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Francia Márquez, candidata a la vicepresidencia de Colombia: “Los de abajo necesitamos ocupar la política”

Francia Márquez Mina

 

Por Amy Goodman

Actualización: En el momento de grabar esta entrevista Francia Márquez se estaba postulando como precandidata presidencial en la consulta interpartidista de la coalición de izquierda Pacto Histórico. Tras obtener el segundo puesto en la consulta interna de la izquierda, Márquez ha sido escogida como compañera de fórmula del candidato a la presidencia Gustavo Petro.


En Colombia, las elecciones presidenciales que se celebrarán el próximo mes de mayo para elegir al sucesor de Iván Duque, quien no puede presentarse a un segundo mandato, están generando mucha expectación. Para hablar sobre el tema, nos acompaña Francia Márquez Mina, una de las candidatas presidenciales. Márquez Mina es una ambientalista afrocolombiana defensora de la tierra y el agua. Es la primera mujer negra en postularse formalmente para la presidencia de Colombia. En 2018, Márquez Mina recibió el prestigioso Premio Ambiental Goldman para América Central y del Sur por ayudar a organizar a las mujeres de la comunidad de La Toma en su lucha por detener la minería de oro ilegal en sus tierras ancestrales. Márquez Mina nos habla desde Nueva York, donde se encuentra para una breve visita.

Esta transcripción es un borrador que puede estar sujeto a cambios.

AMY GOODMAN: Esto es Democracy Now!, democracynow.org. Soy Amy Goodman.
En Colombia, las elecciones presidenciales que se celebrarán el próximo mes de mayo para elegir al sucesor de Iván Duque, quien no puede presentarse a un segundo mandato, están generando mucha expectación. Para hablar sobre el tema, nos acompaña Francia Márquez Mina, una de las candidatas presidenciales. Márquez Mina es una ambientalista afrocolombiana defensora de la tierra y el agua. Es la primera mujer negra en postularse formalmente para la presidencia de Colombia. En 2018, Márquez Mina recibió el prestigioso Premio Ambiental Goldman para América Central y del Sur por ayudar a organizar a las mujeres de la comunidad de La Toma en su lucha por detener la minería de oro ilegal en sus tierras ancestrales. Francia Márquez Mina nos habla desde Nueva York, donde se encuentra para una breve visita.

Bienvenida de nuevo a Democracy Now!. Permítanme comenzar felicitándola por hacer historia al ser la primera mujer afrocolombiana en postularse para la presidencia de Colombia. ¿Por qué decidió hacerlo?

FRANCIA MÁRQUEZ: Bueno, yo creo que más que hacer historia estamos impulsando que en Colombia una nueva gobernanza sea posible, una gobernanza construida desde los pueblos negros, indígenas, campesinos, desde los sectores diversos de la comunidad LGBTIQ+, desde las juventudes, desde las mujeres, desde el campesinado colombiano, desde los nadies que no hemos tenido voz en el Gobierno, que no hemos tenido voz frente a la reivindicación de nuestros derechos como pueblo. Y hoy nos toca ponernos a los nadies, a los que no hemos tenido voz, para ocupar el Estado y escribir nosotros mismos nuestra propia historia. Una historia que permita vivir en dignidad, vivir con justicia, vivir con equidad, con igualdad. Que nos permita a todos y todas pasar la página de la violencia, del conflicto armado. Vivir tranquilos con justicia social.

AMY GOODMAN: ¿Puede hablar sobre cómo sería esa agenda de justicia social en Colombia?

FRANCIA MÁRQUEZ: Lo primero es que este Gobierno hizo trizas las posibilidades de vivir en paz. Y hoy la gente más empobrecida, la gente que no tiene agua potable, que no tiene saneamiento básico, que no tiene educación, que no tiene conectividad a internet, es la gente que nuevamente está sufriendo el rigor de la violencia del conflicto armado. Son los líderes sociales quienes siguen perdiendo la vida. La Corte Constitucional acaba de reconocer el estado de cosas inconstitucionales, del incumplimiento de este Gobierno frente al avance de la paz. Y entonces toda esa situación de conflicto armado y de abandono en términos de inversión social hay que pararla. No se va a parar desde la élite privilegiada de hombres blancos que nos han gobernado históricamente. Creo que es el pueblo el que se tiene que poner de pie para escribir sus propias reivindicaciones.

Es necesario trabajar profundamente en el logro de la paz y eso implica el diálogo con todos los actores armados que hoy siguen colocando la vida en riesgo, incluyendo los actores del mismo Estado colombiano, las fuerzas militares que siguen violentando los derechos humanos. Eso significa asumir el desafío que hoy tenemos como humanidad de frenar la crisis ambiental. Y para eso nosotros proponemos el tránsito del extractivismo, de la matriz energética extractivista hacia una matriz energética sustentable; fomentar un sistema de producción económica que ponga en el centro la vida, y para eso hemos venido proponiendo un programa de iniciativas productivas agroecológicas, donde la soberanía alimentaria sea el primer renglón de nuestra economía en el país, entendiendo que hay más de 21 millones de personas que hoy se acuestan con hambre, sin comer, en nuestro país.

AMY GOODMAN: Cuando usted anunció su intención de postularse para la presidencia acababa de pasar varios días consolando a las madres de cinco jóvenes negros que habían sido atacados y asesinados por paramilitares. ¿Quiénes eran esos jóvenes? En ese momento usted escribió en Twitter: “Quiero ser presidenta de este país. Quiero que nuestra gente se sienta libre y digna. Quiero que nuestros pueblos puedan ser desde sus diversidades culturales. Que nuestros territorios sean espacios de vida. Que nuestros niños y niñas puedan andar sin miedo de ser asesinados”. Hable acerca de lo que pasó.

FRANCIA MÁRQUEZ: Yo soy mamá, tengo dos hijos. Ahora mismo acabé de despedirme de mi hijo que está en Boston. Me tocó sacarlo de mi país para poder hacer este camino político. Y como mamá he sentido el dolor y la tristeza de tener que, en nuestro país, enterrar a sobrinos, enterrar a sobrinas. Yo perdí una sobrina de ocho años que fue asesinada en un barrio popular de Cali. Y esa es una historia que se repite todos los días: las mamás se van a trabajar en casas de familia y, cuando regresan, regresan a enterrar a sus hijos. Esa es la historia de nuestro país y yo creo que alivianar el dolor de estas mamás que todos los días están enterrando a sus hijos en los barrios populares, en las veredas, en las comunidades, es parte del desafío que tenemos. Y eso implica justicia social. Eso implica asumir la desmilitarización de nuestra sociedad, la desmilitarización del país, porque todos los días estamos poniendo muertos en las calles. Pero eso implica pensar en economías que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de la gente, eso implica anidar la vida.

