e irrespetuoso hacia las personas deponentes fue denunciado, inclusive por el Secretario de Justicia, quien, dicho sea de paso, se opuso al proyecto, igual que lo hizo el Secretario de Salud.

La ofensiva para controlar los cuerpos de las mujeres, su proceso reproductivo y la capacidad y derecho que tenemos para decidir, se ha tornado más entusiasta con la  filtración pública de un borrador de opinión del Tribunal Supremo de Estados Unidos que, de convertirse en la posición oficial mayoritaria de aquel foro, podría derogar, casi medio siglo después de haber sido decidido, a Roe vs Wade.  Fue en esa histórica decisión que se estableció que el aborto está protegido por el derecho a la intimidad y, por lo tanto, tiene rango constitucional.  Sin embargo, el entusiasmo desmedido por la esperada revocación del politizado tribunal del norte, el cual está atiborrado de la mayoría republicana conservadora, no tendría por qué afectar el estado de derecho en Puerto Rico, si la determinación es dejar en los estados y territorios la regulación del aborto.  Recordemos que aquel foro se expresará sobre la constitucionalidad de una legislación del estado de Mississippi que prohíbe las terminaciones de embarazo a partir de las 15 semanas de gestación.  Si se confirmara lo establecido en el borrador filtrado, no se trataría de una orden que obligue a las jurisdicciones a hacer más restrictivo el derecho al aborto.  Contrario a lo que ocurre en la Constitución de Estados Unidos, el derecho a la privacidad en Puerto Rico está expreso en la sección 8 de la Carta de Derechos de la Constitución.  “Toda persona tiene derecho a protección de ley contra ataques abusivos a su honra, a su reputación y a su vida privada o familiar.”  Qué puede ser más privado que la toma de decisiones sobre la salud sexual y reproductiva, tener o no prole, cuándo hacerlo y si es necesario interrumpir un embarazo.

 

No cabe la menor duda de que las fuerzas retardatarias que se mueven en el edifico blanco de Puerta de Tierra, están salivando porque se resuelva el caso en Washington para así arreciar su agenda en contra de los derechos de las mujeres.  Todo esto, a pesar de la clara disposición constitucional sobre el derecho a la privacidad que tenemos, de la jurisprudencia interpretativa en el caso de Pueblo vs Duarte, resuelto por el Tribunal Supremo de Puerto Rico en el 1980, de que existe vasta regulación por el Departamento de Salud de las pocas clínicas que existen en la Isla que hacen terminaciones de embarazo y de no hay en el país un problema de salud pública con relación al aborto que justifique la agresiva intervención gubernamental que se pretende.  Cada cual tiene derecho a tener sus creencias ideológicas y religiosas sobre cuándo comienza la vida, pero no puede imponerlas a las demás, por más legisladora que sea o liderato político o religioso que ostente.  “Habrá completa separación de la iglesia y el estado”, dice la sección 3 de la Carta de Derechos de la Constitución de Puerto Rico.

La manifestación “Marea Verde por el Derecho a Decidir” que el 28 de mayo, Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres, ocupó las calles de San Juan para llegar hasta el Capitolio, es un ejemplo de la resistencia a la cual tendrán que enfrentarse quienes intenten restringir derechos que son fundamentales para que las mujeres y personas gestantes tomen las decisiones sobre sus cuerpos y sus vidas.  Son muchos los sectores que se unen a todo esfuerzo por la reivindicación de los derechos humanos que, con lucha, militancia y, cuando han sido necesarias acciones legales, hemos alcanzado a través de los años.  No aceptaremos la vuelta a los abortos clandestinos que siegan la vida de mujeres jóvenes, negras, empobrecidas, de poblaciones vulnerables expuestas a la violencia de género, incluyendo el abuso sexual y que carecen de recursos y alternativas para evitar embarazos no deseados.