Para eso también es necesario entonces hablar de la distribución de la tierra en manos de las mujeres. Colombia es un país mayoritariamente habitado por mujeres, somos el 52% de la población. Y, sin embargo, las mujeres también están viviendo el feminicidio, las mujeres están siendo asesinadas en nuestro país. Las mamás que son lideresas, cuando les asesinan sus hijos, cuando les violentan sus hijos, es como una forma de acallarlas en su voz, como una forma de que no exijan derechos. Por tanto, yo creo que este es un camino de dignidad, abrazando la vida, anidando la vida, porque estamos cansados de tener muertos, estamos cansados de tener que enterrar a nuestros familiares, de ver a las mujeres mamás enterrando a sus hijos. Eso no es justo. Nos merecemos una nación más digna, una nación en paz, una nación con justicia social, una nación antirracista.

Yo ahora estoy acá en los Estados Unidos y sé que la gente negra también aquí es asesinada, sobre todo la juventud, de la misma forma en que asesinan a la juventud negra, empobrecida, racializada, en Colombia. Es momento de que dejen de ver en el color de nuestra piel a un criminal y que vean a seres humanos. Que nuestra dignidad se respete y se reconozca. Y estamos feminizando la política, profundizando la democracia de nuestro país, porque no ha habido. Estamos poniéndole contenido a la democracia.

Cuando yo anuncié que quería ser presidenta de Colombia la gente dijo “Francia está loca”, porque no se imaginan, creen que ese es un lugar que le pertenece a hombres blancos, privilegiados, de élite. Pero hoy, los de abajo, los nadies, los que no hemos tenido voz, a los que nos han silenciado, a los que históricamente nos han violentado, nos ponemos de pie para decir que vamos a ocupar el Estado, que vamos a ir de la resistencia al poder hasta que la dignidad se haga costumbre para nuestro país.

AMY GOODMAN: Usted es de Yolombó y creció en La Toma, ambas localidades situadas en el Cauca, al oeste de Colombia. ¿Puede hablarnos del Cauca? ¿Por qué cree que la región está siendo afectada por la violencia? y ¿cuál es el papel de las corporaciones multinacionales en esa violencia? Usted misma es una líder ambientalista que ganó el premio Goldman por su lucha contra una empresa multinacional dedicada a la minería de oro.

FRANCIA MÁRQUEZ: El Cauca es un departamento que ha vivido el conflicto armado. Pero también es un departamento diverso, habitado por pueblos negros, indígenas, campesinos. El departamento del Cauca está mayormente habitado también por mujeres, en su diversidad. Y aunque ha sido un departamento donde los actores armados han impuesto la violencia, ahí hemos estado como pueblo resistiendo, resignificando la vida, llevando paz, generando paz desde las prácticas ancestrales y culturales. Y hoy desde ese Cauca parido de hombres y mujeres líderes y lideresas, que en medio de la guerra, en medio del abandono, en medio del racismo, en medio del patriarcado y del machismo que se impone sobre la vida de las gentes, hemos logrado avanzar también en términos de la resistencia, de generar escenarios que nos permitan vivir en paz y sin miedo.

En ese sentido, yo creo que nuestra apuesta desde ese departamento, yo soy hija del territorio caucano, desde ahí vamos a seguir impulsando la paz que no ha llegado a las puertas de nuestra casa. Vamos a seguir impulsando la necesidad de que el Cauca sea un territorio… que el Cauca y Colombia sean un territorio digno, un territorio con justicia. Hay muchas comunidades de nuestro departamento y del país [donde] la gente no tiene agua potable, pero la minería ha hecho lo que ha querido con nuestro territorio. Nosotros no nos oponemos al desarrollo. Nosotros nos oponemos a una visión del desarrollo que se basa en obtener sus ganancias de la muerte, del despojo, de la expropiación de la condición humana de la gente. Así que, bueno, cuando llegue a la presidencia seguiré luchando para que el desarrollo esté basado en la distribución, en la justicia social, en la justicia ecológica, en la justicia de género, en la justicia humana.

Hoy el planeta tiene un desafío enorme. La vida se está agotando todos los días. Y el gran desafío es hacer que muchas de estas empresas que han obtenido sus ganancias de la muerte y de la destrucción se enfoquen hoy a pensar una economía para la vida. Y eso implica replantearse las formas de obtener sus ganancias. Eso implica pensar en justicia distributiva. Eso implica pensar en justicia ecológica para toda la humanidad y, por supuesto, para ayudar a salvaguardar la casa grande, el planeta, el útero mayor.

AMY GOODMAN: Usted sobrevivió a un intento de asesinato en 2019 y ha recibido amenazas de muerte en varias ocasiones. ¿Puede hablar sobre lo que pasó y sobre lo que le da la fuerza para postularse a la presidencia con la valentía que esto representa?

FRANCIA MÁRQUEZ: Lo que sucedió, como ustedes conocieron, es que como un líder más, una líder más de mi país, fui declarada objetivo militar. Recibí atentados de muerte junto a otros líderes y lideresas del departamento del Cauca. Pero eso no ha sido una razón para silenciarnos. Al contrario, con más fuerzas hoy estamos vivos y estamos aquí, con más fuerzas seguimos levantando la voz, porque queremos que lo que nos ha pasado a nosotros no le siga pasando a ningún otro colombiano ni colombiana. Sin embargo, lo lamentable y lo doloroso es que todos los días seguimos enterrando líderes y lideresas asesinados, y sobre todo líderes ambientales. Colombia es el país que más entierra a sus líderes ambientales en el mundo, que son asesinados. Y esto es un llamado de atención porque preocupa que se haya generado tanta fractura en nuestro país sobre el valor de la vida. Preocupa que no se priorice salvaguardar la vida de las gentes y sobre todo de los líderes sociales.

Este Gobierno no fue capaz de permitirle a las comunidades que habían gritado enormemente, comunidades como Bojayá, que querían vivir en paz. Al contrario, a pesar de que comunidades como Bojayá, en el Chocó, que son un símbolo de paz, un símbolo de resistencia, que vivieron la barbarie de la guerra y del terror, dijeron: “Sí, queremos vivir en paz”, este Gobierno hizo trizas esas posibilidades y hoy no sabemos en muchos territorios de dónde viene la bala. Nuestro compromiso es seguir levantando la voz de manera contundente hasta que la dignidad y la vida sea una costumbre para nosotros y nosotras.

AMY GOODMAN: Las elecciones presidenciales son en mayo y llegan tras un gran levantamiento popular en toda Colombia, en el que uno de los epicentros fue el Cauca, de donde usted es originaria. La ONU dijo que las fuerzas de seguridad estuvieron involucradas en graves violaciones a los derechos humanos, detenciones arbitrarias, actos de violencia sexual y de género, y de discriminación. ¿Puede hablar sobre las razones de esas protestas? ¿Fue la población afrocolombiana un objetivo en particular de la represión?

FRANCIA MÁRQUEZ: El paro se originó porque inicialmente el Gobierno presentó una reforma tributaria en contra de las gentes pobres, en contra de los más empobrecidos del país, beneficiando a la gente que es más rica, en términos monetarios, del país. El sector financiero [estaba] lucrándose en medio de una pandemia, mientras la gente de a pie [estaba] sin tener qué comer en sus casas. Todo eso: el confinamiento que hubo con la pandemia, la gente sin oportunidades de obtener ingresos, sin empleo, sin [tener] cómo pagar las viviendas, mejor dicho, en medio del desespero, y la pandemia no es la crisis, la pandemia devela la verdadera crisis de un modelo de muerte que no fue capaz de avanzar en dignificar y crear condiciones de dignidad para la gente; en medio de todo eso, el Gobierno presenta esa reforma tributaria y la gente ya no aguantó más y se volcó a las calles, y sobretodo los jóvenes.

Muchos de esos jóvenes que se pusieron en primera línea son jóvenes de los barrios populares, jóvenes que han vivido la limpieza social. La limpieza social es el asesinato por parte del paramilitarismo en Colombia, que dijo: “Hay que limpiar socialmente los territorios”, y eso significa muerte. El Gobierno, por su parte, en vez de propiciar un espacio de diálogo con las comunidades, con las juventudes del país para buscar soluciones, lo que hizo fue estigmatizar la protesta social, señalarles de ser vándalos, terroristas, criminales, y eso resultó en lo que pasó, que lamentablemente 48 jóvenes fueron asesinados y la mayoría eran jóvenes negros.

Cali fue la ciudad que puso el mayor número de muertos, lamentables. Esos jóvenes que salieron con esperanzas a levantar la voz, porque querían un país en dignidad, tristemente no pudieron regresar a su casa porque el Estado los asesinó con las balas de la patria, balas que se pagan con los impuestos que todos los colombianos y colombianas aportamos. En ese sentido, creo que la no escucha, el no propiciar escenarios de diálogo y simplemente represar a la gente, señalarles de ser vándalos, de ser terroristas, de ser criminales, estigmatizando a las gentes de a pie que no tienen nada que perder porque el Gobierno y el Estado colombiano les han quitado gran parte de sus esperanzas, de sus sueños, de las posibilidades de vivir sabroso, de vivir en paz, esa gente se puso en la calle y dijo: “Aquí estamos la generación del aguante, los que ya no vamos a seguir aguantando que nos pisoteen, que nos expropien nuestra condición humana”. Yo espero que ese estallido social ahora se traduzca en un cambio en las urnas, porque esto no va a parar si no hay un cambio en la política de nuestro país.

Cincuenta billones de pesos se pierden cada año en corrupción en nuestro país, y eso significa niños y niñas que están muriendo de desnutrición, de hambre. Están muriendo en nuestro país sin oportunidades de vivir y es doloroso que eso esté pasando en nuestro país. Es doloroso que los jóvenes no tengan acceso a educación de calidad, a educación gratuita, a educación integral. Es doloroso que las mamás, que las mujeres hoy no tengamos garantías laborales, que los mayores no tengan garantías en términos pensionales. Es doloroso todo eso que ha hecho el modelo neoliberal impuesto por esta élite colombiana que ha obtenido sus ganancias de la muerte, del hambre, del destierro, de la expropiación de nuestra condición humana.

AMY GOODMAN: Usted participó en un debate presidencial junto a una docena de candidatos y electrificó al país al decir: “Todos representan lo mismo”. ¿Cómo piensa cambiar un sistema político en el que la violencia y la corrupción están tan arraigados?

FRANCIA MÁRQUEZ: Es con la gente, es con el pueblo, es con las mayorías que puede generarse un cambio en nuestro país. El cambio no va a venir desde las 47 familias que nos han gobernado siempre. El cambio viene de las mayorías, es con los jóvenes, es con las mujeres en su diversidad, es con los pueblos indígenas, con los pueblos negros, con los pueblos campesinos, con los trabajadores y trabajadoras, es con los mayores y las mayoras, con la gente, con el pueblo, que vamos a generar el cambio. Porque esta gente, esta élite mezquina que hemos tenido, lo vieron en el debate, se pusieron fue a discutir sobre quién ha robado más y quién ha robado menos y no sobre cómo van a generar cambios reales para nuestro país, una sociedad que no aguanta más y que está dispuesta hoy a generar un cambio.

Por eso nosotros decidimos colocarnos de frente en la política. Y a mí me han dicho que soy una igualada, que de dónde aparecí, que soy una aparecida. Pues sí, porque no están acostumbrados a vernos a los de abajo, los de la raíz, los de la periferia, ocupar el Estado. Siempre nos dijeron que la política no era para nosotros, que la política no tenía nada que ver con nosotros. Pero esa política se ha metido con nuestras vidas, se ha metido con nuestras familias, se ha metido con nuestros territorios, se ha metido en nuestras casas y ha definido la forma en que tenemos que vivir. Ahora nos toca a nosotros meternos con la política para generar los cambios que necesitamos. Y bueno, aquí estoy, lista para decir que es con el pueblo que hay que propiciar un escenario distinto, una gobernanza distinta y una gobernanza que se piensa y que pone en el centro la vida, y no una gobernanza que se piensa para obtener privilegios en contra [sic] de la barbarie de nuestro país.

AMY GOODMAN: Tenemos menos de un minuto y usted tiene que tomar un vuelo de regreso a Colombia. Ha venido a hablar con la diáspora colombiana en Nueva York. ¿Qué tan significativo es el voto de la diáspora en las presidenciales y cuál es su mensaje para la gente que vive aquí?

FRANCIA MÁRQUEZ: El mensaje para todos los colombianos en el exterior, no solo aquí en los Estados Unidos, sino en todo el mundo, es que, bueno, son más de seis millones de colombianos que salieron de una u otra forma de su territorio, territorio al que muchos no han podido regresar por falta de oportunidades o [porque] aún si regresan sus vidas están en peligro por el conflicto armado. Nosotros hemos venido hablando con claridad de la necesidad de la legalización de las drogas en el país. Si Estados Unidos ha empezado a legalizar las drogas creo que hay que hacer ese paso en nuestro país, porque acá encarcelan a la gente negra joven y allá asesinan también a la gente negra, a los pueblos campesinos e indígenas empobrecidos. Al final del día, quienes terminamos perdiendo es la misma gente, gente empobrecida, gente racializada. Es necesario entonces asumir ese desafío de profundizar la democracia, de feminizar la democracia, de generar, de hacer de Colombia un mejor lugar para todas, para todos, para todes. Como mujeres queremos poder tener libertades para decidir sobre nuestros cuerpos, y es parte del camino que tendremos que hacer.