Lo que sí es necesario, pero para nada está en la agenda de quienes intentan restringir nuestros derechos, es la divulgación y educación sexual, la disponibilidad de métodos para la planificación familiar, la prevención de enfermedades de transmisión sexual y alternativas para las terminaciones de embarazo cuando las mujeres y personas gestantes decidan de manera in formada que es lo más conveniente para sus salud, en el más amplio sentido de la palabra, amparadas en su derecho a la privacidad.  Como sabiamente dijo la querida compañera Tati Fernós:“No podemos dejar que las fuerzas retrógradas echen para atrás nuestras grandes victorias”.

Haití “Las gangas han tomado el poder de la calle”

CLARIDAD

ccotto@clarridadpuertorico.com

“Haití siempre ha sido difícil de gobernar porque hay siempre un déficit de legitimidad, y creo que eso vale también para el gobierno que tomó el poder tras la muerte de Moise”.

La difícil situación  que vive el hermano país caribeño ha impulsado a que aumente el número de haitianos  que intenta llegar a Puerto Rico en los llamados viajes ilegales.  El  naufragio  de una embarcación rudimentaria el 14 de mayo con más de 86 personas, en que 11 murieron, 31 sobrevivieron (20 hombres y 11 mujeres) y el resto está desaparecido ha conmovido a Puerto Rico. La mayoría de las personas eran de nacionalidad haitiana; dos eran dominicanos.

El profesor Paul Latortue, líder de la comunidad haitiana en Puerto Rico, compartió con CLARIDAD una descripción de lo que sucede en Haití, que empuja a un riesgoso viaje, y por qué le ha sido tan difícil al Gobierno controlar el país luego del asesinato del presidente Jouvenel Moise, en julio del 2021. Ese histórico déficit de legitimidad —expuso— se agudiza tras el asesinato, por peleas entre los  diferentes grupos dentro y  alrededor de Moise por el poder. El ministro que este había nombrado días antes de su asesinato,  Ariel Henry, y el ministro interino,  Claude Joseph,  entraron en una lucha por el poder. Al final, por presiones de Estados Unidos y la Corte Internacional, Claude Joseph, le cedió el poder a Ariel Henry, quien continúa al presente en la posición.

“El aumento en la migración impulsa a las personas a tomar ese riesgo. La gente está muriendo en la calle, las gangas han tomado el control de la calle”, describió  Latortue.

Como ejemplo de lo alarmante de la situación en Haití, comparó lo sucedido aquí en Caguas con lo que sucede en la parte norte de la capital Puerto Príncipe, donde  en lo que va de año han muerto casi 600 personas.

“Es una situación de guerra. Y a la Policía en las últimas dos semanas no se le ha visto la intención de  ir a meter mano a esa ganga. El Gobierno no está en posición para ordenar a la Policía a meter mano a la ganga porque los mismos policías no querían, en parte. Porque en las dos o tres veces que ha habido el intento, las gangas han ganado la batalla con la Policía.”

Latortue  considera que si las gangas le ganaron a la Policía es porque alguien les pasó la información a las gangas.  En otras palabras, un porciento alto de policías está colaborando con las gangas. La situación es de tal magnitud, que nueve gangas se han federado y el jefe proviene de la Policía. Las gangas les pagan mejor a sus integrantes que lo que paga la Policía a sus miembros.

Estos grupos manejan el trasiego de droga que, en el caso de Haití, sirve de tránsito  hacia el mercado de Estados Unidos y Europa. Hay avionetas que vuelan de Colombia y de Venezuela, además de que el  número de kilómetros de playa es enorme. Está el uso de embarcaciones rápidas y hasta hay unas cuantas pistas de  aterrizaje para transportar droga. “A veces son los mismos carros de la Policía los que transportan la droga. No hay una guardia costanera de verdad, ni aerostato”, comenta el profesor.

En tanto, las organizaciones no gubernamentales (ONG) son las que llevan el peso de la atención social, describe el profesor retirado de Administración Pública y Economía de la Universidad de Puerto Rico.

Aunque existen ONG haitianas, la ayuda exterior que recibe el país es a través de ONG que en su mayoría son estadounidenses, canadienses y francesas. Aunque reconoció que las ONG son eficientes para el país, subrayó que no hay confianza  de parte de estas para entregar los recursos financieros al Gobierno, por la corrupción.