Necesitamos de los colombianos en el exterior para el cambio, así que este 13 de marzo será un día trascendental. Por primera vez un tarjetón va a tener la cara de una mujer negra, la cara de una mujer indígena, la cara de gente que tiene historia, que tiene memoria, de las gentes de a pie, de la gente de las manos callosas. Así que los invitamos a tomar el tarjetón del Pacto Histórico, a solicitarlo y a votar por Francia Márquez a la presidencia de Colombia.

Además necesitamos renovar el Congreso. Necesitamos que voten por la lista del Pacto Histórico, que voten por las listas a la Cámara del Pacto Histórico, solo marcando el logo del Pacto Histórico. Y de manera especial, quiero invitarles a votar por la lista de Circunscripción Especial de Comunidades Negras. Necesitamos que Soy Porque Somos, nuestro movimiento, se convierta en un partido político. Hoy, los de abajo, necesitamos ocupar la política, y eso es con los colombianos en el exterior, eso es con todos los colombianos y colombianas para que un retorno seguro, un retorno con justicia, un retorno en dignidad y sobretodo en paz, con alegría, sea posible para todos los colombianos y colombianas. Y sobre todo los que están en el exterior pasándola mal, muchos migrando, muchos sin dignidad, porque acá también se les expropia su condición humana.

AMY GOODMAN: Francia Márquez Mina, muchas gracias por dedicarnos este tiempo. Activista afrocolombiana, defensora de la tierra y el agua, ambientalista, candidata a la presidencia de Colombia. La primera mujer negra en postularse formalmente para la presidencia. En 2018 recibió el prestigioso premio ambiental Goldman para América Central y del Sur por ayudar a organizar a las mujeres de la comunidad de La Toma en su lucha por detener la minería de oro ilegal en sus tierras ancestrales. Esto es Democracy Now!. Soy Amy Goodman. Muchas gracias por acompañarnos.

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Mirada al País: La podredumbre del bipartidismo

 

Especial para CLARIDAD

En los últimos meses el país ha visto con enorme vergüenza el desfile legisladores, alcaldes incumbentes y un exalcalde, arrestados por las autoridades federales por estar involucrados en actos de corrupción. Estos alcaldes pertenecen a los partidos que, por los pasados 54 años se han turnado en el poder, el Partido Popular Democrático (PPD) y el Partido Nuevo Progresista (PNP).  Quienes hemos tenido la experiencia de vivir ese periodo, hemos observado como la gobernanza del bipartidismo ha podrido las instituciones públicas y ha conducido al país a la quiebra moral y económica.  Con el objetivo de lograr sus aspiraciones, el bipartidismo ha aprovechado el poder alcanzado en las elecciones para crear medios que les faciliten encaminar su perversa agenda. Con ello en mente, idearon mecanismos que, desde el sistema electoral, les asegurasen mantenerse en el poder. Es por ello, que la ley electoral mantiene un andamiaje que permite, que un candidato que obtiene menos de la mayoría del favor del electorado ocupe la gobernación. Es el mismo sistema que ha negado a las “minorías”, el derecho a una democracia representativa y participativa, de modo que solo el bipartidismo logre escaños legislativos que les permitan controlar el diseño de la legislación que adelante los intereses de los sectores que representan. Estos sectores son, principalmente, quienes les financian las campañas, gracias a que el sistema electoral prevaleciente permite el financiamiento privado de estas.  Cónsono con lo anterior, el bipartidismo es, además, fiel patrocinador del sistema colonial que padecemos y que reproduce la estructura electoral estadounidense, controlada por dos partidos que responden a grandes y poderosos sectores económicos que dictan la política pública en los Estados Unidos. Sus tentáculos alcanzan todas las ramas del gobierno de ese país. Siendo las decisiones del Tribunal Supremo de los EE. UU. una fuente de derecho primaria en Puerto Rico, que se impone con toda fuerza y vigor, nos aplican las buenas y malas decisiones que toma ese tribunal. La decisión de Citizens United v. Federal Election Commission, 558 U.S. 310 (2010), reconoce el derecho de corporaciones y uniones obreras a la libertad de expresión, la que incluye invertir todo lo que deseen en campañas políticas, siempre que dichas sumas no lleguen directamente al candidato o candidata. De ahí, que se creen los llamados Comités de Acción Política (PAC por sus siglas en inglés), que recaudan fondos para adelantar los objetivos de un candidato o candidata y/o vapulear la campaña de otro. Aun cuando el caso de Citizens United expresa que, en vista de que los fondos no se invierten en coordinación con el candidato o candidata en particular, ello no daría paso a la corrupción o la apariencia de ella. Vana ilusión.

 

En días recientes se ha sacudido la opinión pública con el anuncio del procesamiento de John Blakeman, un allegado a la campaña electoral de la exgobernadora, Wanda Vázquez y de Joseph Fuentes Fernández, íntimo amigo del gobernador, Pedro Pierluisi, a quienes se les imputa incurrir en violaciones a las leyes federales electorales. En el caso particular de Fuentes Fernández, se le acusa de utilizar entidades fantasmas para que aportaran a un PAC creado para atacar la figura de Wanda Vázquez en sus aspiraciones a la gobernación, en las elecciones del 2020. Blakeman, se dice, intercedía por un banco de capital venezolano para que, a cambio de aportaciones a la campaña de Wanda Vázquez, su gobierno favoreciera al banco sacando del medio al entonces director de la Oficina del Comisionado de instituciones Financieras (OCIF), George Joyner.

Estos personajes que financian las campañas del bipartidismo pretenden que, en su día, el candidato o candidata le retribuya a la hora de alcanzar el puesto. Esta nefasta práctica fue institucionalizada por el exgobernador Pedro Roselló, con la creación del grupo Empresarios con Roselló, quienes se reunían con jefes de agencia para impulsar sus proyectos y obtener de las agencias contratos para sus empresas. Comenzó a proliferar la contratación de entes privados para diversas tareas, tales como servicios legales, asesoría de cuanta cosa se inventan, tecnología, administración, facturación, etc., y la privatización de servicios públicos esenciales, tales como servicios educativos, de recogido de basura y escombros, de limpieza, de asfaltado de vías públicas y otros. Muchos de estos empresarios, procuran luego esquivar los procesos competitivos, como las subastas, ofreciendo a los funcionarios electos lo que, comúnmente, se conoce como el “kick back”. Son cada vez más los mercaderes del bipartidismo corrupto quienes, motivados por su afán de lucro, se muestran dispuestos a devolverles el favor y, de paso, enriquecerse con dinero público. Las agencias de “ley y orden” del gobierno de Puerto Rico, cómplices del encubrimiento, se hacen de la vista larga ante la corrupción cada vez más rampante, mientras las agencias de seguridad del gobierno federal están muy activas procesando a estos malandrines.

No conforme con robarnos el dinero que aportamos con nuestras contribuciones y el que se recibe de otras fuentes con el propósito exclusivo de utilizarse para servicios al país, el bipartidismo se ha dedicado a despilfarrar nuestros recursos económicos en gastos operacionales y gastos alegres para su propio beneficio. Para compensar el déficit creado con la mala administración de los fondos públicos, endeudaron al país a niveles impensados, lo que nos llevó a la quiebra, la que pagaremos nosotros mediante planes de ajuste de deuda que habrán de precarizar nuestra vida aun más. Parte del esquema es evadir que quienes nos quebraron rindan cuentas al país. Mientras sufrimos el éxodo resultante del empobrecimiento creado, se desarrolla el fenómeno de la gentrificación mediante la puesta en vigor de la ley 22 de 2012, hoy ley 60, aprobada bajo la administración de Luis Fortuño y que incentiva que inversionistas extranjeros se establezcan en Puerto Rico, a quienes se les exime del pago de contribución por ingreso pasivo: intereses, dividendos y ganancias de capital en la venta de acciones, criptomonedas, etc. Hoy vemos como algunos de estos beneficiarios de la llamada ley 22, que se sirven de la permanencia del bipartidismo, se insertan en el inversionismo político para, con sus aportaciones, intentar sobornar candidatos y funcionarios y lograr provecho para sus negocios. Ni hablar de la privatización de servicios esenciales como la salud, las comunicaciones y la otorgación de contratos leoninos como el de Luma Energy y H&M Ferries, para privilegiar al capital extranjero en perjuicio de los intereses del País.

La podredumbre del bipartidismo ha tenido como saldo, el descalabro moral y económico del país y de nuestras instituciones. Han mantenido engañado al pueblo con sus narrativas demagógicas que les alientan a adelantar sus “ideales”, que se reducen al saqueo del erario y a su propio enriquecimiento. Ante esta infortunada situación, tenemos la opción y el deber de unirnos como pueblo y converger, independientemente de nuestra ideología de estatus, para rescatar al País, exigiendo que impere la decencia, la transparencia, la justicia social. Es la única alternativa que tenemos para salir de la mafia que nos gobierna.

 

   

Imponen plan piloto a la Universidad de Puerto Rico

CLARIDAD

ccotto@claridadpuertorico.com

Un llamado Plan Piloto de Recursos Compartidos que nadie conoce, preparado por una Oficina de Transformación Institucional (OTI), que tiene más poder que la presidencia; una Junta de Gobierno (JG) que considera para la presidencia a candidatos que nadie favorece y  un presupuesto de apenas $500 millones es la situación que impera en la Universidad de Puerto Rico (UPR).

Los representantes del sector docente y estudiantil de la Junta Universitaria de la UPR levantaron su preocupación ante la postura de la OTI y de la Junta de Gobierno de la UPR de negarse a ofrecer información sobre el alegado plan piloto de recursos compartidos entre recintos. La OTI es una imposición de la Junta de Control Fiscal (JCF) a la cual se le asignaron $10 millones del presupuesto de la UPR. La OTI, a su vez, contrató a la compañía BluHaus Capital para que preparara el citado plan piloto, denunciaron.

BluHaus Capital y Cederella son dos compañías contratadas por la UPR, que a su vez están asociadas con BDO, empresa cuyos socios fueron arrestados y acusados por el Gobierno federal.  El director de Cederella es el mismo que dirigía BDO cuando fue contratada por la Universidad para supuestamente fortalecer el sistema de retiro bajo la presidencia de Jorge Haddock.

El representante estudiantil a la Junta Universitaria (JU), Delvin Caraballo Rodríguez, reveló  a CLARIDAD que ya en dos reuniones de ese organismo —el 6 de abril y el 4 de mayo— se suponía que estaba en agenda un informe de parte de Blue Hause respecto al plan; pero en las dos ocasiones no recibieron el informe, ni de OTI ni BluHaus, y tampoco se presentó la compañía. Fue la propia presidenta interina de la UPR, Dra. Mayra Olavaría, quien informó que la OTI no comparecería a ofrecer el informe.

La contención de los estudiantes para con el plan es que como constituye un plan piloto, tiene una continuidad de tres fases. La primera fase, que se supone que esté vigente, agrupa los servicios de los recintos de Utuado, Arecibo y Aguadilla. En la segunda fase participarán los recintos de Ponce, Bayamón, Carolina, Humacao y Cayey. En la última fase están incluidos los recintos de Mayagüez, Río Piedras, Ciencias Médicas (RCM) y la Administración Central.

“Tenemos que denunciar la gestión que está haciendo la OTI a espaldas de la comunidad universitaria. No podemos, según proyecta el Plan Fiscal, dar pasos  y consentir que este plan piloto siga su curso porque la comunidad universitaria no tiene ni idea  si el plan piloto ha sido efectivo, si ha representado ahorro, si hay ahorros dónde están, si da lo mismo si se lleva a cabo el plan o no. Esto no puede ser una pataleta de la JCF, aquí tiene que haber resultados  positivos o negativos, y que en la Junta Universitaria podamos respaldar  una postura oficial sobre el plan piloto de servicios compartidos”.

Añadió que se han  comunicado con la Junta de Gobierno, que es quien debe tramitar la comunicación con la OTI y Administración Central, y tampoco  se ha recibido respuesta.

 La JCF condiciona otorgación de fondos

 El representante estudiantil dio a conocer que en la propuesta de presupuesto que la JCF entregó al gobernador Pedro Pierluisi condicionó $40 millones adicionales a la UPR, de los cuales $20  estarían sujetos a que se implemente el citado plan. Los otros $20 están  condicionados a la transformación del sistema de retiro de la UPR. Una  interrogante que dijo nadie ha sabido contestar todavía,  o no quieren contestar, es si esos $40 millones están  en  las resoluciones conjuntas que asignan los $500 millones de presupuesto. Hay otros $51 millones que serían para el Fondo de Beca, según   la ley 4 del 2022.

“Así que la  Junta está en unas negociaciones extrañas y la comunidad universitaria no tiene idea de si esa negociación es justa porque no tenemos nada de lo que está pasando con eso. Cuando digo no tenemos nada, me refiero a estudiantes que somos de otros recintos; pero los estudiantes que son de los recintos bajo el plan, tampoco. Es un desconocimiento general”.