“Si trabajas sin la coordinación  del Estado, no puedes ser eficiente. Tú puedes gastar dinero, se puede aplacar algunas necesidades, pero no se resuelven los problemas de fondo. En un país donde el Estado está quebrado y no funciona, esas ONG casi están sustituyendo al Estado”.

En el plano político diplomático, Estados Unidos mantiene relaciones con el Gobierno de Haití, quien incluso va a recibir una invitación a la próxima reunión de la OEA (Organización de Estados Americanos) para la llamada Cumbre de las Américas, a celebrarse en los Ángeles, California. Latortue se cuestionó el que esas relaciones existan de una manera formal. Este hizo la observación de que durante la presidencia de Donald Trump la relación era perfecta: gobiernos de extrema derecha en ambos lados.

Pero mientras las gangas delincuentes se adueñan del país desde el 2004, en Haití existe un llamado CORE Group, que es un ente impuesto por la ONU, integrado por el representante de Haití en la ONU, el representante especial del Secretario General de la ONU, un representante especial de la OEA y embajadores de Brasil, Canadá, Francia, Alemania, España y la Unión Europea, Son estas personas las que están tomando  las decisiones fundamentales del país, denunció Latortue. “El país está intervenido sin que oficialmente se reconozca”.

Esta misma denuncia la hizo la Conferencia de Pastores de Haití (COPAH), una institución  independiente del sector protestante haitiano, en una carta dirigida al CORE Group, divulgada el 12 de mayo. La carta expresa que quieren llamar la atención, tanto al CORE como al mundo entero, de los “daños casi irreparables que le han causado a Haití” al apoyar a regímenes corruptos, totalitarios e incompetentes y garantizar los intereses de sus respectivos países en contra de los de Haití. La carta está firmada por el Revdo. Dorvila Normil, presidente, y el Revdo. párroco, Ismael Baptiste, secretario.

Latortue, quien tiene un programa graduado de Administración de Empresas en la Universidad Católica Notre Dame de Haití, hizo hincapié en que la situación en su país es una complicada. Con otros datos, como que el ingreso per cápita haitiano, hoy por hoy, es en términos reales menor que el que había al término de la segunda guerra mundial, la aportación de la diáspora representa entre 30 a 40 % de los ingresos, por lo que sin esa aportación la situación sería peor. Observó que ese dinero que entra y sale no se ve como un factor de progreso para la producción en el país debido a que el 60 % de los ingresos de las personas se va en la compra de comida importada de la República Dominicana.

Para Latortue las tantas cosas que están pasando ayudan a abrir el entendimiento para que la gente se haga su propia opinión, lo que siempre ayuda a un despertar. Añadió que todavía no ha tomado forma una visión positiva de transformación ya que el problema en Haití es que la gente se revela, pero no se pueden tomar formas de organización sin visión. No obstante, se expresó esperanzado: “Hay  que imaginar un mejor futuro, pero primero hay que convencerse de que es posible. Eso en Haití como en Puerto Rico”.

Nota: La carta completa de COPAH se encuentra  publicada en la página Web de la Agencia Ecuménica de Comunicación.

Mirada al País: Jubilados, pensionistas y sindicatos

 

 

Especial para CLARIDAD

Los días 28 y 29 de abril de 2022 se celebró la Segunda Conferencia de la Unión Internacional de Sindicatos, Jubilados y Pensionados de la Federación Sindical Mundial (UIS-FSM), en la Habana-Cuba. Presentes en esta Conferencia había delegados de Grecia, Colombia, Uruguay, Honduras, Chile, Puerto Rico, Argentina y Cuba. Con la modalidad virtual participaron, Provincias de Cuba, México, Guatemala, Estados Unidos, Paraguay, Perú, El Salvador, Brasil, Venezuela, Ecuador, Colombia, Argentina y otros países como Rusia, Ghana, Burkina Faso y Tunes. El objetivo fundamental de este encuentro ha sido para reafirmar el trabajo que está llevando a cabo la novel UIS-FSM sobre un PLAN DE ACCIÓN que gira alrededor de temas como: el 8 de marzo, 1º. De mayo, participación en la OIT, y especialmente la Jornada por el día del Pensionado, Jubilados y adulto mayor (1º. de octubre).