En tanto, la presidenta de la Hermandad de Empleados no Docentes (HEEND), licenciada Jannell Santana Andino, confirmó que el Plan Piloto es en específico para los empleados no docentes, por lo que advirtieron en  una carta a la JG que ahora,  más que en otro momento bajo la ley 130, la Hermandad  es la representante exclusiva de todos los y las trabajadoras no docentes que pertenecen a la unidad apropiada. Hasta el momento de la entrevista, la reacción de la JG a la carta es de solo un acuse de recibo.

Santana Andino censuró que en ningún momento el plan haya sido consultado con los trabajadores ni los gremios. A lo único que han tenido acceso es a un documento de preguntas y respuestas. Al respecto, indicó que a claras luces  hay unas violaciones a lo que está vigente en el convenio colectivo en la manera en que se pretenden hacer una serie de reclutamientos y traslados. Además, se plantea una remuneración económica, pero no se dice si los fondos son recurrentes o no.  Expuso que se supone que la OTI  es algo que va cesar en su momento, según se creó a la luz del Plan Fiscal preparado por la JCF.  Ello deja las interrogantes de si desaparece la OTI, cesan los fondos, son o no son recurrentes, qué va a pasar con los trabajadores que aceptaron esas tareas o si los van a dejar comoquiera.  En la actualidad, entre los tres recintos hay entre a 300 a 400 trabajadores.

La licenciada se reiteró en su censura a que la JCF condicionara una asignación de $20 millones a que se acepte el plan. Describió que lo que han recogido de parte de los trabajadores son muchas dudas,  preocupaciones e incertidumbre. Planteó que, por ejemplo, las oficinas de recursos humanos de los recintos no han estado inmersas en el proceso y todo ha llegado de manera directa de la OTI y de BluHaus, la cual no tiene conocimiento de los funcionamientos de la Universidad.  Añadió que ahora mismo en el papel funcionan ciertas oficinas, entre ellas la de Asistencia Económica. Si la persona trabaja en el recinto de Utuado, se queda ahí; pero va a atender casos de los recintos de Aguadilla y Arecibo. De ser así, qué van hacer las oficinas de Aguadilla y Arecibo, cuestionó. “No se sabe”.

A su juicio, hay cosas que se pueden entregar vía correo electrónico. Pero cuando un oficial tenga que evaluar físicamente a un estudiante porque hay documentos de los que no se pueden enviar fotocopias, como el certificado de nacimiento, ¿quién se va a mover?, ¿el estudiante?, cuestionó. Las pretensiones del plan son fusionar las oficinas de Asistencia Económica, Recursos Humanos,  Finanzas, Admisiones y Registro. El plan habla hasta de crear plazas, ¿con qué dinero?, advirtió la presidenta de la HEEND. “Tampoco explican. Lo que sí dijeron es que si por ejemplo la plaza es para Utuado, el presupuesto lo va a tener Arecibo porque es el recinto que va a dirigir el plan piloto”.

Mientras, para el presidente de la Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios (APPU), Ángel Rodríguez, la OTI ejemplifica los problemas que tiene la UPR. Este comparó el presupuesto de $10 millones de la OTI  con el presupuesto del recinto de Cayey, que ahora mismo es de alrededor de $25 millones. Es decir, más de 1/3 parte de un recinto completo en una oficina de transformación institucional que a su vez contrata elementos externos para determinar cómo se va a transformar la institución sin consultar a nadie. “Esto, en una universidad que tiene una escuela graduada de administración pública que tiene los expertos más reconocidos en el país en esa área. Deciden contratar compañías externas porque, claro, toda la llamada transformación de esa oficina no tiene ningún elemento académico”.

La postura  de la JG y de la OTI de negarse a dar información, lo atribuye a que no es conveniente impulsar de parte de esa oficina una posición que pueda ser difundida en la opinión pública entre la  comunidad universitaria. Recalcó que  lo que está haciendo la OTI  son transformaciones institucionales para justificar los recortes que se imponen desde el Gobierno central y la JCF.

Sobre el papel de la presidencia en este proceso, argumentó que no importa quién sea, la persona termina siendo un monigote, dado a que el poder discrecional que se la concedido a la OTI es de tal  magnitud que se convierte de facto en la presidencia. Esa oficina es la que está determinando la vida académica de todo lo que pasa dentro de la UPR, denunció.

El portavoz de los docentes comparó la postura de la JCF, de condicionar la asignación de los $40 millones a si aprueba el plan piloto, a una del bajo mundo. “Es  vergonzoso. Esa es la actitud de lo que pasa en el bajo mundo; por un asunto estrictamente ideológico”. Otro asunto en el que denunció la JCF quiere imponer su visión ideológica es con el Sistema de Retiro de la UPR. Aun cuando ese sistema de retiro es el quinto sistema de retiro de beneficios definidos en todos los EE. UU., ahora mismo tiene cerca de $2 mil millones en su fideicomiso y tiene un índice de retorno de inversión de cerca de 7 %, que es por encima del promedio de todos los índices de retorno de inversión en todo los EE. UU. La JCF lo quiere cambiar a uno de beneficios no definidos.

“Nuestro sistema  de retiro es saludable. Ahora, en la medida  en que se congelan plazas, se recortan presupuestos, el Retiro puede tener problemas. Pero el problema no es de funcionamiento del Retiro, es de la JCF, que limita las posibilidades del Sistema de Retiro. Es decir, la Junta lo quiere dañar para después decir que no sirve. Eso es una hipocresía”.

La selección de la presidencia

 En medio de las denuncias respecto al Plan Piloto y la asignación de un presupuesto de apenas $500 millones, el Comité de Búsqueda y Consulta de la JG  está considerando a los dos candidatos a la presidencia menos favorecidos por toda la comunidad universitaria. Estos son el rector del recinto de Río Piedras, doctor Luis A. Ferrao Delgado, y al rector del recinto de Arecibo, doctor Carlos Andújar Rojas.

El presidente de la APPU confirmó que esa es la  información que han recibido, tanto en los recintos como en la Junta Nacional de la APPU. “No me parece en lo más mínimo sorprendente. Este ha sido el patrón cotidiano de las decisiones de los miembros de la JG nombrados por el gobierno de turno”.

El representante estudiantil Delvin Caraballo, reveló que en una reunión el estudiantado le preguntó al  presidente del Comité, licenciado Alejandro Camporeal Mundo, si había un compromiso de parte de la JG con que el proceso de selección fuese uno vinculante, y su respuesta fue que no, que no podían renunciar a su prerrogativa o racionamiento.

“Cuando uno compara el racionamiento de 13 miembros con 11 senados académicos  hay que poner en entredicho cuál es el razonamiento que tiene la JG en cuanto a esto”. No obstante el portavoz estudiantil atribuyó que la mayoría de los candidatos tienen  un récord que es claro y que habla más de lo que puedan pintar en un plan de trabajo.  “Como dicen por ahí, palo que nace dobla’o no se endereza”.

Por su parte, la presidenta de la HEEND, indicó que nunca han avalado a ningún candidato a la presidencia aunque esta vez sí  expresaron su rechazo a la candidatura del vicepresidente ejecutivo de la UPR, Ubaldo  Córdova Figueroa, quien está relacionado con la pérdida de la acreditación del RCM y con la gestión del expresidente Jorge Haddock.

“Ahora debemos decir que quien venga no puede ser un monigote, una marioneta más de la Junta de Gobierno.  Tiene que ser una persona que venga a defender la Universidad, que tenga su criterio propio. Tiene que ser una persona que entienda que hay un reto grande en la UPR”, recalcó.

 

 

 

 

 

 

Mirada la País: El absurdo reclamo de “Voluntad Política” a un gobierno corrupto

 

Especial para CLARIDAD

En días recientes observaba una transmisión del Canal 2 de televisión donde se reseñaba la intervención del Negociado de Investigaciones Especiales (NIE) del Departamento de Justicia, en el CESCO en Manatí, así como en varias oficinas de gestores de trámites gubernamentales en esa dependencia de gobierno. El periodista que comunicaba esos acontecimientos utilizó como recurso a un alegado ‘abogado experto’ para que éste ayudara a interpretar las implicaciones y posibles causas de esa intervención del NIE. Para mi asombro y disgusto, la persona que “ayudaba” en esa interpretación es un exdirector del NIE, que en febrero de 2007 fue suspendido de ese puesto por imputaciones en intervenciones ilegales en el trámite de obtención de licencias de posesión de armas de fuego a nueve individuos, incluyendo a un alegado narcotraficante de nombre José López, alias “Coquito” (“Lozada admite tramitó licencia de “Coquito”; Primera Hora, 21 de febrero de 2008). El tal “Coquito” fue asesinado en el 2006 mientras era investigado por agencias federales por alegado narcotráfico y soborno de funcionarios públicos en la región de Carolina, incluyendo a policías. La presentación en televisión de ese ‘abogado experto’ analizando actuaciones del Estado contra posibles delincuentes, puede resultar demostrativo de la degradación de valores éticos y morales que se sigue profundizando en la sociedad puertorriqueña. Para colmar mi molestia, ese mismo día, el mismo Canal 2 mantuvo una campaña de promoción de un nuevo programa que sería televisado en la noche y en el que se destacaba como uno de los protagonistas a un “famoso” que se ha mantenido en los medios de comunicación, a pesar de que es un criminal convicto, que cumplió sentencia de cárcel por un patrón de maltrato y violencia contra distintas mujeres que ha tenido como pareja. A ese “famoso” y “galán” lo presentan y enaltecen públicamente mientras el mismo canal reseñaba en sus noticias la terrible incidencia de asesinatos y agresiones contra múltiples mujeres en Puerto Rico y estando vigente una Declaración de Estado de Emergencia por Violencia de Género en Puerto Rico (Orden Ejecutiva 2021-013). Incomprensible e injustificada contradicción.

Mis molestias de ese martes 10 de mayo se producen en el contexto mayor de una oleada de acusaciones por actos corruptos que se intensifican día a día. Existe gran consternación en el Pueblo por las continuas denuncias e imputaciones de actos de corrupción por funcionarios públicos del gobierno, electos o designados. En lo que va de este año, se han imputado delitos de corrupción a, al menos, media docena de alcaldes electos, a candidatos que compitieron en el proceso electoral de 2020 y a numerosos socios y allegados de estas personas. Hay otros tantos alcaldes potencialmente involucrados en actividades corruptas y que se comenta están bajo investigación criminal y ante unas prontas acusaciones por delitos cometidos. Aunque la corrupción gubernamental es endémica en el quehacer gubernamental de Puerto Rico, la más reciente incidencia de casos proyecta un cuadro epidémico y profundamente preocupante. Muchas de estas actuaciones públicamente denunciadas se agrupan en varias categorías básicas: (1) la corrupción en el proceso de financiación en los procesos electorales y (2) la corrupción relacionada al lucro, sobornos y apropiación de fondos en violación de las leyes. Una tercera categoría, también preocupante, es la corrupción relacionada al fraude en el trámite de permisos gubernamentales, así como la indolencia ante crímenes ambientales contra recursos y sistemas naturales públicos como el caso más reciente denunciado en la Bahía de Jobos en Salinas.

Se puede adjudicar, sin lugar a duda, que este desempeño negligente y criminal, caracteriza a los dos partidos políticos coloniales que se turnan la gestión en la administración pública. La gestión gubernamental de estos partidos está matizada por la articulación y entronización de individuos y grupos de individuos (“piñas”) en prácticamente todas las agencias del gobierno, pero en particular, en las corporaciones públicas y en aquellas agencias que llevan a cabo proyectos de mejoras capitales multimillonarios, como por ejemplo, el DTOP (puentes, carreteras), el DRNA (obras de control de inundaciones) y el Departamento de Educación (compra de libros y servicios, tecnología de información y comedores escolares). La contratación de productos y servicios está controlada por estas “piñas” para asegurar que se favorezcan en los contratos otorgados a individuos y corporaciones con las que los funcionarios han mantenido, mantienen o en el futuro tendrán relaciones profesionales o de negocios. Algunos de estos contratistas, por un lado, sobornan a los funcionarios en los procesos de toma de decisiones gubernamentales y, por otro, aportan monetariamente de forma sistemática a las campañas electorales de los partidos que aseguraran la permanencia de esas “piñas” de la corrupción. Un terrible círculo vicioso.

Conceptualmente se define la corrupción como la práctica de la utilización indebida o ilegal de las funciones ordinarias de las organizaciones, sean éstas públicas o privadas, para la obtención de un beneficio personal en detrimento del interés público. La corrupción, como problema social, se tiende a relacionar con la gestión gubernamental donde es ciertamente abundante y repugnante, pero también existe y es parte intrínseca de esa corrupción gubernamental, la corrupción del sector privado. Muchos de los entes que promueven o estimulan esta conducta son actores sociales como, entro otros, contratistas de construcción (mal llamados “desarrolladores”), entidades bancarias y financieras, agentes de seguros, incluyendo, pero sin limitarse los relacionados con la salud pública, bufetes de abogados y compañías de publicidad y comunicaciones. Todos estos sectores actuando, en ocasiones en común acuerdo, gestionan el proceso gubernamental y político y en la práctica son responsables de la profunda degradación de nuestro sistema social, económico y ambiental. Esta degradación produce y sostiene la creciente injusticia social y económica, la pobreza material de la mayoría de nuestros compatriotas, la degradación ambiental, la crisis fiscal, la degradación y obsolescencia de todos los componentes de la infraestructura física relacionada a los servicios esenciales como energía, agua potable, alcantarillado sanitario y pluvial, puentes y carreteras, puertos y aeropuertos, sistema de manejo y disposición de residuos sólidos, escuelas y hospitales, para mencionar algunos.