Así mismo se ratificaron estrategias y estructuras locales, regionales e internacionales que permitan fortalecer, consolidar y lograr la sostenibilidad de nuestra organización mundial. Este encuentro lo realizamos en el marco de un mundo convulsionado por graves problemas, como el cambio climático que ha causado estragos en la salud y los medios de vida de la población de todo el mundo; la presencia del COVID a fines del año 2019, que ha provocado millones de contagios y miles de muertos, especialmente en las personas mayores. Por otro lado, enfrentamos las enormes desigualdades expresadas en problemas de la injusticia, pobreza y extrema pobreza, el hambre, la corrupción, la falta de seguridad alimentaria, la falta de agua, el encarecimiento de la energía entre otros problemas sociales.

Las intervenciones de los delegados resumieron las situaciones que los países de América Latina enfrentamos en términos políticos, económicos, ambientales y sociales que los ponen en crisis, especialmente en grupos vulnerables como los niños, jóvenes en riesgo social, mujeres jefas de familia, campesinos e indígenas empobrecidos, los adultos mayores, los discapacitados, así como las consecuencias de las guerras imperialistas.

Los adultos mayores, jubilados y pensionados estamos siendo víctimas de este sistema de explotación capitalista, agudizado más aún en quienes no pueden acceder a una jubilación. En Puerto Rico la realidad del adulto mayor se atiende mediante la válvula de escape que es la migración hacia Estados Unidos.  Allá le reconocen a ese adulto mayor un aumento en su ingreso mensual por razón de incapacidad o bajos ingresos. Acá en la colonia, se organizan grupos para exigir en los tribunales federales el derecho que creen les debe ser reconocidos como ciudadanos norteamericanos. El Tribunal Supremo del imperio acaba de resolver que si usted vive en Puerto Rico no tiene derechos a los beneficios adicionales que se le reconocen si viviera en el imperio. Es una invitación a dejar el país y mudarse hacia el imperio ya que en términos puramente económicos, aparentemente, es una ventaja.

Pero la realidad es otra. Tal ventaja no existe cuando usted suma las complicaciones que la migración forzada trae a los pensionados o personas de bajos ingresos. Desigualdad, discrimen, el dominio del idioma, problemas de vivienda, los cambios de clima, ajustes culturales y siga sumando. Ya lo experimentaron las migraciones del siglo pasado. Su defensa ha sido sobrevivir sin dejar de ser boricuas. Reafirmar sus raíces, su cultura al punto de ser puertorriqueños sin haber nacidos en Puerto Rico.

Esta realidad política que confronta a la colonia con el imperio se asume en los principios de la Federación Sindical Mundial. Nacida en 1945, la FSM se compromete desde su inicio con la lucha contra el colonialismo y las expresiones imperialistas. La organización sindical de los trabajadores, plantea la FSM, debe trascender de la lucha economicista y asumir los problemas que ocasionan el sistema capitalista y el imperialismo como su máxima expresión. Los pensionados y jubilados tenemos que reafirmar nuestra condición de trabajadores. Somos parte de la clase trabajadora y de un movimiento obrero que tiene que ser solidario e internacionalista.

No debe haber separación entre las luchas de sindicatos y la lucha de jubilados. Reconocemos que la realidad puertorriqueña es enfatizar en esa condición de “retirado” que implica que usted dejo atrás el trabajo y todo lo que eso implica. El “retiro” puede ser una realidad social para aquel que tuvo ingresos excepcionales y altos por su condición de privilegiado. Pero la realidad del trabajador asalariado es que después del “retiro” hay otras necesidades que obligan a continuar trabajando y luchando.

Hoy, una de las realidades que con mayor claridad nos llaman a organizarnos sindicalmente como trabajadores y trabajadoras es el costo de vida. Todo jubilado o pensionado recibe menos ingresos que cuando trabajaba. A su vez, su realidad como adulto mayor lo enfrenta a condiciones de salud que requieren de una cubierta de salud que debe ser pagada. Y ahí es cuando el costo de vida nos deja saber que simplemente la pensión no da para vivir con dignidad. Entonces comenzamos a jugar a la suerte para “pegarnos” y ser millonarios cada semana. Al despertar de este sueño, las cuentas por pagar siguen ahí. Necesitamos entonces un caso legal que nos asegure algún ingreso adeudado o beneficio adicional a recibir. Ya la Junta de Control Fiscal se aseguro que por la próxima década no debe haber cambios en ningún sistema de retiro que beneficie a los pensionados y jubilados en Puerto Rico.

¿Sera una lucha de clases entre ricos y pobres, donde los adultos mayores no son escuchados? Claro que es lucha de clases. El neoliberalismo nos habla de un nuevo orden mundial y nos invita a organizarnos por sectores donde se evita reconocer la lucha de clases. Pero la realidad es que lo que ha escrito y explicado la historia de la humanidad sigue viva, la lucha de clases. Los adultos mayores no somos una excepción a la lucha de clases. Creamos a las clases dominantes un viejo problema, ¿qué hacer con ese sector social que trabajo, produjo y en el contrato social de la post guerra se le ofreció una pensión y seguridad social con dignidad?

La Segunda Conferencia de la UIJ de P y J de la FSM reafirmó la lucha para que se respete y atienda con prioridad a las personas mayores, ya que tenemos los mismos derechos humanos y libertades fundamentales que otras personas y que, estos derechos, incluido el de no verse sometida a discriminación fundada en la edad ni a ningún tipo de violencia, dimanan de la dignidad y la igualdad que son inherentes a todo ser humano; reconociendo que la persona, a medida que envejece, debe seguir disfrutando de una vida digna y plena, independiente y autónoma, con salud, seguridad, integración y participación activa en las esferas económica, social, cultural y política de sus sociedades.

Los delegados presentes rechazamos los sistemas previsionales privatizados y los proyectos de nuevas privatizaciones. Reafirmamos también la necesidad de abordar los asuntos de la vejez y el envejecimiento desde una perspectiva de derechos humanos que reconoce las valiosas contribuciones actuales y potenciales de la persona mayor al bienestar común, a la identidad cultural, a la diversidad de sus comunidades, al desarrollo humano, social y económico y a la erradicación de la pobreza.

Como reacción solidaria y entendiendo nuestra realidad como país latinoamericano e intervenido por Estados Unidos los participantes de la Segunda Conferencia expresaron necesario redoblar nuestra solidaridad con este pueblo sobre el cual Estados Unidos impone medidas que pretenden establecer un Puerto Rico sin puertorriqueños.

No podía faltar la expresión de solidaridad internacionalista con la hermana República de Cuba, la cual de manera heroica, patriótica y combativa ha resistió y resiste 62 años de bloqueo imperialista de Estados Unidos. Bloqueo condenable e injustificado desde todo punto de vista, ya que su objetivo es impedir el desarrollo del sistema socialista y crear condiciones de insatisfacción y descontento en la gente.

Sobre estos principios y retos trabajaremos para unir los esfuerzos diversos que cada grupo de pensionados y jubilados realizan en Puerto Rico y de esta manera tener un encuentro el 1ro de octubre de 2022.

Los haitianos refugiados y su situación en Puerto Rico

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ccotto@claridadpuertorico.com

En términos legales los refugiados haitianos no tienen ningún trato ni prerrogativa distinta que otros refugiados en Estados Unidos. No la tienen, ni la han tenido históricamente. El hecho de que una embarcación naufrague y que las personas que transportaba resulten heridas, golpeadas y necesiten atención médica no significa que reciban algún trato especial más allá de recibir la atención médica esencial.

El recién episodio de la embarcación que naufragó con más de 86 personas, la mayoría de nacionalidad haitiana, con el resultado de 11 muertos, 13 sobrevivientes y los demás desaparecidos ha conmovido a Puerto Rico. Algunas de las personas sobrevivientes se encuentran todavía en la isla recibiendo atención médica, pero eso no los exime de un proceso de deportación.

En entrevista, el licenciado Fernando Zambrana Avilés este explicó cómo son los procesos legales de deportación que enfrentan las personas que pretenden llegar al país de manera irregular, lo que algunos llaman “ilegal o de manera indocumentada”.