El deterioro físico de esa infraestructura es visible y constatable en la cotidianidad de nuestras vidas. Menos visible, o estamos menos consciente, es el deterioro y funcionamiento de la estructura del sistema político que gobierna, controla y dirige todo ese andamiaje social. El partidismo político colonial es causa y a su vez resultado de ese mismo deterioro. Por eso es común escuchar analistas y expertos que, al dilucidar sobre los factores intrínsecos a esta ineficiencia y deterioro social, prescriben como medida correctiva el que el gobierno asuma una indispensable “voluntad política”. La voluntad, en general, se refiere a la capacidad que tiene el ser humano para tomar decisiones con libertad sobre lo que se desea y no se desea hacer; está vinculado a la facultad de poder decidir y ordenar la conducta propia, sea de una organización o de un individuo. Pienso que pedir a la estructura gubernamental el que asuma voluntad política para solucionar el problema de corrupción, es equivalente pedirle “peras al olmo”. No puede haber voluntad en el gobierno para suprimir las actuaciones corruptas cuando la estructura gubernamental en sus tres ramas (ejecutiva, legislativa y judicial) está subordinada a la mentalidad de los partidos coloniales que operan en función de los intereses privativos de individuos y de grupos de individuos en perjuicio del bien común.

Estos entes políticos coloniales están minados, corroídos por individuos y entes corruptos que, alegando la búsqueda del servicio público y del bien común, operan como “maquinarias” que derrotan y defraudan las aspiraciones de superación de nuestro Pueblo. El proceso político electoral de los partidos llamados mayoritarios son parte de este fraude de gestión pública y vida democrática. Esas estructuras no tienen vocación ni capacidad para ejecutar un nuevo proyecto de País que establezca estrategias y soluciones a la problemática que nos abruma, tanto en el plano social, económico como el ambiental. La estructura gubernamental corrupta no tiene capacidad para resolver la crisis del problema fiscal y de deuda pública, la crisis de la infraestructura vital de energía, agua y producción de alimentos, y mucho menos la crisis que nos plantea el calentamiento del Planeta y el cambio en el clima. Siento que el reclamo de “voluntad política” hay que orientarla hacia la movilización y organización del Pueblo para fraguar una nueva propuesta del proceso electoral, un nuevo paradigma del quehacer político que garantice una gestión gubernamental éticamente correcta, anticolonial y eficiente en la previsión de los servicios básicos para todo el Pueblo. De la misma manera que urge sanear de la presencia de invasores y precaristas en la Bahía de Jobos y en toda zona marítimo terrestre del País, hay que organizarse y movilizarse social y políticamente para sanear la gestión pública en todas sus esferas. Es impostergable trabajar en esta urgente e indispensable convocatoria contra la endémica corrupción gubernamental y privada. Los corruptos nos roban los fondos, nos roban la confianza en el servicio público y nos roban el porvenir. ¡Basta de esa insensatez!

 

 

Los mejores del mundo corrieron en Ponce

Jasmine Camacho

Especial para CLARIDAD

FOTOS: Alina Luciano Reyes/CLARIDAD

Para varios conocedores del mundo del atletismo, el evento del Clásico Internacional de Atletismo, realizado el pasado 12 de mayo en Ponce y transmitido en todos los Estados Unidos mediante la cadena ESPN 2, es sin duda la competencia de más calidad que se ha llevado a cabo en Puerto Rico.

El evento contó con una gama de más de diez campeones mundiales y olímpicos, entre los que resaltaban la boricua Jasmine Camacho Quinn, así como los jamaiquinos Elaine Thompson (quien es considerada la atleta más rápida del mundo, habiendo ganado oro en los 100 y 200 metros  lisos tanto en Río 2016 como en Tokio 2020) y su compatriota Hansle Parchment, ganador olímpico de los 110 con vallas, por mencionar algunos.

Ponce siempre ha sido una pista importante.

Desde que tengo uso de razón, el Paquito Montaner de Ponce siempre ha sido una de las pistas más importantes de la región por haberse celebrado ahí eventos tan importante como el atletismo de los Juegos Centroamericanos de Ponce 93 y el llamado Ponce Grand Prix, que se realizó en esa plaza de 2007 a 2013.

Ahora, la nueva pista recién instalada permitirá que se realicen constantemente eventos importantes, y si logran que este  clásico se convierta en un evento anual en el país, el turismo deportivo, que se ha visto detenido los últimos años, cogería un impulso significativo.

Fervor por Jasmine

Considerando que la carrera se llevó a cabo un jueves, el hecho de que sobre 5 mil fanáticos se presentaran al Paquito Montaner es muestra del fervor que ha generado la victoria olímpica obtenida por Jasmine en los juegos de Tokio 2020 y de que su figura ha seguido en ascenso entre la fanaticada boricua que la sigue y la venera por su compromiso con el país y por la emoción que proyecta siempre al representarnos.

Dedicada a Culson

Mientras se acerca el Mundial de Atletismo en Oregón este próximo mes de Julio, es justo que la carrera fuera dedicada al ponceño Javier Culson, quien no solo fue nuestro primer medallista olímpico de este deporte al obtener bronce en Londres 2012, sino que sacudió al deporte del atletismo al colocar a Puerto Rico en el mapa mundial. Culson fue subcampeón mundial en 2009 y 2011 y por un tiempo considerable fue  el mejor en el evento de 400 con  vallas.

La controversia de la falsa salida no opaca el evento

Tras la carrera principal de los 100 metros con vallas hubo un poco de controversia sobre si hubo o no una falsa salida en la carrera de Jasmine. La realidad es que aún en cámara lenta es difícil determinarlo. Esta es una carrera sumamente rápida y cualquier error puede costar el triunfo.

De todas maneras, fue impresionante que, saliendo última, Jasmine se quedara a solo dos  centésimas de ganarla. El apretón que dio en esos últimos 50 metros convirtió la carrera en una sumamente dramática.

Estoy seguro de que utilizará lo ocurrido como motivación tanto para sus próximas competencias como para el Campeonato Mundial donde tratará de ser la primera boricua campeona mundial. Sin duda, estaremos pendiente a sus ejecutorias.

¡Bravo por Ponce, El Clásico y todos los que hicieron posible que se llevara a cabo un evento de este nivel mundial en nuestra isla! Así se hace Patria.