Para empezar, en Puerto Rico las leyes de migración de Estados Unidos aplican como en cualquier otro estado. Los procesos de deportación pueden tomar varias formas. Está el que es sumario, que se hace normalmente, conocido por a la frontera. Un muelle, un puerto, una playa es una frontera para propósitos de migración. Está la detención sumaria, que sucede cuando la persona recién está llegando a territorio estadounidense. Puede ser por la vía regular, legal. Por ejemplo, pasar por un puesto fronterizo o un aeropuerto. Igual que si se está tratando de ingresar de forma irregular, los oficiales de inmigración en el área fronteriza tienen la discreción de ordenar una deportación sumaria sin que haya una audiencia ante un juez. “Esto es un universo completo”, expresó.

La otra manera puede ser el procedimiento regular de remoción, como se le llama de manera oficial. Observó que hace ya más de 20 años que no le llaman deportación, sino remoción, en el que se puede dar un procedimiento regular que no es sumario.

Este procedimiento, dijo, se hace con unas garantías llamadas debido proceso de ley, que son un poco más elevadas porque tienen una audiencia ante un juez de emigración que se supone que sea un adjudicador imparcial. Se tiene que presentar prueba que demuestre que la persona en efecto es deportable de EE. UU. De la otra parte se supone que la persona tiene oportunidad de pedir remedio para detener su remoción – deportación. También hay un procedimiento para personas que tienen órdenes de deportación previa y que son hallados en EE. UU. o que están tratando entrar. Se les puede aplicar una orden previa sin tener que pasar por todo el procedimiento de nuevo.

Zambrana Avilés narró que las personas que pretenden llegar a Puerto Rico y son detenidas por los agentes de emigración, por lo general, son trasladadas a la Florida, dado a que en la isla ya no hay centros de detención. Respecto al tiempo que toma el traslado y cuál es la oportunidad que tienen de pedir asilo, en particular las personas haitianas que intentan llegar a Puerto Rico, admitió que aquí “el problema es que estos procesos son bien opacos y las decisiones que toma un oficial de deportaciones de ICE (Inmigration Central Enforcement) tienen una discreción bien amplia de qué hacer”.

Por ejemplo, una persona que llega a la isla de Mona y es puesta bajo custodia de los federales, usualmente, la patrulla fronteriza tiene la prerrogativa de ordenar su deportación sumaria. Lo montan en un avión a la primera oportunidad que se pueda dar para devolverlo a su país de origen o puede ser referido a procedimiento de deportación de forma regular. Ahí es que ocurre el traslado de las personas, por lo normal, a la Florida. O en algunos casos, aunque cada vez es menos común, se tenía la opción de que la Patrulla Fronteriza fichaba a las personas y las repatriaba sin una orden de deportación. Pero hace mucho tiempo no se ve un caso así.

“Qué destino les espera a estos haitianos que llegaron recientemente, no sé, porque todo depende que estos oficiales con la amplísima discreción que tienen decidan tomar”.

Sobre ese aspecto indicó que de la única manera que estas personas no podrían ser deportadas de manera sumaria es si en la entrevista que siempre se hace a la hora de tomarle los datos y ficharlos, reclaman que tienen miedo de ser regresados a su país por estar sujetos a persecución. Los argumentos de persecución se limitan a motivos de raza, religión, políticos o grupo social particular. Cuando se presenta alguna de estas alegaciones, por virtud de ley y obligación internacional de parte de EE. UU., se supone que no haya una deportación automática de forma sumaria y se refiera a un proceso de deportación regular que toma más tiempo. “Esa persona puede estar detenida hasta que un juez de migración pueda atender su caso, y eso se puede demorar a veces hasta años”, declaró el abogado que ha representado a personas en estos procesos.

Zambrana Avilés describió como bien problemático la oportunidad que tiene una persona de probar que está siendo perseguida en su país de origen por la razón que aluda, debido a que la ley de asilo, desde el 2005 al presente, tiene el requisito de que todo planteamiento que se hace por una persona que reclama miedo a ser perseguido tiene que ser corroborado con evidencia, “y eso es bien problemático, precisamente, porque estas personas llegan por lo general, literalmente, con lo que tienen puesto”.

Añadió que la mayoría de las personas que entran en trámites de deportación no cuentan ni pueden pagar por una representación legal. Debido a la falta de recursos, los casos de asilo son muy difíciles de probar e incluso hay veces que un tribunal de inmigración o el mismo Servicio de Inmigración, como se tienen dos foros, puede determinar que el testimonio es creíble y corroborable con otra evidencia interna, como informes de organizaciones de su país de origen, que puedan dar credibilidad a la persona. Pero la norma es que se espera que el extranjero corrobore lo que está planteando a la agencia. “Es bien difícil, créame. Hasta los casos más documentados son bien cuesta arriba”.

Aun cuando el licenciado Zambrana Avilés rechazó que exista prejuicio contra los migrantes haitianos, al menos de parte de los oficiales en Puerto Rico, sí considera que el sistema, como está diseñado, descansa en prejuicios: “Definitivamente, uno se da cuenta de eso”. Considera a que el sistema necesita reformarse para que funcione bien y sea uno más humanitario y abierto a la migración, porque descansa sobre premisas incorrectas que tienen prejuicios integrados.

Comentó que aunque la mayoría de las personas que llegan a Puerto Rico de manera irregular son dominicanos y haitianos, últimamente hay de otras nacionalidades, “de todos los extremos del planeta. Aquí yo he visto casos de China, Paquistán, Rusia, hasta de África, Antillas Menores y hemos notado un aumento de venezolanos. Pero las personas que por lo regular llegan en embarcaciones son las de menos recursos en sus países de origen, los más vulnerables a ser atropelladas por el sistema de migración estadounidense. Es un sistema que demanda mucho, es muy complejo. Y las personas llegan sin ningún documento, hasta sin pasaporte, que a veces damos por sentado. Eso es un problema”.

En entrevista por separado, el licenciado Francisco Concepción Márquez, miembro de la Mesa de Diálogo Martin Luther King declaró que a la luz de su experiencia, la probabilidad de que los migrantes haitianos reciban asilo en EE. UU. es muy baja. Al igual que su colega, apuntó que la persona tiene que presentar evidencia, demostrarlo y convencer a un juez de migración, no es suficiente con alegarlo. Añadió que la probabilidad de pedir asilo no solo para los haitianos, sino para todos los inmigrantes, hoy en día, es bien baja, excepto para algunos casos en específico. En los tribunales, menos del 10 % de los casos que se presentan se aprueban, incluido Puerto Rico.

La opinión de Concepción Márquez es que, a largo plazo, es bien poco probable que las personas que sobrevivieron al recién naufragio se puedan quedar en EE. UU. A menos que haya un cambio en que el residente extienda alguna protección especial, algún cambio en la ley, una nueva regulación, las probabilidades de que se queden a largo plazo son bastante bajas.

Ambos entrevistados coincidieron en señalar que ya no existe ningún privilegio para ningún migrante irregular en EE. UU. Ya no existe ni siquiera el que había para los cubanos. La manera en que se trata a los diferentes grupos poblacionales y a diferentes grupos de migrantes en general, en Estados Unidos, depende de lo que la administración de turno quiera hacer. Por ejemplo, bajo la presidencia de Donald Trump, el sistema se endureció y se eliminaron varias protecciones que se habían creado por orden ejecutiva de Barak Obama. Cuando el asesinato del presidente de Haití, Jouvenel Moise, el presidente Biden emitió una orden de permiso de empleo y de detener la deportación solo para las personas que ya estaban en EE. UU.

Para Concepción Márquez es importante resaltar el hecho de que en Puerto Rico hay unos sectores religiosos que se han movilizado para darle protección a estos hermanos haitianos, para atender facilidades para cuidarlos, y hay personas que se movilizan con ellos para ayudarles a que vayan al hospital y en su salida. “Sí hay un movimiento importante de sectores religiosos dándoles ayuda y protección a estos hermanos haitianos para tratar de buscarles alternativas, cómo se logran procesos y espacios y facilidades para que ellos puedan quedarse”.